Opción Obrera es la sección venezolana de la CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional)

Propulsamos el desarrollo de una política proletaria al seno de los trabajadores tras su independencia de clase y una organización de lucha para su liberación de la explotación e instaurar El Gobierno de los Trabajadores, primer paso hacia el socialismo.

Ante la bancarrota capitalista mundial nuestra propuesta es que:


¡¡LOS CAPITALISTAS DEBEN PAGAR LA CRISIS!
¡LOS TRABAJADORES DEBEN TOMAR EL PODER!



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jueves, 26 de mayo de 2016

Venezuela: golpes, autogolpes y el temor a la rebelión popular


Venezuela: golpes, autogolpes y el temor a la rebelión popular

La declaración por parte de Maduro del “estado de excepción” el pasado 13 de mayo implicó un nuevo salto en la característica golpista que adquirió el régimen chavista. Mediante esta medida se amplía la capacidad del Ejecutivo para cercenar libertades democráticas, reprimir manifestaciones y emitir deuda. Este “pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto” (http://opcion-obrera.blogspot.com/2016/05/venezuela-de-regimen-plebiscitario.html) se desarrolla como experiencia declinante –lo contrario a una afirmación de poder. La camarilla “madurista” se aferra a la conducción del Estado en medio de un impasse extraordinario, pues carece de un programa para afrontar el deterioro monumental de la vida social venezolana. El nacionalismo rentista se derrumba confesando que no tenía alternativa prevista para la declinación de los precios de las materias primas –una negación de cualquier tipo de desarrollo genuinamente autónomo.

En este marco de sistemática degradación, la declarada negativa de Maduro y compañía respecto a la realización del referendo revocatorio, para el cual la oposición asegura haber reunido diez veces más que las firmas necesarias, atiza el fuego del golpismo y el autogolpismo.

“Evitar un caracazo”

A la derecha proimperialista, naturalmente, le importa un bledo “la democracia”; quiere sacarse de encima a Maduro a como dé lugar, pero teme más que a la peste un desenlace que se vaya de control. Idéntico recelo tienen los propios Estados Unidos y el Vaticano, que intentan contener estas contradicciones, comprometidos como están en un delicado reordenamiento general de América, desde Cuba y Colombia hasta los buitres que sobrevuelan Buenos Aires. Las “preocupaciones” sobre una salida militar a la crisis que dejan trascender funcionarios norteamericanos buscan reforzar la extorsión a Maduro para que abandone el poder y dé paso a una “transición ordenada”; sentido similar tuvo la carta del Papa, y la visita de Rodríguez Zapatero –un lobbista de la banca española. El propio Macri viró, y se suma al “equipo” de la “transición ordenada”, tras instar a Malcorra a moderar sus dichos respecto a la “Carta Democrática” de la OEA, y postular, él mismo, “la necesidad del diálogo” (La Nación, 21/5). Existe la preocupación que el desmadre derive en una situación revolucionaria. Quien más claro expresa la cuestión es Capriles: “hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya una reedición del Caracazo de 1989. Lo que puede darse en Venezuela son muchos estallidos que generen una situación que se nos escape de las manos” (El País, 20/5).

El arbitraje de las Fuerzas Armadas

En Venezuela, las Fuerzas Armadas aparecen como un actor ineludible de la crisis, lo cual ilustra otro límite insalvable de la experiencia nacionalista.

La división en sus filas es señalada por oficialistas y opositores; Heinz Dieterich, un destacado chavista que aboga por una “retirada táctica”, señaló hace varias semanas que “la fracción del general madurista Padrino López reafirma la política de ‘ni un paso atrás’ de Stalingrado, [mientras] el grupo del general chavista Rodríguez Torres aboga por la política de la retirada táctica: una solución política negociada con las fuerzas del 6-D” (se refiere al bloque que derrotó a Maduro en las últimas elecciones). Cualquiera sea la variante que se abra paso, lo que está claro es que no hay “poder popular” si el destino de semejante crisis reposa en las manos de una camarilla corrompida o de fracciones de un ejército estatal organizado de arriba para abajo.

Por una intervención independiente de la clase obrera

No nos privamos de insistir: rechazamos que el hundimiento de las experiencias nacionalistas configuren una derrota de las masas –eso dependerá de la lucha de clases, y de la calidad de la intervención de la izquierda revolucionaria para emerger como alternativa política frente a la crisis. La clase obrera debe emerger como factor independiente en la escena política venezolana. La situación excepcional que el país atraviesa pone al rojo vivo la necesidad de la convocatoria de un congreso de trabajadores para discutir una salida obrera a la crisis y reclamar una asamblea constituyente libre y soberana, que sea convocada por un gobierno de trabajadores.

Alejandro Lipco

viernes, 15 de enero de 2016

A las organizaciones participantes del Foro de Caracas del Partido Obrero de Argentina


A las organizaciones participantes del Foro de Caracas (organizado por el EQUIPO PROMOTOR POR UNA PLATAFORMA DE IZQUIERDA el 16/01/2016):

Los desafíos y responsabilidades que tenemos por delante la izquierda revolucionaria son muy importantes cuando asistimos en América Latina a un proceso político marcado por una gran crisis económica y social en el marco de una nueva fase de la bancarrota capitalista mundial, por un lado, y un agotamiento de los movimientos nacionalistas y el progresismo que venían conduciendo los destinos de nuestros países, por el otro.

En el caso de Argentina, la transición planteada por la derrota electoral del kirchnerismo y la asunción de un gobierno de cuño derechista expresa una aguda fractura económica, social y política. El rescate capitalista de la bancarrota que deja el gobierno anterior deberá conducir a graves convulsiones sociales y enfrentamientos de fondo entre las clases. El colapso del kirchnerismo traduce un agotamiento más general del peronismo, el movimiento histórico que logró acaparar la atención popular durante décadas y que ha entrado en una descomposición irrevocable. Al mismo tiempo pone de relieve el fracaso de la tentativa nacionalista del kirchnerismo en el marco de la crisis capitalista mundial, en la que su papel ha sido el repago “serial” de la deuda pública con la banca acreedora y el rescate de las privatizaciones. La derecha que asume la conducción del Estado tendrá que probar su capacidad de pilotear la crisis económica y poner en marcha un rescate que exige una confiscación social de gran alcance. La condición para ello será disciplinar y doblegar a los trabajadores. Vamos por lo tanto, a una gran pulseada. El Partido Obrero se plantea el desafío de que esta transición de alcances revolucionarios culmine con un desenlace favorable a los explotados. Esto plantea una gran iniciativa en el campo del programa y la acción, pero al mismo tiempo, como condición sine qua non, una delimitación implacable respecto del nacionalismo en descomposición. Lo cual constituye ya mismo un terreno de lucha política con la izquierda centrista que mediante planteos de “frente antimacrista” con el kirchnerismo, se propone contribuir como furgón de cola a una recomposición del nacionalismo fracasado.

Venezuela es quizás la expresión más aguda de esta transición, dominada por el fracaso y el agotamiento del chavismo y el ascenso de la derecha. Estamos frente a una suerte de doble poder entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional en el marco de una crisis económica de características catastróficas. El sector mayoritario de la oposición, sin embargo, tiene conciencia de que este panorama podría desembocar en una explosión social y está actuando con pies de plomo para evitar que la situación se desmadre.

El problema que enfrenta el gobierno bolivariano, no es la derrota electoral sino su carencia de una salida superadora a la política responsable del actual colapso. Este inmovilismo conduce a un auto-golpe –o sea, a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Ejército.

Alternativamente, podría conducir a otro golpe, pactado entre un sector del oficialismo y uno de la oposición.

El oficialismo y buena parte de la izquierda latinoamericana han atribuido a la “guerra económica” la derrota electoral, encubriendo la responsabilidad de la camarilla gobernante en la desorganización económica. El boicot económico que se desenvuelve contra el gobierno es consecuencia directa del fracaso del intervencionismo estatal, que nunca alteró la base de la gestión capitalista de la economía.

El movimiento obrero venezolano, a pesar del creciente desencanto con el régimen, sigue atenazado políticamente al chavismo. La izquierda ha contribuido a reforzar esa tendencia, llamando a cerrar filas con el gobierno en nombre de la lucha contra la derecha.

