Tesis de la
conferencia sobre América Latina convocada por el PO de Argentina y el PT de
Uruguay
El 15, 16 y 17
de julio sesionó en Montevideo la Conferencia Latinoamericana de la izquierda y
el movimiento obrero, convocada por el Partido de los Trabajadores (PT) de
Uruguay y el Partido Obrero (PO) de Argentina. Más de 300 compañeros
participaron en las tres jornadas. Hubo delegaciones del POR de Chile, Tribuna
Clasista de Brasil, Opción Obrera de Venezuela, compañeros del Paraguay, del
Partido Obrero de Argentina y, por supuesto militantes y simpatizantes uruguayos.
El viernes 15 se realizó el acto de apertura en la Asociación de Periodistas
del Uruguay, donde hicieron uso de la palabra las delegaciones internacionales
presentes. Cerraron el acto Néstor Pitrola (ver video en la página de Prensa
Obrera) y Rafael Fernández. El sábado 16 hubo tres mesas redondas públicas en
la Facultad de Humanidades. El domingo 17 la Conferencia culminó con un
plenario –en la sede del sindicato de trabajadores estatales– con todas las
representaciones latinoamericanas e invitados especiales. Se aprobó un
documento programático que tomó de base las Tesis enviadas por Jorge Altamira
(verlas en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/590352607812271).
Como
resultado del debate, en el que hubo más
de treinta intervenciones, se incorporaron aportes y agregados. El documento
final fue votado por unanimidad. Se aprobó, asimismo, un plan de acción y
difusión. A continuación reproducimos el texto completo de ese documento.
El
aspecto político más destacado que confronta la izquierda de América Latina es
el derrumbe de los gobiernos nacionalistas o de centroizquierda, desde el
chavismo en Venezuela hasta el petismo, el kirchnerismo y el ‘luguismo’, en
Brasil, Argentina y Paraguay. Dentro de esta tendencia asoman en el radar el
‘frente ciudadano’ en Ecuador, el indigenismo boliviano y el Frente Amplio en
Uruguay. El otro aspecto decisivo es el destino de la Revolución Cubana.
La
situación política en que se encuentra la izquierda en la nueva etapa está
determinada, en gran parte, por su política durante la experiencia
nacionalista. Por eso, para afrontar el nuevo período es necesario un balance
riguroso de la actuación política en la etapa precedente. El conjunto de las
fuerzas políticas en presencia, sean burguesas y por sobre todo la izquierda,
no ingresan en esta etapa como un papel en blanco, que estaría abierto
abstractamente a todas las posibilidades que ofrece el nuevo período. Por el
contrario, están condicionadas por sus programas y por sus políticas
precedentes, e incluso por los compromisos anudados en la etapa que ahora se
agota.
Nacionalismo
burgués
El
derrumbe de las experiencias nacionalistas en cuestión es, antes que nada, un
resultado político concreto de la bancarrota capitalista mundial, que asumió un
carácter de conjunto a partir de la crisis bancario-hipotecaria de mediados de
2007. Es una consecuencia política objetiva de la quiebra capitalista. En grado
diverso, la bancarrota capitalista ha afectado a todos los regímenes en el
mundo entero, desde, por ejemplo, las revoluciones árabes hasta el reciente
referendo de separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. En América latina
se manifiesta desde Puerto Rico y Cuba hasta Colombia. Ha devuelto actualidad a
la cuestión de la independencia nacional de Puerto Rico. Es necesario el
análisis materialista de este derrumbe político.
Empujado
al poder político por bancarrotas económicas extraordinarias desde los años 90,
el nacionalismo de contenido burgués se viene abajo ahora como resultado de la
acentuación y profundización de aquellas bancarrotas. El chavismo y el
nacionalismo militar venezolano han sido un emergente del ajuste criminal del
gobierno de Acción Democrática en 1989, y del Caracazo; el kirchnerismo, una
metamorfosis del menemismo como consecuencia del Argentinazo; el largo proceso
de desarrollo del PT culmina en el gobierno del Frente Popular, en 2003, luego
de la bancarrota brasileña que siguió a la crisis asiática, al derrumbe
financiero de Rusia y al estallido, con alcance sistémico, del fondo LTCM de
Estados Unidos. Los ascensos de Evo Morales y Rafael Correa, en ese mismo
período, 2000/4, fueron el resultado demorado y distorsionado de grandes
insurrecciones de masas, detonadas por las crisis de las privatizaciones
precedentes.
Respuesta
defensiva a la crisis mundial, el nacionalismo burgués encuentra sus límites insalvables
en esta misma crisis mundial y en la declinación histórica del capitalismo.
El
proceso nacionalista burgués de las últimas dos décadas se caracteriza,
asimismo, por un planteo de desarrollo capitalista fuertemente parasitario. En
los entresijos de la crisis mundial, América latina asistió a dos ciclos de
grandes subas en los precios internacionales de las materias primas. Fueron
descriptos como el final de la tendencia al deterioro de los términos negativos
del intercambio comercial. Los superávits comerciales originados por esos
aumentos dieron lugar, a su vez, a un nuevo ciclo de endeudamiento
internacional (público y privado), promovido por el respaldo que ofrecía el
crecimiento de las reservas internacionales. El pago de la deuda externa heredada
se hizo con la emisión de deuda interna
y el vaciamiento de esas reservas. La abundancia de liquidez fue aplicada a la
expansión sin precedentes del crédito al consumo, a tasas de interés
excepcionales o subsidiadas por el Estado.
Se
desarrolló, de este modo, un ‘populismo bancario’, que engordó los beneficios
financieros a costa de una creciente hipoteca de las familias. Fue una versión
latinoamericana de los créditos ‘subprime’, que detonaron la crisis en Estados
Unidos. Los llamados planes sociales, en muchos casos financiados por el Banco
Mundial, embellecidos por el ‘relato’ del fomento del consumo, encubrieron la
falta de creación de empleo y la casi nula industrialización, y ahora se
encuentran amenazados por déficits fiscales descomunales (que obedecen, por
supuesto, a otras razones, en primer lugar el pago de intereses usurarios de la
deuda pública y el financiamiento público subsidiado para los capitalistas). El
mito de la creación de una clase media se derrite ahora a la vista de todos como
la nieve en vísperas del verano.
Lejos
de haber esquivado la bancarrota capitalista mundial, la gestión política
nacionalista (a veces tildada de progresista) operó para convertir a las
naciones de Latinoamérica en un vaciadero del capital financiero internacional
– que encontró en estas gestiones el mercado para su producción excedente, la
rentabilidad para sus inversiones financieras y la recuperación de sus créditos
incobrables. Las contratistas de obras públicas ‘nacionales’ tuvieron una
expansión sin precedentes en Brasil (¡por supuesto!), en Centroamérica,
Venezuela, Cuba, Perú y Argentina, acompañadas de un alto endeudamiento
internacional y un festival de sobreprecios.
El
derrumbe de las experiencias nacionalistas viene acompañada por las quiebras de
empresas estatales y privadas (desde Odebrecht y el complejo en torno a
Petrobras hasta las Telecom o la siderurgia en Brasil, o YPF y el sistema
energético en Argentina, y Pdvsa; déficit fiscales extraordinarios, y por
último el defol de hecho de la deuda externa, que solamente es honrada con
nueva deuda a tasas usurarias y la venta de activos industriales).
Las
experiencias nacionalistas de las dos décadas recientes han estado muy por
detrás de las realizaciones de la precedentes –como el primer peronismo, el
varguismo, el nacionalismo boliviano desde la guerra del Chaco o el velazquismo
ecuatoriano. Rafael Correa sigue empeñado aún en conciliar el planteo
nacionalista con la dolarización y la autonomía económica con el rentismo
petrolero. Para ello ha contraído, al igual que Venezuela, una deuda impagable
con la República China, contra la garantía de la entrega del petróleo. Al
“eterno retorno” del nacionalismo se le aplica aquella frase de Marx acerca de
la repetición de la historia. El sujeto histórico del nacionalismo –la
burguesía nacional–, que además se hace sustituir por movimientos pequeño
burgueses, militares o incluso de ‘trabajadores’ (PT), es más impotente que
nunca para encarar una iniciativa nacional autónoma, en el marco de la
decadencia del capitalismo mundial. Las segundas partes no han sido, entonces,
mejores; el nacionalismo es un planteo históricamente en retroceso, incluso
cuando asume posiciones nacionales progresivas de carácter parcial. El chavismo
se ha destacado como una tentativa de ir más lejos que los precedentes
deslucidos de los adecos, y el reparto corrupto del aparato del estado por el
Pacto del Punto Fijo.
