No al aumento del pasaje

PLATAFORMA DE LUCHA ARAGUA

SOBRE EL ESTADO DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y EL AUMENTO EN SUS TARIFAS POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE UNIDADES PRIVADAS

El consejo de usuarios del transporte y PLA repartiendo volantes en el terminal de pasajeros de Maracay

Las  poblaciones del estado Aragua se encuentra sometidas a la tiranía de un transporte colectivo que no cumple, con el servicio  que deberían prestar. El transporte colectivo es una concesión otorgada por el municipio que reviste  lucro para los dueños de busetas y buses agrupados en asociaciones civiles y cooperativas. Mientras por parte de los propietarios de los medios de transporte corre el mantenimiento de cada unidad, por parte de los  municipios, no hay control de su funcionamiento, periodicidad, paradas específicas y obligatorias, uniformidad e identificación adecuada en función de las necesidades de los usuarios, además de la mala calidad de las vías para su tránsito.

La concesión otorgada a la asociación civil o cooperativa escapa a cualquier contraloría municipal o social. Nadie es capaz de informar bajo qué condiciones y normas de funcionamiento el municipio le otorgó la concesión de transporte colectivo a una asociación civil o cooperativa de propietarios de unidades de transporte, menos por cuántos propietarios y unidades una ruta en particular está integrada, en qué horarios y si los choferes de las unidades son los propietarios de las mismas o sólo asalariados en relación de dependencia de un asociado con varias unidades en la ruta en cuestión o en cualquier otra de las rutas concesionadas.

No hay una mínima estadística asequible al público por ruta que incluya número de unidades, cantidad de vueltas completas que dan, tiempo estimado en hacerlo, lapsos del día por la que discurren, calificación según escala de las unidades y otras más para que los comités de usuarios puedan ejercer una contraloría efectiva sobre el servicio. El municipio, y los que se interconectan hacia la capital del estado, se han hecho los desinteresados en garantizar un transporte colectivo apto para los ciudadanos que hacen uso del mismo y se lavan las manos con la oferta pública del servicio fijando estrafalariamente una tarifa, o aun peor, dejándolo en manos del ejecutivo nacional con una tarifa única que evidentemente no puede ser igual para cada ruta.

En esencia el transporte colectivo es un servicio público que el municipio y las mancomunidades deben controlar. No podemos quedarnos entonces como meros usuarios del servicio público, está muy bien que queramos dirigir hacia los dueños de las unidades nuestra crítica por su voracidad por el lucro, pero si no entendemos que es el municipio quien no ha hecho su trabajo al permitirle a ellos su lenidad, entonces continuaremos permitiendo que una banda de burócratas se aprovechen de nuestros impuestos de la peor y más descarada manera.

Para el usuario del transporte colectivo el traslado es pésimo, salvo las contadas excepciones correspondientes al servicio de TransAragua dependiente de la gobernación del estado. La oferta no satisface la demanda de los usuarios y en particular en las horas pico, incluyendo los buses de TransAragua, y lo común es viajar apiñados en los pasillos o colgados en patente inseguridad en las puertas. Sumado a esto, el tema de las tarifas, el precio del pasaje, es el pan nuestro de cada día entre transportistas y pasajeros. La incapacidad de los municipio en poner orden con un servicio eficiente,  o a veces en manos del ejecutivo nacional la regulación de las tarifas terminan mermando aun más el poder adquisitivo de los trabajadores, y ofreciendo villas y castillos a los “transportistas” con suministros básicos subsidiados (cauchos y repuestos de cambio periódico), pero sin alterar la estructura anárquica de su funcionamiento en nuestras ciudades y recibir un buen servicio

Los choferes de las asociaciones civiles y cooperativas siempre anuncian la paralización del servicio público de transporte si no se les reconoce un incremento en el precio del pasaje. Esto es una estafa, por un lado está la indefensión de los usuarios y por el otro que siempre le funciona el enriquecimiento de las mafias del transporte, Por ahora, hay una demanda introducida contra ellos por un comité de usuarios del transporte colectivo en Maracay.

La Plataforma de Lucha Aragua hace un llamado a todos los usuarios del transporte colectivo para que se demande un buen servicio, que no solo es la tarifa, los municipios deben responder. Del mismo modo la Plataforma de Lucha Aragua exige a TransAragua a que aumente el número de rutas atendidas y ponga en circulación un número mayor de buses. También exigimos al ejecutivo nacional sobre  la fábrica de buses Youtong, que abra los libros   a las comunidades de todo el país, cual es la produccion hacia donde están destinados esas unidades, que su beneficio será para el pueblo y no para unas mafias privadas, de manera de incrementar el numero de los ensamblados tanto para el estado Aragua como para todo el país.

Las asociaciones de transportistas privados han insistido con parar sus unidades si no se les satisface la demanda por sus tarifas. Ya lo han hecho en las rutas que unen los municipios de Girardot (Maracay) y Mario Briceño Iragorri (El Limón – Caña de Azúcar – La Candelaria) en meses pasados. La alternativa expuesta por TransAragua allí y en otros municipios del estado resolvió la demanda de transporte por parte de los usuarios, sin embargo es notorio su insuficiencia en las horas pico. Detrás de los reclamos de los choferes privados hay claras intenciones de subvertir las precarias condiciones sociales exacerbadas por la crisis económica. En contra de nuevo aumentos, y un servicio pésimo alertamos del beneficio adicional a las mafias del transporte con subsidios en cauchos, baterías, consumibles y repuestos por parte del ejecutivo nacional, que además siempre terminan en apoyo del sector transporte a las bandas criminales de la derecha y sus guarimbas fascistas

Un transporte colectivo eficiente, sólo es posible si el municipio se encarga de garantizar las necesidades públicas de los usuarios en vez de hacerse el loco manteniendo la anarquía de los transportistas privados. Las ordenanzas municipales en materia de transporte público deben garantizar entre otras cosas:

Las paradas obligatorias específicas por ruta, y la readecuación de las rutas en razón de las necesidades de la comunidad.

La identificación clara de la ruta a la que pertenece la unidad.

La prohibición de la unidad de viajar con la puerta abierta, y la ventilación necesaria, que funcionen las ventanas.

El uso de colores específicos en las unidades de manera de estar asociadas con una ruta particular y las paradas correspondientes.

La prohibición de ruidos molestos y alto volumen de sus aparatos de sonido.

La obligación a usar uniformes que identifiquen la línea y al chofer que la conduce.

El acondicionamiento a tamaños estándares en longitud y ancho de las unidades, y en cantidad de puestos cómodos y el máximo número de personas que pueden viajar de pie.

El uso de torniquetes habilitados con el pago electrónico por tarjeta que permita el multiviaje y su recarga en taquillas ubicadas en sitios fáciles para su adquisición.

En aquellas rutas donde el tránsito del transporte público ocurra entre dos o más municipios, la ordenanza municipal correspondiente debe ser de estricta aplicación entre ellos y las líneas de transporte.

La adecuación por parte del municipio al tránsito vehicular de calles y avenidas y la reparación inmediata de huecos y drenajes.

Ante la inseguridad que se vive a diario con robos y atracos a los viajantes de las unidades de transporte colectivo, se hace imperiosa la mayor intervención del municipio al respecto. El transporte colectivo no puede ser el refugio de los choros y malandros para su beneficio.

La Plataforma de Lucha Aragua llama a la colectividad a organizar a los usuarios del transporte colectivo para dar la pelea por sus derechos. Sólo con la lucha  podemos enfrentar la voracidad del lucro de los choferes privados, asi como obligar al municipio responda por un buen servicio de transporte.

Marzo de 2017