La expectativa de reformar al chavismo con la consigna del retorno a los orígenes, es un callejón sin salida. Los que siguen invocando a la “masa chavista” para seguir medrando con la reforma del chavismo, ni siquiera toman nota de que una parte importante de la masa del chavismo acaba de pronunciarse con un voto a la oposición y con la abstención.

El impasse que se ha creado pone más al rojo vivo la necesidad imperiosa de una acción política independiente de la clase obrera. Los explotados deberían terciar en la crisis política. Pero, para que ello suceda, es necesario que conquisten su independencia política, romper sus ataduras al chavismo y formar un partido obrero independiente. La unidad de la izquierda no es un fin en sí mismo: será útil y progresiva si es una herramienta en esta perspectiva. Un agrupamiento político clasista debería evaluar la oportunidad de la consigna de Asamblea Constituyente libre y soberana que desarrolle un programa de control obrero generalizado, en oposición al gobierno y a la oposición.

Les deseamos éxito en vuestro debate y que las conclusiones políticas sean un paso adelante en la batalla por poner en pie una alternativa obrera y socialista en Venezuela.

Partido Obrero (Comisión internacional del Comité Nacional)

Buenos Aires, 15 de enero de 2016



sábado, 28 de febrero de 2015

VENEZUELA: GOLPISMO CRÓNICO


VENEZUELA: GOLPISMO CRÓNICO

Una de las características de la historia de la Venezuela chavista es el estado de golpismo  permanente. Luego de un comienzo ‘neoliberal’, con un ministerio de Economía afín a la línea del FMI, la orientación nacionalista y la fisonomía bonapartista del nuevo gobierno determinaron, en la oposición de derecha, una política que pusiera fin al nuevo régimen en forma anticipada. El golpe cívico-militar de abril de 2002 y el lockout petrolero y empresarial de fines de ese año no fueron excepciones a la norma. La oposición de derecha boicoteó las elecciones y la pelea parlamentaria hasta muy avanzado el gobierno chavista. Incluso cuando corrigió, con la participación electoral, lo que llamó un “error político”, fue duramente criticada por un ala de ella, que la acusó de “legitimar” al gobierno; la tendencia golpista no dejó de estar nunca presente en la oposición, ni cuando aceptó la disputa electoral. La injerencia internacional fue muy manifiesta en el golpe de 2002, cuando intentó armar una “mediación” integrada por seis países. En el sabotaje económico a partir de finales de ese año, los bancos internacionales, sin embargo, en ningún momento dejaron de refinanciar los pagos de la deuda externa. Hasta el día de hoy, el gobierno de Venezuela ha tenido una relación excelente con la banca internacional y con las corporaciones petroleras a las que se encuentra asociada Pdvsa en la cuenca del Orinoco; en el caso del conflicto con Exxon aceptó pagar las indemnizaciones establecidas por las sentencia de la justicia norteamericana.

El chavismo, de todos modos, no se detuvo en los ‘buenos modales’ cuando la oposición se plegó, tardíamente, a la pelea electoral: luego de las parlamentarias de 2011 intervino todas las administraciones económicas bajo soberanía provincial o municipal, lo que dejó a las autoridades electas por la oposición con un poder ceremonial. El golpismo opositor fue reemplazado, en el escenario político, por el golpismo oficial. La tendencia golpista y contragolpista del proceso político alcanzó a las fuerzas armadas, con el pasaje a la oposición del general Baduel, nada menos que el hombre que desbarató el golpe de 2002 y repuso a Chávez en el gobierno. Como consecuencia de estos acontecimientos, Chávez convirtió a la fuerza armada venezolana en un custodio político del régimen y en una barrera extra constitucional a cualquier oposición política. Finalmente, cuando la oposición cuestionó la legitimidad de las elecciones que Hugo Chávez (Nota de Opción Obrera: por error se menciona a Chavez cuando en realidad se trata de Nicolás Maduro) había ganado a Henrique Capriles por un margen mínimo, el oficialismo respondió con la prohibición del uso de la palabra a los diputados que no rechazaran en forma pública ese cuestionamiento, y recientemente con su expulsión de la Asamblea Nacional. Ni en el golpe de 2002, ni en el lockout masivo de 2002/3, el gobierno chavista recurrió a la movilización popular; mucho menos a la ocupación de las empresas saboteadoras o al armamento del pueblo. En el golpe de abril de 2002, la resistencia popular surgió de abajo y fue despedida por Chávez con la recomendación ‘clásica’ de replegarse de “casa al trabajo”. En el sabotaje petrolero, hubo una movilización de petroleros clasistas en varias refinerías, que aseguraron de este modo su funcionamiento.

Obama
Chávez había construido un régimen plebiscitario secundado por las fuerzas armadas. Con Maduro la base plebiscitaria se va pulverizando como consecuencia del desbarajuste económico, el arbitraje político pasa a las fuerzas armadas y el gobierno aparece con dos o más cabezas. La crisis de conjunto del régimen chavista precipita la nueva onda golpista, que se inicia a principios de 2014 y que divide a la oposición. El término golpista (o putchista) es completamente adecuado, pues convoca a acciones de calle con el propósito declarado de derrocar al gobierno. Pasa a una lucha extra legal, que denomina “la salida”, en oposición a la lucha legal que sigue planteando el sector mayoritario de la coalición opositora. No tiene un carácter revolucionario sino restauracionista – o sea que es reaccionaria por su liderazgo y programa. Pero es un golpismo minoritario, cuya única posibilidad de triunfo, como ocurrió en 1955 en Argentina, reside en una defección política y militar al interior del chavismo. Tiene razón Maduro cuando sitúa como usinas de ese golpismo minoritario a Miami y Colombia, pues sus fogoneros son la derecha republicana y el uribismo colombiano. Pero es precisamente por esta razón que este golpismo está condenado al fracaso, ya que el imperialismo y la mayor parte de los estados latinoamericanos tienen todo apostado al éxito del desarme de las Farc de Colombia, un operativo que cuenta con el apoyo insustituible de Venezuela y de Cuba. Lo último que quisiera el gobierno de Obama es una victoria de este putchismo; entre Maduro y Leopoldo López, para decirlo en términos contundentes, Obama ‘se queda’ con Maduro. La preocupación de Estados Unidos es que la descomunal bancarrota económica de Venezuela produzca un cambio político hostil a las negociaciones del gobierno de Colombia con las Farc.

El gobierno de Venezuela acaba de imputar al intendente de Caracas, que pertenece al ala putchista, por intento de golpe con militares en retiro y en actividad. El relato describe acciones temerarias y criminales de características desesperadas, que los implicados sin embargo niegan y el gobierno aún no ha probado materialmente. Enseguida, sin embargo, la oposición de derecha se unificó en una posición de participación en las elecciones parlamentarias de este año.  La insistencia, incluso por parte de los putchistas de la oposición, en calificar como constitucional el reclamo que circunscribe a una renuncia de Maduro, deja entrever que especula con una definición al interior del chavismo que desplace a Maduro, que es objeto de críticas reiteradas desde las filas del PSUV, por parte de la derecha pero en especial de la izquierda, ante la catástrofe económica que no cesa de agravarse. Si la oposición obtuviera mayoría parlamentaria, sería inevitable una renuncia de Maduro o la disolución de la nueva Asamblea Nacional, que debería contar con respaldo militar. La alternativa a esta opción sería la formación de un gobierno transitorio de unidad nacional, cuyo antecedente se manifestó el año pasado cuando se estableció una “mesa de paz”, bajo la mediación internacional y del Vaticano.

