El impeachment es un golpe de Estado

El impeachment es un golpe de Estado

A esta altura no puede caber ninguna duda que detrás del llamado impeachment brasilero se esconde un golpe de estado para ungir en el poder a una alianza conformada por una fracción que hasta no hace tanto operó como aliada del gobierno de Dilma Rousseff, junto a sectores opositores tradicionales. El vicepresidente de la Nación, Michel Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, han operado a la luz pública para reunir los votos necesarios que requiere el inicio del juicio político. Aunque Dilma seguirá en el gobierno hasta que el Senado por mayoría simple confirme la votación de Diputados, la suerte parece estar echada. Una vez que esto ocurra –será en unos 15 días- el vicepresidente Temer ascenderá a la presidencia de la República.

La votación en Diputados presentó un espectáculo simplemente circense. Como relató por twitter un cronista de TN presente en el lugar, de los 513 diputados sólo 100 podrían mostrar un legajo no manchado por la corrupción; a 10 de ellos les cabe directamente la calificación de asesinos. Esto explica que el pedido de juicio político contra la presidenta se base en denuncias sobre las llamadas “"pedaleadas", es decir el maquillaje de la cuentas públicas y la creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso para esconder el déficit. Se trata de una práctica común, a la cual también recurrió en el pasado el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, quien a pesar de ello se encontró entre los principales promotores del impeachment.

Aunque pueda resultar llamativo, no figuraron entre los cargos contra Dilma las denuncias de corrupción que envuelven a Petrobras y a su red de contratistas y constructoras. La omisión tiene una explicación: los diputados que votaron el impeachment cargan sobre sus espaldas con denuncias comprobadas sobre estos hechos. La lista la encabezan el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha, que se encuentra en rebeldía con la Justicia al no presentarse amparándose en los fueros, e incluso alcanzan hasta el vicepresidente Temer. Existen fundadas razones para aseverar que la premura para votar el impeachment responde al interés de asegurar su propia impunidad.

El volumen de la votación favorable al impeachment superó todos los pronósticos. Los 367 votos superaron con creces los 342 (dos tercios) necesarios para aprobar la moción. Los medios de prensa difundieron que los diputados que estaban en duda se volcaron a favor del juicio político debido a la presión ejercida por empresarios poderosos. Es que la clase capitalista brasileña trabajó abiertamente a favor del impeachment. Un dato decisivo fue el pasaje al campo del golpismo de la burguesía industrial de San Pablo, otrora una base social del gobierno del PT, que está siendo arrasada por la competencia de China, especialmente en el campo de las grandes siderúrgicas.

A pesar de que el golpe en marcha pretende enarbolar las banderas de la lucha contra la corrupción, la clase capitalista lo apoya para luego frenar los procesos que alcanzan a innumerable cantidad de grandes empresarios. El principal de todos, Odebrecht, actualmente en prisión, se ha sumado a la llamada “delación premiada” para reducir su pena y blindar a la empresa de las consecuencias patrimoniales que traerá la revelación de las coimas pagadas. La función de un gobierno de Temer será frenar estas investigaciones, que ponen en jaque al régimen político brasileño y a la propia clase capitalista.

La derrota parlamentaria de Dilma es la expresión política de la bancarrota económica en la que se encuentra Brasil. La deuda pública alcanza el billón de dólares, lo que equivale al 80% del PBI. La deuda privada ronda los U$s 300.000 millones. La otrora joya del capitalismo brasilero, Petrobras, concentra una deuda de U$s 150.000 millones, en momentos en que su capital accionario se redujo en un 80% -U$s 10.000 millones en el último trimestre del año pasado. La alternativa de recurrir al rescate de China puso en alarma a la burguesía paulista, que ve el peligro de su propia liquidación. Para esta “burguesía nacional” la salida pasa por la entrega de Petrobras al capital internacional. El gobierno de Dilma dio pasos en ese sentido, al autorizar las concesiones de los yacimientos pre-sal, eliminando la exclusividad que tenía Pretrobras para explotarlos. Pero se trató de una medida tardía y a medias. El objetivo de los golpistas es pasar directamente a un sistema de concesiones a los monopolios privados internacionales, y desarmar la red de contratistas con la que el PT quiso “reconstruir la burguesía nacional” –el mismo planteo de Kirchner para crear el emporio de los Lázaro Báez y cía.

Junto con esta lucha despiadada por la propiedad y los negocios, la clase capitalista reclama un ajuste brutal contra los trabajadores. Está en juego una contra-reforma laboral, decenas de miles de despidos y un ajuste del gasto social estimado en U$s 40.000 millones de dólares. Todas las previsiones hablan de una nueva caída del PBI para este año y el siguiente, como consecuencia de la fuga de capitales, el retroceso del precio del petróleo, el derrumbe del consumo apalancado por el crédito, y una crisis bancaria en ciernes.

Mediante el impeachment, la burguesía y el imperialismo quieren instalar un gobierno de ajuste directo contra los trabajadores, pero nada indica que estén reunidas las condiciones políticas para ello. Un gobierno de Temer y Cunha, acosado por denuncias de corrupción en su contra, deberá probar su capacidad de derrotar a la principal clase obrera de América Latina. Las encuestas de opinión muestran el elevadísimo repudio que todos los partidos políticos tienen en el conjunto de la población.

La derrota sufrida por el PT en la Cámara de Diputados mostró que durante 4 mandatos consecutivos operó mediante un cogobierno con fuerzas de derecha y descompuestas, empezando por el partido más corrupto de Brasil, el PMDB. Que no haya podido reunir el tercio de votos necesarios para impedir el impeachment es una muestra categórica de este cogobierno. Quienes en el pasado le reclamaban al Partido Obrero y a la izquierda argentina que sigan el ejemplo de “construcción de poder” del PT ahora deberán hacer un balance de fondo. La corruptela generalizada con empresas como Odebrecht, y las alianzas con los Temer y Cunha, han conducido a una derrota bochornosa al Partido de los Trabajadores de Brasil.

