Solidaridad con Omar Merino y Jorge Hospital, trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca en Buenos Aires, detenidos por la policía federal al exigir cumplimiento a la promesa de pasarlos a planta permanente.
En la edición del jueves 23 de diciembre pasado Prensa Obrera de Argentina denunciaba un alerta de fin de año respecto a que tanto los asesinos de Mariano Ferreyra podrían ser liberados excluyendo cualquier posibilidad de imputar al burócrata sindical de la Unión Ferroviaria, Pedraza, como que el pase a planta prometido a los tercerizados del ferrocarril Roca no sería cumplido. Con la detención de dos de ellos, Omar Merino y Jorge Hospital, al exigir lo prometido con un nuevo corte de ruta en las vías del ferrocarril ante la negativa por parte de la burocracia sindical de aceptar su presencia como personal fijo de planta, no sólo coloca el alerta denunciado por PO como una realidad bochornosa sino que coloca al gobierno de Cristina atado a las decisiones que la burocracia sindical de Pedraza le imponga en aras de mantener un mínimo de cohesión política a lo que pareciera mostrar son facturas de distinto tamaño.
El pueblo argentino, y en particular sus trabajadores, se encuentra ante la disyuntiva de seguir manteniendo la fe en Cristina respecto al juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra cuando observa que las promesas hechas a los tercerizados del ferrocarril Roca en vez de cumplirse fueron dejadas de lado a solicitud de Pedraza y sus patotas, y aún más si los imputados por el asesinato de Mariano pueden quedar libres. El accionar de la policía federal de Roca, la misma que le abrió el campo a la patota para que reprimiera a los tercerizados en reclamo por sus derechos y reivindicaciones laborales y que resultó en el asesinato de Mariano y los balazos recibidos a otros dos más compañeros de militancia de PO, con la detención de los compañeros trabajadores tercerizados, Merino y Hospital, coloca de nuevo sobre el tapete de parte de quiénes están como cuerpos oficiales de represión y detención encubriéndose así de su participación previa cuando a la patota de asesinos les abrió el campo para que actuaran. Es evidente que la policía federal no está actuando a favor de los trabajadores tercerizados, menos Anibal Fernandez, el ministro del interior del gobierno de Cristina, de quien dependen.
La solidaridad con los compañeros tercerizados presos también hay que exigirla otra vez en las calles pues es la única forma en que realmente se consiga su liberación sin imputaciones así como el prometido pase a planta de los cientos de trabajadores tercerizados que aún esperan por su concreción.
Prensa Obrera de Argentina - No. 1160 - 23/12/2010
Editorial
Alerta de fin de año
León Trotsky denunciaba a los que "abren el paraguas en días de sol", aunque para entonces el revolucionario ya vivía en México, donde se protegía con un sombrero panamá. Nosotros no vamos a seguir ese consejo -y no solamente porque estamos en un verano de plomo. Ocurre que toda la dinámica de la situación política señala la alta probabilidad de que los asesinos de Mariano Ferreyra sean excarcelados. En ese caso, la perspectiva del juicio y castigo de los criminales sufriría un serio retroceso -y aún más la indagatoria de Pedraza y compañía, de los empresarios de Ugofe y de la policía de la 'zona liberada'.
La defensa jurídica de los criminales ha apelado la calificación del delito y la prisión preventiva. Si los jueces del crimen mantienen la carátula, ¿harán lo mismo con la excarcelación? En la etapa previa, la abogada del PO había recusado al juez Bruzzone por sus reconocidos lazos con la familia de Pedraza, pero no hicieron lo mismo los abogados del CELS, el organismo que ‘apadrinó' la creación de la Secretaría de Seguridad y el nombramiento de Nilda Garré. Ocurre que Bruzzone, un garantista, es permisivo con las excarcelaciones: nadie debe estar preso sin condena, sostiene, aunque eso sea lo que ocurre con la mayoría de la población carcelaria. Mantener la calificación de homicidio calificado, mientras se dicta al mismo tiempo la excarcelación haría las delicias de cualquier garantista. La 'seguridad' (o sea la calificación del delito) sería salvada, junto con la 'democracia' (la libertad indefinida del criminal). En la audiencia de apelación, la abogada Verdú advirtió del peligro de otorgar la excarcelación a gente que procuró esconder las pruebas del crimen, luego de haber perpetrado el asesinato -un alegato fundamental, pero que no es permitido por el Código de Procedimientos. El abogado de la familia de Mariano, que pertenece al CELS, hizo el contrapunto: aprovechó las prohibiciones del Código para señalar que no se pronunciaría sobre el pedido de excarcelación. Matices de uno y de otro que no hay que perder de vista. Anticipamos que el CELS declarará la victoria si la excarcelación viene acompañada con el mantenimiento de la calificación penal del crimen. La fiscal Cristina Camaño, una admiradora ostentosa del Che, huyó de la causa de Mariano para refugiarse en una subsecretaría de Garré.