‘Boliburguesía’
La represión desatada por el gobierno contra las ‘guarimbas’ (provocaciones callejeras) de la oposición no apunta a desbaratar un golpe que aún no cuenta con el apoyo del imperialismo ni de la corriente principal de la oposición derechista. En medio del desabastecimiento y una cuasi hiperinflación que destruye las condiciones de vida de las masas, es una advertencia contra cualquier intento de enfrentar al gobierno por el lado de los reclamos populares. El gobierno denuncia una “guerra económica” de las patronales, sin advertir que la base objetiva para esa guerra es la desorganización económica impuesta por el gobierno y que gran parte de ella tiene como protagonista a su propia “boliburguesía”. Es lo que ha denunciado Jorge Giordani, ministro de Economía con Chávez. El chavismo ha pagado a precios de oro las nacionalizaciones, que hoy vegetan como consecuencia del saqueo que les ha impuesto la burocracia estatal. La nacionalización del monopolio de las comunicaciones, Verizon, se hizo a precios de Bolsa, varias veces arriba de su valor real; la de Sidor dejó en manos del Estado todos los pasivos ocultos del grupo Techint. Han producido un desangre del Estado y hoy son responsables del desabastecimiento y de la suba de las importaciones. Se han financiado importaciones con la emisión de deuda pública, que rápidamente fue convertida en deuda externa El sistema cambiario ha sido una fuente de acumulación financiera descomunal, alentada por el Estado. Las autorizaciones a importar, a 6.50 bolívares, son desviadas al mercado negro, que cotiza hoy a 175 bolívares. Para desbaratar este sabotaje económico, el ala izquierda del Psuv reclama la nacionalización del comercio exterior, o sea la abolición del comercio privado de importación y el control obrero de la industria nacionalizada - pero esto es incompatible con un gobierno entrelazado con la acumulación capitalista. La izquierda del Psuv fustiga el “capitalismo de estado”, pero no percibe que su superación está condicionada a la existencia de una clase obrera independiente que dispute el poder a los “capitalistas de estado”.

Independencia
En esta coyuntura de crisis extrema, sería simplemente suicida el seguidismo al chavismo, que recurre a las amenazas de golpe de la derecha para que la clase obrera siga soldada al carro bolivariano. Ha bastado la caída del precio del petróleo para que “el socialismo del siglo XXI” perdiera su base rentista de sustentación. Esto mismo ha comenzado a golpear a los gobiernos bolivarianos de Bolivia y Ecuador, y al gobierno ‘trabajador’ de Brasil. Para que los trabajadores puedan derrotar un golpe de estado de derecha, lo que hoy está en la agenda es la conquista de su independencia política. Cuando la represión estatal que se despliega contra la derecha, quede agotada por el descalabro económico, el mismo régimen que denuncia un golpe acabará estableciendo un compromiso con la oposición derechista.

Es urgente la convocatoria a construir un partido obrero independiente en Venezuela.

Jorge Altamira
Referente del Partido Obrero
Sección argentina de la CRCI

miércoles, 26 de febrero de 2014

Contra el accionar de los cuerpos parapoliciales y de las guarimbas, por fascistas - Por una salida de conjunto de los trabajadores para enfrentar la crisis capitalista


Entre el golpismo gorila y el autogolpe “chavista”
Contra el accionar de los cuerpos parapoliciales y de las guarimbas, por fascistas
Por una salida de conjunto de los trabajadores para enfrentar la crisis capitalista

La situación nacional sigue entrabada por parte de focos activos llamados guarimbas, diseminados generalmente en el interior de barrios de clase media y avenidas adyacentes. La manifestación y el derecho a la protesta, sobre todo masivo, está lejos de esas actividades cuyos alcances son quemas de instalaciones, transportes, e inclusive asesinatos, sobre todo al colocar trampas, miguelitos (mangueras con clavos), vallas de alambres, algunos con púas, o el quitado del alcantarillado en pase de calles.

Para enfrentar las guarimbas se responde con represión por parte de policías y la GNB, apoyados en algunos casos por brigadas de choque armadas, mal llamados “colectivos revolucionarios”, integrados por sectores desclasados y malandros (lumpen) financiados por distintos niveles de gobierno. El accionar de una oxigena a la otra para que se repita el ciclo con mayor incremento de la violencia entre facciones opuestas, a todas luces minoritarias.

El golpismo gorila con las guarimbas pretende dar cuenta al mundo que estamos en guerra civil y que se requiere la respuesta urgente de los “Estados democráticos” del planeta para que intervengan en su apoyo. Las bandas parapoliciales motorizadas demuestran la debilidad del gobierno de Maduro al no poder controlarlas y también el recurrir a ellas para enfrentar a los golpistas.

Ambas salidas desvían la atención del pueblo y los trabajadores de la abierta situación de crisis económica que les afecta y que se infiltra cada vez más hacia la crisis política.

Los estudiantes están en su pleno derecho a manifestar la incapacidad del gobierno en controlar el tema de la seguridad pública o de otros que los afectan. Sin embargo, sectores dirigidos por la reaccionaria ultraderecha nacional e internacional desde las redes sociales, revierten tal derecho a la protesta impidiendo que otros estudiantes u otros sectores sociales del pueblo y los trabajadores lo puedan asumir de manera colectiva en concentraciones masivas. El manual de terrorismo guarimbero promueve el voluntarismo individual de la acción efectista y suplanta el reclamo válido de la protesta por el vacuo de que renuncie el presidente.

Desde el gobierno, por el otro lado, se les ha dado patente de corso a los mal llamados “colectivos revolucionarios” de claro corte fascistoide, usados hoy contra las guarimbas, que también lo han sido para amedrentar las luchas de los trabajadores por sus derechos laborales, o en las protestas populares que reclaman por el derecho a los servicios públicos, salud o vivienda. Son el complemento a la represión con las fuerzas del orden del Estado con la policía y la guardia nacional. Cuando la tarifa es suficiente hasta el sicariato entra en sus “trabajos”. Son la demostración del lumpen imprescindible para ciertos factores de poder político en el gobierno como en otros tiempos las bandas armadas y/o cabilleras de AD y COPEI.

Las dos salidas conducen a lo mismo: la del golpismo de la derecha, sin posibilidad porque no cuentan con el apoyo militar necesario, y la del autogolpe chavista para profundizar el estado de excepción y hacer pasar por la fuerza el ajustazo, que por ahora tampoco puede ser llevado a cabo porque implicaría la implosión definitiva del "legado" de Chavez y su famosa unión cívico-militar. Ninguna salida apunta contra las fabulosas ganancias del capital de la banca y los grandes pulpos nacionales y extranjeros, verdaderos causantes de la crisis económica.

La crisis económica para ser solventada requeriría de cuantiosas inversiones para continuar el derroche descomunal en corrupción y fuga de divisas, y es hasta posible que desde el capital financiero internacional le sea ofertado al gobierno, sólo sí son barridos del mapa el remanente que permite que aún sobreviva la base chavista con sus misiones en alimentación, salud y educación. Los planes golpistas de desestabilización por parte de la derecha son la consecuencia de la provocada por los gobiernos de Chavez y Maduro al ser permisivos con la fuga de 150.000 millones de dólares de las reservas internacionales por la clase social capitalista. Tirios y troyanos siguen en el juego conflictivo porque todavía la renta petrolera es cuantiosa y apetecible para cualquier parásito, los todavía altos precios del petróleo es lo que está condicionando todo. No es una Ucrania lo que vemos en Venezuela, y cuando los precios del barril petrolero caigan por debajo de los 80 dólares, será peor que en Sudán.

La vorágine continúa y la clase obrera permanece al margen de estas actividades, respondiendo local y aisladamente ante los efectos de la crisis. De las agrupaciones de izquierda, una minoría sólo se limita a clamar independencia política y autonomía sin aterrizar en un plan de luchas concretas que movilice a las masas afectadas por la crisis con el desabastecimiento y la carestía de los productos y bienes de primera necesidad. El resto mayoritario de la izquierda termina haciendo el coro del "coco" del golpe que se estaría dando para postrarse aún más ante el gobierno y los militares.

El llamado del PSL a la Unidad de Acción Sindical y a otras agrupaciones sindicales y populares a un “Encuentro Nacional Sindical y Popular de Sectores en Lucha para discutir un Plan Económico y Social de Emergencia y un Plan de Movilización Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores y el Pueblo” es la salida a las ofertadas por una minoría social en pugna por los restos todavía cuantiosos de un país en bancarrota.