Socialismo del
Siglo XXI
El
esfuerzo del chavismo por fundar su experiencia en términos bolivarianos
(unidad continental), no ha tenido destino –ni siquiera las iniciativas del
Gasoducto del Sur o del Banco del Sur. Estos planteos no fueron tenidos en
cuenta cuando se aprobó el ingreso de Venezuela en el Mercosur o cuando se creó
la Unasur (un vehículo de exportación de las contratistas brasileñas y de
Embraer), ni menos aún en ocasión de la creación del Banco de Desarrollo propuesto
por China. El planteo bolivariano quedó reducido a una invocación nacionalista
romántica, con la finalidad reaccionaria de realzar a las fuerzas armadas. Fue
utilizada como instrumento de propaganda política contra el uribismo
colombiano, el cual era señalado como descendiente directo general Santander –que dividió la entonces
Gran Colombia.
Por
otro lado, se ha pasado por alto el
contenido contrarrevolucionario que encierra la etiqueta del Socialismo del
Siglo XXI –inventada, por otra parte, no por Chávez sino por un diletante
académico, Heinz Dietrich, que ya hace rato dio marcha atrás y ha pasado a
pregonar la conciliación con los escuálidos. Dietrich no fue el único consejero
que consiguió la atención superficial de Chávez; otros le aconsejaron impulsar
la creación de la V Internacional, que no tuvo la menor trascendencia. La
etiqueta del Siglo XXI es una réplica negativa, no ya a la revolución
bolchevique de 1917, sino a la Revolución Cubana –el estadio más alto que
alcanzó la revolución latinoamericana. La Revolución Cubana (siglo XX) arrancó
con un planteo democrático y llegó a la expropiación masiva del capital
extranjero y nacional. Los simpatizantes más politizados del chavismo pasan por
alto el significado estratégico del recule programático y estratégico que
encierra esta preferencia por el siglo XXI.
La
actualidad de la revolución socialista emana del ingreso del capitalismo en la
época de la decadencia o declinación histórica, de la época en que el
desarrollo de las fuerzas productivas asume un carácter cada vez más
parasitario y destructivo, cuando la
colisión de ellas con las relaciones de producción y las estructurales
estatales y nacionales se hace más violenta. La etiqueta de Siglo XXI, que no
se utiliza solamente para banalizar al socialismo sino que es invocada a cuento
de cualquier cosa, no pasa de ser un recurso publicitario o de ‘marketing’
político.
El
punto de partida de este despegue político lo inició, en realidad, el
sandinismo, el cual, a la inversa de la Revolución Cubana, empantanó la
revolución victoriosa de mayor protagonismo de masas en la historia de América
latina (una guerra civil de masas que dejó 50 mil muertos en pocos meses),
mediante una política de conciliación política con la burguesía democrática. Lo
hizo en total acuerdo con la burocracia de la ex URSS y el castrismo, que para
esa época ya había abandonado el foquismo y buscaba esa misma conciliación con
las burguesías latinoamericanas y EE.UU. Años más tarde, el sandinismo retornó
al gobierno como un gendarme del orden capitalista, piloteado por Daniel
Ortega. El socialismo del siglo XXI postula un cambio social en los marcos
capitalistas), sin revolución, o sea sin la destrucción del aparato de Estado
existente, y sin gobierno de trabajadores (dictadura del proletariado). El
ropaje militar y el apoyo popular no convierten al chavismo en socialismo de
ningún tipo, sino en un ‘replay’ de la demagogia socialista que ha
caracterizado a todos los movimientos nacionalistas en el mundo. Esto ha sido
así desde la declinación de la Revolución Francesa y, en especial, desde
Napoleón III y Bismarck –los ‘populistas’ por antonomasia (se caracterizaron
por impulsar la mayor acumulación de capital de todo el siglo XIX).
Nacionalizaciones
Donde
más se observa la decadencia del nacionalismo de contenido burgués es en el
campo de las nacionalizaciones. De un
modo general, la estatización de parte del capital extranjero obedece al
propósito de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas que la burguesía
nacional se muestra incapaz de hacer por la presión del capital financiero
internacional. En este sentido, las nacionalizaciones procuran potenciar el
campo de explotación social de la burguesía nacional y ofrecer una base más
sólida al Estado capitalista. En el momento oportuno esas estatizaciones pueden
revertirse en privatizaciones en beneficio de esa misma burguesía nativa en la
medida que se haya desarrollado en forma suficiente para ello. Las
nacionalizaciones más avanzadas del nacionalismo latinoamericano han sido la
del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas; la de la United Fruit, en Guatemala;
la minería en la Revolución Boliviana de 1952 y la del petróleo en 1970; y las
del petróleo y las haciendas de la Costa por parte de gobierno militar peruano. Es frecuente que la izquierda confunda las
nacionalizaciones burguesas con la expropiación del capital que tiene por
sujeto al proletariado y al gobierno de los trabajadores. La expropiación sin
pago del capital por parte de la Revolución Cubana constituye una transición
histórica entre las nacionalizaciones burguesas más avanzadas y las
nacionalizaciones que realizan los gobiernos de trabajadores que emergen de las
revoluciones proletarias. El contenido histórico de ellas queda condicionado al
curso ulterior de la lucha de clases, nacional e internacional. La izquierda
tiene la responsabilidad de abrir una discusión de este proceso, sobre la base
de una investigación, en lugar de sustituirlo por simples etiquetas.
En
numerosos casos, las nacionalizaciones burguesas operan como un rescate del
capital extranjero con cargo a las finanzas públicas. Este vaciamiento fiscal
conspira contra el ulterior desarrollo de las fuerzas productivas planteado por
la nacionalización. Los casos más conocidos son las ejecutadas por el primer
peronismo respecto al capital británico que necesitaba una retirada. El caso de
los ferrocarriles es paradigmático, porque acentuaron un deterioro que se
aproxima a casi un siglo. Para lograr sus propósitos, el imperialismo británico
bloqueó los créditos de Argentina depositados en Londres. Lo mismo se puede
decir de la nacionalización del petróleo de Venezuela, en los 70, que sirvió
para financiar una enorme especulación inmobiliaria y una mayor corrupción.
En
contexto diferente, el gobierno de Chávez realizó lo mismo con la estatización
de las telecomunicaciones (Verizon) y la siderurgia (Sidor), o sea a cuenta de
los enormes ingresos petroleros. En un caso las indemnizó a un precio elevado
de Bolsa (que se establece, especulativamente, por la rentabilidad esperada, en
lugar del valor de los activos), es decir, con un premio sobre el capital. La
nacionalización benefició a Verizon en otro aspecto, porque enseguida su
cotización cayó en forma acentuada como consecuencia de la crisis financiera
internacional. El otro, Sidor, el Estado tomó a su cargo toda la deuda oculta
(pasivos laborales) del grupo Techint, lo cual resultó en una indemnización
colosal. Las estatizaciones de este tipo
constituyen una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los
capitalistas extranjeros, por medio del gasto fiscal. Representan una
descapitalización, y por lo tanto una hipoteca para el desarrollo de las
fuerzas productivas. El derrumbe de las empresas nacionalizadas, en Venezuela,
ha provocado un retroceso de las expectativas estatizantes en la conciencia de
las masas, algo que aprovecha la derecha para devolver vigencia al programa
privatizador.
La
estatización del 51% del capital de YPF-Repsol, por parte del kirchnerismo, se
hizo a costa una cuantiosa indemnización por una empresa que había agotado las
reservas de gas y petróleo. El ‘relato’ nacionalizador encubrió una
reprivatización del petróleo en Argentina, pues YPF se ha convertido en empresa
mixta que cotiza en las bolsas internacionales El relato ‘nacional y popular’
del kirchnerismo es, además, particularmente ‘curioso’, porque su principal
empeño estuvo dirigido a preservar, con subsidios, a las empresas privatizadas
del menemismo. El resultado ha sido, de un modo general, un enorme vaciamiento
productivo e industrial en el área energética. En plena ola de demagogia
estatizante el Frente de Izquierda, en Argentina, desarrolló una firme denuncia
contra la reprivatización petrolera, que luego quedó confirmada por la
asociación sigilosa de YPF con la norteamericana Chevron.