Macri podrá festejar el resultado de la votación en el Congreso de Brasil. Es sabido que en la reciente visita de Obama, el tema ocupó el primer lugar de la agenda. Pero no debe festejar por anticipado. La bancarrota económica y política de Brasil responde a una quiebra capitalista internacional que envuelve también a la Argentina. Brasil expresa no solamente la declinación bochornosa del PT, sino a una crisis de régimen que envuelve al conjunto de sus partidos y a su organización. Pero ni los trabajadores de brasileños ni los argentinos han dicho su última palabra. Lo más importante aún está por venir.

Congreso de Trabajadores

La izquierda brasileña no ha jugado un rol político independiente en la crisis, oscilando entre una disolución en el PT y el planteo de nuevas elecciones (PSTU, Luciana Genro) levantado por sectores de la oposición. Este planteo, inclusive, podría ser recogido por el PT en caso de una asunción de Temer. No implica ningún avance en la conciencia de los explotados.

Planteamos un Congreso de los Trabajadores, electos en lugares de trabajo y en asambleas, que discuta una salida para el país, y para que la clase obrera emerja como factor político independiente.

Gabriel Solano Partido Obrero Argentina

Brasil: Ante el golpe inminente

LA CRISIS DEL GIGANTE SUDAMERICANO
Brasil: Ante el golpe inminente

Desenmascarar la trama golpista de las denuncias judiciales es la primera tarea que impone la situación brasileña. Sin la denuncia vigorosa del golpismo, no puede siquiera arrancar una política de clase en la situación actual en Brasil. La segunda es señalar que la corrupción y descomposición del gobierno de Rousseff y del PT es la consecuencia de una política al servicio de los grandes capitales, de las alianzas contrarrevolucionarias con los partidos decrépitos de la burguesía nativa, y del carrerismo inevitable que entraña toda política de izquierda que se desarrolle a la sombra del régimen político burgués y del capitalismo.

Una forma de poner en contexto la crisis política en Brasil es destacar que sería el tercer golpe parlamentario que se consuma en América Latina desde 2010. La técnica del golpe de estado no es privativa de los militares. El primero fue el derrocamiento de Zelaya, en Honduras, para desbaratar un acercamiento al bloque bolivariano. El segundo fue el del paraguayo Lugo. El infortunio de Zelaya fue seguido por una prolongada crisis internacional, cuyo epicentro fue, en determinado momento, la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que alojó a Zelaya y fue enseguida cercada por las fuerzas armadas hondureñas. Lo de Lugo fue más modesto; una queja diplomática de Argentina, Brasil y Venezuela desde la ciudad de Córdoba. La secuela de la caída de Lugo fue un boom de la economía paraguaya, impulsado por capitales sojeros de Brasil y de Argentina, sin que la minera Río Tinto alcanzara su objetivo de apoderarse del excedente de electricidad de Paraguay para instalar su explotación de aluminio – otro de los objetivos del golpe institucional (sic). La destitución de Dilma Roussef, a partir de un juicio político, no levanta olas, sin embargo, en el ámbito de la diplomacia regional; a lo sumo, una suerte de denuncia de Evo Morales y de Rafael Correa. Si se agrega el caso de un activo protagonista en la política latinoamericana, Irán, el cambio de tendencia política no podría ser más completo: el nacionalista Amadineijad y su guardia republicana dieron paso a una administración ‘reformista’, que se abocó de inmediato a cerrar el acuerdo nuclear que le exigía la Otan, con el apoyo de Rusia y China. Para cerrar, Macri se hizo cargo del gobierno de Argentina. Obama celebra su exitosa ‘muñeca’ internacional con un paseo por Cuba y Argentina, aunque todavía tiene pendiente el cambio de régimen en Venezuela. Todo esto, sin embargo, podría convertirse en un bumerán para este primer presidente de color de Estados Unidos si Donald Trump acabara derrotando a Hillary Clinton en noviembre próximo. No sería un golpe parlamentario, pero sí un golpe electoral.

Es hora, entonces, para que la izquierda revolucionaria convoque a una conferencia latinoamericana para tomar la iniciativa frente a este proceso político con una posición homogénea. De otro modo quedaría a merced de los acontecimientos, cuando en realidad la enormidad de la crisis en curso le ofrece una oportunidad política excepcional. Esta iniciativa en el campo de la lucha de masas debería manifestarse también en el ámbito parlamentario.

Política y Petróleo

Otra forma de poner en contexto la crisis política en Brasil es simplemente informar que el Senado brasileño deberá votar, próximamente, dos mociones acerca del régimen de explotación petrolera, que no casualmente en un fruto directo de la crisis de Petrobras y del llamado “petrolao” o “lava jato”. Una de las mociones es retirar la obligación de Petrobras de presentarse a todas las licitaciones para la explotación de la plataforma marítima pre-sal. La otra va más allá: sustituir por completo el régimen de participación con Petrobrás por el retorno al sistema de concesiones – el cual permite anotar las reservas comprobadas de petróleo en el patrimonio de las empresas beneficiarias. La razón por la cual un sistema aceitado de coimas que data de los 90 salte ahora y que entre los golpistas se encuentren en masa corruptos notorios y denunciados, es precisamente ese: rematar el capital petrolero acumulado por Petrobrás, una empresa mixta entre el Estado brasileño y las bolsas de Sao Paulo y Nueva York. La votación en el Senado pone fin a la tentativa pseudo industrialista del gobierno brasileño entre Petrobrás y las grandes constructoras y compañías de ingeniería de Brasil. El gobierno de Dilma Roussef se ha adelantado a este vaciamiento petrolero con la venta de activos y un programa de desinversión, para hacer frente a una deuda dolarizada de 250 mil millones – diez veces mayor que su capital bursátil. Este fracaso se pone de manifiesto igualmente en el campo de la minería, donde la primera productora mundial de mineral de hierro, Vale do Rio Doce, obstruyó todos los proyectos para industrializar la materia prima en el país, y ahora se hunde bajo el peso de la caída del precio internacional del mineral y una fenomenal acumulación de deudas.

Detrás de las pretensiones judiciales de castigar la corrupción, está presente el derrumbe industrial de Brasil y la disputa por los despojos de sus industrias más significativas – públicas y privadas. En el marco de la crisis en el mercado petrolero internacional, un retiro de Petrobrás sería funcional a un reacomodamiento de precios a favor de los principales monopolios petroleros y el ‘shale oil/gas’ norteamericano. Es necesaria una caracterización materialista de la crisis, para despojarla de sus vendas y falsificaciones jurídicas. Después de todo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil no nació ayer.