POR UNA SALIDA DE CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES PARA ENFRENTAR LA CRISIS CAPITALISTA Y REVERTIR LA POSIBILIDAD DEL GOLPISMO GORILA O EL AUTOGOLPE “CHAVISTA”

Opción Obrera
26/02/2014

viernes, 21 de febrero de 2014

Venezuela: Golpismo gorila y autogolpe chavista


Comunicado del Partido Obrero de Argentina
Venezuela: Golpismo gorila y autogolpe chavista

En menos de diez semanas el chavismo pasó de la victoria electoral en las elecciones municipales a una crisis política, cuyo desarrollo lleva inevitablemente un cambio de régimen político; ni el oficialismo puede seguir gobernando en los términos que lo venía haciendo, ni la oposición encuentra una metodología que la mantenga unificada. Ocurre que la desorganización económica ha alcanzado proporciones gigantescas, que borran en la práctica el alcance de aquellas elecciones, cuando la oposición fracasó en el propósito de convertirlas en un plebiscito que produjera una caída del gobierno. Se ha creado un impasse gigantesco en su conjunto. El gobierno triunfante es incapaz de detener la marcha implacable del derrumbe de la economía y la irrupción consiguiente de un estallido social, mientras a la oposición acicateada por este derrumbe social viene de una derrota político-electoral, que ha acentuado la división en sus filas. El desabastecimiento alcanza al 30% de la oferta de productos y la industria y las importaciones se paralizan como consecuencia de una situación cambiaria terminal, porque el gobierno no puede ofrecer divisas a los tipos de cambio legales, porque provocaría una hemorragia financiera por la vía del mercado paralelo.

El inmovilismo del gobierno ha sido explotado por el ala derecha de la oposición, que entiende que no hay margen para esperar a la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente Maduro, en 2016, cuando lo habilita la Constitución. Esta vieja fracción de derecha de la oposición gorila, ha desechado la tesis del jefe de la oposición, Henrique Capriles, para quien no hay posibilidad de inclinar la balanza política en la calle, en tanto no se produzca una deserción de la masa de la población que sigue respaldando al chavismo. Las movilizaciones que comenzaron a principios de febrero, a partir del agravamiento de la inseguridad en los ‘campus’ universitarios donde prevalece el movimiento estudiantil opositor, le ha dado la razón a todo el mundo: el inmovilismo del gobierno ha creado una situación explosiva; el ritmo de la crisis no habilita una posición de espera; la oposición no ha ganado para su campo a la masa chavista; el gobierno responde con un aparato de represión legal y paralegal, que muestra el vaciamiento de su base popular.

Como ocurre en una posición de ‘zugzwang’, en el ajedrez, no se puede mover ninguna pieza. De ahí que se ofrezcan salidas bizarras, como la del teórico del ‘socialismo del siglo XXI’ Hanz Dietrich, que ha llamado a formar un gobierno de coalición con Capriles, o la propiciar una mediación internacional. La posibilidad de un golpe gorila está fuera del radar, por más que la invoquen D’Elia o el ex vicerrector de Schuberoff, Atilio Borón, porque las armas las tienen las fuerzas armadas controladas por el chavismo y porque Obama tampoco lo impulsa. Al gobierno norteamericano le interesa, en primer lugar, que el presidente colombiano Santos sea reelecto y que prosiga la negociación de paz con las Farc. El triángulo del golpismo gorila está formado por el ahora detenido Leopoldo López, por el paramilitar colombiano Uribe y por los fascistas norteamericanos del Tea Party. Se trata de un menú indigesto incluso para la burguesía mundial y los principales gobiernos imperialistas. Quienes están obligados a impedir que la situación venezolana degenere son, especialmente, Cuba, Brasil, Argentina y, en última instancia, Colombia. Raúl Castro y Dilma Roussef no solamente tienen un punto de encuentro en las crecientes inversiones brasileñas (constructoras, petroleras) en Cuba sino en los gobiernos de El Salvador y Nicaragua, que deben bastante a la maquinaria electoral que Brasil viene usando con éxito en diversos países.

Las alternativas que podría negociar el tándem lulo-castrista son, sin embargo, limitadas. Venezuela enfrenta una crisis económica y social fuera de lo corriente. El ‘ajuste’ que plantea su desequilibrio financiero es enorme; Venezuela necesitaría un gran financiamiento internacional, que estaría condicionado a que su gobierno ponga un freno brutal al sistema de planes sociales. El ‘ajuste’ se convertiría en un ‘harakiri’ para el chavismo; sería incompatible con el gobierno y el régimen político vigentes. Una posibilidad de golpismo oficial retomaría una alternativa ya mentada en la prensa internacional en el pasado reciente, o sea la de un gobierno transicional de militares chavistas, encargado de una normalización política. Sería una especie de golpe de Jaruzelski, el militar polaco ‘comunista’ y ‘prosoviético’, que presidió, precisamente por eso, la transición de Polonia al capitalismo y a la Otan. La oposición gorila lo recibiría con un gran repudio, por supuesto, pero por sobre todo con una aun mayor expectativa, porque un golpe de esa característica habría minado en forma irreversible la autoridad histórica del movimiento bolivariano. D’Elia y Borón saludarían con regocijo, en un caso así, lo que, en su ignorancia, sería el sepulcro del chavismo.

La perorata ‘cristinista’ de que “los extremos se juntan”, podría encontrar en Venezuela una confirmación inédita, pues las marchas opositoras, con un definido propósito golpista, solamente podrían materializarse en el caso de que el propio chavismo oficialice un estado de excepción, o sea de arbitrariedad estatal. Las reivindicaciones estudiantiles opositoras son justas; es lamentable que no las hayan levantado, en Venezuela, las juventudes ‘socialistas’, como en Argentina sí las levanta la Fuba – y priva, de paso, a la derecha de un arma de demagogia popular. Nos referimos a las movilizaciones contra las violaciones, intentos de secuestros y secuestros efectivos de universitarias, atropellos criminales que cuentan, en Argentina, con complicidad policial. Lo mismo vale para la lucha contra el desabastecimiento y contra la carestía o contra el enriquecimiento descomunal de los capitalistas amigos y los sobreprecios de obras públicas. Pero, al revés de lo que ocurre en Argentina, en Venezuela, este movimiento tiene una dirección política de derecha y definidamente golpista. Esto es lo que importa a la hora de su caracterización. Al mismo tiempo, la represión criminal por parte de grupos chavista paralelos, que son designados como “colectivos”, con la complicidad del poder político, pone al desnudo una tendencia reaccionaria y fascistizante del oficialismo, cuya implicancia política es apuntalar la tendencia a la instauración de una dictadura. Las conspiraciones que impulsa la derecha, valiéndose de una demagogia democrática y popular, deben ser combatidas en primer lugar con la movilización de masas y, por sobre todo, con el pasaje del poder político y la estructura social a los trabajadores, a la clase obrera. Venezuela está gobernada por una camarilla política y económica y por la llamada ‘boliburguesía’.

Fruto de la crisis se están desarrollando movilizaciones obreras, por ejemplo en la industria automotriz, en este caso encabezadas por la UNT[en realidad por la CBST, N.R.], dirigida por el chavismo. Los trabajadores exigen la nacionalización de la industria para asegurar los puestos de trabajo. Se trata, sin embargo, de una reivindicación insuficiente, esto a partir del fracaso impresionante de las nacionalizaciones chavistas, que han colaborado con el derrumbe industrial. Lo que importa es el control y la gestión obrera colectiva de la economía nacionalizada, lo cual implica un gobierno de trabajadores. Aun con estas limitaciones, ante las protestas patronales, tanto el poder judicial como la guardia nacional intervinieron contra los trabajadores. La burocracia sindical movilizó el domingo pasado a los trabajadores petroleros y automotrices para apoyar al gobierno. Un sector minoritario encabezado por dirigentes petroleros clasistas rechazó esta cooptación y convocó a un Encuentro Nacional Sindical y Popular de Sectores en Lucha para discutir un Plan Económico y Social de Emergencia y un plan de movilización nacional en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo. El problema de la independencia política del movimiento obrero sigue siendo el problema fundamental de la situación política venezolana.