Además, claro, está el contexto político. La burocracia de los Pedraza no ha sido aplacada por la condena popular, menos todavía por el giro a la 'seguridad democrática' -la que reemplaza las armas, como primer recurso, por gases vomitivos y lesivos a la piel. Está haciendo festivales por "una Navidad sin presos"; lanza paros contra los pobladores de las villas. Un protector de ella, Hugo Moyano, quien tiene sus propias angustias judiciales, ha lanzado al ministro de Economía para la jefatura de gobierno de la Ciudad. Otro protector de la misma, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, ya ha comenzado a repudiar los acuerdos que firmó con los tercerizados cuando la movilización popular por el crimen de Mariano estaba en su apogeo. Los abogados de los criminales sostuvieron en la audiencia de apelación que sus mandantes estaban cumpliendo un servicio público: liberar los espacios comunes de los que querían cortarlos u ocuparlos. Con el mismo argumento, un barrabrava de Sutecba, Capella, acaba de obtener la absolución en la causa por exhibición de armas contra los ocupantes del Indoamericano. Resumiendo: a CFK no le interesa enfrentar una guerrilla de Pedraza en un año electoral; ni siquiera quiere pelearse con Gildo Insfrán y hasta suscribió un pacto vacío con Macri para reprimir a los ocupantes de terrenos. Hagamos, si no las paces, prefiere CFK, una tregua: se mantiene la calificación con los asesinos afuera. El proceso continúa limitado a estos siete desclasados. Verbitsky explicará luego, en Página/12, la luminosidad de esta 'estrategia' en el crimen del "chico asesinado en Constitución".
Aun cuando Trotsky continúe teniendo razón -porque después de todo, todavía puede haber jueces inmunes a las presiones 'de la seguridad democrática'-, reivindicaremos este alerta, que es un llamado a emprender una lucha tenaz. La justicia para Mariano jamás será el producto exclusivo de un Poder Judicial: se concretará con la culminación de una lucha social y política gigantesca.
Jorge Altamira
http://po.org.ar/articulo/po1160077/alerta-de-fin-de-ano
Prensa Obrera DIGITAL - No. 1160 - 23/12/2010
LIBERTAD A OMAR MERINO Y JORGE HOSPITAL
En la tarde de hoy, la policía Federal detuvo a Omar Merino y Jorge Hospital, trabajadores ferroviarios, militantes del PO y de la agrupación “Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra” Los operativos fueron consumados por el sector “Roca” de la policía Federal, la misma división policial que está señalada por haber “liberado” la zona de Barracas en ocasión del crimen del Mariano. Los detenidos participaron con Mariano de toda la lucha de los trabajadores tercerizados.
A sesenta días del crimen de Barracas, el gobierno logró el propósito que denunciamos de entrada: transformar a las víctimas en culpables, y convertir a las patotas en “sujetos de derecho”. Hoy, la patota que asesinó a Mariano está tramitando su excarcelación. En cambio, sus compañeros van presos, luchando por las mismas reivindicaciones que estuvieron presentes en Barracas, y que se encuentran incumplidas. Estamos ante la expresión más completa de encubrimiento del crimen de Ferreyra.
