VENEZUELA,
¿NOS ESTAMOS VIENDO EN EL ESPEJO DE BRASIL?
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Manifestaciones en Brasil al 20/06 luego de
suspendido el tarifazo en el transporte público |
Los
sucesos en Brasil de las dos últimas semanas han servido para que tanto la
izquierda como la derecha venezolana metan la cabeza en la arena como el
avestruz. Quizás se solidaricen en parte por lo ocurrido pero lo esencial, para
tirios y troyanos, es lo que a su entender se traduce como un sinsentido ante, según
ellos, el extraordinario avance económico del gigante del sur en el continente.
Quizás hasta coincidan por lo del aumento en $R 20 céntimos al transporte colectivo
en Sao Paulo para que se dieran los reclamos ($R 3,20 equivalen a 1,50 dólares)
con el añadido de una descomunal represión a la marcha de 50.000 paulistas el
13 de junio, sin embargo y luego de suspenderse el tarifazo por las alcaldías
de las ciudades más importantes de Brasil, el reguero de movilizaciones y
manifestaciones se extendió en decenas de ciudades, que sin haberse dado en
principio el rechazo popular a algún tarifazo local, han preferido cortar por
lo sano retirando también las suyas.
El
signo que marca la actitud del avestruz cuando sólo se toman en cuenta las
cifras macroeconómicas durante 10 años de gestión del PT con Lula y Dilma, conlleva
a una actitud de cautela en nuestro país donde la situación económica reviste
condiciones de crisis y el gobierno de Maduro busca por el mundo compromisos y
reconocimientos tras la inestabilidad política luego de las elecciones del 14
de abril. La izquierda, como la derecha, saben que sus planes se pueden ir al
traste por un hecho coyuntural como resultado de las acciones de las masas. Por tanto, es esto lo que los hace
ser casi indiferentes con la situación brasileña, pues estemos claros, ni es
una revolución de colores alentada por el imperialismo yanqui como ya ha
insinuado alguna “izquierda” comprometida con el chavismo, ni es un simple
reclamo de la clase media brasileña afectada por los tarifazos. Es que, ni la
derecha ni esa “izquierda”, asumirán lo que en realidad lo ha provocado son las
consecuencias de la bancarrota mundial del capital y la crisis sistémica,
universal e histórica de las relaciones sociales capitalistas que presenta los
mayores desafíos para el presente y el futuro a la humanidad.
Los
marxistas nos afianzamos en la crítica a la economía política para ofrecer
alternativas en función de otras relaciones sociales donde se impida que el
capital ejerza el poder político y económico. Si a causas vamos de lo que está
pasando hoy en Brasil, esencialmente hay que insistir que lo que mantuvo a Lula
en el poder no fue ningún milagro económico sino un salvataje de la Reserva
Federal yanqui, al igual que lo hizo con México y Perú. El capital financiero,
ficticio y por lo tanto sin soporte, soltado en el mercado internacional por la
FED junto a tasas cercanas a cero para enfrentar el proceso de bancarrota del
capital mundial declarado en 2007, a la par que países como Brasil lo captaban
con tasas de interés muchísimo más mayores mientras la inflación se contenía en
valores bajos, representa una visión muy actualizada del coloniaje imperial.
Ese esquema representó que el real brasileño se revalorizara, pero sólo hasta
el momento en que el negocio para el imperialismo yanqui le resultara.
Las
cifras económicas brasileñas actualizadas han salido a relucir por cualquier
ámbito, en particular las de los especialistas burgueses en esa materia como el
Financial Times o The Economist, quienes muestran mucha
preocupación por lo que está dejando de hacer Dilma en sus compromisos con los
dueños del capital, que es ya bastante como se verá más adelante. El proceso
devaluatorio del real brasileño representa una respuesta al temor internacional
a que la FED limite el monto de dólares que ofrece cuasi gratis al mercado mundial,
lo cual está elevando la tasa de interés en USA y provocando una reversión de
la tendencia de los últimos años que era la de la inversión especulativa en
materias primas y en mercados de deuda periféricos. La consecuencia es una
depreciación del real (9% en tres meses este año) y una tendencia a la
reversión en la subida de los precios de los “commodities”.
En
septiembre del año pasado, después de tres meses y medio de conflicto, el
gobierno de Dilma Roussef consiguió quebrar la huelga de los empleados públicos
federales (más de 1,8 millones de trabajadores) mediante represión, descuentos
salariales, amenazas de despidos y división del movimiento sindical. La
“victoria” gubernamental tuvo el duro precio de “quemar” a sectores enteros de
la burocracia sindical petista –en el caso de las universidades federales,
prácticamente la destruyó–, además de abrir un foco (inédito en diez años) de
choques entre esa burocracia y el gobierno. Toda la prensa, incluso la más
derechista, apoyó al gobierno durante el conflicto, el cual paralizó al Estado –la
Policía Federal llegó a desfilar en las calles con banderas que decían: “El tráfico (de drogas) está liberado”.