Jorge Altamira
21/02/2014




miércoles, 28 de agosto de 2013

Golpe de estado contrarrevolucionario en Egipto


Prensa Opción Obrera 26 Agosto - Septiembre 2013

Golpe de estado contrarrevolucionario en Egipto

 “Sisi es Mubarak”
La represión creciente fue acompañada por la concentración del poder en manos de los militares y el afianzamiento del lugar que viene ocupando el llamado “estado profundo” de Egipto, que identifica la masa de funcionarios, políticos y empresarios que ejercían cargos en la época de Mubarak. Juristas y jueces del viejo régimen son quienes integran mayoritariamente el grupo de “notables” encargados de elaborar la nueva Constitución. La conducción económica ha quedado en manos de viejos personajes liberales, con una dilatada trayectoria bajo el régimen de Mubarak y en la transición posterior orquestada por las fuerzas armadas. Sisi, el jefe del ejército, se reservó para sí el estratégico cargo de ministro de Defensa, y al mismo tiempo el de vice primer ministro. Mansur, el actual presidente y titular del tribunal constitucional, oficia simplemente como un títere de las fuerzas armadas.

De los 25 gobernadores provinciales nombrados por Mansur, 19 son oficiales generales: 17 del ejército y dos de la policía. De los otros seis civiles, dos de ellos son conocidos partidarios del régimen anterior.

En contrapartida, se ha producido el progresivo desplazamiento de las fuerzas laicas y progresistas que apoyaron el golpe.

Esto ha conducido al creciente desgranamiento de la base –más o menos amplia– de fuerzas que respaldaron el golpe de estado. El hecho último, y posiblemente más relevante, es la renuncia que acaba de presentar Al Baradei, uno de los hombres con mayores vasos comunicantes con Occidente y con Estados Unidos, al gabinete. Baradei es una de las principales cabezas de la oposición burguesa laica contra Morsi. El alejamiento de Baradei viene precedido por la deserción del sector ultraislamista de Al Nour, que, presionado por su propia base, debió tomar distancia de los militares.

El mundo árabe y Estados Unidos
Entre sus principales sostenes, el golpe cuenta con las principales monarquías del mundo árabe, empezando por Arabia Saudita y los Emiratos árabes. Cuando la economía egipcia está virtualmente colapsada, ambos estados han inyectado varios miles de millones de dólares, que le están permitiendo el gobierno egipcio pilotear la crisis económica en curso. Para las monarquías árabes, el aplastamiento de Morsi es un tiro por elevación contra el movimiento musulmán que se desarrolla en sus propios países.

Otro apoyo fundamental ha sido el de Estados Unidos, quien no cortó la asistencia económica hasta el momento actual. Aunque el gobierno de Obama viene amenazando con revisar su actitud si continúa la escalada represiva del gobierno egipcio, lo cierto es que la administración norteamericana no ha roto lanzas con aquel. Según ciertos analistas, esta actitud formaría parte de un distanciamiento más general de la política norteamericana respecto de los movimientos musulmanes. Ese giro ya se vendría constatando en Siria: allí, el gobierno yanqui viene retaceando el apoyo militar a los rebeldes, entre los cuales el movimiento islámico tiene un lugar destacado.

Perspectivas
El nuevo gobierno no sólo apunta contra el movimiento musulmán, sino que tiene como principal blanco a la rebelión popular. El estado policial, que en poco tiempo se ha vuelto a poner en pie, está dirigido a poner fin al proceso revolucionario que arrancó dos años y medio atrás. Los militares le soltaron la mano al gobierno de los Hermanos Musulmanes cuando constataron que esa carta de contención era sobrepasada por la marea popular.

Pero entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Junto a las grietas por arriba, empieza a extenderse una reacción por abajo. La bronca con los militares no sólo se circunscribe a la población musulmana, sino que se extiende a crecientes sectores laicos. Aunque todavía minoritariamente, empiezan a aparecer movimientos que vuelven a ganar las calles. Uno de ellos ha hecho concentraciones laicas al margen de las convocatorias oficiales. Se multiplican, por otra parte, los avisos en las redes sociales que denuncian que “Volvemos a los tiempos de Mubarak”, y plantean “Abajo con todos los Mubarak. Sisi es Mubarak”. Este clima ha encendido las voces de alarma y es lo que explica las presiones crecientes que las potencias occidentales vienen ejerciendo por un compromiso de las fuerzas armadas y los Hermanos Musulmanes. El temor, por supuesto, está plenamente fundado.

Pablo Heller

jueves, 25 de julio de 2013

Egipto, nuevos y viejos frentes de tormenta


Egipto, nuevos y viejos frentes de tormenta

El gobierno militar ha terminado de integrar su gabinete. Se hará cargo de la cartera de Finanzas Ahmed Galal, un economista de la Universidad de Boston que trabajó durante dos décadas como investigador en el Banco Mundial. Como ministro de Exteriores fue nombrado Nabil Fahmi, quien fuera embajador en Washington durante nueve años bajo el gobierno de Mubarak. Son hombres de confianza del gran capital, quienes tienen fluidos vasos comunicantes con el imperialismo. Asistimos, bajo la tutela de los militares, a una convergencia entre la oposición burguesa liberal y los viejos residuos del gobierno de Mubarak. “En Egipto, el Estado profundo levanta cabeza nuevamente” (The Wall Street Journal, 12/7). Bajo esta denominación, se engloba a la masa de ex funcionarios, burócratas, políticos, militares y empresarios que manejaron los asuntos de estado bajo el régimen depuesto en 2011. “Los militares eligieron presidente a un juez de la era Mubarak. Otro de estos jueces ha sido designado para encabezar los esfuerzos para elaborar una nueva Constitución” (ídem). Un digitado consejo de notables estaría a cargo de redactarla, para ser sometida luego a un referéndum. El “consejo” de reformistas está copado por juristas y personajes ligados al viejo régimen, lo cual aumenta las sospechas de que los militares estén pensando en prolongar su permanencia en el poder. Por lo pronto, Al Sisi, jefe de la cúpula militar que asestó el golpe, mantiene la cartera de Defensa y ocupa también el puesto de viceprimer ministro. Por otra parte, se le acaban de otorgar superpoderes al nuevo presidente. Son las mismas facultades extraordinarias que se le negaron a Morsi –cuyo pedido desató una revuelta popular a finales del año pasado. El nuevo presidente tiene el poder de dictar leyes y decretar el estado de emergencia. Esta decisión ha merecido el rechazo de la oposición laica que apoya al gobierno y de las organizaciones populares. Entre ellas se encuentra Tamerod, el grupo juvenil que organizó la campaña de firmas que se convirtió en un plebiscito masivo contra el gobierno islamista.

Primeras fracturas

Estas primeras grietas se producen cuando todavía el gobierno no comenzó a lidiar con el frente económico. Las estimaciones reales de desempleo rondan el 40 por ciento, en lugar del 13 por ciento que indican las estadísticas oficiales.

En medio de esta olla a presión, el nuevo ministro de Hacienda tendrá que negociar un préstamo de 3.650 millones de euros al FMI, el cual está condicionado a la aplicación de un plan de austeridad. La principal medida que exigen los organismos financieros es la supresión de los subsidios a los combustibles y alimentos –de los cuales una parte sustancial se importa de otros países. Ello representaría un golpe fenomenal para una población que ya se encuentra en una situación desesperante.

A esto, se agrega el abismo creciente entre el nuevo gobierno y la población musulmana. La persecución y matanza a la que fueron sometidos los seguidores de los Hermanos Musulmanes ha soliviantado a los trabajadores –incluidos sectores no religiosos–, ahondando el distanciamiento de las fracciones islámicas que, en un primer momento, apoyaron el golpe. La organización salafista –ultraislámica– de Al Nour ha desistido integrar el nuevo gabinete. Pero sin el apoyo islámico, la transición está cuestionada. El imperialismo está empeñado en forzar un compromiso.

Según ha revelado la agencia Reuters, el movimiento islamista ha propuesto la mediación de Bernardino León, el enviado especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, para abrir negociaciones con el gobierno.