Las detenciones han mostrado hasta qué punto la patota ferroviaria tiene de rehén al gobierno nacional. Durante todo este tiempo, la burocracia sindical ferroviaria ha ejercido su extorsión. En las últimas semanas, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad pararon tres veces el ferrocarril por la libertad de los patoteros detenidos y contra la incorporación de los tercerizados. Nadie, y mucho menos el gobierno, levantó el menor reclamo por la interrupción del servicio. Ahora, los tercerizados ferroviarios, que pararon por profundas reivindicaciones obreras, son criminalizados. La prolongación del corte del pasado jueves, durante más de siete horas, obedeció a las permanentes contramarchas del gobierno respecto de cualquier propuesta de acuerdo, ello, como resultado de la presión de los Pedraza y Maturano.
El gobierno ha descubierto las cartas que siempre tuvo desde el crimen de Mariano: la voluntad de encubrir a sus asesinos. De este modo, han preservado una alianza política que, si se viene abajo, compromete el resultado electoral del 2011.
Mientras ordena estas detenciones, el gobierno no tomó la menor disposición para investigar a los responsables de los desmanes de Constitución, donde se advierte la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo, existiendo incluso evidencias fotográficas de ello. Después de los hechos, el gobierno intentó meter en una misma bolsa a Duhalde, a Macri y al PO. Pero si de “pactos” se trata, el único que conocemos es el del gobierno nacional con Macri en oportunidad de los hechos de Soldati, y en contra de los vecinos sin techo.
Con la detención de los compañeros de Mariano Ferreyra, el gobierno reconoce que los Pedraza lo tienen de rehén: los jefes de la patota libres, los compañeros de Mariano presos. El gobierno adopta la tesis de los asesinos.
Llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones obreras, de lucha y democráticas a emprender una inmediata movilización por la libertad de los compañeros de Mariano; por la satisfacción inmediata de las reivindicaciones de los tercerizados ferroviarios; para impedir la excarcelación de la patota que consumó el crimen de Barracas y avanzar por la cárcel a Pedraza y todos los responsables políticos.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
26 de diciembre de 2012
Lunes 27 de diciembre, 12 horas: Conferencia de Prensa del Partido Obrero, en el local del PO de la Capital, Venezuela 818
http://po.org.ar/articulo/actualidad-20101227-0044/libertad-omar-merino-y-nbspjorge-hospital
lunes, 27 de diciembre de 2010
jueves, 16 de diciembre de 2010
¡Que el PIT-CNT convoque a un paro general! - DECLARACION DEL PT DE URUGUAY
DECLARACION DEL PT DE URUGUAY
Abajo la militarización
¡Que el PIT-CNT convoque a un paro general!
Mujica ha enviado a las Fuerzas Armadas actuar como rompehuelgas contra la lucha de los municipales.
Tras su violento discurso contra Adeom, la militarización demuestra que no duda en utilizar todas las medidas de la derecha y del pachecato, con el objetivo de imponer una derrota ‘ejemplarizante' al movimiento obrero.
Mujica sigue el mismo camino represivo que el ‘socialista' Rodríguez Zapatero, que militarizó a los operadores aéreos en España.
Con los ‘servicios esenciales' y el envío del Ejército y la Armada a levantar la basura, el gobierno le envía una advertencia a Cofe, a los bancarios estatales y a toda la clase obrera. Pero ante todo le envía una señal a Standard & Poor's y a los acreedores internacionales, de que está dispuesto a defender el "grado inversor" aunque sea negando el derecho de huelga y reprimiendo a los trabajadores.Mujica ataca a los dirigentes de Adeom acusándolos de ‘ultras' y de preparar el camino... ¡a Hitler!
Pero no fueron tres dirigentes los que votaron los paros. ¡Fueron más de 2.500 asambleístas!, a los cuales el gobierno no dejó otro camino para defender sus legítimas reivindicaciones.El camino al nazismo lo pavimentaron los gobiernos ‘democráticos' anteriores, que empezaron a utilizar las medidas de ‘excepción' contra el movimiento obrero. Del mismo modo que en Uruguay los recortes a las libertades democráticas, los ‘servicios esenciales', las ‘medidas prontas de seguridad' y finalmente la militarización de las huelgas, terminaron abriendo las puertas al golpe de estado de las Fuerzas Armadas.
Acusar a los ‘excesos' de los dirigentes obreros, y a la acción de la guerrilla, de provocar el golpe militar, es el discurso de Sanguinetti, ¡no de la izquierda!
