Comunicado del
Partido Obrero de Argentina
Venezuela:
Golpismo gorila y autogolpe chavista
El inmovilismo del gobierno ha sido
explotado por el ala derecha de la oposición, que entiende que no hay margen
para esperar a la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente
Maduro, en 2016, cuando lo habilita la Constitución. Esta vieja fracción de
derecha de la oposición gorila, ha desechado la tesis del jefe de la oposición,
Henrique Capriles, para quien no hay posibilidad de inclinar la balanza
política en la calle, en tanto no se produzca una deserción de la masa de la
población que sigue respaldando al chavismo. Las movilizaciones que comenzaron
a principios de febrero, a partir del agravamiento de la inseguridad en los
‘campus’ universitarios donde prevalece el movimiento estudiantil opositor, le
ha dado la razón a todo el mundo: el inmovilismo del gobierno ha creado una
situación explosiva; el ritmo de la crisis no habilita una posición de espera;
la oposición no ha ganado para su campo a la masa chavista; el gobierno
responde con un aparato de represión legal y paralegal, que muestra el
vaciamiento de su base popular.
Como ocurre en una posición de
‘zugzwang’, en el ajedrez, no se puede mover ninguna pieza. De ahí que se
ofrezcan salidas bizarras, como la del teórico del ‘socialismo del siglo XXI’
Hanz Dietrich, que ha llamado a formar un gobierno de coalición con Capriles, o
la propiciar una mediación internacional. La posibilidad de un golpe gorila
está fuera del radar, por más que la invoquen D’Elia o el ex vicerrector de
Schuberoff, Atilio Borón, porque las armas las tienen las fuerzas armadas
controladas por el chavismo y porque Obama tampoco lo impulsa. Al gobierno
norteamericano le interesa, en primer lugar, que el presidente colombiano
Santos sea reelecto y que prosiga la negociación de paz con las Farc. El
triángulo del golpismo gorila está formado por el ahora detenido Leopoldo
López, por el paramilitar colombiano Uribe y por los fascistas norteamericanos
del Tea Party. Se trata de un menú indigesto incluso para la burguesía mundial
y los principales gobiernos imperialistas. Quienes están obligados a impedir que
la situación venezolana degenere son, especialmente, Cuba, Brasil, Argentina y,
en última instancia, Colombia. Raúl Castro y Dilma Roussef no solamente tienen
un punto de encuentro en las crecientes inversiones brasileñas (constructoras,
petroleras) en Cuba sino en los gobiernos de El Salvador y Nicaragua, que deben
bastante a la maquinaria electoral que Brasil viene usando con éxito en
diversos países.
Las alternativas que podría negociar
el tándem lulo-castrista son, sin embargo, limitadas. Venezuela enfrenta una
crisis económica y social fuera de lo corriente. El ‘ajuste’ que plantea su
desequilibrio financiero es enorme; Venezuela necesitaría un gran
financiamiento internacional, que estaría condicionado a que su gobierno ponga
un freno brutal al sistema de planes sociales. El ‘ajuste’ se convertiría en un
‘harakiri’ para el chavismo; sería incompatible con el gobierno y el régimen
político vigentes. Una posibilidad de golpismo oficial retomaría una
alternativa ya mentada en la prensa internacional en el pasado reciente, o sea
la de un gobierno transicional de militares chavistas, encargado de una
normalización política. Sería una especie de golpe de Jaruzelski, el militar
polaco ‘comunista’ y ‘prosoviético’, que presidió, precisamente por eso, la
transición de Polonia al capitalismo y a la Otan. La oposición gorila lo
recibiría con un gran repudio, por supuesto, pero por sobre todo con una aun
mayor expectativa, porque un golpe de esa característica habría minado en forma
irreversible la autoridad histórica del movimiento bolivariano. D’Elia y Borón
saludarían con regocijo, en un caso así, lo que, en su ignorancia, sería el
sepulcro del chavismo.
La perorata ‘cristinista’ de que “los
extremos se juntan”, podría encontrar en Venezuela una confirmación inédita,
pues las marchas opositoras, con un definido propósito golpista, solamente
podrían materializarse en el caso de que el propio chavismo oficialice un
estado de excepción, o sea de arbitrariedad estatal. Las reivindicaciones
estudiantiles opositoras son justas; es lamentable que no las hayan levantado,
en Venezuela, las juventudes ‘socialistas’, como en Argentina sí las levanta la
Fuba – y priva, de paso, a la derecha de un arma de demagogia popular. Nos
referimos a las movilizaciones contra las violaciones, intentos de secuestros y
secuestros efectivos de universitarias, atropellos criminales que cuentan, en
Argentina, con complicidad policial. Lo mismo vale para la lucha contra el
desabastecimiento y contra la carestía o contra el enriquecimiento descomunal
de los capitalistas amigos y los sobreprecios de obras públicas. Pero, al revés
de lo que ocurre en Argentina, en Venezuela, este movimiento tiene una
dirección política de derecha y definidamente golpista. Esto es lo que importa
a la hora de su caracterización. Al mismo tiempo, la represión criminal por
parte de grupos chavista paralelos, que son designados como “colectivos”, con
la complicidad del poder político, pone al desnudo una tendencia reaccionaria y
fascistizante del oficialismo, cuya implicancia política es apuntalar la
tendencia a la instauración de una dictadura. Las conspiraciones que impulsa la
derecha, valiéndose de una demagogia democrática y popular, deben ser
combatidas en primer lugar con la movilización de masas y, por sobre todo, con
el pasaje del poder político y la estructura social a los trabajadores, a la
clase obrera. Venezuela está gobernada por una camarilla política y económica y
por la llamada ‘boliburguesía’.
Fruto de la crisis se están
desarrollando movilizaciones obreras, por ejemplo en la industria automotriz,
en este caso encabezadas por la UNT[en
realidad por la CBST, N.R.], dirigida por el chavismo. Los trabajadores
exigen la nacionalización de la industria para asegurar los puestos de trabajo.
Se trata, sin embargo, de una reivindicación insuficiente, esto a partir del
fracaso impresionante de las nacionalizaciones chavistas, que han colaborado
con el derrumbe industrial. Lo que importa es el control y la gestión obrera
colectiva de la economía nacionalizada, lo cual implica un gobierno de trabajadores.
Aun con estas limitaciones, ante las protestas patronales, tanto el poder
judicial como la guardia nacional intervinieron contra los trabajadores. La
burocracia sindical movilizó el domingo pasado a los trabajadores petroleros y
automotrices para apoyar al gobierno. Un sector minoritario encabezado por
dirigentes petroleros clasistas rechazó esta cooptación y convocó a un
Encuentro Nacional Sindical y Popular de Sectores en Lucha para discutir un
Plan Económico y Social de Emergencia y un plan de movilización nacional en
defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo. El problema de la
independencia política del movimiento obrero sigue siendo el problema
fundamental de la situación política venezolana.
Jorge
Altamira
21/02/2014