Etapa política y gobiernos de recambio

Un tercer contexto fundamental de la crisis en curso, es el golpismo declarado de las corporaciones patronales más influyentes, en primer lugar la Federaçao de Industrias de Sao Paulo, Fiesp – aunque otras, como la Confederaçao Nacional de Industrias, siguen tibiamente en el campo oficial. Es que la crisis de la industria es enorme: ha perdido peso en el PBI y su poderoso sector siderúrgico registra pérdidas crecientes. El capital acerero exige poner fin a la competencia de China, de la cual dependen, sin embargo, los exportadores de materias primas agrícolas y mineras. La industria brasileña reclama un rescate financiero en gran escala – sea del Estado como del capital financiero internacional. Necesita, entonces, pasar de un régimen político de contención y domesticación de los trabajadores, por medio de la cooptación de las direcciones de las organizaciones populares, a un régimen político de franca ofensiva. Para eso necesita un ajuste violento del déficit fiscal, en primer lugar mediante un fuerte recorte del sistema previsional. El golpismo de la gran industria brasileña deja a la luz el anacronismo político del régimen que la sirvió espléndidamente durante cerca de una década. El alineamiento contundente de la burguesía nativa con un golpe, convierte a la salida de Roussef en irreversible, porque la derrota del golpismo, en semejantes condiciones, sólo podría conseguirse mediante un ataque a fondo a la propiedad privada del gran capital que opera en Brasil.

En toda América Latina se manifiesta el tránsito entre gobiernos de contención de las masas a gobiernos cuyo propósito es desarrollar una iniciativa directa contra ellas. Los recursos políticos y económicos para conseguir el éxito de este tránsito, sin embargo no existen; ni ayuda la crisis mundial ni existe una desmoralización popular que lo haga factible. Por eso, como se ve en Brasil y también en Argentina, ese tránsito podría enfrentar situaciones pre-revolucionarias.

La denuncia indiscriminada de coimas es una expresión irrefutable de la caducidad del régimen político vigente, una coalición entre el PT y partidos patronales y derechistas, que no podía operar sin un sistema generalizado de prebendas. Bajo el gobierno de Lula fue a la cárcel su jefe de gabinete, Jose Dirceu, el mandamás del PT, que repartía sueldos adicionales (mensalao) a los legisladores, para conseguir el pasaje de proyectos de ley. El ‘lava jato’ ha dejado al desnudo un sistema extraordinario de coimas repartidas desde el gobierno petista-pemedebista. Este era el carácter “do governo popular”, que desde toda la vida impulsó el stalinismo y la izquierda democratizante. No es la primera vez que tomará su propia medicina: lo liquidan sus aliados (el parlamento del Frente Popular, en Francia, expulsó en 1939 al PC de su ámbito y entregó el gobierno al fascista Pétain). Entre las masas obreras y empobrecidas del país, el desprestigio del PT es irreversible: a la hora de convocar a una manifestación de apoyo al gobierno, el PT y sus cooptados (Cut, Mst, etc) solamente logró reunir la tercera parte de lo que junto el golpismo.

Suma cero

La designación de Lula como Jefe de Gabinete es, antes que nada, un acta de renuncia de la presidenta formal, Dilma Roussef: si Lula fracasa no hará falta siquiera un juicio político. Pero Lula no tiene ninguna posibilidad de salida mediante un apaciguamiento del golpismo, como lo insinuaría el nombramiento del ex Banco de Boston, Henrique Mireilles, para presidir el Banco Central, como ya lo había hecho en 2003, por exigencia del Citibank. La crisis marcha con mucha rapidez. El único sentido de la designación sería llamar a la intervención popular, incluida la huelga general. No hay el menor indicio de una orientación semejante. Para gran parte de la opinión popular, Lula busca en el gobierno un refugio contra la arremetida judicial. En lugar de rechazar en forma unilateral la injerencia del poder Judicial para evitar su asunción, lo ha legitimado mediante sucesivas apelaciones. De este modo ha debutado colocando el poder en manos de la Corte Suprema.
¿Adónde va Brasil? El reemplazo de la Presidenta por su vice, el pemedebista Michel Temer, debería llevar a nuevas elecciones, que podrían tener lugar en octubre, junto con las municipales. Temer no tiene otra capacidad que pilotear los Juegos Olímpicos, y probablemente tampoco eso. La destitución de ambos, por una denuncia de corrupción en la campaña electoral de 2014, desencadenaría la inmediata convocatoria electoral. Existe una distante probabilidad de que la Corte Suprema dilate un dictamen sobre la designación de Lula. Este panorama inquieta a toda la prensa internacional, que caracteriza como “imprevisibles” las derivaciones de la presente crisis.

Una política de izquierda

Desenmascarar la trama golpista de las denuncias judiciales es la primera tarea que impone la situación brasileña. Sin la denuncia vigorosa del golpismo, no puede siquiera arrancar una política de clase en la situación actual en Brasil. La segunda es señalar que la corrupción y descomposición del gobierno de Roussef y del PT es la consecuencia de una política al servicio de los grandes capitales, de las alianzas contrarrevolucionarias con los partidos decrépitos de la burguesía nativa, y del carrerismo inevitable que entraña toda política de izquierda que se desarrolle a la sombra del régimen político burgués y del capitalismo. Sin esta diferenciación es imposible ofrecer una política para las masas trabajadoras. Con estos planteos y un programa de reivindicaciones urgentes, es necesario impulsar un Congreso de Trabajadores y de la Izquierda, con la perspectiva de un gobierno de trabajadores

Jorge Altamira Partido Obrero Argentina

Brasil: EL FINAL LAMENTABLE Y VERGONZOSO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

EL FINAL LAMENTABLE Y VERGONZOSO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
Por un congreso de bases del movimiento obrero

El PT surgió en el escenario político de Brasil como consecuencia de la descomposición del régimen militar que había sido establecido en 1964 y como consecuencia de un fuerte desarrollo de la clase obrera. Este desenvolvimiento fue acompañado por la emergencia de numerosos sindicatos independientes y la creación de la Central Única de Trabajadores. Constituyó, por todo esto, la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina en décadas, incluso con la fuerte traba potencial que implicaba el establecimiento de una dirección política constituida por una burocracia sindical en formación aliada a una pequeña burguesía que se estaba reconvirtiendo del stalinismo y del castrismo.