Los líderes de la Hermandad estarían dispuestos a celebrar elecciones presidenciales anticipadas, la principal petición de la oposición antes de la destitución de Morsi. Pero no piensan reconocer la legitimidad de la asonada. Por su parte, los militares habrían ofrecido poner en libertad a los líderes islamistas arrestados –entre ellos, a Morsi– y archivar todas las causas judiciales en su contra recién abiertas, a cambio de poner fin a las movilizaciones. Pero la pretensión de una transición política armónica en manos del gobierno militar está jaqueada por la bancarrota económica y la crisis social galopante, las que siguen actuando como telón de fondo de la revolución egipcia.


Pablo Heller

lunes, 15 de julio de 2013

El golpe de estado, contra la rebelión popular


El golpe de estado, contra la rebelión popular

Egipto
El golpe de Estado impuesto en Egipto el pasado 3 de julio ha dado lugar a un régimen de emergencia, el cual debe operar en medio de una enorme iniciativa popular.

La BBC británica calificó a la movilización del 30 de junio contra el gobierno de Mursi como la mayor de la historia de la humanidad. Una verdadera marea humana se adueñó de las calles de la capital egipcia y el fenómeno se reprodujo en todas las ciudades del país. El golpe se precipitó para abortar ese proceso.

El ejército es la cabeza de una coalición de fuerzas heterogénea, que incluye a las organizaciones que motorizaron y encabezaron la rebelión popular.

Entre ellas, se encuentra Tamarud (rebelión), que congregó a decenas de miles de jóvenes y organizó el petitorio contra Mursi, el cual reunió 22 millones de firmas y se convirtió en un plebiscito que ayudó a sellar la suerte del gobierno. Asimismo, se agrupó un arco de fuerzas extenso y contradictorio. Entre ellos, se encuentran sectores de la oposición burguesa laica, como el Frente de Salvación Nacional (integrado por liberales como el prooccidental El Baradei y nacionalistas nasseristas, o sectores ultraislamistas como Al-Nour) que salió segundo en las elecciones que consagraron presidente a Mursi y luego tomaron distancia del gobierno. Precisamente, uno de los datos de la rebelión popular fue el giro operado en las masas musulmanas, la base principal de apoyo de Mursi, que fueron restando apoyo al presidente para converger con las masas laicas.

El desarrollo acelerado de la revuelta popular forzó a los militares a una salida de apuro. La misma cúpula de las fuerzas armadas que Mursi nombró, luego de descabezar a las camarillas comprometidas con el viejo régimen de Mubarak, es la que terminó soltándole la mano. La salida que han improvisado apunta a encauzar una rebelión que había sobrepasado la capacidad de contención del gobierno islámico.

Los militares y los partidos burgueses y pequeñoburgueses, en una serie de negociaciones frenéticas, acordaron la destitución de Mursi y la formación de una nueva junta, encabezada por una coalición de figuras burguesas. Se trató de un golpe preventivo contra la emergencia de un movimiento revolucionario de la clase obrera” (Socialist Web Site, 5/7).

Primeras grietas
La heterogeneidad de la coalición gobernante afloró de entrada, al momento de tener que designar el gabinete y, en primer lugar, el primer ministro. “El nuevo presidente interino, el juez Adli Mansour, tanteó al líder opositor y premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei como posible primer ministro de un Ejecutivo de transición. La oposición inmediata del partido salafista Nour, que apoyó el golpe de Estado contra los Hermanos Musulmanes, le hizo reconsiderar esa opción” (El País, 5/7).

Pero, finalmente, El Baradei fue confirmado en el cargo de vicepresidente, con el apoyo del Frente de Salvación Nacional y el movimiento juvenil Tamarud. Acompañará al nuevo primer ministro el economista Hazem al Beblaui, que fuera titular de Finanzas durante algunos meses de 2011, en el régimen interino que siguió al derrocamiento de Hosni Mubarak.

Estos nombramientos fueron acompañados por la deserción de los salafistas del gobierno, en momentos en que recrudece la escalada represiva de los militares contra los Hermanos Musulmanes, con un tendal de muertos y heridos. El golpe ha debutado con una fractura antes de comenzar a gobernar.

Frentes de tormenta
Se ha abierto una gran disputa entre los promotores del golpe para definir su orientación. En esta disputa, están interviniendo las potencias occidentales y, en particular, Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno norteamericano se abstuvo de calificar la destitución de Mursi como golpe de Estado, lo que obligaría a cesar la asistencia económica y financiera a Egipto. La ayuda militar yanqui cubre el 80 por ciento de las compras anuales de equipamiento del ejército egipcio y Obama se está valiendo de ese hecho para condicionar al nuevo gobierno. “No haber mencionado las palabras golpe de Estado da tiempo a los gobiernos de Estados Unidos y Egipto para mantener una serie de conversaciones sobre las intenciones del ejército, la hoja de ruta y el calendario” (La Nación, 8/7).

Está pendiente el cierre de un acuerdo con el FMI, que quedó inconcluso bajo el mandato del gobierno de los Hermanos Musulmanes. Pero la condición para que las negociaciones se destraben es avanzar en la supresión del subsidio a los combustibles y a los productos de primera necesidad, empezando por los alimentos. Egipto importa gran parte de ellos. El paquete del FMI incluye, también, un recorte de los gastos sociales y una austeridad extrema. Este paquetazo entra en choque con la agenda popular y las aspiraciones más elementales de las masas, agobiadas por la carestía, la desocupación y la desorganización económica. Meses atrás, Mursi tuvo que dar marcha atrás cuando intentó suprimir los subsidios.

El golpe también deberá lidiar con el movimiento islámico. Los Hermanos Musulmanes siguen siendo la fuerza política más organizada y extendida a lo largo del territorio. Como lo señaló el diario francés Le Monde, si “la transición era difícil con la Hermandad Musulmana en el gobierno, es imposible sin ella” (29/6). La apuesta de la flamante coalición gobernante es llegar a un compromiso. En el mismo sentido presiona Occidente, sabiendo que la gobernabilidad de Egipto es estratégica para las principales potencias. Todas las fracciones del Congreso norteamericano pidieron “tener en mente los intereses vitales de seguridad nacional”. Entre otras cuestiones, está en juego el estratégico Canal de Suez.

Pero, a medida que pasan los días, la perspectiva de un compromiso aparece cada vez más lejana y se instala la amenaza de una guerra civil. Un escenario de estas características representaría un golpe a la unidad que se viene gestando entre las masas laicas y musulmanas, así como un retroceso en el proceso revolucionario que se ha reabierto en el país.

Independencia política
La presencia de las organizaciones populares que participaron de la rebelión en el nuevo gobierno es alentada por los militares. Su cooptación está al servicio de sacar a las masas de la calle y proceder a la reconstrucción del Estado capitalista, jaqueado por la iniciativa popular. El nuevo régimen egipcio asoma como un frente popular, al menos en grado de tentativa. En este cuadro, se plantea –más que nunca– la lucha por la autonomía de las organizaciones obreras y de aquellas comprometidas con la lucha y los reclamos populares. Al colaboracionismo con el régimen es necesario oponerle una orientación y un programa independiente de los trabajadores frente a la crisis: por la unidad de las masas laicas y musulmanas; por la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana, que desmantele por completo las bases económicas, sociales y políticas del viejo régimen de Mubarak –las que se mantuvieron intactas bajo Mursi–; que dé satisfacción a todos los reclamos populares y se proceda a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.


