Prensa Opción Obrera 27 Enero - Febrero 2014
BALANCE
DE LA SITUACIÓN LABORAL EN LAS GRANDES EMPRESAS E INDUSTRIAS DEL ESTADO
CORPOELEC
Los trabajadores de la Corporación
Eléctrica tienen el contrato colectivo vencido, además de que se violan cláusulas
fundamentales y tienen una legión de eventuales realizando los mismos trabajos
y en desigualdad de condiciones de pago, evadiendo la sustitución por jubilaciones e ingresos para responder a las demandas del servicio.
Respecto a las deficiencias del
servicio, expresado en apagones constantes, la gerencia, el gobierno y el eco
en voceros del PSUV, culpan a los trabajadores de ello, llegando a la barbaridad
de someterlos a interrogatorios en el SEBIN. Algunos directivos sindicales
denuncian la presencia de saboteadores en las gerencias medias y comisionados,
dejando a Jesse Chacón, el máximo responsable de este desastre y revivido por
el gobierno con la tarea de enderezar el entuerto a costa de los trabajadores y
del país, libre de polvo y paja.
Lo cierto es el estado de quiebra de CORPOELEC
y por lo tanto de su incapacidad para responder por un servicio eficiente. Dirigentes
sindicales denuncian que los equipos ya cumplieron su vida útil, por lo cual se
ven obligados a cortes programados para
efectuar los mantenimientos en condiciones precarias para resolverlos. Sobre
todo si el parque automotor está destrozado y sin mantenimiento, la mayoría de
vehículos para trasladarse a las contingencias están inoperativos con falta de
insumos y herramientas para atender emergencias.
Los trabajadores denuncian que las
jornadas extras no les son canceladas y les prometen pagos diferidos que nunca
se concretan. Les adeudan uniformes, diferencia por utilidades de años
anteriores, evaluación por desempeño donde las gerencias se comprometen a
pagos en cuotas y hasta por el salario
adeudado; las utilidades se calculan a salario básico, no, como corresponde, a
salario integral, además con una mora por un contrato con casi 3 años de
vencido. Los patronos reconocen la irregularidades y las justifican alegando
problemas financieros de las distintas empresas que conforman la corporación.
Respecto a las expectativas del
servicio de energía para el país, el grueso del mismo, la generación de
hidroelectricidad, las líneas de trasmisión y por último la distribución, están
colapsadas. La construcción de la represa hidroeléctrica Tocoma lleva un atraso
de más de 5 años y un costo que se ha multiplicado por cuatro respecto al
inicial, y sin una fecha de finalización concreta. Parte de la construcción
está paralizada por pagos pendientes a las contratistas.
CEMENTO
Desde que se nacionalizó la industria
en el 2008 no se ha aprobado un contrato colectivo, producto de la política del
gobierno, sencillamente antiobrera. Respecto al funcionamiento la inversión ha
sido escasa y la fallas van desde las canteras hasta la falta de mantenimiento
mayor en hornos, trituradoras, equipos de transporte de materia prima y
molienda de crudos y cemento. Tiene como resultado que hoy la producción es
menor del 50% de su capacidad instalada
mientras solo se abastece el 22% de la demanda nacional y se está importando
cemento de Cuba, Nicaragua, Colombia e Irán. Los equipos están obsoletos y el
85 % de los hornos de planta en el país están paralizados, hay problemas hasta
con los empaques requeridos para los productos debido a un supuesto
endeudamiento con la empresa brasilera que distribuye el material. Las unidades
de transporte conforman una flota de chatarra por falta de repuestos, en
general existen retrasos en los pagos a proveedores y adquisición de repuestos
industriales que se encuentran retenidos en las aduanas.
Los trabajadores de la industria
cementera has denunciado la paralización parcial de las empresas nacionalizadas
y las respuestas del gobierno han sido trabajadores despedidos, desmejoras
salariales, violaciones a la seguridad industrial, y ataques a las organizaciones sindicales.
La poca producción y una alta demanda
generan la especulación, el acaparamiento e irregularidades en la distribución
del cemento cuyo precio para el consumidor final oscila en un 500% sobre su
precio de venta regulado, el producto se tiene que despachar a través de una
guía de distribución diseñada por la empresa y pasa por grandes intermediarios
dentro de la industria cementera, donde los militares están muy presentes e INDEPABIS
está de adorno, por decir lo menos.
ALUMINIO
En el 2013 se acentuó la caída en la
explotación de bauxita y en consecuencia la producción de alúmina y a partir de
ésta, del aluminio. Las empresas básicas del aluminio quebradas e
hipotecadas con Glencore. ALCASA cada vez más improductiva a pesar de la
inversión de 500 millones de dólares para el PIC 140 (plan de incorporación de
celdas) cuyo resultado es que no hay celdas nuevas en operación, y sí pingües
negocios con empresas contratistas fraudulentas escogidas a dedo por la gerencia.