La llegada del PT al gobierno fue del todo singular. Aunque había atravesado un ‘periodo de prueba’ en la gestión de gobernaciones y municipios, el PT se vio obligado a adoptar un procedimiento excepcional para ser aceptado como partido de gobierno. El propio Lula se encargó de advertir a los delegados del Congreso Nacional reunido a principios de 2002 que si deseaban ocupar el Palacio del Planalto en las elecciones de ese año, debían estar dispuestos a “tragarse sapos”. El primero fue, indudablemente, el requerimiento de la compañía, como candidato a vicepresidente, de un empresario textil, evangélico y fundador de un partido de la derecha brasileña. No fue, con todo, el sapo más grande. Cuando el presidente en funciones, Fernando Henrique Cardoso, reclamó el apoyo del FMI para hacer frente a la crisis económica enorme que había comenzado en 1999, el FMI puso como condición que el acuerdo fuera firmado por los partidos que competían en la elección. Lula aceptó con entusiasmo esta extorsión, ofreciendo el primer caso de un partido que sustituía su programa por un programa confeccionado por la principal institución del capital financiero internacional. Para ser rigurosos es necesario destacar, sin embargo, que esta línea de tragarse sapos venía de antes: el hecho más importante es la paz social que había firmado Lula con los terratenientes y el capital sojero de Brasil, en un país donde la cuestión agraria es conocidamente explosiva.

Ya en el gobierno el PT dio varios pasos adicionales. El primero, enseguida de asumir, fue la firma, por parte de Lula y el presidente del Citibank, de un pacto financiero para que la banca norteamericana levantara el bloqueo a los créditos destinados a financiar la exportación de Brasil – u$s12 mil millones de aquellos años (Lo explica William Rhodes en el Financial Times del 24.6.04). De inmediato, designó para presidir el Banco Central a un altísimo funcionario del Bank of Boston, Henrique Mireilles. El gabinete apuntado para la gestión incorporó a ministros designados por el PMDB, así como a numerosísimos funcionarios en distintas reparticiones del Estado. El PMDB no solamente es el mayor partido de la burguesía brasileña sino también una criatura sobreviviente de la dictadura militar. Es también la agrupación más corrompida (“fisiológica”, en la “giria” local) de la política brasileña. Aunque la prensa y la opinión pública hablaran del “gobierno del PT”, no era el caso obviamente: era un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha del país. El programa anti-obrero que aplicó enseguida provocó la escisión de un número importante de legisladores y la formación del Psol, una coalición de agrupaciones que se había ‘tragado todos los sapos’ precedentes.

En este cuadro estalla el primer gran episodio de corrupción: el llamado “mensalao”, por el cual se utilizaba dinero público para conseguir los votos de la bancada del PMDB, en casos no necesariamente controvertidos, para aprobar los proyectos del gobierno; el lubricante de la coalición con la burguesía era la corruptela. No obstante esto, quienes hoy aseguran que la corrupción es común a la derecha como a la izquierda, en aquellos momentos saludaba el ‘liderazgo’ de Lula y la supuesta elevación de la misérrima población brasileña a la categoría de “clase media C”. El mensalao produjo las primeras bajas en el gobierno, cuando la Justicia condenó al N°2 del PT, Jose Dirceu, un ex guerrillero castrista devenido en un ‘realpolitiker’ del capitalismo. Lo instructivo de todo esto, si se lo puede llamar así, es que la corrupción se instaló en el nuevo gobierno desde el principio, como un mecanismo que habilitaba el funcionamiento de un régimen de coalición con la burguesía nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora aparecen comprometer la continuidad del gobierno de Dilma Roussef. El mecanismo del poder se ha puesto en reversa: los votos del PMDB se han convertido ahora en árbitros de un juicio político contra la Presidenta – que, por otra parte, tampoco es oriunda del PT sino del PDT, un partido nacionalista que había quedado confinado al estado de Rio Grande do Sul.

Petrobrás, Oderbrecht, Eike Batista

Como lo admite con descaro toda la prensa, las coimas de Petrobrás vienen de lejos; afecta al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (un ex izquierdista y famoso intelectual convertido en agente del Departamento de Estado de EEUU) y al padre del actual presidente de la constructora y empresa de ingeniería Oderbrecht. El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional.

Los gobiernos ‘petistas’ habían convertido a Petrobrás y a las constructoras (y también a la minera Vale) en el pivote de un desarrollo industrial de Brasil. La explotación de los yacimientos pre-sal mediante enormes inversiones y el monopolio operativo de Petrobras pretendía desarrollar una periferia industrial relevante, sea de servicios tecnológicos como de refinerías y producciones derivadas del petróleo. Este plan entró rápidamente en conflicto tanto con las petroleras internacionales, que reclamaban licitaciones abiertas de explotación, como con los accionistas internacionales de Petrobrás, que cuestionaban la rentabilidad de las inversiones así como el recorte de los dividendos en beneficio de las inversiones. Es así que a medida que la actividad de Petrobrás crecía, su cotización en la Bolsa de Nueva York caía; hoy, en el pozo de la crisis, es un 80% inferior a su punto más alto. En el marco de este plan, el gobierno de Lula intentó crear una burguesía petrolera nacional, mediante fuertes concesiones y apoyos financieros a un aventurero, Eike Batista, el cual se lanzó a un incesante acaparamiento de empresas mediante deudas. La primera señal del derrumbe que se desarrolla en la actualidad fue la declaración de quiebra de Batista y toda su red de empresas, agobiado por un endeudamiento que no podía renovar ante los síntomas de crisis en el mercado petrolero internacional. La revelación pública de las coimas de Petrobrás interviene cuando la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo invalida la tentativa industrializadora, ya que priva a la petrolera de capacidad de inversión. Petrobrás ha comenzado a malvender activos en gran escala, por un lado para pagar deudas, pero también para asegurar la continuidad de sus proyectos más relevantes. En Nueva York, los accionistas de Petrobrás reclaman un resarcimiento por el dinero sustraído a las utilidades por las coimas. Hace tres semanas, Dilma dio el paso más duro: eliminó el monopolio de Petrobras como operadora de los yacimientos pre-sal – la principal exigencia del capital financiero internacional y ¡de las bancadas aliadas del PT! La Presidenta asegura que no va a renunciar, bajo ninguna circunstancia, pero ya ha renunciado a los objetivos básicos de su gobierno.

