Dos formas de explicar la crisis
política abierta en España tras los resultados electorales en Cataluña
Traemos
dos artículos publicados en Prensa Obrera de Argentina con días de diferencia.
El primero de ellos, de Pablo Heller, explica con minuciosidad cómo desde la
izquierda revolucionaria se analiza un resultado electoral que si bien no fue
adverso a la causa de la soberanía catalana respecto al Estado español,
prefigura el desarrollo de muchas contradicciones para conquistarla donde la
Unión Europea y las burguesías española y catalana no son mirones de palo, todo
lo contrario, defensores a ultranza del centralismo español, mientras las
tendencias centristas –Convergencia Democrática (CD) y Esquerra Republicana– autonómicas
y soberanistas mantienen la propuesta de independencia en el marco de sostener
su integración al interior de la UE, todo bajo el aderezo de la crisis mundial
del capital que al interior de ésta se presenta aumentada.
El
segundo artículo, de Jorge Altamira, amplía y profundiza lo escrito por Heller,
resaltando el papel de la UE, o más concretamente, del imperialismo europeo con
la extraordinaria ayuda del imperialismo yanqui. Además propone lo que una
izquierda revolucionaria en España y en el mundo debería plantear respecto a la
cuestión nacional española: apoyar resueltamente el derecho a la
autodeterminación nacional, con un programa de unión republicana y socialista
de los pueblos de la península ibérica.
A
continuación, y por orden de aparición, ambos artículos.
Cataluña, luego de las elecciones
Las
dos formaciones políticas que defienden abiertamente la secesión de Cataluña,
Junts pel Sí y la CUP, conquistaron una mayoría absoluta de escaños en el
Parlamento autonómico, cosechando 72 lugares de un total de 135.
De
todos modos, ambas fuerzas no superaron la barrera del 50% de los sufragios –suman
poco más del 47%–, una cuestión relevante si tenemos en cuenta que las
elecciones constituían una suerte de plebiscito por la autonomía. La
discrepancia entre proporción de escaños y de votos se explica por las
particularidades del régimen electoral vigente, que establece pisos y le otorga
una mayor representación a las jurisdicciones con menor densidad poblacional.
Campaña intimidatoria
Las
elecciones de Cataluña tuvieron lugar en medio de una campaña feroz, que
intentó amedrentar al pueblo sobre las consecuencias de la independencia. Esta
campaña fue sostenida por un abanico de fuerzas que va desde la burguesía
española, pasando por la gran burguesía catalana y que se extiende a la Unión
Europea y a la Casa Blanca. Obama en persona, apenas días antes, en una reunión
mantenida con el monarca español, destacó la necesidad de una "España
unida". Los representantes de la Unión Europea advirtieron de que no iban
a admitir la incorporación de Cataluña en su seno. La propaganda oficial,
impulsada por el gobierno de Rajoy, señalaba que Cataluña, fuera de la zona del
euro, estaría condenada a un desmadre financiero y a la amenaza de un
corralito. Las asociaciones bancarias y las principales instituciones financieras
amenazaron con retirar los fondos y cerrar sus filiales si ganaba el Sí.
Semejante
cruzada tiene su explicación. La independencia catalana echaría más leña al
fuego a las tendencias a la desintegración ya existentes en la UE y
representarla un golpe letal a la integridad de España y al Estado español, que
ha asumido sobre sus hombros el rescate del capital en quiebra y aplica una
política de austeridad. Por otro lado, la independencia implica el fin de la
monarquía en el nuevo Estado.
El movimiento independentista
Tomado
en su conjunto, la suma de escaños de los partidarios del secesionismo supone
un retroceso respecto de lo que esas formaciones obtuvieron en 2012, cuando
lograron un total de 74 escaños.
El
retroceso, sin embargo, se concentra en la actual coalición gobernante,
liderada por el actual jefe de gobierno, Artur Mas. Se constata, en cambio, un
ascenso de la CUP que constituye el ala izquierda del movimiento
independentista.
La
CUP denuncia al actual gobierno de Cataluña por su política de ajuste, por su
ataque a las condiciones de vida de la población y por sus tendencias al
compromiso con el Estado español. Mientras la CUP plantea una declaración
unilateral de independencia, la hoja de ruta de Junt por el Sí consiste en un
proceso tortuoso de apertura de negociaciones con el Estado español. Su
proyecto independentista pasa por sustituir la dependencia del odiado
centralismo español por la dependencia de Berlín y Bruselas. Una Cataluña
independiente en estos términos, sería un protectorado y un colonia financiera
de la troika y, como tal, condenada a llevar adelante una rigurosa política de
ajuste.