Mujica pretende hablar en nombre de los ‘vecinos' contra los obreros. Afirma defender a los trabajadores privados, que ganan menos que los estatales. Es decir, confiesa que los ‘vecinos', que son en su inmensa mayoría trabajadores, cobran salarios de hambre. Pero son Mujica y la propia Ana Olivera (intendenta de Montevideo, del PC, red.) los que impulsan los salarios de hambre para los privados, como lo demuestra lo que sucede con CAP-Teyma, donde los trabajadores del área privatizada debieron realizar varias semanas de huelga para lograr ¡que se cumpla la jornada de 8 horas! Las pautas del gobierno en los consejos de salarios mantienen esta miseria de los trabajadores privados, ¡y mantienen el salario mínimo más bajo de toda la región!
Que la intendenta Ana Olivera empiece por respetar todos los días a los vecinos: la mugre en la ciudad no empieza con los paros de Adeom, sino que es una presencia permanente como consecuencia de la política de la Intendencia.Las reivindicaciones de Adeom están lejos de ser ‘exageradas'. La plataforma es muy elemental. El sindicato reclama que los ajustes salariales sean equivalentes a la inflación pasada más un 2,5% de recuperación. La Intendencia se niega siquiera a discutir la posibilidad de una recuperación salarial.
El secretariado del PIT-CNT tras negarse a emitir una declaración repudiando el decreto de servicios esenciales, ahora piensa que hay ‘tímidos avances' en la negociación. ¡Están enviando las tropas a recoger la basura, y los ‘coordinadores' de la central sindical ven ‘avances'! Con este accionar, están rompiendo la unidad del movimiento obrero, para hacerle los mandados al gobierno. El decretazo y la militarización se constituyen en antecedentes para todo el movimiento sindical.
Es impostergable la convocatoria de una Mesa Representativa del PIT-CNT, ante lo que es un atentado a los derechos sindicales y constitucionales, y una amenaza contra todo el movimiento obrero.
El Partido de los Trabajadores declara su más firme apoyo a la lucha de Adeom y exige la anulación del decreto gubernamental, el retiro de las Fuerzas Armadas y el respeto al derecho de huelga.
El Partido de los Trabajadores reclama que el PIT-CNT se pronuncie contra el decretazo represivo, y convoque a un inmediato paro general en defensa del derecho de huelga y en apoyo a las reivindicaciones obreras.
Tras su violento discurso contra Adeom, la militarización demuestra que no duda en utilizar todas las medidas de la derecha y del pachecato, con el objetivo de imponer una derrota ‘ejemplarizante' al movimiento obrero.
Mujica sigue el mismo camino represivo que el ‘socialista' Rodríguez Zapatero, que militarizó a los operadores aéreos en España.
Con los ‘servicios esenciales' y el envío del Ejército y la Armada a levantar la basura, el gobierno le envía una advertencia a Cofe, a los bancarios estatales y a toda la clase obrera. Pero ante todo le envía una señal a Standard & Poor's y a los acreedores internacionales, de que está dispuesto a defender el "grado inversor" aunque sea negando el derecho de huelga y reprimiendo a los trabajadores.Mujica ataca a los dirigentes de Adeom acusándolos de ‘ultras' y de preparar el camino... ¡a Hitler!
Pero no fueron tres dirigentes los que votaron los paros. ¡Fueron más de 2.500 asambleístas!, a los cuales el gobierno no dejó otro camino para defender sus legítimas reivindicaciones.El camino al nazismo lo pavimentaron los gobiernos ‘democráticos' anteriores, que empezaron a utilizar las medidas de ‘excepción' contra el movimiento obrero. Del mismo modo que en Uruguay los recortes a las libertades democráticas, los ‘servicios esenciales', las ‘medidas prontas de seguridad' y finalmente la militarización de las huelgas, terminaron abriendo las puertas al golpe de estado de las Fuerzas Armadas.
Acusar a los ‘excesos' de los dirigentes obreros, y a la acción de la guerrilla, de provocar el golpe militar, es el discurso de Sanguinetti, ¡no de la izquierda!