Las constructoras brasileñas se encuentran entre las más importantes del planeta. Lula ha sido su principal lobbysta en el país y en el exterior. Coimeado o no, su rol como líder obrero ha quedado completamente desnaturalizado – es un gerente de las firmas capitalistas. Oedrbrecht, Andrada Gutierrez, Camargo Correa y otras, no solamente se beneficiaron de los contratos de obras de Petrobrás, por los cuales han pagado coimas a diestra y siniestra. Gran parte de la política exterior de Brasil se atuvo a los intereses de ellas. Lula se adelantó a Obama en la obtención de concesiones en Cuba para las constructoras brasileñas – lo cual lo convierte en un ariete de la privatización de empresas en Cuba y de la ruptura del monopolio del comercio exterior de la Isla. Lo mismo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o El Salvador, que tienen en común su condición bolivariana. El cabo electoral de Lula, Joao Santana (que también lo fue de De la Sota y Duhalde), organizó las campaña electorales en esos países en función de los intereses de Brasil. Brasil dirigió la campaña electoral de Ollanta Humala, el cual se había comprometido a otorgar la concesión de las construcciones de rutas y oleoductos hacia el Pacífico a Oderbrecht. La corrupción social y política de la dirección y el aparato del PT es considerablemente mayor que la que deriva de las coimas que le son imputadas. Es lo que simplemente olvidan quienes salen a defender a una organización que es políticamente para los trabajadores. La camarilla petista ha trabajado con dedicación para destruir la condición clasista de la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. En las elecciones para elegir la representación obrera en el Consejo de Petrobrás, hace tres semanas, el sindicato de la CUT fue derrotado por una improvisada lista independiente. Los obreros de la petrolera perciben que el gobierno de Roussef está destruyendo a Petrobrás y cediendo a la presión financiera internacional, con el único pretexto de salvar su propio pellejo. El potencial de derrumbe económico que encierra el desmantelamiento de Petrobras y de las propias constructoras, podría llevar a Brasil rápidamente a una situación pre-revolucionaria.

El Golpe

La destitución de Dilma Roussef es reclamada por todos los sectores capitalistas que han chocado con el gobierno en los últimos años. No han conseguido todavía reunir, sin embargo, una mayoría parlamentaria para proceder al juicio político de la Presidenta, porque las consecuencias serían muy graves para otros intereses tanto o más poderosos. Una gran parte de los destituyentes parlamentarios enfrentan procesos de corrupción a igual título que los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PT. En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria, y de los planes de ajuste que aplicaría un nuevo gobierno. Los ajustes petistas ya han producido casi dos millones de despidos o suspensiones. Puede sorprender que la burguesía industrial de Sao Paulo sea abiertamente golpista, en contraste con el silencio relativo del capital sojero – el cual está recibiendo los beneficios de una gran devaluación de la moneda, el real. Ocurre que esta burguesía industrial ha sido marginada de las tentativas de industrialización de Lula, porque quedó expuesta a la competencia demoledora de China – una gran aliada de Petrobrás y las constructoras. Las grandes acerías brasileñas encabezan la campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China. La burguesía paulista reclama la sanción de una “ley compasiva”, que blinde el capital de las empresas de los perjuicios que ocasionen los ejecutivos de ellas (Ámbito, 10.3). De lo contrario, arguyen, podría venirse abajo el patrimonio de numerosas compañías. El paso siguiente sería la absolución o la disminución de penas por parte de los tribunales de apelaciones o la Corte Suprema.

La charlatanería característica en estos casos, atribuye a la independencia de la Justicia el conocimiento y la sanción de la corrupción. Es Justicia, en realidad, está sustituyendo la aportación de pruebas materiales de los delitos por un sistema de coacción penal que ofrece rebaja de penas y arrestos domiciliarios a quienes confiesen responsabilidades y delaten a supuestos cómplices. Semejante procedimiento sería fácilmente cuestionado en una apelación, incluyendo un cambio en la opinión de los nuevos jueces. La Justicia es un poder del Estado, que en ningún caso irá contra el poder de ese Estado. Mauricio Oderbrecht, el presidente del conglomerado, ha dicho que apelará su condena a 19 años, porque el expediente abundaría en delaciones y estaría carente de pruebas. La llamada “ley del arrepentido” otorga poderes discrecionales a jueces, investigadores y policías contra los derechos ciudadanos.

No se puede dejar fuera de foco la implicancia internacional que tendría un desplazamiento del gobierno de Dilma. Aceleraría el proceso para poner fin al gobierno de Maduro, en especial por el impacto que tendría en las fuerzas armadas de Venezuela un ‘golpe blanco’ en Brasil. En Uruguay, se está desarrollando en torno a acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Ancap, un proceso similar al de Brasil. Por último, sería un espaldarazo al gobierno ‘buitre’ de Macri. La desvalorización enorme que ha sufrido la Bolsa de Sao Paulo es un bocado de cardenal para los bancos y fondos de cobertura internacionales; Brasil se vería obligada también a renegociar la deuda pública. El aguijón de la crisis lo constituye, sin sombra de duda, la voracidad del capital internacional para lograr un nuevo reparto de patrimonios y capitales en Brasil. La deuda externa de Brasil, pública (80% del PBI) y privada (70% del PBI) es de u$s3 billones.

Crisis en el movimiento obrero

El domingo 13 está previsto lo que sería una gran manifestación a favor del juicio político para destituir a Dilma. La dirección del PMDB se encuentra atenta a los resultados para determinar si se retira del gobierno e inviabiliza de este modo la gestión de Roussef, y lograr una renuncia que evite el ‘impeachment’. No existe ninguna posibilidad, sin embargo, de que estas manifestaciones atraigan a la masa del pueblo pobre y trabajador, que conoce bien a sus inspiradores. No sería, sin embargo, la primera vez que cae un gobierno por presión de un movimiento civil minoritario. Es significativo que a los organismos convocantes les importe poco que el encargado del juicio político a la Presidenta sea el Congreso más corrompido de la historia brasileña.

