En
CIVETCHI, una empresa mixta (51% Estado, 49% Flavio Falsiroli)
EL ESTADO FUNCIONA DE
LA FORMA MÁS ABERRANTE A FAVOR DEL SOCIO PRIVADO
Los trabajadores
imputados fueron trasladados desde el 2 de septiembre a la cárcel de Tocuyito
Hace
ya 4 meses (opcion-obrera.blogspot.com, 05/05/2013) que fueron detenidos por
parte del SEBIM ocho trabajadores de CIVETCHI, seis de ellos despedidos injustificadamente
con orden de reenganche y otros dos activos. Toda una tramoya orquestada entre
Flavio Falsiroli y el SEBIM para imputarlos de extorsión al negociar el retiro
de la empresa.
El
origen de todo reside en el planteamiento manifestado por los trabajadores de
organizarse en un sindicato con el cual luego pudieran discutir una
contratación colectiva que les favoreciera a todos, además que subsanara las
obvias condiciones de trabajo que no se ajustaban a lo establecido en ley.
Desde
principios del año pasado los trabajadores presentaron el anteproyecto de
organización sindical. Por dos veces la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga
los mandó a “subsanar”. Al presentarlo por tercera vez y resultar en las
mismas, el proyecto fue anulado. En realidad lo que había era una negativa a
aprobarles la matrícula del sindicato porque el patrono Falsiroli, apoyándose
en instrucciones emanadas desde el Ministerio de Industrias, exigía que tal
cosa no ocurriera.
Los
trabajadores de CIVETCHI fueron extorsionados de manera continua y reiterada
por las instituciones del trabajo y el patrono. Tres trabajadores que habían
firmado el proyecto de organización sindical, algo que el patrono no debería
tener acceso, fueron despedidos injustificadamente como demostración de fuerza por
parte de Falsiroli para impedir, siguiendo órdenes del Estado, que se
reconociera el sindicato. Luego de la detención de los otros ocho, esos tres
fueron reenganchados por orden de la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga después
de casi un año de espera.
Ante
todo eso ni Laura Franco, reconocida dirigente del PSUV en Carabobo y directiva
de la empresa por parte del Estado, ni Carlos Farías, de CORPIVENSA, la empresa
creada por el Estado para administrar su parte en las empresas mixtas, fijaron
posición alguna respecto a los derechos claramente establecidos en la vigente
LOTTT respecto a la organización sindical que se planteaban los trabajadores,
por el contrario, avalaron y hasta influyeron para que se pudiera usar toda la
fuerza coercitiva del Estado para impedirlos.
La
denuncia de extorsión la hace Flavio Falsiroli ante el SEBIM luego de haberse
reunido con los seis trabajadores despedidos
injustificadamente y con orden de reenganche en al aeroclub de Valencia, cuatro
de ellos de la directiva del sindicato negado. Allí reunidos, Falsiroli les
comenta que desde el gobierno no se
quiere un sindicato en la compañía, que por el contrario, el gobierno lo que
quiere es un consejo de trabajadores y por tanto la orden que él tiene es la de
“acabar” con el sindicato, haciendo aclaratoria que “acabar” significa hacer
todo lo que esté en sus manos para que no exista el sindicato. Adicionalmente,
que cualquier negociación a la que pudieran llegar con los trabajadores también
debía incluir a los otros dos que ya no integraban la directiva del sindicato,
pero que para Falsiroli era punto de honor sacarlos de la empresa por ser “cabecillas”
intelectuales del mismo y su presencia en ella no le garantizaba que luego
volvieran a reclamar por el sindicato. Los supuestos “extorsionadores” terminan
siendo extorsionados por Falsiroli.
Es
en esas condiciones que los trabajadores hostigados por intentar constituir un
sindicato y despedidos injustificadamente de la empresa, aceptaron negociar para
desistir del mismo e irse de la empresa. En apenas 24 horas, luego de la “reunión”
con Flavio Falsiroli, éste y el SEBIM cuadran la tramoya para detener en
flagrancia a los ocho trabajadores que el patrono no quería en la empresa por haberse
atrevido a organizar un sindicato. El armado de la misma hacía rato que venía
siendo preparada. Los trabajadores claudican ante el poder del patrono privado
y del Estado, renunciaron a la lucha y a cambio negociar. Lo que no previeron
fue la habilidad del comerciante en reembolsarse el dinero de la negociación,
con la anuencia del Estado.
El
patrón privado hace su labor y los accionistas mayoritarios del gobierno, CORPIVENSA,
delegan en él su buen desempeño. La legislación laboral y el derecho a la
sindicalización es una ilusión pues el Estado no garantiza ese derecho, menos
si se trata de una empresa mixta. Desde CORPIVENSA se giran las instrucciones
para impedir la organización sindical y a cambio arman ellos un “consejo de
trabajadores” sujeto a los límites que les quieran imponer que incluyen la
ausencia de una contratación colectiva y la garantía para ambos patronos, el
público y el privado, de la mayor plusvalía posible a ser extraída con la
explotación legalizada tras el rimbombante nombre de “Empresa Socialista”.
Que
la justicia coloque su grano de arena no es extraño. El día de la audiencia que
definiría el ir o no a juicio, 4 largos meses después de la audiencia de
presentación, resultan conminados por la juez a declararse culpables, cosa que
rechazan. Al día siguiente se libra la boleta para su encarcelamiento en el
penal de Tocuyito, el apagón nacional de ese día no impide el apresuramiento en
conseguirla, sí lo hace con el acta definitiva que permita a la defensa la
apelación. El juicio, que debiera darse en un plazo definido, dependerá de
cuándo al juez le convenga hacerlo.
La
moral burguesa indicaría hacerse los indiferentes con los trabajadores presos.
La moral de la clase trabajadora sabe que, aún y habiendo claudicado ante el
patrono, es aberrante que paguen con la cárcel porque fue el Estado quien les
negó el derecho a la organización sindical y a la par los conminó a entregarse
al patrono para que éste fuese quien los extorsionara.
Los
trabajadores de CIVETCHI, ahora presos en Tocuyito, requieren de la mayor
solidaridad que se les pueda brindar para conseguirles su libertad. Una campaña
nacional que vuelque a la opinión pública la realidad de los hechos es
imprescindible acometerla. Llamamos a todas los colectivos sociales, organizaciones
políticas y de derechos humanos, medios comunitarios y alternativos, a difundir
este comunicado o cualquier otro que en la medida de esta campaña solidaria con
los trabajadores presos de CIVETCHI salga a la luz pública.
Opción Obrera
12/09/2013
Opción Obrera
12/09/2013