El
gobierno catalán de Artur Mas ha presentado la independencia como el gran
pasaporte para una mejora sustancial en las condiciones de vida de la
población. Pero la agenda del oficialismo gobernante excluye echar atrás la
reforma laboral o la de las pensiones. En este punto, no hay diferencias entre
Mas y Rajoy. La autonomía fiscal que pregona el oficialismo catalán tiene como
destino pagar la deuda, mayores subsidios al capital, menos impuestos a los
beneficios y no las necesidades populares.
La oposición
Como
principal partido de la oposición en el Parlamento autonómico catalán se sitúa
la formación derechista Ciudadanos, con casi el 18 por ciento de los votos y 25
diputados, casi el triple de los que obtuvo en las elecciones de 2012. A
continuación, se ubica el socialismo y, después, fuertemente relegada, la
coalición encabezada por Podemos con apenas el 9% de los votos. Podemos está casi
empatada con el partido de Rajoy que está absolutamente desprestigiado.
La
formación de Pablo Iglesias ha pagado muy caro su ambigüedad respecto a la
causa de la independencia y es, por lo tanto, una de las grandes derrotadas de
las elecciones.
Salida
El
resultado electoral abre un escenario complejo y convulsivo. El presidente de
Cataluña y la coalición que lo apoya, Juntos por el Sí, plantearon previamente
que si lograban mayoría absoluta de escaños, se considerarían habilitados para
poner en marcha un proceso que culminaría el año que viene con la aprobación de
una nueva Constitución. Este proceso se pondría en marcha, aunque la causa
independentista no haya logrado reunir el 50 por ciento de los votos.
Dentro
de la mayoría incluyen a los escaños de la CUP, pero dicha fuerza cuestiona que
Artur Mas pueda seguir siendo presidente.
Entretanto,
la escalada de la monarquía española no se detiene. El parlamento español acaba
de ampliar las facultades del máximo tribunal de España para destituir
autoridades regionales, una disposición que apunta a voltear al nuevo
presidente catalán electo. El gobierno de Rajoy ya tiene en la gatera la
intervención del Estado catalán, si hiciera falta.
Estamos
frente a una crisis política excepcional que pone en jaque el conjunto del
régimen político. Frente a las aprietes y amenazas del Estado español, Artur
Mas y su partido ya han capitulado en el pasado, con lo cual, todo indica que
lo harán nuevamente. Pero la última palabra va a estar en las calles y no se
puede descartar que esta escalada –y con más razón una intervención– podría
encender un estallido popular.
La
movilización independentista, que se acrecienta en Cataluña, constituye un
golpe al Estado español, vasallo de la Unión Europea imperialista y en esa
medida es un acicate y aliento a los lucha de los explotados no sólo de
Cataluña sino de toda la nación española que están enfrentando el ajuste y que
empalma, asimismo, con la oposición creciente contra la monarquía.
La
CUP, con el 10% de los votos, une el reclamo de la independencia a una agenda
que plantea poner fin a la política de austeridad, derogar la reforma laboral y
revertir los recortes salariales y sociales, y privilegiar las necesidades
populares mediante el no pago de la deuda. Llamamos a apoyar y defender el
derecho a la independencia de Cataluña como un aspecto de una reorganización
integral del país sobre nuevas bases sociales, mediante gobiernos de
trabajadores en Cataluña y en toda España y para abrir paso a una Unión
Republicana y Socialista de los Pueblos Ibéricos.
Pablo
Heller
Cataluña, una crisis de conjunto del
Estado español
Las
elecciones en Cataluña, el domingo pasado, habían despertado expectativas en el
campo internacional por su relación con una eventual separación de Cataluña de
España. Los llamados partidos soberanistas –Convergencia Democrática (CD) y
Esquerra Republicana– han dado a conocer una hoja de ruta con ese destino en un
plazo de dieciocho meses. La separación de Cataluña constituiría un
acontecimiento de envergadura para el conjunto de la Unión Europea, azotada por
la bancarrota capitalista y las crisis de Grecia y de los refugiados. Sería una
declaración de inviabilidad para el estado español; en las gateras se
encontrarían las autonomías afines de Valencia y Navarra y en definitiva el
País Vasco.
La
votación ha desatado una crisis dentro de esta crisis, esto porque los
soberanistas no reunieron los votos suficientes para formar gobierno y por lo
tanto implementar sus planes; necesitan para ello el concurso de la CUP, una
lista soberanista de izquierda, que se opone a que ese gobierno lo encabece CD
y su jefe, Artur Mas. Al mismo tiempo, el partido que gobierna España, el PP,
sufrió un durísimo revés, lo cual representa un golpe para el centralismo
estatal. Los plazos de la crisis se desplazan entonces hacia noviembre próximo,
cuando tendrán lugar las elecciones para el parlamento español.