Frente a la amenaza de golpe a cargo de un parlamento de corruptos, el PT se encuentra ‘groggy’, debido a su complicidad evidente con el favoritismo a los conglomerados capitalistas y la corrupción, y como consecuencia de su complicidad con la política de despidos masivos que asola Brasil. La única oposición a la salida capitalista catastrófica a la crisis en curso, incluida la oposición a un golpe ‘blanco’, es la que puede partir de la clase obrera.

Por eso entendemos que lo que se encuentra a la orden del día es el llamado a un congreso de trabajadores, electos en lugares de trabajo y en asambleas, para lanzar una movilización contra despidos y suspensiones, contra el desmantelamiento o privatización de empresas del Estado y contra cualquier salida golpista de parte de un Congreso de delincuentes políticos y económicos. La reivindicación de una Asamblea Constituyente no tendría otra implicancia que poner fin al gobierno de Dilma Roussef, lo cual, en el momento actual, potencia la agitación golpista. Solamente cuando la clase obrera haya reunido las condiciones mínimas de movilización para poder pelear por su propia salida a la crisis, esa reivindicación podría ser una herramienta de lucha. No es aceptable ninguna forma de frente único de hecho con la movilización golpista. La iniciativa de un Congreso obrero de delegados, que debería ser dirigida a todos los sindicatos y comisiones de fábrica de la CUT, podría ser adoptada conjuntamente por la central sindical combativa, Conlutas, y por la izquierda constituida por el Psol y el Pstu. Este congreso se convertiría en punto de polarización de los trabajadores en el caso de que prospere un ‘impeachment’ y con él una situación de mayor crisis económica y política. Brasil vive una circunstancia singular donde gobierno y golpistas rivalizan en el tamaño de su debilidad política y la carencia de apoyo político propio.

Jorge Altamira
Partido Obrero Argentina

¡Un Presidente Obrero, que Gobierna para la Burguesía!

Prensa Opción Obrera 26 Agosto - Septiembre

¡Un Presidente Obrero, que Gobierna para la Burguesía!

No se puede negar que el presidente Nicolás Maduro viene de las filas del sector obrero, que ha participado en las luchas del movimiento popular. La discusión que se debe plantear en estos momentos es si su programa de gobierno y sus acciones se enmarcan dentro de la defensa de los intereses de la clase de donde proviene y de las grandes mayorías. Pongamos algunos ejemplos y comparémoslos con la situación venezolana.

Luis Ignacio Lula Da Silva, dirigente sindical de uno de los sindicatos más fuerte en Brasil (sindicato de los trabajadores metalúrgicos), luego que el pueblo y los trabajadores lo llevaron al poder, su gobierno lo dedicó única y exclusivamente a recomponer y fortalecer al quebrado sistema capitalista burgués, que hundió en la pobreza y la miseria a más de 42 millones de brasileros y brasileras que cifraron su fe en Lula por éste venir del sector de los explotados y empobrecidos de ese país. Es decir que Lula, a pesar de venir del sector explotado y oprimido, a pesar de venir de un partido que se hace llamar de los trabajadores, terminó gobernando para los ricos.

Una gran cantidad de latinos, afro descendientes y ciudadanos norteamericanos, llevaron a Barak Obama en primera instancia porque creyeron que por ser un afro descendiente, gobernaría y le solucionaría sus principales problemas; es decir que votaron por Obama por su color, pero no tomaron en cuenta que representa (igual que cualquier blanquito de ojos verdes o azules) los intereses de la ultraderecha fascista, imperialista e intervencionista de los Estados Unidos.

Tomamos como punto de referencia estos dos ejemplos, con el objetivo de demostrar que no importa la raza, ni el sector social de donde venga un presidente o presidenta de un país, sino los intereses que estos representen, en el caso de Lula y Obama, ambos representan los intereses económicos de los oligarquías de sus países. Estos comentarios obedecen a que Nicolás Maduro dice ser un presidente obrero; como encargado del gobierno por la enfermedad de Chavez la primera medida que tomó fue devaluar el bolívar, como presidente electo se niega a discutir las contrataciones colectivas de todos los trabajadores de la administración pública, mientras los patronos y comerciantes hacen de las suyas violentándole los derechos a sus trabajadores. Las inspectorías y los tribunales del trabajo, se hunden en la inoperancia atiborrados de cientos de demandas de los trabajadores, sin tener repuestas de las mismas. La situación económica y el proceso de retroceso en el que se enmarca el país, es la mejor demostración de que NO nos gobierna un obrero, y que el sistema social sigue siendo capitalista. La actuación del gobierno, acompañada de la corrupción campante, nos pone en peligro de que se monte en el poder la derecha fascista, venga de donde venga, para terminar de concluir la farsa.

Para contrarrestar estas posibilidades, lograr avanzar y construir el verdadero poder obrero, hay que evitar que la derecha de Capriles y su mesa de la unidad o la derecha en el gobierno, más tarde se den la mano y descarguen su poder en contra de los pocos derechos que todavía mantenemos.

Ante un gobierno antiobrero, que le está poniendo en bandeja de plata el gobierno a la ultraderecha y a los militares, hacemos un llamado a la organización y la movilización de los sectores populares y los trabajadores por un salario mínimo equivalente a la canasta básica familiar, y contra la desmejora o falta de servicios, contra la corrupción, la inflación, la escasez y inseguridad; somos el pueblo y los trabajadores los que tenemos la tarea y la obligación de no permitir que la ultraderecha de Capriles, ni la derecha populista desde el gobierno de Maduro, nos hundan en la miseria, el hambre  y el desempleo.

Héctor Parra

VENEZUELA, ¿NOS ESTAMOS VIENDO EN EL ESPEJO DE BRASIL?

VENEZUELA, ¿NOS ESTAMOS VIENDO EN EL ESPEJO DE BRASIL?