El
Manifiesto Político presentado por el Partido Obrero al FIT, para la campaña
electoral de 2013, se centró en una crítica marxista de las nacionalizaciones
capitalistas, sus contradicciones y limitaciones.
Otro
tema que debe ser objeto de debate es la nacionalización del petróleo en
Bolivia, que no es tal. Consiste en un cambio importante en la tributación por
parte del capital petrolero internacional, que sacó a las finanzas públicas del
déficit crónico. El indigenismo oficial logró, por esta vía, desviar el reclamo
de nacionalización integral que hizo la insurrección de octubre 2003. Lo mismo
ocurrió con la cuestión agraria, que culminó con un compromiso con la burguesía
sojera cruceña y del oriente boliviano, que se materializó en una nueva carta
constitucional. El compromiso con las petroleras fue posible debido a la suba
enorme del precio internacional de los combustibles.
Numerosos
agrupamientos de izquierda y sociales que apoyan al FIT en Argentina, apoyan al
indigenismo pequeño burgués del Altiplano sin fijar una posición programática
sobre este pseudo nacionalismo de contenido capitalista. La doctrina
estratégica del indigenismo boliviano es el desarrollo del “capitalismo andino”
(había sido bautizado como “socialismo andino”), definido como una alianza
entre el capital extranjero, el Estado boliviano y el precapitalismo agrario.
El planteo comete la ‘gaffe’ teórica de señalar al Estado como una categoría
social y de clase, al lado de otras clases, o sea que no está por encima de las
clases, pues se trata de una superestructura política, y que refleja y protege,
como tal, la estructura social dominante (es el “marxismo del Siglo XXI”).
Bolivia ha sido, durante el periodo reciente, un campo próspero de los negocios
de las contratistas brasileñas incursas en el ‘lava jato’.
Brasil
Las
limitaciones colosales de este nacionalismo explican, de un lado, el escaso
desarrollo de las fuerzas productivas en la década y media pasada, así como el
impacto que ha causado la bancarrota capitalista mundial, en los dos episodios
principales –la caída de precios internacionales y salida de capitales de 2009
y, con más severidad, la actual. El siempre esgrimido crecimiento del PBI no
capta ese desarrollo. El desarrollo de las fuerzas productivas es medido por la
calidad de la inversión reproductiva, la aplicación de tecnologías, el nivel de
capacidad de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la educación, la salud y el
progreso habitacional y la infraestructura urbana. Una centralización
productiva de los recursos económicos existentes debería operar como una
palanca industrializadora potente.
El
gobierno PT-PMDB de Brasil intentó convertir a Petrobras, compañía mixta de
mayoría estatal, en esa palanca industrial: mediante la inversión de la mayor
parte de las utilidades; el monopolio operativo de las asociaciones con capital
extranjero; una importante labor de tecnología; y el desarrollo de un entorno
de servicios tecnológicos, contratistas y constructoras nacionales. Sin
proceder a nacionalizaciones desarrolló, hasta cierto punto, un nacionalismo burgués
y gran burgués. Utilizó los aportes obreros a los fondos de pensiones e impulsó
el aporte fiscal al banco público de Desarrollo, con esa misma finalidad.
Intentó, incluso, impulsar la creación de una burguesía petrolera nacional, a
través del apoyo al aventurero Eike Batista.
El derrumbe fenomenal de este intento establece una conclusión
lapidaria, porque ha terminado en la quiebra de todos los sectores involucrados
y, golpe de Estado mediante, desde el propio oficialismo, en la venta
apresurada de activos industriales y en la derogación de las principales
limitaciones impuestas al capital extranjero. La caída vertical de los precios
internacionales del petróleo, las presiones provocadas por un elevado
endeudamiento internacional, la desvalorización del capital cotizante y, no
menos importante, la difusión de la enorme corrupción de todo este entramado
político y económico (por parte de los sectores interesados en derribarlo);
todo esto ha sumido a Brasil en una crisis de mayor alcance que la de los años
30. El ataque al movimiento obrero es devastador.
La
izquierda brasileña, ante esta crisis de conjunto del capitalismo, enfrenta la
obligación de desarrollar un planteo obrero y socialista –o sea, un gobierno de
trabajadores, la nacionalización sin pago de la banca y los monopolios
petroleros, lo mismo con toda empresa que cierre, la escala móvil de salarios y
horas de trabajo, la apertura de los libros de todos los monopolios
capitalistas y el control obrero y la convocatoria a un plan de acción a toda
la izquierda y sectores combativos de América latina. Ocurre sin embargo lo
contrario: plantea la fórmula de la democracia con justicia social o el
socialismo en democracia, o sea sin travesía revolucionaria ni gobierno de
trabajadores Cuando aún no se ha cerrado
la etapa del golpe de Estado que destituyó a Dilma Rousseff (lejos de eso el
gobierno golpista reúne una base parlamentaria precaria) la agenda dominante en
la izquierda brasileña son las elecciones municipales de octubre próximo y la
posibilidad de consagrar intendenta de San Pablo a una candidata patronal,
Luiza Erundina, que ya gestionó esa ciudad en términos puramente capitalistas.
Erundina es una ex petista, oriunda del ala clerical, ministra del gobierno de
Itamar Franco y hasta hace muy poco miembro del partido de derecha PSB y
sostenedora en del candidato del PSDB
que murió en un accidente en la campaña electoral del año pasado. La candidatura ha sido lanzada por el PSOL,
un frente de izquierda y de las comunidades de base que se escindieron del PT
hace más de una década. El grupo ligado al PTS de Argentina pidió su ingreso en
el PSOL –en tanto, en su casa central reivindica la independencia política de
la clase obrera y la hostilidad a las candidaturas patronales. Esta duplicidad
entre el principismo y el oportunismo es característica de todas las corrientes
centristas. El PSOL, en contraste con el FIT de Argentina, que llamó al voto en
blanco contra Scioli y Macri en Argentina, apoyó en el segundo turno electoral
de las elecciones pasadas la candidatura de Dilma Rousseff.
En
oposición al juicio político contra Dilma Rousseff, el PT y gran parte de la
izquierda se han refugiado en el reclamo de un plebiscito que autorice el
adelanto de las elecciones para la Presidencia (que debería tener lugar en
2018), el cual debería ser votado por el mismo parlamento golpista y de
ladrones. El planteo cuenta, hasta cierto punto, con la simpatía de una parte
de la prensa golpista, que visualiza la imposibilidad de un ajuste a fondo de
la economía sin un gobierno electo desvinculado del personal político sometido
a los procesos judiciales contra la corrupción. En Brasil hay una
desintegración manifiesta de la burguesía contratista y el desarrollo de una
reconfiguración capitalista acompañada por quiebras, rescates y concentraciones
de capital. El planteo de elecciones presidenciales o generales de parte de la
izquierda, no hace referencia al derrocamiento del gobierno de Temer por medio
de una acción directa de masas, que ligue la lucha contra los despidos, la
carestía y las privatizaciones a los métodos de la huelga y de la huelga
general. Los observadores políticos prevén que la realización de nuevas
elecciones daría la victoria a una de las diversas coaliciones derechistas en
presencia. La consigna electoral no educa a los trabajadores en una política de
lucha de clases. Se busca una salida inmediata a la crisis política, o sea un
compromiso, en lugar de la preparación sistemática de la clase obrera para
luchar por un gobierno de trabajadores.
En
Brasil, la izquierda, integrada en el PT, impulsó la llegada del PT al
gobierno, en coalición con el PMDB. Esto ocurrió incluso después de que Lula
firmara el acuerdo con el FMI, en la campaña electoral de 2002, y nombrara al
actual ministro de Economía de Temer para la presidencia del Banco Central,
luego de un acuerdo cerrado entre Lula y William Rhodes, entonces presidente
del Citibank (W. Rhodes, Financial Times, 24/6/2004). El PSOL reivindica, de
conjunto, el PT “de los orígenes”, o sea que sigue adhiriendo a la perspectiva
estratégica trazada por la dirección fundadora del PT, incluso después de la
experiencia y los resultados políticos de casi cuatro décadas. A partir de esta
reivindicación del punto de partida ha seguido, de un modo propio, la ruta de su
espejo retrovisor. En oposición a esta línea estratégica, es necesario un
debate que establezca un nuevo punto de partida, o sea un programa y una
política realmente socialistas.
