Prensa Opción Obrera 23 Julio - Agosto 2012
EL POR QUÉ LOS PATRONOS CONFISCARON LAS PRESTACIONES SOCIALES CON LA LOT DEL 97
Gobernabilidad e inflación
La inflación comienza a demostrar sus efectos en el país a partir del primer gobierno de Caldera (1969 – 1973) cuando comienza a ser notada con un promedio interanual de 3,40%. Con el primer gobierno de CAP (1974 – 1978) se inicia su escalada a una interanual de 8,38%. Era la época del ta’ barato, dame dos y de Miami como el mejor supermercado para ir a hacer las compras. Con Luis Herrera (1979 – 1983) llega a 13,09% la inflación interanual promedio; es con su gobierno que se establece el control de cambios para impedir la fuga de divisas devaluando el bolívar de 4,30 a 6 por dólar como consecuencia del desplome de los precios del petróleo a la vez que trata de terminar de “gobernar” con un fuerte endeudamiento externo. Con Lusinchi (1984 – 1988) pasa a 26,67% la inflación promedio interanual con más devaluación (en 1984 a 7,50 y en 1986 a 14,50) mientras renegocia la deuda externa pagando parte de ella con los escasos dólares provenientes del ingreso petrolero. Para cuando se aprueba la LOT en 1990, en el segundo gobierno CAP (1989 – 1993), la inflación anualizada ese año fue de 36,48% y la interanual de ese período presidencial inconcluso alcanzó 45,26%. El segundo gobierno de CAP fue el del Caracazo en 1989 y los dos golpes militares de febrero y noviembre en 1992.
La LOT de 1990 pretendió servir de colchón de aguante con los asalariados en ascenso con un proyecto liberal que mejoraba conquistas laborales aunque sin llegar a asemejarlas con las conseguidas por los petroleros o los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Junto a la reducción de la jornada a 44 horas semanales de las 48 previstas en la ley del trabajo de 1936, la LOT Caldera, por ser él su promotor, establecía el derecho a la antigüedad y cesantía de 30 días por año de servicio y el “doblete” en caso de despido injustificado para todos los trabajadores. El resto de su marco legal intentó regular la explotación de común acuerdo con la burguesía, en particular los referidos a la actividad sindical, la discusión de contratos colectivos y el derecho a huelga. También salariza los bonos compensatorios de transporte y alimentación que habían sido decretados por el gobierno de Lusinchi sin tal carácter como salida populista a la creciente desvalorización del salario producto de la inflación acumulada durante su gobierno y el anterior de Luis Herrera.
¿Qué pasó entre 1990 y 1997 para que la burguesía exigiera pasar de ese régimen a uno más benevolente hacia sus intereses?
En esencia la permanencia de la inflación y la imposibilidad legal de no poderse decretar compensaciones remuneradas sin que tuvieran carácter salarial. Con la LOT del 90 se establecía el salario mínimo como el de común acuerdo entre el ejecutivo, la burguesía y la burocracia sindical de la CTV, pero cualquier remuneración adicional relacionada con la labor prestada pasó a formar parte del salario. La tripartita nace en el 90 pero será en el 97 que su papel rector en la regulación de la explotación a los asalariados se concrete.
Uno de los objetivos que buscaba la burguesía con la reforma a la LOT de 1997 respecto a los costos de la relación laboral era abaratarlos bajo una economía fuertemente inflacionaria que se comenzó a manifestar como ya vimos 15 años antes. Mientras la burguesía ajustaba el precio de los bienes y servicios con la inflación se negaba a que el salario y las prestaciones sociales que pagaba a sus explotados se hicieran en igual medida. El robo en las prestaciones a los explotados en 1997 se hizo con ese objetivo pues con un salario mínimo que indefectiblemente tendría que ser ajustado siempre por el ejecutivo de manera acordada en la tripartita aunque fuese siempre a la baja, al ser calculadas las prestaciones como lo planteaba la LOT de 1990 al valor del último salario correspondería un costo estimado mayor al pasar los años. El esquema de abonar con el salario del momento de la LOT del 97 en vez de calcular todo con el último en un esquema inflacionario alto pero controlado y constante le permitió a la burguesía “pagar” menos al terminar la relación laboral, y aunque los costos por antigüedad de un trabajador podrían ser más altos con los abonos en los primeros años, al transcurrir el tiempo (a partir del quinto año de antigüedad si la alta inflación se mantenía o del décimo si ésta tendía a su descenso) el patrono terminaba pagando menos que con lo que decía la LOT del 90.
El hecho es que con inflación importante somos los trabajadores los que nos perjudicamos con la LOT del 97, pero aún más importante, mantuvimos el perjuicio durante 11 años de “revolución bolivariana” cuando se negó sistemáticamente a que se volviera al régimen anterior. Peor aún, nos liquidaron pagando la miseria de los abonos de antigüedad y ahora con la LOTTT no tenemos derecho alguno a reclamar el robo porque fue convalidado por ésta. La contradicción que se avecina es que si hay realmente un abatimiento a la inflación anual como lo tiene como meta el gobierno bolivariano, entonces sería siendo más alto lo que percibiríamos por los abonos de antigüedad que con los 30 días por año a razón del último salario, pero ese más sigue siendo menos porque la riqueza que sólo los que vendemos la fuerza trabajo podemos generar se la llevan los capitalistas y patronos.
La conclusión resulta obvia, en el marco capitalista y burgués del Estado en que vivimos los explotados, las leyes no sólo reproducen la explotación a que somos sometidos sino que, adicionalmente, los que se terminan beneficiando son los capitalistas. Es con un gobierno de los trabajadores la única posibilidad de revertir esto y así poder concretar el socialismo.
El hecho es que con inflación importante somos los trabajadores los que nos perjudicamos con la LOT del 97, pero aún más importante, mantuvimos el perjuicio durante 11 años de “revolución bolivariana” cuando se negó sistemáticamente a que se volviera al régimen anterior. Peor aún, nos liquidaron pagando la miseria de los abonos de antigüedad y ahora con la LOTTT no tenemos derecho alguno a reclamar el robo porque fue convalidado por ésta. La contradicción que se avecina es que si hay realmente un abatimiento a la inflación anual como lo tiene como meta el gobierno bolivariano, entonces sería siendo más alto lo que percibiríamos por los abonos de antigüedad que con los 30 días por año a razón del último salario, pero ese más sigue siendo menos porque la riqueza que sólo los que vendemos la fuerza trabajo podemos generar se la llevan los capitalistas y patronos.
La conclusión resulta obvia, en el marco capitalista y burgués del Estado en que vivimos los explotados, las leyes no sólo reproducen la explotación a que somos sometidos sino que, adicionalmente, los que se terminan beneficiando son los capitalistas. Es con un gobierno de los trabajadores la única posibilidad de revertir esto y así poder concretar el socialismo.
Roberto Yépez