Pablo Heller

viernes, 5 de julio de 2013

GOLPE DE ESTADO BONAPARTISTA EN EGIPTO


GOLPE DE ESTADO BONAPARTISTA EN EGIPTO

La cercana igualdad en fuerzas de los dos bandos contendientes por el poder en Egipto llevó al ejército a organizar un golpe de estado bonapartista. No es sólo el reciente episodio de multitudes sin precedentes de millones que se han volcado a las calles el 30 de junio lo que ha hecho mover al ejército. La confrontación entre el gobierno de la Hermandad Musulmana del ahora depuesto Presidente Mohammed Morsi, por un lado, y la oposición, representada por el Frente de Salvación Nacional, y más recientemente por el movimiento Tamerod (Rebelión), por otra parte, ha estado sucediendo desde el pasado mes de noviembre. Esta es, de hecho, la tercera ola de manifestaciones espectaculares por parte de la oposición dentro de un ciclo en la revolución egipcia que se viene dando desde noviembre. Fue en noviembre, tras el pretendido decreto constitucional de Morsi, que la oposición comenzó a cuestionar la legitimidad del Presidente. De esa primera ola 10 personas murieron como resultado del ambiente electoral por el referéndum sobre la Constitución para el 15 de diciembre. Luego en el segundo aniversario de la revolución (los egipcios marcan el comienzo de la revolución, el 25 de enero, como su fecha), comenzó otra ola que duró casi un mes. Las gigantescas manifestaciones del 30 de junio y después son entonces la tercera ola. La singularidad de las concentraciones del 30 de junio se encuentran en el hecho de que, al menos en El Cairo, las multitudes eran simplemente demasiado grandes para ser comparadas con todo lo que pasó antes: no sólo fue la Plaza Tahrir, el centro emblemático de la revolución egipcia, mucha más densamente llena que en cualquier ocasión anterior según el comentario unánime de todo tipo de observadores, sino que Ittihadiye, el área alrededor del palacio presidencial en Heliopolis, atrajo a multitudes que, por su magnitud, ¡encabezarían con este incidente los anales de las protestas masivas en todo el mundo! ¡Así sería este movimiento de formidable que logró espantar a cualquier partido en el gobierno y a cualquier clase dirigente!

Y sin embargo la Hermandad Musulmana y los otros movimientos islamistas, con algunas excepciones, no mostraron signos de ceder. Por un lado, organizaron demostraciones contrarias y plantones que alcanzaron hasta los cientos de miles. También hubo enfrentamientos en todo el país antes, durante y después de la fecha histórica del 30 de junio que provocó decenas de víctimas en ambos lados. Por su lado, Morsi mismo se mantuvo firme y declaró abiertamente que no iba a ceder a las demandas de la oposición. Estas demandas, hay que recordarlas, exigían su renuncia, la asunción provisoria a la Presidencia del nuevo jefe de la Corte Constitucional, la formación de un gobierno de transición tecnocrático que pudiera poner en orden a la tambaleante economía del país y el adelanto de las elecciones presidenciales. Esto, por cierto, también resultó ser la llamada "hoja de ruta" del ejército.

El estancamiento que nace de la confrontación de dos casi iguales fuerzas sociales y políticas fue simplemente inextricable. Amenazó con la guerra civil. Fue en este vacío que el ejército interviene y dio su golpe de estado. Se trata de un caso clásico de bonapartismo.

Para entender las ironías de la historia que este golpe representa uno tiene que recordar los hechos de la historia reciente. Por supuesto, es conocimiento común que desde principios de los cincuenta, el ejército ha sido el pilar del régimen egipcio. Después de la muerte de Nasser, el ejército gobernó a través del Partido Demócrata Nacional y sus hombres fuertes, primero con Anwar Sadat y luego con Hosni Mubarak. El nuevo período se abrió, por supuesto, con la deslumbrante a los ojos revolución egipcia del 25 de enero de 2011, que, en cuestión de 18 breves días, derribó el gobierno autocrático de 30 años de Mubarak. Esta revolución política fue una mezcla peculiar de revolución popular y golpe de estado. Realmente era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), liderada por el Mariscal de Campo Tantawi, el Ministro de Defensa bajo Mubarak durante dos décadas, quien retuvo el máximo poder tras bambalinas, sin embargo con la promesa de construir un régimen más democrático y pluralista.

Irónicamente, en el primer período, tras el derrocamiento de Mubarak, el ejército cooperó con la Hermandad Musulmana, la única fuerza coherente políticamente considerable en el país, como también en contra del campo de la revolución (la relación de la Hermandad con la revolución en sí misma fue muy problemática: llegó muy tarde y oscilando constantemente). Mientras tanto, la mayor demanda alrededor de la cual cada vez más se movilizó el campo revolucionario fue captado en la consigna "Yaskut yaskut, hukm el askar!" o "¡Abajo, abajo, el régimen militar!"

Año y medio después, Mohammed Morsi resulta el vencedor de las elecciones presidenciales a dos vueltas, en la segunda enfrentando a un candidato del viejo  régimen, Ahmad Shafik, un ex primer ministro bajo Mubarak venciéndole por un margen muy estrecho. Es importante destacar esto porque deja claro que muchas de las personas en las calles, sólo un año atrás, votaron por Morsi frente al candidato de la era anterior. Un mes después de asumir el gobierno, Morsi despide al Mariscal de Campo Tantawi y a su jefe de gabinete poniendo así fin a la dominación del SCAF del sistema político. En lo que es otra ironía de la historia, impulsó a Al Sisi al comando del ejército, haciéndolo su Ministro de Defensa, como salvaguarda a la intromisión del ejército en la vida política. !Fue Al Sisi el que debió organizar el golpe de estado contra Morsi en el aniversario de su mandato!

Cualesquiera sean las inclinaciones personales de Al-Sisi (fue clasificado en su momento por la prensa de occidente como representante de otra generación de oficiales), el ejército ahora ha vengado su humillación a manos de Morsi el año pasado y ha restaurado su prestigio ante los círculos dominantes y las masas. Aún más, con el golpe de estado el ejército ha evitado, al menos por el momento, una inminente guerra civil entre los dos campos. Una guerra civil es siempre un grave peligro para los ejércitos, nada menos porque puede llevar a una división fatal dentro de sus propias filas. Pero todo esto palidece en lo insignificante comparado con la importancia real del golpe de estado: ¡este golpe se ha anticipado a una posible revolución por parte del pueblo! El poder de las masas el 30 de junio, precedido como fue durante seis meses de febril actividad, manifestaciones, movilizaciones de masas, marchas, desafíos contra toques de queda, etc., asustaría a cualquier clase gobernante en cualquier parte del mundo. Con este paso el ejército hábilmente ha impedido una posible victoria de la revolución popular y en el proceso ha recibido el apoyo de una parte importante de las masas. Este golpe de estado bonapartista es entonces, en su esencia más pura, ¡una revolución secuestrada!

Una parte importante de la responsabilidad de esto recae en el liderazgo de la oposición. Durante la conferencia de prensa en la cual Al Sisi declara la asunción del poder por el ejército, estaba flanqueado, aparte de sus comandantes, por el Gran Jeque de Al Azhar como representante de la mayoría musulmana del país y el Papa Copto Tawadros II como el de la minoría cristiana. Pero hubo una tercera figura. Era Muhammad ElBaradei, el ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un "liberal" apreciado por los medios occidentales y el líder de una insignificante fuerza política burguesa del país. ¿Bajo qué criterios estaba allí? Como el portavoz del Frente de Salvación Nacional, una abigarrada colección de partidos y socialistas de todas las pintas, y que también incluye a uno de los magnates más ricos de Egipto, Naguip Sawiris, pero realmente centrado en torno a la figura de Hamdeen Sabbahi, el candidato de la izquierda nasserista que obtuvo alrededor de 21 por ciento del voto popular en la primera vuelta de las elecciones presidenciales hace un año (¡a sólo tres puntos porcentuales por debajo de Morsi!). Sabbahi y su Corriente Popular Egipcia formaron este frente incoherente y amarrado de manos de la izquierda nasserista y los socialistas al aliarse con los políticos burgueses de todas las tendencias casi sin fuerza militante ni influencia electoral. Con la presencia de Al Baradei, su portavoz, en la conferencia de prensa que constituyó oficialmente el golpe militar, ¡el campo revolucionario ha entregado así, de sus propias manos, el poder a los militares!

Se trata de una ironía raramente igualada en la historia. Fueron estas mismas masas de gente las que durante un año y medio después de la caída de Mubarak se enfrentaron, a costa de sus vidas, a veces, a esta institución militar ferozmente violenta, tratando de poner fin a su gobierno.