A
este debate debería integrarse el PSTU, que acaba de sufrir una escisión en
torno de la cuestión del reciente golpe
de Estado, por un lado, y del carácter de las movilizaciones
anti-gubernamentales a partir de 2013. Los planteos democratizantes de
izquierda demuestran toda su inconsistencia ante el derrumbe de los procesos
nacionalistas y la crisis de régimen que ha emergido como su consecuencia.
América latina ingresa a una nueva etapa de mayores confrontaciones sociales y
políticas, que superan los límites de sus Estados.
Golpismo
El
juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y su eventual destitución
constituyen un golpe de estado ‘tout court’, sin aditamentos, porque implican
un viraje político reaccionario en las relaciones de clase existentes.
Reemplaza
a un gobierno que ha revelado su inconsistencia para aplicar la política de
ajuste que reclama el capital y para rescatar al personal político y a los
grandes capitalistas de los procesos judiciales por corrupción. Inaugura un
nuevo planteo de ofensiva contra las masas, sin esperar a nuevas elecciones ni
a obtener un nuevo mandato electoral. El gobierno de Temer no es un intento de
interinato constitucional, sino una nueva coalición política para una nueva
política, que encare el rescate de la quiebra capitalista y una ofensiva más decidida contra los
trabajadores. No hay un cambio en el carácter de clase del gobierno sino una
tentativa de modificar la relación preexistente entre las distintas clases.
Para
la izquierda revolucionaria la lucha contra el golpe es una cuestión de
principios, porque significa defender las posiciones conquistadas por la clase
obrera frente a la ofensiva capitalista –de ningún modo apoyar al gobierno
capitalista destituido. No defendemos ‘el mal menor’ sino la posición
conquistada por el proletariado dentro de la sociedad y el Estado capitalista;
por eso no esconde su hostilidad hacia el gobierno establecido. La izquierda
democratizante, por el contario, atribuye un carácter progresivo a la gestión
ajustadora de Rousseff, incluso cuando muchos, entre esa izquierda, habían
criticado y hasta enfrentado la política ajustadora de esa gestión. De otro
lado, quienes discrepan con la caracterización de un golpe de estado subrayan
la identidad de clases entre ambos bandos capitalistas, ignorando que
representa un salto en calidad del ataque del Estado capitalista contra las
masas.
A
quienes las formas constitucionales le quitan entidad al golpismo, es oportuno
recordar que el gobierno constitucional que se inició en 1973 en Argentina, se
desarrolló por medio de una sucesión de golpes ‘constitucionales’, que primero
eliminaron al mandatario electo, Cámpora, luego a gobernadores del mismo signo
político, incluso por medios policiales; más tarde a la creación de la triple A
y a la militarización del país –un proceso que culminó con la dictadura militar.
En aquel momento, el Partido Obrero advirtió acerca de la seguidilla de golpes
que se enmascaraban en las formas parlamentarias y en la popularidad de Perón.
A
pesar de la falacia de los términos del ‘impeachment’ (des-manejo contable de
cuentas fiscales), Dilma Rousseff, el PT y la burocracia de los sindicatos
rehusaron desconocer el voto del Congreso y plantear un conflicto de poderes.
La
razón es que podría haber abierto una brecha para la intervención de las masas,
por un lado, y para la intervención de las fuerzas armadas, por el otro, que
habría sido en apoyo del Congreso. El árbitro del golpe de estado han sido las
fuerzas armadas, aunque no se trate de un golpe militar. El golpe de Estado en
Brasil no es más que el segundo acto golpista luego del derrocamiento del
paraguayo Lugo, que también consistió en un ‘impeachment’ de sus propios
aliados de gobierno –el partido Liberal. La burguesía brasileña apoyó con
fuerza ese golpe, en una suerte de ensayo general del que daría luego en
Brasil. El movimiento obrero y campesino ha retrocedido fuertemente en Paraguay
como consecuencia de la victoria del golpe, mientras que, por otro lado, ha
facilitado un aluvión de compras de empresas y tierras por parte de la
burguesía brasileña, con la complicidad del gobierno de Dilma Roussef. La
destitución de Lugo y de Rousseff por parte de sus propios aliados, constituye
una prueba contundente de la falacia que apuesta a la colaboración de clases
entre los partidos obreros o pequeño burgueses populares con la gran burguesía
nacional e incluso el capital financiero internacional.
Uruguay y
Chile
El
Frente Amplio de Uruguay recorrió un proceso similar al del gobierno del Frente
Brasil Popular. Vázquez llegó al gobierno en 2005 luego de un largo periodo de
colaboración política con el imperialismo desde la gestión en Montevideo y el
respaldo a los ataques patronales al movimiento obrero (huelga de la
construcción). El FA se constituyó como un frente “policlasista”, al principio
con el argumento que era el vehículo de las transformaciones democráticas,
agrarias y antiimperialistas. El balance es un aumento del sometimiento al
capital financiero, la primarización
mayor de la economía, la concentración de la tierra, la desindustrialización y
el avance de la especulación bancario-inmobiliaria.
El
Frente Amplio lleva adelante un ajuste contra el movimiento obrero, rebajando
sueldos y jubilaciones, aumentando las tarifas y los impuestos al salario, y
recortando el gasto estatal en salud y educación. El intento de prohibición de
huelgas (medida que ya había aplicado Mujica contra los municipales) provocó
una rebelión de las bases de los sindicatos en la enseñanza, al mismo tiempo
que reforzó la integración de la burocracia sindical al Estado (el caso de
Castillo es uno de los más ejemplares). Se está procesando una profundización
de la tendencia a la ruptura de un sector del activismo con el gobierno. En
este cuadro, la derecha del FA se encuentra yendo hacia un gobierno de ‘unidad
nacional’, de otro lado las masas en la búsqueda de un nuevo polo político de
carácter anti-capitalista. La tesis del ala izquierda del FA y en especial del
partido comunista, de que los gobiernos frenteamplistas no son gobiernos del
capital sino 'gobiernos en disputa' es una justificación para continuar su
labor de furgón de cola del imperialismo y neutralizar las protestas populares
hacia una puja interna dentro del Frente Amplio y del propio gobierno.
En
Uruguay, de todos modos, se desenvuelve una crisis similar a la que puso fin al
gobierno patronal encabezado por el PT, en Brasil, incluida la pretensión de
Vázquez de desarrollar, como lo intentó Rousseff, un ajuste económico y social
sin tener que proceder, primero, a un cambio de alianzas y régimen político. En
oposición a las corrientes frenteamplistas o que ya han roto con el FA
(Asamblea Popular) de recomponer “el FA de los orígenes” o remedar un chavismo
a la uruguaya, el PT de Uruguay convoca a los obreros avanzados a construir un
partido revolucionario.
Chile
asiste, luego de la vuelta de Bachelet al gobierno, a una profunda crisis
política a sólo dos años de que una agotada Concertación intentara revivir una
“Unidad Popular”, integrando al Partido Comunista al gobierno. La crisis de la
Nueva Mayoría hunde sus raíces en la incapacidad de contener a los diferentes
movimiento de luchadores que recorren el país, el marco de un capitalismo
chileno que ha confiscado de un forma abismal el salario de los trabajadores y
saqueó recursos naturales. Trabajadores subcontratados de la minería,
forestales, portuarios, del comercio y el retail, junto a un la tenaz lucha del
movimiento estudiantil por una educación gratuita, en los últimos diez años han
sido la manifestación del estrangulamiento de las condiciones de vida de las
masas populares a manos de una burguesía
nativa aliada con el capital
imperialista internacional. Las consecuencia de cuatro décadas de políticas
“neoliberales” de apertura comercial, privatizaciones (incluida la profunda
confiscación de los ahorros jubilatorios por las AFP) y un trabajo
flexibilizado extendido han sido la base de un brutal ataque a los
trabajadores, que desarrollan hoy respuestas de lucha en todo el país.