Mujica pretende hablar en nombre de los ‘vecinos' contra los obreros. Afirma defender a los trabajadores privados, que ganan menos que los estatales. Es decir, confiesa que los ‘vecinos', que son en su inmensa mayoría trabajadores, cobran salarios de hambre. Pero son Mujica y la propia Ana Olivera (intendenta de Montevideo, del PC, red.) los que impulsan los salarios de hambre para los privados, como lo demuestra lo que sucede con CAP-Teyma, donde los trabajadores del área privatizada debieron realizar varias semanas de huelga para lograr ¡que se cumpla la jornada de 8 horas! Las pautas del gobierno en los consejos de salarios mantienen esta miseria de los trabajadores privados, ¡y mantienen el salario mínimo más bajo de toda la región!
Que la intendenta Ana Olivera empiece por respetar todos los días a los vecinos: la mugre en la ciudad no empieza con los paros de Adeom, sino que es una presencia permanente como consecuencia de la política de la Intendencia.Las reivindicaciones de Adeom están lejos de ser ‘exageradas'. La plataforma es muy elemental. El sindicato reclama que los ajustes salariales sean equivalentes a la inflación pasada más un 2,5% de recuperación. La Intendencia se niega siquiera a discutir la posibilidad de una recuperación salarial.
El secretariado del PIT-CNT tras negarse a emitir una declaración repudiando el decreto de servicios esenciales, ahora piensa que hay ‘tímidos avances' en la negociación. ¡Están enviando las tropas a recoger la basura, y los ‘coordinadores' de la central sindical ven ‘avances'! Con este accionar, están rompiendo la unidad del movimiento obrero, para hacerle los mandados al gobierno. El decretazo y la militarización se constituyen en antecedentes para todo el movimiento sindical.
Es impostergable la convocatoria de una Mesa Representativa del PIT-CNT, ante lo que es un atentado a los derechos sindicales y constitucionales, y una amenaza contra todo el movimiento obrero.
El Partido de los Trabajadores declara su más firme apoyo a la lucha de Adeom y exige la anulación del decreto gubernamental, el retiro de las Fuerzas Armadas y el respeto al derecho de huelga.
El Partido de los Trabajadores reclama que el PIT-CNT se pronuncie contra el decretazo represivo, y convoque a un inmediato paro general en defensa del derecho de huelga y en apoyo a las reivindicaciones obreras.
Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores
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Uruguay: la solidaridad es esencial
Ante la declaración de servicio esencial
Ante el decreto contra el derecho de huelga
Ante la represión a los estudiantes del Ceipa
Comunicado Plenaria Memoria y Justicia contra la Represión
Unos meses atrás decíamos: están construyendo desde hace mucho una idea de cuál es el delito. Han construido una sociedad donde el único derecho de verdad defendido es el de propiedad y los privilegios de ricos e impunes.
En momentos en que los discursos sobre: delitos, cárceles, menores y penas, construyen desde los grandes medios masivos de comunicación y desde el sistema político la necesidad de avanzar en mecanismos represivos, leyes de procedimiento policial, disminución de la edad de imputabilidad, creación de nuevas cárceles, aumento de recursos para la seguridad y el control; y el "sentimiento de inseguridad" lo han instalado en nuestra sociedad, Ahora recurre este gobierno a las leyes firmadas y aplicadas en 1968 por Pacheco Areco y Peirano Facio. Dictadores y represores que impulsaron el Terrorismo de Estado, los Escuadrones de la Muerte y la represión contra este pueblo. Decretos que trabajadoras y trabajadores, estudiantes, vecinos, enfrentamos a costa de presos, sangre y muertos.
La sociedad que se construye desde los grandes medios de comunicación y el gobierno es fascista. La prensa incita, alienta a aislar, a condenar a todos los que luchan. Hace campaña denigrando a los trabajadores movilizados. Hay quienes dan manija organizados en patotas anónimas por Internet. Este gobierno decreta contra el derecho de ocupación. Reprime a estudiantes movilizados y pese a que este gobierno ha dicho que entre 1968 a 1985 la actuación del Estado fue ilegítima porque ejerció el terrorismo de estado ahora aplica una ley de ese período. Así no se construye ningún nunca más, así se afianza la impunidad.