Para VENALUM en el 2013 es similar la
situación, la producción de aluminio sigue disminuyendo así como el número de
celdas conectadas. Continúan los problemas operativos en las líneas de
reducción y la baja disponibilidad de equipos.
La respuesta del gobierno para el 2014
es ofrecer promesas para el segundo trimestre, con el soporte financiero del
Fondo Gran Volumen Largo Plazo China-Venezuela. El suministro de materiales,
insumos, repuestos y servicios corresponderá a la empresa china Chalieco.
En CVG CARBONORCA la situación no es
diferente, produjo menos de la mitad de su capacidad instalada de 120 mil
toneladas de ánodos al año. Para el 2014 no cuenta ni con los requerimientos de
ALCASA ni con materia prima garantizada como coque y brea de alquitrán, será
porque estos materiales los traen de la luna, como Venezuela no los produce, lo
importan de China.
BAUXILUM en el 2013 no logró cumplir
ni la meta de producción de bauxita que este mismo año y con base al desastre,
se reprogramó en junio con un plan de
180 días, que tampoco se cumplió. El colmo digno de record fue que la empresa
extractora del mineral y con unas reservas significativas, importó bauxita y a
pesar de que la mina tiene una capacidad instalada de 6 millones de toneladas
al año, este año al 2 de diciembre, la trituradora procesó 1,9 millones de
toneladas. El programa de julio fue poner en marcha el apilador recuperador que
permitiría el acopio de bauxita, le cual ahora se ofreció listo para el mes de
diciembre.
BAUXILUM importó 1,3 millones de
toneladas de bauxita a través de Glencore, provenientes de Brasil, Guyana e
Indonesia para producir alúmina y ser procesada para producir aluminio. Pero
este aluminio se le debe a Glencore, quien pagó por adelantado cuando por la
crisis energética se redujo la producción en ALCASA y VENALUM. Aunque los
compromisos del Estado con Glencore no se limitan a ese negocio redondo, los
beneficios de esta transnacional son de vieja data y ahora es cuando falta por
pagar y cumplir el ensarte con esta empresa originada a costa de los
compromisos chimbos en que la CVG se comprometió cuando el actual gobernador de
Bolívar, Rangel Gómez, era su presidente.
INDUSTRIA
BRIQUETERA
Las 4 briqueteras nacionalizadas, BRIQVEN
(antigua MATESSI), Briquetera del Caroní (antigua VENPRECAR), CONSIGUA y
Briquetera del Orinoco (antigua Orinoco Iron), están similarmente, paradas o
con producción mínima por falta de materia prima y por falta de mantenimiento.
TAVSA
La fábrica de tubos sin costura, TAVSA,
sigue paralizada a pesar de ser una industria clave para la perforación
petrolera ahora que se espera perforar
miles de pozos en la faja. La llamada Empresa de Producción Social (EPS) Tubos
Sin Costura tras ocho años está sin vislumbrase progreso. Desde su creación en
2005, presenta un avance de 35%, mientras se sigue importando tubos desde
China. En 2012 se importaron 217 mil toneladas de tubos sin costura, el 64 por
ciento provenientes de China y seguidamente de Argentina según las estadísticas
del INE. En 2013, hasta agosto, se
habían importado 67 mil toneladas de tubos, el 85 por ciento provenientes de
China. Con parte de ese dinero gastado es esas importaciones se hubiese
re-potenciado TAVSA y se hubiese adelantado la nueva planta en proceso de
ejecución.
MINERVEN
MINERVEN no es una excepción. La
capacidad instalada es de 8 toneladas. Sus trabajadores denuncian el abandono
productivo de la empresa, las pésimas condiciones de seguridad industrial, equipos
e instalaciones dañados, sin repuestos, sin mantenimiento, minas inundadas. No
podía faltar el papel del gobierno antiobrero, tienen 4 años con el contrato
colectivo vencido, y el todavía vigente, violado.
REFRACTARIOS
DEL ORINOCO
Las empresas de refractarios, en
particular Refractarios del Orinoco (antigua Cerámicas Carabobo), también
producen un mínimo, tienen problemas debido a insumos importados que escasean,
el gobierno prefiere importar los refractarios que son de uso imprescindible en
todos los hornos de las empresas básicas.
SIDOR
La mayor empresa del
país en cuanto a concentración de trabajadores, año tras año disminuye su
producción lastimosamente ni como en el 2010 cuando tuvo que apagar varios de
sus hornos por el decreto del racionamiento eléctrico. En el 2013 se estima un
cierre con 1,48 millones de toneladas métricas de producción, muy lejos del
previsto en el Presupuesto Operativo Anual de 4.0445 millones de toneladas. Muy
por debajo, más de un 40%, aún siendo reconducido a 3 millones de toneladas en
junio de 2013.
Con el presupuesto
de 4 millones de toneladas se proyectaban pérdidas por más de 4 millardos de
bolívares, todo un fracaso de los militares gerenciando la acería con falta de
inversión, repuestos, insumos y hasta de personal calificado.