Manifestaciones en Brasil al 20/06 luego de
suspendido el tarifazo en el transporte público

Los sucesos en Brasil de las dos últimas semanas han servido para que tanto la izquierda como la derecha venezolana metan la cabeza en la arena como el avestruz. Quizás se solidaricen en parte por lo ocurrido pero lo esencial, para tirios y troyanos, es lo que a su entender se traduce como un sinsentido ante, según ellos, el extraordinario avance económico del gigante del sur en el continente. Quizás hasta coincidan por lo del aumento en $R 20 céntimos al transporte colectivo en Sao Paulo para que se dieran los reclamos ($R 3,20 equivalen a 1,50 dólares) con el añadido de una descomunal represión a la marcha de 50.000 paulistas el 13 de junio, sin embargo y luego de suspenderse el tarifazo por las alcaldías de las ciudades más importantes de Brasil, el reguero de movilizaciones y manifestaciones se extendió en decenas de ciudades, que sin haberse dado en principio el rechazo popular a algún tarifazo local, han preferido cortar por lo sano retirando también las suyas.

El signo que marca la actitud del avestruz cuando sólo se toman en cuenta las cifras macroeconómicas durante 10 años de gestión del PT con Lula y Dilma, conlleva a una actitud de cautela en nuestro país donde la situación económica reviste condiciones de crisis y el gobierno de Maduro busca por el mundo compromisos y reconocimientos tras la inestabilidad política luego de las elecciones del 14 de abril. La izquierda, como la derecha, saben que sus planes se pueden ir al traste por un hecho coyuntural como resultado de las acciones de  las masas. Por tanto, es esto lo que los hace ser casi indiferentes con la situación brasileña, pues estemos claros, ni es una revolución de colores alentada por el imperialismo yanqui como ya ha insinuado alguna “izquierda” comprometida con el chavismo, ni es un simple reclamo de la clase media brasileña afectada por los tarifazos. Es que, ni la derecha ni esa “izquierda”, asumirán lo que en realidad lo ha provocado son las consecuencias de la bancarrota mundial del capital y la crisis sistémica, universal e histórica de las relaciones sociales capitalistas que presenta los mayores desafíos para el presente y el futuro a la humanidad.

Los marxistas nos afianzamos en la crítica a la economía política para ofrecer alternativas en función de otras relaciones sociales donde se impida que el capital ejerza el poder político y económico. Si a causas vamos de lo que está pasando hoy en Brasil, esencialmente hay que insistir que lo que mantuvo a Lula en el poder no fue ningún milagro económico sino un salvataje de la Reserva Federal yanqui, al igual que lo hizo con México y Perú. El capital financiero, ficticio y por lo tanto sin soporte, soltado en el mercado internacional por la FED junto a tasas cercanas a cero para enfrentar el proceso de bancarrota del capital mundial declarado en 2007, a la par que países como Brasil lo captaban con tasas de interés muchísimo más mayores mientras la inflación se contenía en valores bajos, representa una visión muy actualizada del coloniaje imperial. Ese esquema representó que el real brasileño se revalorizara, pero sólo hasta el momento en que el negocio para el imperialismo yanqui le resultara.

Las cifras económicas brasileñas actualizadas han salido a relucir por cualquier ámbito, en particular las de los especialistas burgueses en esa materia como el Financial Times o The Economist, quienes muestran mucha preocupación por lo que está dejando de hacer Dilma en sus compromisos con los dueños del capital, que es ya bastante como se verá más adelante. El proceso devaluatorio del real brasileño representa una respuesta al temor internacional a que la FED limite el monto de dólares que ofrece cuasi gratis al mercado mundial, lo cual está elevando la tasa de interés en USA y provocando una reversión de la tendencia de los últimos años que era la de la inversión especulativa en materias primas y en mercados de deuda periféricos. La consecuencia es una depreciación del real (9% en tres meses este año) y una tendencia a la reversión en la subida de los precios de los “commodities”.

En septiembre del año pasado, después de tres meses y medio de conflicto, el gobierno de Dilma Roussef consiguió quebrar la huelga de los empleados públicos federales (más de 1,8 millones de trabajadores) mediante represión, descuentos salariales, amenazas de despidos y división del movimiento sindical. La “victoria” gubernamental tuvo el duro precio de “quemar” a sectores enteros de la burocracia sindical petista –en el caso de las universidades federales, prácticamente la destruyó–, además de abrir un foco (inédito en diez años) de choques entre esa burocracia y el gobierno. Toda la prensa, incluso la más derechista, apoyó al gobierno durante el conflicto, el cual paralizó al Estado –la Policía Federal llegó a desfilar en las calles con banderas que decían: “El tráfico (de drogas) está liberado”. La huelga de los estatales fue, por eso, apenas el prólogo de un episodio mayor de la lucha de clases.

Con la economía en picada –la caída de la actividad industrial fue de un 5,3% a junio de 2012, la cuarta caída consecutiva–, el gobierno repite la fórmula de concesiones impositivas al gran capital para evitar el colapso económico, con desgravámenes previstos para este año de 15.200 millones de reales, de los cuales casi la mitad –7.200 millones– corresponden a un nuevo 20% de rebaja en las cargas sociales de los salarios por parte de los patronos; además de proyectar financiamientos al sector privado –las llama “inversiones público-privadas”– del orden de 190.000 millones de reales para el año 2013. El gobierno proyectó un mazazo violento en el gasto público a ser decretado –“legislado”– a finales del año pasado, con ataques violentos a la salud pública, la legislación laboral y, principalmente, la previsión social.

Aparte de eso los casos de corrupción volvieron a la palestra con el mensalao. En ese marco, ha cobrado relevancia una crisis originada en 2005, la cual parecía superada. El caso del mensalao –un sistema de compra de votos parlamentarios durante el gobierno de Lula mediante financiamientos mafiosos offshore, envolviendo, en principio, 350 millones de reales en sobornos– está siendo (re)juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF) cuyos jueces fueron, casi en su totalidad, nombrados por Lula, quienes ahora se le están dando vuelta. Entre los reos están once ex diputados: tres del PT –incluyendo al entonces presidente de la Cámara, José Paulo Cunha, ya condenado– y ocho de otros partidos de la “base parlamentaria aliada”. Los votos comprados financiaron, entre otras cosas, la aprobación de las reformas previsional e impositiva antiobreras y antipopulares del gobierno “de los trabajadores”.