La huelga de los estatales fue, por eso, apenas el prólogo de un episodio mayor
de la lucha de clases.
Con
la economía en picada –la caída de la actividad industrial fue de un 5,3% a
junio de 2012, la cuarta caída consecutiva–, el gobierno repite la fórmula de
concesiones impositivas al gran capital para evitar el colapso económico, con desgravámenes
previstos para este año de 15.200 millones de reales, de los cuales casi la
mitad –7.200 millones– corresponden a un nuevo 20% de rebaja en las cargas
sociales de los salarios por parte de los patronos; además de proyectar
financiamientos al sector privado –las llama “inversiones público-privadas”–
del orden de 190.000 millones de reales para el año 2013. El gobierno proyectó
un mazazo violento en el gasto público a ser decretado –“legislado”– a finales
del año pasado, con ataques violentos a la salud pública, la legislación
laboral y, principalmente, la previsión social.
Aparte
de eso los casos de corrupción volvieron a la palestra con el mensalao. En ese marco, ha cobrado
relevancia una crisis originada en 2005, la cual parecía superada. El caso del mensalao –un sistema de compra de votos
parlamentarios durante el gobierno de Lula mediante financiamientos mafiosos
offshore, envolviendo, en principio, 350 millones de reales en sobornos– está
siendo (re)juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF) cuyos jueces fueron,
casi en su totalidad, nombrados por Lula, quienes ahora se le están dando
vuelta. Entre los reos están once ex diputados: tres del PT –incluyendo al
entonces presidente de la Cámara, José Paulo Cunha, ya condenado– y ocho de
otros partidos de la “base parlamentaria aliada”. Los votos comprados
financiaron, entre otras cosas, la aprobación de las reformas previsional e
impositiva antiobreras y antipopulares del gobierno “de los trabajadores”.
La
misma prensa que celebra la decisión del STF sobre el mensalao también ha celebrado las cualidades reveladas de Dilma
como “estadista”; o sea, la violencia con que enfrentó las huelgas, avanzó en
las privatizaciones e hizo pasar leyes antiobreras, y hasta su dureza en el
“Rosegate” (por Rosemary Noronha, amante pública de Lula, y su caída como
coordinadora de la oficina de la Presidencia de la República en Sao Paulo).
Pero en la antesala a las manifestaciones disparadas por un aumento de 0,20
reales a la tarifa del transporte público, a comienzos de año la economía del
gigante con pies barro informaba de los siguientes derroteros: el PBI había
crecido menos de 1% anual por ocho trimestres consecutivos; la “burbuja
financiera” está hinchada por todos lados (el récord de la deuda pública
federal, interna y externa); la deuda de los estados, en primer lugar la
llamada “Grecia del Brasil”, Rio Grande do Sul (gobernado histórica y
actualmente por el PT), que le debe a la Unión 215 por ciento de su renta líquida,
seguido por Minas, Sao Paulo y Río (o sea, los cuatro estados más grandes del
Brasil); la deuda privada de bancos, empresas y familias; la burbuja de la
propiedad inmobiliaria (165% de valorización entre 2008 y 2012, contra 25% de
inflación).
Para
atajar el derrotero Dilma va en el sentido de defender a los dueños del
capital: anunció la privatización de los aeropuertos, con fuertes subsidios
estatales, en vísperas de la Copa 2014 y las Olimpíadas 2016. Ya comprimió los
salarios de los estatales y los gastos sociales a su porcentaje más bajo (del
PBI y del ingreso líquido del Estado) en dos décadas, abajo incluso que los de
los gobiernos “neoliberales” anteriores al PT. El problema es que, como resumió
el editorialista de Valor Económico
(5/12/12): “el gobierno bajó las tasas de
interés, desvalorizó el real, aumentó el gasto público (léase subsidios al
capital), adoptó medidas para disminuir
los costos de producción (desreguló la legislación laboral), redujo impuestos (al gran capital), abrió la concesión de servicios públicos
al sector privado, intervino en algunos sectores, y la economía brasileña no
reacciona. Las inversiones son negativas hace dos años y el PBI registra un
promedio inferior al de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso”. En
otras palabras, haga lo haga un gobierno "progresista" o nacionalista
atado a los intereses del gran capital en plena época de su bancarrota mundial,
a lo que terminará conduciendo es a la pauperización aún mayor de los
explotados y del pueblo en general.