Sin embargo, incluso dos años y medio después de su primer levantamiento en esta etapa histórica, la revolución egipcia es tan fuerte y la gente está tan llena de pretensiones no sólo por la libertad, sino también por el pan y trabajo; tan importante es el componente de la lucha de clases en todo el proceso que sería una locura pensar que esto es el fin de la revolución y la estabilidad ha llegado a Egipto. Todo lo contrario. Que se haya desecho de tres décadas de larga dominación de un tirano y luego de un presidente que fue elegido en las urnas en elecciones razonablemente libres hace apenas un año y esto en el espacio de dos años y medio, la clase obrera egipcia y las grandes masas de gente están llenas de confianza en sí mismas y la creencia en su propia fuerza. La gente cree, y con razón, ¡que son ellas y no el ejército quienes derribaron a Morsi! La audacia de esta gente no es de extrañar nos presentará más sorpresas aún mayores en el futuro cercano. Pero la victoria de la revolución requiere la construcción de un liderazgo que sea capaz de romper con todas las formas de sumisión al imperialismo y la burguesía egipcia.


Sungur Savran

jueves, 4 de julio de 2013

LA SEGUNDA REVOLUCION EGIPCIA


LA SEGUNDA REVOLUCIÓN EGIPCIA

Ahora estamos en vísperas de una nueva revolución popular”. Estas palabras son parte de la convocatoria de uno de los nucleamientos sindicales que actúa en Egipto, la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, a las protestas que sacudieron el país y que culminaron con la caída del gobierno.

La destitución del presidente Morsi por un golpe militar se produjo luego de concentraciones multitudinarias en las principales ciudades pidiendo la renuncia –empezando por El Cairo, que reunió a medio millón de personas. Los medios internacionales indican un número de 14 a 17 millones de manifestantes en todo el país.

Crisis de régimen
El golpe militar es un recurso desesperado de las fuerzas armadas para salvaguardar un régimen que los tiene como principales beneficiarios. “Los militares son un Estado dentro de un Estado en Egipto. El ejército cuenta con sus propios tribunales y un imperio económico propio con empresas” (Ambito, 3/7). Integran el establishment con propiedades en bancos, agencias de viajes o fábricas que explican cerca del 40 por ciento del producto bruto. Morsi estableció una alanza con el ejército, previa selección de una nueva cúpula militar afín, que asumió el control de la fuerza luego del desplazamiento de las camarillas más comprometidas con el viejo régimen de Mubarak. Como contrapartida, el gobierno de los Hermanos Musulmanes preservó sus privilegios y prebendas. La constitución de Morsi garantizó la autonomía y los negocios de las fuerzas armadas.

Lo mismo vale para la burocracia estatal, que no fue removida. “Plétoras de políticos y consejeros que pueblan los ministerios y la Cámara alta testimonian la ausencia de renovación del personal político” (Le Monde, 30/6). Esto es aún más acentuado en las provincias, donde los viejos caciques vinculados a la época de Mubarak siguen teniendo una influencia determinante.

Morsi tuvo frecuentes choques con el Poder Judicial –donde está enquistada una numerosa masa de funcionarios vinculados con el viejo régimen depuesto– pero fue impotente en remover ese obstáculo. De la misma manera, el presidente egipcio fue incapaz de enfrentar la extorsión del FMI, que venía reclamando la implementación de un ajuste en regla contra el pueblo. El imperialismo venía sosteniendo a Morsi como la soga sostiene al ahorcado, exigiéndole la supresión de los subsidios a los combustibles, tarifazos y un plan de austeridad a gran escala a cambio de otorgarle un socorro financiero.

De modo que cuando el presidente denuncia el golpe y la conspiración de la derecha oculta que ese gigantesco edificio reaccionario se ha mantenido intacto y apañado bajo su mandato. Es cierto que los sectores pro-Mubarak están tratando de obtener su ganancia a río revuelto, pero eso no puede llamar a confusión sobre la naturaleza y el alcance de la movilización en curso.

La rebelión popular que se llevó puesto a Morsi es un golpe al conjunto del Estado como a sus instituciones, y al gran capital.

Situación insostenible
La crisis industrial y el congelamiento de la economía es uno de los principales motores de la rebelión popular. Cuatro mil fábricas han cerrado en este último período, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo. Casi el 60 por ciento de los jóvenes está desocupado.

Ese cuadro general está en la base de la creciente insurgencia popular. Desde la subida de Morsi al poder, han tenido lugar 3.817 protestas obreras. El gobierno de los Hermanos Musulmanes ha respondido intensificando la represión y persecución gremial. La vieja ley sindical mordaza de Mubarak sigue rigiendo las relaciones laborales.

La desorganización económica se ha apoderado del país, con cortes de electricidad y de agua, escasez de combustibles, carestía creciente, desabastecimiento y fuga de capitales. Egipto está en virtual cesación de pagos y sobrevive agónicamente por los préstamos de Qatar y Arabia Saudita.

La revolución en una nueva etapa
Las concentraciones actuales vinieron acompañadas por el desarrollo de una campaña Tamerod (rebelión), una suerte de plebiscito para recoger firmas entre la población contra Morsi, que habría logrado reunir 22 millones de adhesiones. Esta iniciativa surgió de parte de grupos “de jóvenes revolucionarios de izquierda que, decepcionados por la incapacidad de la oposición para organizar la protesta, se lanzaron a fin de mes a una empresa incierta” (Le Monde, 30/6). “Sin recursos pero con el apoyo de decenas de miles de militantes, estos sectores crearon comités en todas las provincias del país, que tomaron en sus manos la recolección de firmas… Todos los petitorios son enviados a El Cairo, donde un “comité central de una veintena de miembros reúne las firmas luego de verificar su validez” (ídem).

La plataforma de Tamerod, incluye, por lo que se conoce, demandas sociales y políticas, aunque de características difusas.

Muchos de los miembros que estuvieron al frente de la campaña Tamerod, un año atrás, habían votado por Morsi en la segunda vuelta. Es un indicador del desplazamiento político de las masas egipcias. La propia base islámica de apoyo al gobierno giró hacia un frente con los laicos, acicateada por una crisis social que se agrava día a día.

Dique de contención y alternativas
Frente a este escenario, Obama venía presionando por un compromiso. Declaró que “apoyaba las protestas pacíficas” e instó “a Morsi y a la oposición al diálogo” (ídem). La cabeza de la oposición, el Frente de Salvación Nacional, con fuertes vasos comunicantes con el establishment y las potencias occidentales, trabajó en esa dirección.

Las fuerzas armadas han tomado ese libreto y “pondrían en marcha una serie de medidas, que se aplicarían con la participación de todas las fuerzas políticas” (Clarín, 2/9). El Ejército “planea suspender la Constitución, disolver el parlamento e instaurar un gobierno de transición liderado por el presidente de la Corte Suprema” (Ambito, 3/7). El plan “incluye un breve periodo de gobierno interino que será seguido por elecciones presidenciales y parlamentarias”, según el parte dado a conocer por la agencia estatal de noticias del país. El gobierno militar debe atravesar un campo minado. La posibilidad de pilotear el proceso dependerá de los acuerdos políticos que logre enhebrar con el conjunto de partidos, incluido el propio movimiento islámico depuesto.

El jeque de la institución islámica de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, el papa copto, Teodoro II, el representante de la oposición, Mohamed El Baradei, y jóvenes del movimiento “Tamerod” anunciaron junto a jefes militares la hoja de ruta que se aplicará para sacar a Egipto de la crisis” (El País, 3/6). La agenda deberá pasar la prueba de intereses contradictorios y hasta antagónicos. Por un lado, el gobierno deberá retomar las negociaciones empantanadas con el FMI y buscar sellar un acuerdo. Por el otro, está la agenda de las masas, cuyas demandas apremiantes entran en choque con las pretensiones del capital y de sus órganos financieros. Se pondrá a prueba la capacidad de pilotear la crisis, en momentos que se agrava la bancarrota capitalista y se traslada a los países emergentes. La luna de miel puede terminarse muy rápido. Lo que está claro es que el escenario donde deberán operar los militares está dominado por la iniciativa popular. Dos años después de la destitución de Mubarak, esa iniciativa ha provocado la caída del islamismo, una de las principales cartas de las que se viene valiendo el imperialismo para frenar la revolución que sacude al mundo árabe.


Pablo Heller