Las posiciones que hoy en su prensa asume el Partido Obrero de Argentina, acompañan a los que hemos planteado, más allá de lo puntual del caso de Pérez Becerra, lo que es una política de gobierno de Chavez con su entorno latinoamericano y en particular con Santos como gobernante colombiano. Pérez Becerra es la gota que rebasa el vaso para los chavistas que se niegan a admitir todo como bueno cuando se trata de las decisiones que asume Chavez y que previamente generaron la alarma cuando concretó con Santos el restablecimiento de las relaciones comerciales, que evidentemente colocaban en riesgo a la propia burguesía colombiana en medio de la bancarrota mundial del capital; servía de tapón de contención al escape a nuestro país de las fuerzas beligerantes colombianas sometidas a la ofensiva militar coordinada con el imperialismo y el renacimiento de los paramilitares; y le ponían un pulmón de oxígeno en la OEA a Lobo en Honduras mientras las masas aún denuncian en las calles su origen golpista luego que el imperialismo defenestrara a Zelaya.
El comentario de la resolución del congreso de PO es una magistral versión en como se puede expresar lo que es el agotamiento del nacionalismo en el marco burgués cuando la crisis económica resulta patente a pesar que los ministros de la economía venezolana a fuerza de cifras convenientes concluyen que sin la entrega a montones de las divisas por la venta de nuestro petróleo a los capitalistas la tal salida de la recesión no tendría sentido. Esto no es más que otra muestra del carácter de clase que mantiene, ahora a rabiar, el gobierno bolivariano con Chavez a la cabeza.
El pacto Chávez-Santos
Gobierno bolivariano deporta a luchador colombiano
El 23 de abril fue detenido en el aeropuerto Maiquetía, de Caracas, el periodista Joaquín Pérez Becerra, coordinador de la página de noticias alternativas Anncol, con sede en Suecia. El periodista se nacionalizó en ese país luego de exiliarse de Colombia, huyendo de la matanza de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica (UP) a principios de los '90.
El gobierno de Venezuela lo entregó tres días después a Colombia, a pedido de sus autoridades. Según el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, Becerra sería el cabecilla del Frente Internacional de las FARC-EP y responsable de "toda esa mala propaganda que le han hecho las FARC a Colombia en Europa". Paradójicamente, Becerra es defensor del gobierno de Chávez, y ha sido invitado a participar de eventos bolivarianos en Caracas en 2009 y 2010. "Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura (...), dijo Santos. No titubeó (...) Hablé esta mañana con el presidente Chávez, y le agradecí" (Aporrea.org, 24/04/11). El gobierno de Chávez respondió: "El gobierno bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos." O sea que Chávez pasa de pedir el reconocimiento de las FARC como "fuerza beligerante", a catalogar de "terroristas" a sus supuestos integrantes. Desde 2009, Venezuela extraditó a ocho presuntos guerrilleros del ELN y de las FARC-EP, tres de ellos en los últimos meses.
Kirchner
Los acuerdos de inteligencia entre Chávez y Santos se firmaron en Santa Marta (Colombia) en agosto del año pasado, bajo la mediación del en ese entonces secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner. Ambos países reanudaron sus relaciones comerciales, rotas por las provocaciones del ex presidente Uribe, pero fueron más allá, pues Chávez se comprometió a no permitir la presencia de grupos armados en su territorio. Más tarde Chávez se convirtió en artífice de una negociación con los golpistas hondureños para levantar las sanciones aplicadas por la OEA.
Para algunos analistas, la extradición de Becerra sería "un intercambio de favores" por "la extradición del presunto narcotraficante Walid Makled a Venezuela, dejando a un lado el interés de Estados Unidos" (El País, 26/4). Walid Makled comprometió al gobierno de Chávez al declarar que aportó "por lo menos dos millones de dólares" a la campaña del fallido referendo promovido por el presidente venezolano con el fin de aprobar la reelección indefinida. "Del alto gobierno, claro que recibían dinero mío. Mensualmente, entre todos ellos, como un millón de dólares" (runrun.es), declaró Makled luego de su arresto en Colombia. El dinero era destinado a gobernantes, generales y hasta hermanos de ministros, para que no interviniesen en sus negocios ligados al narcotráfico. Evitar su juzgamiento en Estados Unidos era vital para el oficialismo bolivariano.