Esta
versión ultra reaccionaria de la colaboración de clase que es Nueva Mayoría
sufrió desde el inicio un revés político, llegando a al gobierno con un 60% de
abstención. Esta tendencia se sigue desarrollando como consecuencia de una
profunda crisis política que coloca en el centro a todos los partidos
tradicionales que han defendido por décadas la herencia de la dictadura. Esta versión
degradada de la política frente populista está condenada al fracaso, ya que sus
pretensiones de plantear un plan de “reformas” sin alterar las bases sociales
ni las instituciones creadas bajo la
dictadura , no puede representar, bajo ningún termino, la canalización de las
aspiraciones sociales de los trabajadores y los sectores populares..
Estamos frente a una política de rescate de la herencia dejada por Pinochet Esta situación se agravará producto de los
golpes de la bancarrota capitalista, donde la caída de los precios del cobre
están mermando la recaudación fiscal, empujando una política de ajuste y
limitando un régimen de arbitraje por medio de la asistencia social. Los
despidos han comenzado a masificarse en el país, lo que han dado lugar a diferentes huelgas en
el sector comercio y la lucha de los operarios del salmón en Puerto Montt, lo
que está marcando un resurgimiento del movimiento obrero en base a piquetes,
asamblea de base y huelgas ilegales.
En
este cuadro de situación, se coloca la tarea central la batalla por la
delimitación política del Frente Popular, basada en la iniciativa por recuperar
a las organizaciones obreras y estudiantiles en base a una alternativa de
independencia política. En Chile se comienza a abrir un nueva etapa política,
donde el agotamiento de la experiencia concertacionista abre un campo de acción
para construcción de una alternativa obrera y socialista.
Chavismo
Otro
elemento que sobresale para el posicionamiento de la izquierda en esta nueva
etapa, es la experiencia del nacionalismo bolivariano como movimiento popular o
de masas. El chavismo ha realizado la mayor transferencia de ingresos de la
renta petrolera hacia emprendimientos sociales (vivienda, educación, salud),
posiblemente de toda la historia latinoamericana. Esta agenda fue el punto
sobresaliente de su programa. Ahora
descubre, tardíamente, los límites de hierro de una economía rentista, cuya
bonanza había calculado para un siglo; el pueblo de Venezuela asiste, no ya la
discontinuidad de esos planes sociales sino a la incertidumbre de la
preservación de lo realizado y a la posibilidad de su reversión. Esto se
manifiesta en la disputa abierta acerca de la titularización de la propiedad de
las viviendas construidas, debido a la inseguridad jurídica creada por la
crisis y a la incapacidad del Estado para asegurar toda la infraestructura de
mantenimiento y refacción, que quedaría en manos de las familias
adjudicatarias.
Este
gigantesco emprendimiento social fue llevado adelante por una organización paralela
al Estado, las llamadas “misiones”. El chavismo, con un planteo en principio
movilizador, ‘puenteó’ al Estado, en lugar de destruir el aparato burocrático
de ese Estado y convertirlo en una maquinaria gestionada por órganos de poder
de las masas. Apuntó, de este modo, a la descalificación y precarización de los
trabajadores y servicios públicos de ese Estado, lo cual explica la oposición
que generó en la salud y la educación. Lo mismo ocurrió con las cooperativas
que reemplazaron a las empresas que se sumaron al sabotaje petrolero de 2002/3.
Es también lo que hizo el kirchnerismo, en versión sainete con las cooperativas
de empleo o las de viviendas regenteadas por la camarilla de Shocklender y
Milagro Salas, entre otros. Apuntó, de conjunto, a una cooptación y
regimentación de movimientos populares. La empresa capitalista, en Venezuela,
no fue sustituida por emprendimientos de gestión obrera bajo un plan económico
único y el desarrollo de una legislación laboral más avanzada. Las grandes
empresas estatizadas vegetan bajo la incuria y corrupción de una burocracia
oficial. El resultado de la gestión bolivariana no ha sido la consolidación del
proletariado sino una atomización de gran alcance. Este es un rasgo fundamental
de la desintegración económica que tiene lugar en la actualidad.
El
proceso bolivariano penetró profundamente en la izquierda de Venezuela, que se
convirtió en un alero del chavismo, pretextando que éste desenvolvía un proceso
revolucionario, por ejemplo el Ccura y Marea Socialista. El llamado maoísmo se
convirtió en “escuálido” al igual que algunos ex lambertistas. En ocasión de
los eventos electorales, la izquierda ha participado, en diversas localidades,
de frentes dispares y sin principios determinados por cálculos ventajistas ocasionales.
Es
con este bagaje que ingresa a una nueva etapa extraordinaria, que anuncia
cambios radicales de régimen, en un cuadro de crisis que involucra a todas las
clases sociales y a todos los estamentos de Estado, incluidas las fuerzas
armadas. Envuelve directamente al imperialismo yanqui, así como a Cuba y a la
vecina Colombia, al conjunto de América latina y a gran parte de la Unión
Europea. Los países ‘aliados’ de Unasur, hayan cambiado de signo político, se
han pasado al campo diplomático que presiona por un cambio de régimen en
Venezuela, como lo ilustra la posición de Uruguay. El macrismo argentino ha
trocado su violencia inicial por una posición favorable a una transición
pactada, como reclama el gobierno de Obama.
En
Venezuela se procesa una regresión política importante. El régimen
plebiscitario de Chávez, que reivindicaba para sí la masividad del voto
popular, se ha convertido en un régimen de facto, que gobierna por decreto,
violentando la soberanía de la Asamblea Nacional ganada por la derecha en forma
abrumadora en las últimas elecciones. Este gobierno por decreto se sostiene por
el apoyo de la cúpula militar, en el marco de un rechazo mayoritario de la
población, según indican los sondeos que no son cuestionados. Las Fuerzas
Armadas se han hecho cargo de la distribución de los alimentos. Del lado
económico se encuentra en marcha un plan de ajuste y de devaluación externa del
bolívar, que busca asegurar el pago de la abultada deuda externa del Tesoro y
de Pdvsa. Circulan propuestas, en el gobierno, de vender activos estatales para
pagar la deuda externa y mejorar la capacidad de importación del país. Lo que
queda del capital extranjero se retira de Venezuela.
La
“guerra económica” que denuncia el chavismo se desenvuelve en el marco de esta
desorganización económica y de privilegiar el pago de la deuda externa. El
cierre de las cuentas de bancos privados y del Banco Central, por parte del
Citibank, es, por un lado, una expresión del estado de cesación de pagos de
Venezuela y, por el otro, traduce la presión de un sector del capital
financiero para acelerar el desenlace de la crisis política. El capital
internacional se siente incentivado por la victoria del macrismo en Argentina,
el golpe de estado en Brasil y el giro anti-chavista del gobierno
frenteamplista de Uruguay. Los trabajadores son llamados a ocupar fábricas que
se encuentran vaciadas o no cuentan con financiación. La militarización
creciente del Estado, incluso si es una militarización ‘bolivariana’, no es
progresiva sino reaccionaria. Históricamente, estos gobiernos de facto han
presidido las transiciones entre regímenes políticos e incluso sociales,
mediando entre las fuerzas en disputa. Recordamos el golpe ‘comunista’ de
Jaruzelsky, en Polonia, que contó con el apoyo del Vaticano y sirvió a la
transición hacia un nuevo régimen político. Precisamente por esto, sectores
cada vez más vociferantes de la derecha venezolana reclaman un golpe militar
contra Maduro, a las fuerzas armadas chavistas.
Una
parte representativa de la oposición escuálida ha completado un programa propio
a la crisis. Mendoza, el dueño de la principal empresa nacional, Polar, ha
planteado un programa de acentuado carácter ‘macrista’: eliminación del control
de los cambios y de los precios regulados, sostenido por una ‘ayuda’ o socorro
financiero internacional, cuyas fuentes no determinó. El impacto de este
‘rodrigazo’ sería, en Venezuela, considerablemente más catastrófico que el del
macrismo –el cual, dicho sea de paso, cuenta con el apoyo de todo el arco
político, en especial del peronismo y del PJ. La transición política marcha a
toda velocidad, aunque en la superficie prime el inmovilismo.
Entendemos
que la izquierda venezolana debería arribar a un acuerdo práctico en torno a
una reivindicación política de conjunto. Es la condición para que pueda
intervenir como protagonista político independiente en esta crisis; podría
reagrupar a los sectores que han roto con el Psuv con planteos progresistas.