Creemos que es necesario un debate crítico, más amplio y comprometido, ya que el modo en cómo resolvamos estos temas prefigura la sociedad que vendrá. Porque no podemos aceptar la militarización, la intervención de las Fuerzas Armadas cruzados de brazos. No podemos aceptar que actúen contra Mabel Lolo de Adeom de forma canallamente fascista. Para avalar el rol cada vez más protagónico de las botas y los fusiles. La justeza de luchar por la mitad de la canasta, la justeza de reclamar contra la esclavitud de las horas extras, el derecho a una vida digna es inalienable. Los archienemigos que ellos crearon son los que aún soñamos con otra sociedad justa y solidaria
Hoy el Poder Ejecutivo apela al decreto pachequista de los servicios esenciales para reprimir a los trabajadores de Adeom y se amenaza a los trabajadores bancarios con aplicar otras medidas represivas. Acuartelan a las FFAA y las mantienen al acecho de la lucha de los trabajadores, sacan a los militares a la calle, usan a los milicos de rompe huelgas pagos por el Estado y para avalar tercerizaciones. Criminalizaron las ocupaciones, estigmatizaron a los municipales y a los que no callamos y nos organizamos para luchar con memoria y compromiso.
Es esencial para juzgar cuál es el delito es ponernos a pensar, no dejarnos llevar de las narices para oler ahora la basura que este gobierno y la gran prensa nos incitan a oler. Incitan al enfrentamiento de vecinos contra trabajadores. No caigamos en esa manija. En esa trampa.
Porque el olor a fripur invade La Aguada y a nadie de arriba le importa. Porque las curtiembres inundan los barrios de olores nauseabundos. Porque UPM dispersa olor a huevo podrido y nada hacen. ¿De qué nos hablan?
El hambre es el delito.
Esencial es que nadie más coma de la basura. Que a los miles que nacieron y viven en medio de la basura, las ratas y el hambre, se les retornen sus derechos.
La riqueza es el delito. Esencial es la salud.
La impunidad es el delito. Los impunes libres y gozando de lo que robaron eso es delito de Estado.
La libertad, la vivienda. La verdad, la justicia, es esencial
La memoria es esencial para juzgar cuál es el delito.
Toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Vienen por todos porque el saqueo no se concreta sin represión.
Ningún recorte de libertades.
La protesta es un derecho humano.
A derrotar el decreto.
Ningún milico en las calles
¡Que nadie piense no me toca a mí!
Reprimieron a Adeom, nos reprimieron a todos.
¡Tocan a uno tocan a todos!
Todos el jueves 16 diciembre, 18 horas, a la explanada de la Intendencia municipal de Montevideo -11/12/10
Plenaria memoria y justicia-postaporteñ@??????????????
Alternativas Solidaridad
martes, 14 de diciembre de 2010
La Unidad Socialista de Izquierda (USI) de Venezuela
La Unidad Socialista de Izquierda (USI) de Venezuela
Chirino, dirigente sindical de la Izquierda Socialista de Venezuela, acaba reunirse con una veintena de dirigentes de sindicatos apoyados por los patronos del monopolio privado nacional más importante del país, el grupo Polar. Entre los invitados al presídium de la reunión se encontraba también un ex correligionario de Chirinos, Froilan Barrios, asesor ahora de la burocracia escuálida de la vieja central CTV, y Henry Arias, representante de la Mesa de Unidad Democrática MUD (derecha) en Guayana.
Chirino planteó en la reunión que una nueva Ley del Trabajo debe discutirse con los diputados de la nueva Asamblea Nacional, en rechazo a la pretensión de hacerlo con la actual controlada por completo por el chavismo. Resaltó que confiaba en que los nuevos parlamentarios realicen un papel contralor. En una entrevista previa al diario La Razón alegó que la AN electa el 27 de septiembre había sido electa democráticamente, como si la AN vigente no tuviera ese carácter. Lo que es peor - no deslindó en absoluto el carácter burgués de una y de otra, ni tampoco que el chavismo continúa teniendo una mayoría absoluta.
La organización a la cual pertenece Chirinos, la USI, no tiene una línea política definida, más bien se diluye en sus tácticas, aderezada con mucho de oportunismo y sectarismo; sus aliados son muy variados en el espectro político venezolano. La lucha que llevan los compañeros de la USI en Mérida o la que han llevado en la industria petrolera es muy diferente a la que realizan en otras regiones, donde son aliados o cercanos a la derecha escuálida.