Se sacuden las filas chavistas... (y las uribistas)
Radio Nacional de Venezuela, bajo la órbita del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información publicó, luego de la extradición de Becerra: "Estamos desconcertados, queremos explicaciones; ha sido un duro golpe para las fuerzas que luchan dentro de la revolución contra la derecha en todas sus expresiones. No podemos concebir que se entreguen revolucionarios a gobiernos al servicio del imperio".
La detención en Venezuela de Becerra ha generado un terremoto político en las filas del chavismo. Más de 180 cartas y mensajes de casi sesenta movimientos sociales, sindicatos, partidos, intelectuales reconocidos del hemisferio y Europa y periodistas de diversos medios han llegado al gobierno criticando la extradición de Becerra (Tiempo Argentino, 29/4). Dos días después de la detención, más de 2 mil militantes bolivarianos marcharon al Ministerio del Poder Popular de las Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para exigir explicaciones.
Veinticuatro trabajadores de Radio del Sur rechazaron la destitución de la directora de esta emisora, Cristina González, ordenada por el ministro Andrés Izarra, por la cobertura de las protestas contra la deportación ilegal de Joaquín Pérez Becerra a Colombia. En la protesta del jueves 28 de abril, frente a la Cancillería venezolana y la Asamblea Nacional, fue quemado un muñeco de los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Comunicación e Información, Andrés Izarra, que trabajó para NBC y CNN y pasó por Radio Caracas Televisión, la cuna mediática del golpe de Estado en abril de 2002, antes de asumir durante los años siguientes cargos altos en la administración de Chávez. Izarra fue uno de los encargados de realizar la extradición. Esta cobertura rompió la línea oficial, cuya consigna era "Cero Joaquín Pérez Becerra en el Sistema Nacional de Medios Públicos".
En Colombia, el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB-Colombia) rompió con el gobierno de Chávez por la deportación, pero lo mismo ocurrió dentro de las filas de la derecha colombiana. Uribe desmintió la afirmación de Santos de que Chávez había despejado de guerrilla la frontera venezolana. Rodrigo Rivera, ministro de Defensa de Colombia, señaló que los acuerdos regionales firmados con Venezuela permitirán poner fin al "conflicto armado" (El País, 11/5).
Cobertura ideológica
En su reciente visita a Uruguay, Chávez declaró que no importaba "si gobierna la izquierda o la derecha, hay un compromiso más allá de los asuntos internos y es la unidad entre nosotros" (Telesur). Luego de su último encuentro con Santos declaró: "Qué importa que gobierne en Colombia la izquierda o la derecha, tenemos un compromiso más allá, que es la unidad entre nosotros, respetando nuestras diferencias". Chávez ha convertido a la "unidad" de América Latina en un acuerdo con la oligarquía y el paramilitarismo; Santos está a punto de firmar el tratado de libre comercio con Obama. "Para el nacionalismo militar -dice la tesis del Congreso del Partido Obrero- la unidad nacional debe prevalecer sobre la lucha de clases interna, por eso su obsesión por la regimentación de la clase obrera, y el corolario de la unidad con las oligarquías que simulan distanciarse del imperialismo" (Prensa Obrera Nº 1.156).
El gobierno de Venezuela lo entregó tres días después a Colombia, a pedido de sus autoridades. Según el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, Becerra sería el cabecilla del Frente Internacional de las FARC-EP y responsable de "toda esa mala propaganda que le han hecho las FARC a Colombia en Europa". Paradójicamente, Becerra es defensor del gobierno de Chávez, y ha sido invitado a participar de eventos bolivarianos en Caracas en 2009 y 2010. "Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura (...), dijo Santos. No titubeó (...) Hablé esta mañana con el presidente Chávez, y le agradecí" (Aporrea.org, 24/04/11). El gobierno de Chávez respondió: "El gobierno bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos." O sea que Chávez pasa de pedir el reconocimiento de las FARC como "fuerza beligerante", a catalogar de "terroristas" a sus supuestos integrantes. Desde 2009, Venezuela extraditó a ocho presuntos guerrilleros del ELN y de las FARC-EP, tres de ellos en los últimos meses.Kirchner
Los acuerdos de inteligencia entre Chávez y Santos se firmaron en Santa Marta (Colombia) en agosto del año pasado, bajo la mediación del en ese entonces secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner. Ambos países reanudaron sus relaciones comerciales, rotas por las provocaciones del ex presidente Uribe, pero fueron más allá, pues Chávez se comprometió a no permitir la presencia de grupos armados en su territorio. Más tarde Chávez se convirtió en artífice de una negociación con los golpistas hondureños para levantar las sanciones aplicadas por la OEA.