Debería abrir esa discusión con toda urgencia. En oposición al gobierno
militarizado de facto, por un lado, y a un revocatorio de contenido derechista,
que además luce incompatible con el ritmo acelerado de la crisis, nuestra
propuesta tentativa es la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y
soberana. El planteo debería servir para reunir asambleas populares que puedan
postularse, eventualmente, como convocantes de esa Constituyente. Un planteo de
este tipo serviría, en cualquier caso, para que la izquierda aparezca como una
candidatura autónoma al poder, que le permita intervenir en las diversas fases
por las que atravesará esta crisis, que promete ser explosiva y prolongada.
Crisis mundial
La
crisis que se ha abierto en América latina no es un simple emergente de
limitaciones políticas subjetivas; es decir de clase, programa y estrategia de
la diversidad de gobiernos de tipo nacionalista. Es, antes que nada, una crisis
de conjunto de sus estructuras sociales y políticas, enmarcada en una
bancarrota capitalista de carácter mundial. El derrumbe de los fenómenos
nacionalistas opera como un accidente histórico que pone al descubierto la
declinación capitalista y la gravedad de la crisis en curso. Precisamente esto
condiciona y contamina los procesos políticos de recambio que encabeza la
derecha. La tentativa ‘restauradora’ de la derecha, abre una etapa de mayor
potencial revolucionario. No inaugura una etapa de repliegue de la lucha de
clases, sino de acentuación de esa lucha. Parte de la ruptura del equilibrio
político precedente e inicia un período de desequilibrios políticos mayores.
Un ejemplo elocuente es México, donde asistimos
a un principio de rebelión contra el gobierno y la persecución que ejerce
contra los trabajadores y la juventud. En Oaxaca, capital de Estado, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezó una
multitudinaria manifestación en repudio a la masacre de seis profesores y para
exigir "castigo a los culpables" y la aparición con vida de 22
personas desaparecidas. La manifestación llegó al Zócalo y al Instituto Estatal
de Educación Pública. La CNTE, del sindicato de maestros, rechaza la reforma
educativa porque estipula que las plazas de maestros serán asignadas por el
gobierno y no por el sindicato como ocurría, impone evaluaciones a docentes y
denuncian la privatización de la enseñanza. Sigue sin esclarecer la masacre de
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa en 2014. El enfrentamiento creciente entre los explotados, la
juventud, y el gobierno de Peña Nieto está poniendo una bomba de tiempo en las
propias puertas del imperialismo yanqui, en un país clave para el Tratado
Trans-Pacífico (TTP). La lucha de clases
en México articula a América latina con la revolución en el centro del
imperialismo mundial.
Esta
etapa, en América latina, tiene lugar en una marco internacional concreto. La
ruptura de la Unión Europea, con la salida de Gran Bretaña, constituye un salto
en calidad en la bancarrota capitalista. La UE fue el emprendimiento
contrarrevolucionario político más destacado de la burguesía mundial luego de
la segunda guerra. Es un bloque económico, político y militar –en esto último
como sucursal de la OTAN. Fue un instrumento de disciplinamiento del
proletariado y el arma política más relevante para apuntalar la restauración
capitalista en la ex Unión Soviética, encarada por la burocracia de cuño
staliniano. Un cuarto de siglo después de la disolución de la URSS, se
despliega la desintegración de su sepulturero. Las contradicciones violentas
del capitalismo se han impuesto por sobre los reveses y derrotas del
proletariado.
El
llamado Brexit ha expuesto la vulnerabilidad del mercado internacional de
capitales más importante del mundo. Obliga al estado a operar un segundo
rescate del capital en el centro nervioso del capital financiero, cuando no se
han cerrado aún las grietas financieras dejadas por el rescate de 2008 –incluso
las han superado. Se conjuga con la bancarrota declarada de la banca
italiana; la corrida bancaria parcial en
España; y por sobre todo la insolvencia
de los dos principales bancos de Alemania. En toda la eurozona se desenvuelve
un proceso de desintegración, crisis políticas y luchas obreras –como ocurre en
Grecia y Francia, por un lado, y Europa central, por el otro. La deuda nacional
de estos países, a fuerza de rescates bancarios, orilla el 300% del PBI. Un
termómetro contundente del impasse económico es la deuda pública colocada a
tasas de interés negativa, que pasó entre enero y junio últimos de u$s 1.3
billones a u$s 13.5 billones. Implica una amenaza al sistema bancario y a las
compañías de seguros, y constituye un registro inapelable de la tendencia a la
deflación monetaria y a la depresión económica. El retiro de Gran Bretaña y la
crisis de la zona euro pueden llevar, alternativamente, a una desintegración de
esos espacios, o a su transformación en un espacio colonial de Alemania
secundada por Francia. En Estados
Unidos, la victoria de Trump en la interna republicana, pone en evidencia una
tendencia chovinista, que responde un crecimiento de la rivalidad económica e
incluso militar entre las potencias capitalistas, que se manifiesta en el mar
de China, en Ucrania y en las agresiones imperialistas en Medio Oriente y el
norte de África.
Este
cuadro mundial condiciona los recursos a disposición de las burguesías
latinoamericanas para salir de las experiencias nacionalistas en sus propios
términos. La enorme sobreproducción de mercancías y capitales explica que el
frente nacionalista internacional de los llamados Brics pasara a mejor vida,
pues todos sus integrantes enfrentan amenazas de bancarrota. La alianza
brasileña con China ha dado paso a un reclamo de ruptura comercial de parte de
la industria siderúrgica instalada en Brasil.
La
crisis mundial tiene un desarrollo desigual, al igual que lo que ocurre con el
capitalismo y la historia en general. China, por ejemplo, contrarrestó con un
gasto público enorme el impacto de la crisis mundial en su economía, lo que
llevó a un ‘boom’ de los precios internacionales de las materias primas. Las
derivaciones de ese gasto fueron responsables del 30% del PBI de los países
productores de esas mercaderías (Martin Wolf, The Shifts and the Shocks). China
enfrenta ahora una hipoteca de deuda fenomenal y, por primera vez, ha
autorizado procedimientos de quiebra. En los meses recientes, la acentuación de
la caída de las tasas de interés en los mercados internacionales de deuda
pública, ha producido un retorno parcial de los capitales de corto plazo a
América latina, por sus tasas de interés elevadas. La bancarrota económica,
asimismo, produce sus propios negocios: la venta de activos por parte de
Petrobras le ha reabierto, aunque en forma precaria, el mercado de deuda extranjera.
Esta volatilidad producto de la crisis no debe confundirse con el
financiamiento de una expansión económica que por ahora no tiene
fundamentos. Argentina ha expandido su
deuda pública en u$s 25 mil millones, en los últimos meses, para pagar a los fondos
buitres y financiar la salida de utilidades y dividendos. Un nuevo ciclo de
endeudamiento internacional tiene bases más restringidas que en el pasado y
consecuencias más explosivas.
Si
la experiencia macrista sirve de guía de ruta para las tentativas similares que
se pergeñan en América Latina, el balance provisorio es claro: un aumento
fenomenal de la inflación, un crecimiento del elevado déficit fiscal heredado,
una suba descomunal de las tasas de interés
y una acentuada recesión económica. Los pergaminos
democrático-electorales y el apoyo masivo de la oposición patronal a sus
medidas más decisivas, no le han evitado enfrentar una resistencia, que ya es
masiva, al ‘rodrigazo’ tarifario. El macrismo ha sido puesto a la defensiva, en
su corto período de gobierno por una rebelión popular contra el tarifazo, que
además ha provocado un principio de fractura en el aparato estatal (amparo
judicial a favor de los usuarios). Se perfila, además, un nuevo ciclo de
reclamos salariales, a pesar del apoyo de la burocracia sindical a la nueva
gestión. El gobierno macrista aún tiene que reunir los recursos económicos y
políticos para su política de ajustes, y luego imponerlos por medio de una
severa lucha de clases. Es un régimen dividido entre camarillas capitalistas,
sin base parlamentaria propia, condicionado en el gobierno por la exigencia de
ganar las elecciones parlamentarias del año próximo.
La izquierda
en la nueva etapa
En
Argentina y también en América latina, esta crisis plantea el desafío de que la
izquierda se convierta en una alternativa política, esta vez ya no bajo formas
democratizantes, como en la década y media pasada, sino obreras y socialistas.
Lo haría en confrontación con partidos patronales históricos en desintegración,
burocracias sindicales desprestigiadas y la venida a menos de las fuerzas
reformistas o democratizantes. Para eso es necesario un debate político y una
comprensión adecuada de la coyuntura presente.