Mientras
tanto, la izquierda nacionalista latinoamericana, y también la europea, continúan
aferrados a las cifras de la bonanza económica de Brasil –que desapareció en
los números hace ya dos años–, ilusionando a sus militantes y simpatizantes con
la reforma "posible" del capitalismo porque si no se mete la derecha, aunque se les
demuestre que ésta como se menciona más arriba, y el imperialismo, están
metidos hasta los tuétanos en el "progresismo" de Lula y Dilma. Ante esto
los jovenes y los estudiantes, los trabajadores que devengan un bastante
recortado salario mínimo, los empleados públicos y el pueblo en general, lo que
vieron fue la válvula de escape que los movilizara luego de la excesiva y
"democrática" represión del 13 de junio por exigir que el aumento,
que colocaba el transporte público como uno de los más caros del planeta, no
fuese aplicado. Es que la mesa para ellos ya estaba servida: la desregulación
de la legislación laboral, la evidente falta de inversión en salud y educación
públicas, los políticos y sus corruptelas, el negocio para los capitalistas que
se arropan con la FIFA y el COI con la Copa Confederación, el Mundial de Fútbol
2014 y las Olimpiadas del 2016.
Es
la importancia que le debemos dar, por tanto, los venezolanos. Para la
izquierda clasista e independiente su papel está en cómo ir a fondo con las
masas, esencialmente al seno del movimiento obrero, con un plan de luchas
unitarias que las organice a enfrentar lo que está a las puertas con los
tarifazos como respuesta gubernamental para paliar lo insuficiente que le
resultan los fondos para el gasto público y también para afrontar el pago
religioso que viene haciendo, con un monto de 18.000 millones de dólares para
este año, en deuda externa.
Las
consecuencias de los efectos de la bancarrota mundial del capital las estamos
viendo desde 2009 con aumentos del IVA de 9 a 12%, devaluaciones oficiales del
bolívar en 2010 y 2011 y una inflación que resulta la cuarta más alta del
planeta. Este año, además de lo evidente que le resulta al venezolano de a pie
la escasez y la especulación producto del valor del dólar paralelo de más de
4,5 veces el oficial (a pesar de haber devaluado el gobierno bolivariano el valor del bolívar de 4,30 a 6,30 por dólar), la inflación anualizada a mayo llegó a casi el doble de
la definitiva al cierre de 2012 (35,2% versus 20,1%) licuando el pírrico
incremento de 20% al salario mínimo fijado a inicios de ese mes, y a pesar de
todo el optimismo que el gobierno bolivariano muestra para resolver los
entuertos de la crisis económica en curso, con alianzas con la burguesía
criolla o extranjera; el endeudamiento de 8.000 millones de dólares a que se ha
visto obligada PDVSA para afrontar su parte en las inversiones de desarrollo,
retrasadas desde el año pasado, en la empresas mixtas de la Faja del Orinoco; y
los convenios internacionales suscritos con los países del MERCOSUR y el ALBA,
primero, e Italia, Francia y Portugal, después, para aumentar las importaciones
que las continuará haciendo la burguesía del país en conjunto con las de
aquellos; indica en mucho el contenido de clase sobre la que se está apoyando
Maduro para continuar haciéndole pagar los platos rotos de la crisis a los
trabajadores y al pueblo venezolano, salvando de su propia crisis a los
capitalistas urbe et orbi.
La
crisis, que está en pleno desarrollo, nos obliga. No afrontar el reto y se concretase
la coyuntura para una revuelta venezolana sin un mínimo de organización de
clase, coloca a las masas en la misma situación de 1989 con el agravante para
ellas que ya el ejército está en las calles para demostrar su verdadera
esencia, defenderle con las armas el Estado a los capitalistas. Brasil ha
marcado un norte en el cómo se debe actuar. Basta ya de pedir, hay que arrancar
con la movilización y la lucha que los capitalistas sean los que paguen por la
crisis que sólo ellos han causado.
El paro general del 11 de julio no fue
una continuidad de las masivas movilizaciones populares de junio. Muy parcial
en la mayoría de las grandes ciudades, casi inexistente fuera de ellas, no
consiguió parar –con excepción de Porto Alegre– el sistema de transportes. Los
pocos cortes de rutas y avenidas fueron realizados por un número pequeño de
personas. Las manifestaciones callejeras fueron muy bajas en relación a las
multitudinarias marchas de junio: 8 mil personas, como máximo, en la Av.
Paulista (San Pablo). Buena parte de los manifestantes había recibido dinero
para participar y hasta un extra si ayudaba a cargar una bandera o cartel. La
jornada, sin embargo, había sido convocada por las siete centrales sindicales
del país, algunas (CUT, Fuerza Sindical) con enormes recursos financieros. En
los pocos lugares en que hubo actividades combativas (Fortaleza, Porto Alegre,
San José dos Campos, Belém, Natal), fue notoria la actividad de la CSP-CONLUTAS,
a pesar de que sólo representa el 2 por ciento del movimiento sindical.
