Definiciones
en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra
El
asesinato del joven militante del PO y las graves heridas a Elsa Rodríguez
sacudió al poder político y tocó a fondo al movimiento popular. El oficialismo
imaginó que había sido el detonante de la muerte de Néstor Kirchner e incluso
provocó una crisis política; es que pocos días antes, Cristina Fernández había
pretendido consagrar una unidad política con la burocracia sindical. La etapa
final de un juicio con un fuerte y creciente control político que se debate
entre el camino hacia el juicio y castigo y la impunidad a los principales
acusados.
El
asesinato de Mariano Ferreyra devolvió a la superficie el carácter criminal de
la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que
prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio. Puso
asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado kirchnerista en el
transporte ferroviario. Un año y medio después, esa trama se volvería a poner
en evidencia en la masacre de Once.
Denunciamos,
desde el primer momento, todas estas circunstancias, y con ello produjimos una
delimitación política que aportó una claridad decisiva al movimiento popular a
la hora de la movilización por el juicio y castigo a los culpables. Miles de
jóvenes y trabajadores se reconocieron en la condición social y militante de
Mariano; los trabajadores tercerizados se sintieron interpelados, no ya entre
los ferroviarios, sino en toda la dimensión del territorio nacional. Las
tentativas de cooptar a los allegados políticos y personales de la víctima -la
táctica empleada por este gobierno y los anteriores, para neutralizar el
repudio-, fracasaron en forma miserable.
El
método político empleado en la lucha por el juicio y castigo, en el caso de
este crimen, se diferenció del utilizado en los casos de los compañeros Q’om o
del docente neuquino Carlos Fuentealba. Nosotros fuimos de entrada por los
responsables políticos –incluido el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo-, al
que conminamos a que procediera a una investigación en sus propia filas. Debido
a la recusación de esta requisitoria a proceder a investigar el aparato del
propio Estado, el gobierno ha quedado como responsable último de la masacre de
Once.
Las
escuchas telefónicas han dejado probada la colaboración de los titulares del
ministerio de Trabajo (Carlos Tomada y su vice Noemi Rial) con José Pedraza,
secretario general de la Unión Ferrorviaria. La reacción inicial del gobierno y
de sus alcahuetes (en particular José Pablo Feinman y otros de Carta Abierta)
fue enrostrar la responsabilidad del crimen al Partido Obrero (PO), que habría
estado en el lugar y en el momento inadecuado. “Nos tiraron un muerto”,
acusaron las eminencias que viven del presupuesto del Estado. La misma
Presidenta utilizó la mayor parte de la entrevista que concedió a los
familiares de Mariano, a atacar al Partido Obrero. Claro: en octubre de 2009,
al inaugurar una sede sindical de los ferroviarios, Cristina consagrado a
Pedraza como la encarnación del, textual, “sindicalismo que construye”.
No
insistieron en esta vía de exabruptos cuando, el 22 de febrero de 2011, otros
51 muertos cayeron en la estación de Once, como tampoco lo habían hecho, antes,
en ocasión de la decena de accidentados fatales en los pasos a nivel. Los
compañeros tercerizados que se habían convocado, aquel 20 de octubre, para
reclamar por el pase a planta permanente, no estaban allí por “apresuramiento”:
habían trajinado durante dos años los pasillos ministeriales con esa misma
reivindicación.
“Un
crimen político contra la clase obrera”, esa fue la síntesis de la
caracterización política que guió nuestra lucha. Un crimen ejecutado para
defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así
como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados.
Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal, integrada
al Estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la
clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes
había quedado definido con tanta claridad la naturaleza social y política de un
crimen contra luchadores populares. Lo que se puso en juego, entonces, en esta
lucha por el Juicio y Castigo, es una confrontación de naturaleza histórica.
Es
esta lucha y la claridad con que fue empeñada, lo que permitió llegar al juicio
oral y público, que se encuentra en la recta final, con los responsables
políticos de la patota entre los acusados. Antes que la prisión preventiva
cayera sobre Pedraza, la ministra actual de Seguridad, Nilda Garré, desplegó la
última tentativa para evitarla: montó un operativo mediático para encarcelar a
los compañeros ferroviarios que habían luchado con Mariano, a los que acusó de
actos de vandalismo en la estación Constitución, con la clara finalidad de
desnaturalizar la lucha de los tercerizados.