En
Argentina, el Frente de Izquierda se ha convertido en un canal político de esa
alternativa, en especial en 2013, cuando alcanzó su mejor performance electoral
e incluso derrotó al peronismo –gobernante y opositor– en la capital de Salta.
Se ha seguido desarrollando en el movimiento obrero, en especial entre
delegados y comisiones internas. En abril pasado, una lista de izquierda y
clasista, encabezada en todo sentido por el Partido Obrero, ganó el sindicato
del Neumático (Pirelli, Firestone, Fate, etc), con el mismo carácter se han
conquistado posiciones en el sindicalismo docente, entre los estatales, en
seccionales de la CTA (Central de centroizquierda), en la industria de la
construcción, de la alimentación, la gran industria del aluminio, entre otras.
El programa del Frente de Izquierda plantea el desarrollo de la independencia
política de los trabajadores y el gobierno de la clase obrera.
En
contraste con esta perspectiva se ha desarrollado en el Frente de Izquierda una
tendencia hacia el kirchnerismo, por parte del PTS. Es una repetición histórica
degradada de la disolución de la misma corriente en el peronismo, en especial
luego del golpe del 55; el apoyo al regreso de Perón, en 1972; la incorporación
de parte del peronismo al Frente del Pueblo, en 1985. En cada encrucijada
histórica esa corriente posó su mirada en un frente con el peronismo y en la
adaptación política a la verborragia nacionalista. Tiene incluso en marcha una
revisión histórica favorable al foquismo montonero; combina sin rubor el
electoralismo y con una pose militarista (en la campaña electoral de 2011
reivindicaba en especial los escritos militares de Von Clausewitz; en la de
2013, el desarrollo de la democracia mediante la igualación del salario de los
legisladores con los docentes). Esta adaptación se manifiesta igualmente en
Bolivia, donde se abstuvieron sobre la reelección de Evo Morales en lugar de
rechazarla, o en el pedido de ingreso en el PSOL, que impulsa a Luiza Erundina
como candidata en las próximas municipales de San Pablo.
En
diversas tentativas de coordinación sindical, tanto el PTS como IS rechazaron,
como inoportuna, la reivindicación de la independencia política de la clase
obrera, con el argumento de la necesidad de atender a ideología de los
activistas peronistas. El seguidismo es postulado como táctica política. En la
lista Negra del Neumático, sin embargo, hay activistas de primer nivel que
siguen vinculados románticamente al peronismo y defienden esa independencia
política de los trabajadores. La ruptura del PTS con el FIT, en ocasión del 1°
de Mayo, se explica en esa línea. El pretexto pueril, a saber, que IS no
caracterizaba como golpe la movida contra Rousseff, obedeció a la orientación
de dar una señal de acercamiento al kirchnerismo, lo cual tuvo expresión en un
frente parlamentario del PTS con la burguesìa opositora en defensa
indiferenciada del gobierno de Dilma –para peor, con la perspectiva puesta en
los resultados que podría brindar para las elecciones de renovación
parlamentaria de 2017. El pretexto de la lucha contra el golpe en Brasil operó
como una cortina de humo contra el desarrollo de la alternativa política del
FIT al gobierno de Macri y sus apoyos políticos. El mismo sentido tuvo la
votación parlamentaria del PTS a favor del plebiscito propuesto por el
kirchnerismo para un pago a los fondos buitres en los términos de la
reestructuración que rigió para el conjunto de la deuda canjeada, en
contraposición a la posición revolucionaria del dictamen del PO planteando el
no pago de la deuda, en lo que constituyó una formidable denuncia del régimen
en su conjunto y en particular del kirchnerismo que aseguró el pago serial de
la deuda externa con los fondos de los jubilados. La prensa digital del PTS
apunta claramente en esa dirección, pues se ha convertido en una tribuna para
el kirchnerismo, que es disimulada con entrevistas periodísticas a voceros de
la derecha. Las divergencias polìticas, como ha ocurrido con la posición de IS,
deben discutirse con tiempo y método y la participación activa del conjunto de
los militantes. Las perspectivas políticas del FIT requieren una delimitación
clara del centrismo político de las fuerzas que lo integran. El Partido Obrero
se ha destacado por una delimitación rigurosa y una crítica sin concesiones a
la experiencia autoproclamada “nacional y popular” –que constituye el contenido
principal del avance de la izquierda. Esto en contraste con la oposición al
kirchnerismo de la llamada “izquierda plural” (MST, Libres del Sur), que no
reparó en esa tarea con aliarse a la oligarquía agraria en el conflicto de
2008, y formar listas electorales con representantes políticos de la industria
automotriz de Córdoba y también con secuaces del macrismo.
La
nueva etapa encuentra al FIT en una encrucijada. La adaptación al kirchnerismo
de parte del PTS lo ha llevado a una la ruptura política, como ha ocurrido con
el boicot al acto del 1° de Mayo (existe desde hace tiempo una ruptura de los
acuerdos de cogestión de las representaciones parlamentarias y, por lo tanto,
una usurpación política de las bancas conquistadas). En oposición a esta
adaptación y a las tendencias democratizantes, el PO caracteriza que la etapa
política presente ofrece una posibilidad considerablemente mayor para que la
izquierda revolucionaria se postule como una alternativa política al derrumbe
capitalista y al agotamiento e incluso disgregación de los partidos patronales
de Argentina. La lucha por independencia de clase del proletariado es el
peldaño político para establecer un gobierno socialista de la clase obrera.
El
balance general revela la definitiva y completa bancarrota del llamado Foro de
San Pablo, cuyos gobiernos se hunden como consecuencia de sus limitaciones
políticas e incluso su colaboración con el imperialismo.
La
izquierda latinoamericana aborda la nueva etapa de bancarrotas capitalistas y
de regímenes políticos en América Latina, delimitada en tres bloques. Por un
lado una derecha que reivindica el frentismo ‘plural’ y democratizante y que se
esfuerza en borrar toda distinción entre la clase obrera y los explotados, de
un lado, y la burguesía, del otro, y que se manifiesta en el apoyo y en la
promoción de candidatos patronales. Por otro lado, una izquierda centrista, que
oscila entre el frentismo democratizante y en especial en la adaptación al
nacionalismo o democratismo burgués (como ocurre en Bolivia, Brasil y
Argentina). Finalmente un polo revolucionario, el cual defiende el principio de
los acuerdos prácticos con todas las corrientes en presencia cuando se trata de
impulsar una lucha de masas, pero trabaja por la independencia del proletariado
como labor preparatoria para un gobierno de la clase obrera. La estrategia de
esta última corriente está resumida en la consigna de los Estados Unidos
Socialistas de América Latina, incluido Puerto Rico.
Parlamentarismo,
sindicatos
Las
últimas décadas se han caracterizado por el lugar histórico inédito de los
procesos electorales, resultado de un cruce de procesos históricos
latinoamericanos e internacionales. Sea como fuere, dio lugar a un protagonismo
electoral, también inédito, de la izquierda y en particular de la trotskista.
En algunos países llevó a organizaciones trotskistas a los Congresos o
Asambleas nacionales. Esta circunstancia puso a prueba la capacidad de estas
organizaciones para desarrollar una actividad revolucionaria en el campo
electoral y en el parlamento. Como es obvio, la capacidad para satisfacer este
propósito depende, en primer lugar, de los programas y de las estrategias de
las fuerzas de izquierda en presencia, que son, en su mayoría, democratizantes,
o sea electoralistas y reformistas. Según se ha denunciado en la prensa de
izquierda de Brasil, el PSOL ha aceptado aportes de grandes empresas para sus
campañas electorales y el mismo partido ha justificado esta aceptación. Las
oportunidades de reconocimiento político que ofrecen los procesos electorales
para corrientes confinadas a una actividad sindical o marginalizadas en la
lucha política, cuando no directamente sectarias, han operado como un poderoso
factor de presión para la adaptación electorera a los prejuicios de la llamada
‘opinión pública’. Es el caso ya mencionado del planteo de igualar el salario
de los legisladores a los docentes para acabar con “la casta política” y hacer
“avanzar la democracia”. No es más que la charlatanería del Podemos de España.
Al igualar con esta ‘casta política’ la persistencia de los dirigentes
socialistas más antiguos, el palabrerío democrático fue convertido en
contrarrevolucionario.