Respecto al
cumplimiento del contrato colectivo, mientras permanece vencido desde 2010 y el
nuevo aún se discute, las violaciones a los acuerdos laborales por parte de la
empresa condujeron a finales de año a movilizaciones y un paro de las
actividades por 32 días, donde resultó imputado el secretario general de
SUTISS; con ataques, ya no sólo de la dirección de la CVG sino del mismo Maduro,
en contra de los trabajadores pero que terminó en un acuerdo, pactado entre las
partes, dejando pospuesto lo que se ventilaba y que fue origen del conflicto.
FERROMINERA
Está desmantelada y entregada al
negocio privado, se entregaron los principales servicios a transnacionales, se
realizaron pagos en complicidad con empresas navieras por demoras
intencionales, certificación de los tonelajes despachados sin la debida
comprobación y la venta del hierro a empresas intermediaras a precio
preferencial para luego ser exportado con un valor diferencial a favor de
ellas.
El secretario general de
SINTRAFERROMINERA, Rubén González, realizó denuncias en 2011, cuando la estatal
comenzó a contratar camiones para el traslado de mineral desde Ciudad Piar,
justificando los continuos descarrilamientos en la vía férrea. Por estas denuncias
y el subterfugio de ser declarado el cabecilla de una paralización durante dos
semanas, Rubén González estuvo año y medio preso sin juicio, luego fue
condenado a 7 años, y cuando se movilizaron los trabajadores de Guayana por
este atropello, recularon con la condena y ahora tiene un nuevo juicio abierto
y trasladado a tribunales de Caracas.
Todo eso condujo a perdidas en las
ventas, y la nómina de la empresa dependiendo de préstamos bancarios y
triangulaciones, determinó que al gobierno no le quedara otra que hacer preso
al presidente de Ferrominera Orinoco en funciones, Radwan Sabbagh.
En fin de cuentas, FERROMINERA
privatizó el trabajo de explotación del mineral entregándolo a contratistas y
privatizó también una parte de la comercialización internacional.
PDVSA
En los últimos tres meses, según
cifras dadas por Ramirez, PDVSA ha negociado 9.975 millones de dólares con
CHEVRON (EEUU), CNPC (China), GAZPROMBANK (Rusia), ENI (Italia) y REPSOL
(España), a costa de seguir hipotecando el petróleo de la Faja del Orinoco y de
la costa oriental del lago de Maracaibo.
Pocas horas habían pasado de la
aprobación de las leyes habilitantes a Maduro, cuando Ramírez le pidió una ley
especial para “acelerar” la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, que
incluiría más autonomía para las empresas mixtas e incentivos fiscales para
consagrar una zona de régimen especial en el área de dicha faja. También asomó
la posibilidad de una reducción en la tasa de regalía de 30% a 20% o
exoneraciones temporales en el pago del impuesto sobre la renta, aunque también
dijo que dependerá de los costos finales que se tengan una vez se fije la nueva
tasa de cambio.
Si las empresas mixtas son una
privatización parcial de la faja, esta política significa una mayor entrega
para poder explotarla. Hasta ahora los planes, previstos hace unos años, han
fracasado; la primera etapa, llamada producción temprana, fue un fiasco. PDVSA
no tiene cómo colocar el porcentaje de inversión, como socio mayoritario, que
le corresponde en cada proyecto de la faja, a Ramírez no le queda otra que
pedir prestado e hipotecar de nuevo la producción para “acelerar” la ya
retrasada explotación de la FPO.
Como patrono de sus trabajadores, la
política de PDVSA no se puede llamar menos que una ultra reaccionaria de
violación a la libertad sindical. Se han realizado dos despidos ilegales de
representantes de la directiva de la FUTPV. El primero sucedió con el
secretario ejecutivo Robert González de la refinería El Palito, a la par que
también era despedido el delegado de prevención y representante laboral ante el
Comité de Seguridad de la refinería, Efraly Pastrán. Recién en diciembre de
2013, de la refinaría más grande del país, el Complejo Refinador Paraguana,
ocurrió lo mismo con Iván Freites, secretario general del sindicato regional y
también secretario ejecutivo de la FUTPV. Con argumentos de tipo fascista,
ambos trabajadores están imputados con órdenes judiciales y sometidos a
restricciones contempladas en la ley orgánica de seguridad nacional. Lo de
Freites fue por sus declaraciones cuestionando el informe presentado un año
después por PDVSA respecto de las causas que provocaron la explosión de una
fuga de combustibles sucedida en agosto de 2012 con un saldo lamentable de
fallecidos.
Sobre la contratación colectiva PDVSA
sigue incumpliendo muchas de sus cláusulas del ya vencido que ni siquiera se
homologó. De la nueva en el presente aún se discute el proyecto por parte de
los directivos sindicales aliados a Ramírez en la FUTPV. No se vislumbra su
aprobación mientras no se definan los alcances de la ley especial para la Faja
del Orinoco solicitada a Maduro en el marco de la habilitante.