El
recrudecimiento del independentismo catalán está asociado directamente a la
crisis mundial, cuya repercusión en España ha sido catastrófica. Durante la
mayor parte del tiempo que siguió a la transición del franquismo, la cuestión
nacional estuvo ocupada por el País Vasco y por ETA –no por Cataluña o por el
soberanismo catalán. Los gobiernos nacionalistas, en Cataluña, se sumaron, a
partir de la crisis, a la brutal política de ajuste que aplicaron tanto el PP
como el PSOE, en el conjunto del Estado, y encararon la crisis, ellos mismos,
con una política de fuertes recortes a los gastos sociales y a los salarios. El
recrudecimiento soberanista es, claramente, una expresión del agotamiento de
esta política. En un período de quiebras, la pretensión de una redistribución
de los ingresos fiscales del conjunto de España a favor de Cataluña,
simplemente acicatea la crisis para el conjunto del Estado. La deuda pública de
España es de cerca del 120% del PBI y se convierte en casi un 250% si se suma
la deuda externa privada.
La
gran banca de Cataluña ha estado entre las grandes beneficiadas por el rescate
del Estado –la Caixa, BBVA y Sabadell. Se opone, obviamente, a una separación.
El soberanismo, sin embargo, expresa a un fuerte sector patronal, el Círculo
catalán de Negocios, que reúne a 800 empresas, incluidas las de mayor tamaño
(Le Monde, 27/9). Es precisamente este sector el que reclama con toda nitidez
esa redistribución, denunciando una pérdida fiscal de 300 mil millones de euros
en treinta años. Reclama, asimismo, una reorientación de los negocios hacia
afuera de España, al que considera un mercado agotado, con la mirada puesta en
Asia y en la asociación con capitales de China –en especial en infraestructura.
Los
problemas asociados con la distribución del presupuesto público son, sin
embargo, comunes a todos los estados, no por eso plantean una cuestión
nacional. Cataluña no hubiera podido, por sí sola, salir al rescate de las
numerosas cajas bancarias que fueron absorbidas por la Caixa, o sea sin el
concurso del estado español y el Banco Central Europeo. Por eso, el
nacionalismo catalán reivindica el sometimiento nacional de una Cataluña
soberana a la Unión Europea y a la Otan. Por encima del tema fiscal, lo que
decide la cuestión nacional, para la burguesía, es la solidez del Estado como
protector de las relaciones sociales existentes.
Estas
limitaciones explican la cobardía del nacionalismo catalán, que ha aceptado las
restricciones de la Corte Constitucional del estado español a convocar a un
referendo. Ahora propone una hoja de ruta para desarrollar un estado nacional
autónomo desde arriba, donde el gobierno que asuma crearía las instituciones
necesarias –como un banco central, una cancillería e incluso fuerzas armadas. El
estado que emergería de la hoja de ruta tendría el control de una Asamblea
Constituyente, que sería convocada con posterioridad. Los resultados
electorales del domingo pasado no alcanzan, sin embargo, para avalar este
proyecto artificial. Tanto Cataluña como España se encuentran en un impasse.
Las
elecciones estatales de noviembre podrían llevar esta crisis a nuevos niveles.
La piedra de toque de ellas es la cuestión del separatismo y la modificación
del régimen político establecido luego de la dictadura franquista. El Psoe, por
ejemplo, propone que una Convención Constituyente reforme el sistema actual y
que permita, en ciertas condiciones, el derecho de autodeterminación. Es un
recurso para salvar al Estado actual, en primer lugar la monarquía y las fuerzas
armadas al servicio de la monarquía. Las elecciones catalanas del domingo
pasado forman parte de una negociación que se desarrolla en el conjunto del
estado español; los soberanistas buscan concesiones de otro interlocutor a la
cabeza de España. En resumen, se asiste a una crisis de conjunto del estado
español. Es un desarrollo político de gran importancia del periodo de
bancarrota capitalista internacional.
Las
elecciones del domingo pasado pusieron en evidencia un retroceso de la
izquierda tipo Podemos y de Izquierda Unida, y el avance de una nueva formación
de características macristas –Ciudadanos– que oficia de sustituto del PP. El
elemento ‘juvenil’ ha oficiado como ‘renovación’ tanto para la izquierda como
para la derecha. El bipartidismo ha sido enterrado por una decena de
fracciones.
¿Cómo
deber plantarse la izquierda revolucionaria frente a la cuestión nacional en
España? Debe apoyar resueltamente el derecho a la autodeterminación nacional,
con un programa de unión republicana y socialista de los pueblos de la
península ibérica. O sea que debe sostener, en las condiciones de la España
monárquica, la independencia republicana de Cataluña, como consecuencia del
ejercicio del derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que impulsa la
unidad de los trabajadores del conjunto del Estado español por el
establecimiento de una República federativa y socialista Ibérica. Con este
programa debe combatir al nacionalismo catalán (soberanista o independentista)
de contenido burgués. La tarea histórica no es crear nuevos estados nacionales,
ni menos camuflarlos con la UE y la Otan.
Jorge
Altamira