Para
que los procesos democráticos puedan ser aprovechados por la izquierda
revolucionaria es necesario hacer de ellos una caracterización adecuada. Lo
mismo ocurre con el parlamentarismo: son, por un lado, la oportunidad de llevar
la propaganda socialista a las grandes masas, pero al mismo tiempo un mecanismo
de legitimación del estado y una presión para sustituir la lucha de clases por
el arbitraje del sufragio y la representación popular. En el campo de la
burguesía, las fracciones democratizantes o simplemente demagógicas, utilizan
la labor legislativa para bloquear la acción directa de los trabajadores, casi
siempre instigada por la burocracia de los sindicatos o con su colaboración. En
Argentina, los parlamentarios del PTS dieron su apoyo abierto a una legislación
‘anti-despidos’ “consensuada” por fracciones opositoras de la burguesía que
apuntaba a sustituir la lucha de los trabajadores por el arbitraje de la
justicia laboral y a justificar la inacción de los sindicatos ante las
suspensiones y despidos. El Partido Obrero
denunció desde el primer momento la “parlamentarización” del reclamo de
la burocracia sindical, usando la tribuna parlamentaria durante 50 días de
crisis y debate sobre el punto, para brindar en su dictamen un programa basado
en el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario –escala móvil de horas
de trabajo–, en función de las huelgas y ocupaciones de fábricas para enfrentar
los despidos y del planteo de huelga general contra el conjunto del ajuste.
Curiosamente, el PTS había combatido, en los inicios del FIT, las propuestas de
legislación, por parte de la izquierda, como puro electoralismo. Ignoraba la
labor legislativa del PO, en el ámbito de la Ciudad, que logró la aprobación
parlamentaria a la reducción de las horas de trabajo en el subterráneo y que
desató una enorme lucha de los trabajadores y potenció el trabajo en la empresa
para expulsar a la burocracia sindical y más recientemente un gran movimiento
por las seis horas de enfermería. Así como en el parlamento nacional reanimamos
un movimiento nacional por la reparación a 36 mil trabajadores de YPF y más
adelante para el gremio telefónico abriendo rutas de desarrollo del clasismo.
Los
golpes de estado en diversos países, aunque no directamente militares; las
masacres en México y la alianza entre el estado y el narcotráfico; las masacres
de campesinos en Paraguay; los paramilitares en Colombia; el asesinato de
activistas de izquierda por bandas patronales en Venezuela; los continuados
asesinatos de trabajadores y líderes sin tierra e indígenas en Brasil; las muertes
de luchadores en Argentina, por parte de patotas de la burocracia y la policía,
y el gatillo fácil; todo esto atestigua la fragilidad y la provisoriedad de la
tan mentada etapa democrática en América Latina. La política que tiene por base
la perspectiva de una durabilidad y profundización de los procesos
democratizantes, carece de sustento.
El
ascenso de la izquierda y de las corrientes trotskistas en América Latina se
manifiesta fuertemente en los sindicatos. Un progreso ulterior, sin embargo,
podría verse bloqueado por un agudo faccionalismo. Este faccionalismo
exacerbado es, por un lado, el reflejo de un prolongado periodo de desarrollo
marginal y sectario y, por el otro, de una inmadurez que se caracteriza por la
sustitución de la delimitación política por la pelea de aparato. Esto ha
impedido un desarrollo sindical que podría haber sido más enérgico, en especial
en Brasil, en Argentina y en Venezuela. En la lucha contra este bloqueo
propugnamos el frente único de todas las tendencias combativas en los
sindicatos.
La Revolución
Cubana
En
las últimas décadas, la Revolución Cubana ha quedado replegada como foco de
referencia para las masas de América latina, incluso por la aparición de nuevas
experiencias políticas que desataron enormes ilusiones políticas en los
explotados. La razón principal, sin embargo, ha sido el impasse completo que ha
alcanzado el régimen político de la isla y su política de colaboración con las
burguesías nacionales y el propio imperialismo. Existe una tendencia a
descalificar su resultado histórico, sin embargo sigue representando una
referencia para los trabajadores de América Latina, en especial por su
capacidad de resistencia al mayor imperialismo de todos los tiempos –a noventa
millas de sus costas. Mantuvo, además, su peculiaridad histórica frente a la
restauración capitalista en la ex URSS y su entorno geopolítico y a la vigorosa
penetración del capitalismo en China y Vietnam. La aceptación, por parte de
EEUU, de relaciones diplomáticas con
Cuba, constituye un recule político del imperialismo, luego de más de medio
siglo de bloqueo, con independencia de que tenga la misma finalidad de reanudar
la colonización capitalista de la isla. El bloqueo sigue en pie, aunque
disminuido, como un arma de extorsión para imponerle al país las pretensiones
del imperialismo.
Con
manifiestos zigzagueos, Cuba ha encarado, una salida a su estancamiento
económico por la vía de una colaboración del capital internacional, y por una
política de ajuste y de mayor diferenciación social. No tiene la posibilidad,
sin embargo, de reproducir las características del camino de China hacia el
capitalismo, porque no tiene la posibilidad de ofrecer un mercado interno al
capital internacional, sino convertirse en una plataforma de exportación y un
paraíso turístico e inmobiliario. En última instancia, convertiría a Cuba en
una suerte de República Dominicana, Puerto Rico o Haití. Puerto Rico, la isla
menor de las Antillas, enfrenta ahora un defol económico generalizado que ha
reducido a la nada su condición de estado asociado de EEUU, pues ha pasado a
ser gobernado por un comité de supervisión financiera y fiscal, con el cometido
de que pague su enorme deuda externa. El camino chino ha conducido a la propia
China a una crisis de potencial monumental y al mismo tiempo a un desarrollo
cada vez más impetuoso de la lucha de clases de la clase obrera. La bancarrota
capitalista mundial opera, por un lado, como un factor de presión para la
apertura completa de Cuba al capital internacional y, por otro lado, como un
límite insalvable a sus posibilidades, porque acentuará el impasse del régimen
político y la lucha de los trabajadores.
Cuba
sigue siendo una sociedad en transición, con la peculiaridad de que está
gobernada por una fuerte burocracia estatal y una tendencia interna cada vez
más amplia, que favorece la privatización de la propiedad pública. Esta
condición le da al planteo de asociación con el capital extranjero una fuerte
connotación restauracionista. Un régimen proletario buscaría atraer inversiones
extranjeras, en condiciones de aislamiento y crisis, en función de un
fortalecimiento de la dictadura del proletariado. Los grandes debates en el
bolchevismo, en los años 20, muestran el rechazo al esquematismo autárquico. Si
el proceso de China sirve de ejemplo, la perspectiva de una renovación revolucionaria
en Cuba pasa por la lucha por la organización independiente de los sindicatos,
el desarrollo de la autonomía política de la clase obrera y la perspectiva de
un gobierno de trabajadores.
Los
gobiernos de Cuba y de Estados Unidos constituyen los promotores principales
del llamado proceso de paz en Colombia, que cuenta con el apoyo de la UE y de
la ONU. El largo proceso guerrillero en Colombia ha entrado hace mucho tiempo
en una clara descomposición y ha sufrido derrotas militares contundentes. Las negociaciones
de paz apuntan a integrarlo al régimen político y al Estado capitalista, el
propósito declarado de las propias Farc. El resultado, sin embargo, sigue
incierto debido al crecimiento vertiginoso del paramilitarismo y al
agravamiento de la cuestión agraria. Un acuerdo de paz no va a resolver ninguna
de las contradicciones explosivas de Colombia. Las nuevas condiciones políticas
deberían ser aprovechadas para convocar a la construcción de un partido
revolucionario.
Tareas
El
propósito de estas tesis y de la Conferencia sobre América Latina es que sirvan
al debate político y a la elaboración de un programa. No puede existir un
partido sin programa, sin embargo eso es lo que ocurre en América Latina. Los
asistentes a la Conferencia adoptan un plan de trabajo de difusión de las tesis
y su discusión en la izquierda, el movimiento obrero y la juventud.
Partido
de los Trabajadores (Uruguay), Partido Obrero (Argentina), Partido Obrero
Revolucionario (Chile), Tribuna Classista (Brasil), Opción Obrera (Venezuela),
Emigdio Idoyaga (Paraguay), Osvaldo Coggiola (Brasil).