La misma prensa que celebra la decisión del STF sobre el mensalao también ha celebrado las cualidades reveladas de Dilma como “estadista”; o sea, la violencia con que enfrentó las huelgas, avanzó en las privatizaciones e hizo pasar leyes antiobreras, y hasta su dureza en el “Rosegate” (por Rosemary Noronha, amante pública de Lula, y su caída como coordinadora de la oficina de la Presidencia de la República en Sao Paulo). Pero en la antesala a las manifestaciones disparadas por un aumento de 0,20 reales a la tarifa del transporte público, a comienzos de año la economía del gigante con pies barro informaba de los siguientes derroteros: el PBI había crecido menos de 1% anual por ocho trimestres consecutivos; la “burbuja financiera” está hinchada por todos lados (el récord de la deuda pública federal, interna y externa); la deuda de los estados, en primer lugar la llamada “Grecia del Brasil”, Rio Grande do Sul (gobernado histórica y actualmente por el PT), que le debe a la Unión 215 por ciento de su renta líquida, seguido por Minas, Sao Paulo y Río (o sea, los cuatro estados más grandes del Brasil); la deuda privada de bancos, empresas y familias; la burbuja de la propiedad inmobiliaria (165% de valorización entre 2008 y 2012, contra 25% de inflación).

Para atajar el derrotero Dilma va en el sentido de defender a los dueños del capital: anunció la privatización de los aeropuertos, con fuertes subsidios estatales, en vísperas de la Copa 2014 y las Olimpíadas 2016. Ya comprimió los salarios de los estatales y los gastos sociales a su porcentaje más bajo (del PBI y del ingreso líquido del Estado) en dos décadas, abajo incluso que los de los gobiernos “neoliberales” anteriores al PT. El problema es que, como resumió el editorialista de Valor Económico (5/12/12): “el gobierno bajó las tasas de interés, desvalorizó el real, aumentó el gasto público (léase subsidios al capital), adoptó medidas para disminuir los costos de producción (desreguló la legislación laboral), redujo impuestos (al gran capital), abrió la concesión de servicios públicos al sector privado, intervino en algunos sectores, y la economía brasileña no reacciona. Las inversiones son negativas hace dos años y el PBI registra un promedio inferior al de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso”. En otras palabras, haga lo haga un gobierno "progresista" o nacionalista atado a los intereses del gran capital en plena época de su bancarrota mundial, a lo que terminará conduciendo es a la pauperización aún mayor de los explotados y del pueblo en general.

Mientras tanto, la izquierda nacionalista latinoamericana, y también la europea, continúan aferrados a las cifras de la bonanza económica de Brasil –que desapareció en los números hace ya dos años–, ilusionando a sus militantes y simpatizantes con la reforma "posible" del capitalismo porque si no se mete la derecha, aunque se les demuestre que ésta como se menciona más arriba, y el imperialismo, están metidos hasta los tuétanos en el "progresismo" de Lula y Dilma. Ante esto los jovenes y los estudiantes, los trabajadores que devengan un bastante recortado salario mínimo, los empleados públicos y el pueblo en general, lo que vieron fue la válvula de escape que los movilizara luego de la excesiva y "democrática" represión del 13 de junio por exigir que el aumento, que colocaba el transporte público como uno de los más caros del planeta, no fuese aplicado. Es que la mesa para ellos ya estaba servida: la desregulación de la legislación laboral, la evidente falta de inversión en salud y educación públicas, los políticos y sus corruptelas, el negocio para los capitalistas que se arropan con la FIFA y el COI con la Copa Confederación, el Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas del 2016.

Es la importancia que le debemos dar, por tanto, los venezolanos. Para la izquierda clasista e independiente su papel está en cómo ir a fondo con las masas, esencialmente al seno del movimiento obrero, con un plan de luchas unitarias que las organice a enfrentar lo que está a las puertas con los tarifazos como respuesta gubernamental para paliar lo insuficiente que le resultan los fondos para el gasto público y también para afrontar el pago religioso que viene haciendo, con un monto de 18.000 millones de dólares para este año, en deuda externa.

Las consecuencias de los efectos de la bancarrota mundial del capital las estamos viendo desde 2009 con aumentos del IVA de 9 a 12%, devaluaciones oficiales del bolívar en 2010 y 2011 y una inflación que resulta la cuarta más alta del planeta. Este año, además de lo evidente que le resulta al venezolano de a pie la escasez y la especulación producto del valor del dólar paralelo de más de 4,5 veces el oficial (a pesar de haber devaluado el gobierno bolivariano el valor del bolívar de 4,30 a 6,30 por dólar), la inflación anualizada a mayo llegó a casi el doble de la definitiva al cierre de 2012 (35,2% versus 20,1%) licuando el pírrico incremento de 20% al salario mínimo fijado a inicios de ese mes, y a pesar de todo el optimismo que el gobierno bolivariano muestra para resolver los entuertos de la crisis económica en curso, con alianzas con la burguesía criolla o extranjera; el endeudamiento de 8.000 millones de dólares a que se ha visto obligada PDVSA para afrontar su parte en las inversiones de desarrollo, retrasadas desde el año pasado, en la empresas mixtas de la Faja del Orinoco; y los convenios internacionales suscritos con los países del MERCOSUR y el ALBA, primero, e Italia, Francia y Portugal, después, para aumentar las importaciones que las continuará haciendo la burguesía del país en conjunto con las de aquellos; indica en mucho el contenido de clase sobre la que se está apoyando Maduro para continuar haciéndole pagar los platos rotos de la crisis a los trabajadores y al pueblo venezolano, salvando de su propia crisis a los capitalistas urbe et orbi.

La crisis, que está en pleno desarrollo, nos obliga. No afrontar el reto y se concretase la coyuntura para una revuelta venezolana sin un mínimo de organización de clase, coloca a las masas en la misma situación de 1989 con el agravante para ellas que ya el ejército está en las calles para demostrar su verdadera esencia, defenderle con las armas el Estado a los capitalistas. Brasil ha marcado un norte en el cómo se debe actuar. Basta ya de pedir, hay que arrancar con la movilización y la lucha que los capitalistas sean los que paguen por la crisis que sólo ellos han causado.