Para algunos analistas, la extradición de Becerra sería "un intercambio de favores" por "la extradición del presunto narcotraficante Walid Makled a Venezuela, dejando a un lado el interés de Estados Unidos" (El País, 26/4). Walid Makled comprometió al gobierno de Chávez al declarar que aportó "por lo menos dos millones de dólares" a la campaña del fallido referendo promovido por el presidente venezolano con el fin de aprobar la reelección indefinida. "Del alto gobierno, claro que recibían dinero mío. Mensualmente, entre todos ellos, como un millón de dólares" (runrun.es), declaró Makled luego de su arresto en Colombia. El dinero era destinado a gobernantes, generales y hasta hermanos de ministros, para que no interviniesen en sus negocios ligados al narcotráfico. Evitar su juzgamiento en Estados Unidos era vital para el oficialismo bolivariano.
Se sacuden las filas chavistas... (y las uribistas)
Radio Nacional de Venezuela, bajo la órbita del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información publicó, luego de la extradición de Becerra: "Estamos desconcertados, queremos explicaciones; ha sido un duro golpe para las fuerzas que luchan dentro de la revolución contra la derecha en todas sus expresiones. No podemos concebir que se entreguen revolucionarios a gobiernos al servicio del imperio".
La detención en Venezuela de Becerra ha generado un terremoto político en las filas del chavismo. Más de 180 cartas y mensajes de casi sesenta movimientos sociales, sindicatos, partidos, intelectuales reconocidos del hemisferio y Europa y periodistas de diversos medios han llegado al gobierno criticando la extradición de Becerra (Tiempo Argentino, 29/4). Dos días después de la detención, más de 2 mil militantes bolivarianos marcharon al Ministerio del Poder Popular de las Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para exigir explicaciones.
Veinticuatro trabajadores de Radio del Sur rechazaron la destitución de la directora de esta emisora, Cristina González, ordenada por el ministro Andrés Izarra, por la cobertura de las protestas contra la deportación ilegal de Joaquín Pérez Becerra a Colombia. En la protesta del jueves 28 de abril, frente a la Cancillería venezolana y la Asamblea Nacional, fue quemado un muñeco de los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Comunicación e Información, Andrés Izarra, que trabajó para NBC y CNN y pasó por Radio Caracas Televisión, la cuna mediática del golpe de Estado en abril de 2002, antes de asumir durante los años siguientes cargos altos en la administración de Chávez. Izarra fue uno de los encargados de realizar la extradición. Esta cobertura rompió la línea oficial, cuya consigna era "Cero Joaquín Pérez Becerra en el Sistema Nacional de Medios Públicos".
En Colombia, el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB-Colombia) rompió con el gobierno de Chávez por la deportación, pero lo mismo ocurrió dentro de las filas de la derecha colombiana. Uribe desmintió la afirmación de Santos de que Chávez había despejado de guerrilla la frontera venezolana. Rodrigo Rivera, ministro de Defensa de Colombia, señaló que los acuerdos regionales firmados con Venezuela permitirán poner fin al "conflicto armado" (El País, 11/5).
Cobertura ideológica
En su reciente visita a Uruguay, Chávez declaró que no importaba "si gobierna la izquierda o la derecha, hay un compromiso más allá de los asuntos internos y es la unidad entre nosotros" (Telesur). Luego de su último encuentro con Santos declaró: "Qué importa que gobierne en Colombia la izquierda o la derecha, tenemos un compromiso más allá, que es la unidad entre nosotros, respetando nuestras diferencias". Chávez ha convertido a la "unidad" de América Latina en un acuerdo con la oligarquía y el paramilitarismo; Santos está a punto de firmar el tratado de libre comercio con Obama. "Para el nacionalismo militar -dice la tesis del Congreso del Partido Obrero- la unidad nacional debe prevalecer sobre la lucha de clases interna, por eso su obsesión por la regimentación de la clase obrera, y el corolario de la unidad con las oligarquías que simulan distanciarse del imperialismo" (Prensa Obrera Nº 1.156).