Garré
había llegado a ese ministerio como parte de una maniobra cuidadosa del
gobierno para apartar a Aníbal Fernández de la conducción política de la
Policía Federal y sacarlo del foco de la responsabilidad por las órdenes que
dio a la fuerza aquel 20 de octubre. Luego de la condena que pronuncie el
Tribunal Oral, habrá que ir por la investigación y juicio de Aníbal Fernández.
En el juicio oral y público “no están todos los que son”: faltan los
concesionarios del Roca, que habilitaron la salida laboral de la patota y están
entrelazados en la explotación de los tercerizados y el desvío de los
subsidios; no está la cúpula de la Policía que monitoreó operativo desde la
Jefatura; no está el ministro encargado de las fuerzas de seguridad en aquella
ocasión.
¿Cuál
es el desafío político en esta fase final? El gobierno no es impasible o
neutral en esta circunstancia. Se ve que ha seguido un lento y penoso
peregrinaje gatopardista, que consiste en depurar en forma aséptica (sin
sangre) y limitada la trama mafiosa para conservar la conducción del aparato de
negocios y sindical del ferrocarril. Los Luna (por el subsecretario de
Transporte Ferroviario, Antonio Luna) y los Schiavi (Juan Pablo ex secretario
de Transporte) enfrentan ahora su propio juicio oral y público por Once; el
nuevo ministro de transporte, Randazzo, no es del palo de Omar Maturano (gremio
La Fraternidad) ni del pedracismo; se ha removido a la conducción
macrista-moyanista-pedracista del Belgrano Cargas; por último, está intentando
manejar la UF con un pedracismo sin Pedraza. Por último, pretende que la
culminación del juicio oral y público sea el final de la historia, o sea que no
se trasvase a los concesionarios, la jefatura policial, los ministros de
Seguridad.
Las
querellas representadas por los abogados del CELS y los del Partido Obrero
alegarán, en los próximos días (viernes 15), por la condena a perpetua de
Pedraza y sus cómplices. No se conoce, sin embargo, el planteo de la fiscal,
María Luz Jalbert, que representa al Ministerio Público y que, en esa
condición, influye en la formación de la opinión del Tribunal oral.
La
fiscal Jalbert atravesó una crisis seria, hace un par de meses, cuando la
Procuradora K, Alejandra Gil Carbó, le puso dos comisarios políticos como
“ayudantes”. Del juicio oral y público se desprende una conclusión de conjunto
acerca de la responsabilidad de Pedraza como instigador político de las
acciones que llevaron al crimen, que para sus defensores no alcanzan el
carácter de una prueba firme. Si prevalece este criterio judicial, jamás sería
posible probar una responsabilidad política y la impunidad quedaría consagrada
con carácter universal. En este caso, Pedraza –el mismo que intentó sobornar a
los jueces de Casación, para obtener una excarcelación– hasta podría ser
declarado ¡Inocente!
Otro
capítulo merece la posición de la troika que integra el Tribunal, la cual se
encuentra cruzada, por lo menos, por dos condicionamientos: uno, tiene que ver
con la presión de la cruzada del gobierno en el Poder Judicial, para reemplazar
con jueces propios a los que reputa afines a la “corpo”; el otro es, digamos,
ideológico, con referencia al garantismo. Con relación a esto último, los
defensores de la patota alegan la falta de pruebas “materiales”, o sea la
ausencia de una orden escrita y firmada de matar. Recordemos que el garantismo
es una posición de defensa de la población que carece de la capacidad material
de defender sus derechos, ante la acción del Estado y las fuerzas de seguridad,
que se mueven con recursos y desarrollan una conspiración impune. No debería
servir como escudo para defender a ese mismo aparato (burocracia, policía,
funcionarios, ministros, pulpos económicos concesionarios), que precisamente
conspira contra quienes carecen de derechos, trabajadores tercerizados,
privados del derecho elemental del convenio colectivo.
Este
conjunto de señalamientos apunta al objetivo de dar las armas intelectuales, y
por lo tanto organizativas, para impedir un nuevo caso de impunidad. La
perpetua para Pedraza y sus cómplices no solamente daría impulso a las
cuestiones excluidas de esta causa desde su fase de instrucción; también
impulsaría la lucha por el esclarecimiento, juicio y castigo por la
desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga; por los asesinatos de
campesinos Qom y del Mocase; por llevar a tribunales a Sobisch, por Carlos
Fuentealba y por tantos y tantos compañeros sometidos y reprimidos. Las mujeres
agredidas, las trabajadoras y trabajadores esclavizados en el campo y la
ciudad.
Jorge
Altamira – Partido Obrero - Argentina
Publicado
por Agenda Oculta