Realmente tienen posiciones en común con la burocracia sindical de la derecha, abiertamente propatronal como la de ahora en defensa de las empresas Polar, como la tuvieron en el conflicto de la General Motors hace dos años, o hace meses la política electoral en alianza con Patria Para Todos (PPT), donde nada dijeron sobre sus otros aliados en la campaña electoral, como el gobernador de Lara Henry Falcón, o como en un circuito electoral de Carabobo, Carlos García candidatos totalmente de la derecha.
En la campaña electoral al parlamento el 26 de Septiembre, postulados con la tarjeta del PPT, reclamaron una serie de leyes, entre las cuales una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT). No cabe esperar, sin embargo, de estas Asamblea nacionales, leyes de protección laboral, en especial ante la orientación regimentadora del chavismo y el carácter gorila de la oposición de derecha.
Chirino y la USI, antes fugazmente llamados PRS, Voz de los Trabajadores o La Chispa, promovieron en 1998 la candidatura de Chávez como el candidato de los trabajadores. Luego apoyaron la intervención del gobierno a la vieja central sindical CTV, que derivó en unas elecciones regimentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato impuesto por el gobierno, Aristóbulo Isturiz estaba hacía tiempo desligado de las luchas de los trabajadores; el candidato promovido por el gobierno para presidir la regional sindical del estado Carabobo fue el mismo Chirino. Isturiz y Chirino perdieron de todos modos ante la burocracia adeca.
Para salir de este impasse, el gobierno decidió, luego del golpe de estado y del lock out petrolero (2003), promover una nueva central sindical, para lo cual creó una coordinación provisoria en la fundación de la UNETE. En esta coordinación estuvo representada la ahora USI por medio de Chirino. También fue pieza clave por varios años como representante de la UNETE ante la OIT en Ginebra, enviado por el gobierno, donde defendió la nueva central sindical regimentada a través de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
El gobierno creo también una nueva federación sindical petrolera para discutir el convenio colectivo - SINUTRAPETROL. Chirino ingresó, como asesor del nuevo sindicato, a PDVSA de la mano del ministro Rafael Ramirez, ministro de energía y a su vez presidente de PDVSA. Este sindicato, fue creado para servir de bombero en los conflictos de los trabajadores. Este sindicato petrolero nunca realizó elecciones sindicales pero sí discutió dos convenciones colectivas, en la cual se eliminaron dos conquistas históricas de los trabajadores petroleros como el comisariato (cesta de alimentos cada 6 semanas) y el ingreso de 2/3 de la nómina obrera petrolera. Fueron sustituidas por una tarjeta electrónica (monto en dinero) y un sistema informático (SISDEM) elaborado y realizado por el patrón para realizar los ingresos de la nómina de obreros. Más tarde la burocracia sindical incluida SINUTRAPETROL fue cooptada con puestos de supervisores en la industria petrolera y hasta de gerentes, ante lo cual Chirino se quedó sin la asesoría para el aparato.
Por otro lado, luego del lock out petrolero se iniciaron unas asambleas llamadas “Encuentros de trabajadores petroleros”. En el 1er encuentro en Junio del 2003, José Bodas dirigente sindical, miembro de la USI, defendió el control obrero. Cuando se promovieron luego, dentro de PDVSA, unos grupos llamados comités guías, se olvidaron de la consigna; más tarde el mismo ministro y presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, les prohibió la asistencia a los encuentros petroleros. Los comités guías, Boda incluido, acataron la orden y no asistieron al 4to y último encuentro, a pesar de que el documento a discutir había sido propuesto por los comités guías.
Mas tarde, en 2008, durante el conflicto de General Motors, Chirino se puso del lado del patrón y en contra de la huelga, alegando que era dirigida por una directiva sindical burocrática, aunque había sido electa por los trabajadores, tan válida como hoy arguye Chirino para respaldar a los candidatos elegidos por la oposición de derecha a la próxima asamblea nacional. En pleno conflicto de GM, trató de dividir a los trabajadores y debilitar la lucha.
Durante ese período, era ministro de Trabajo Roberto Hernández, viejo burócrata del PCV, promotor de un proyecto de constituyente sindical promovida desde el parlamento. Chirino con Roberto Hernández logró una orden de reenganche a PDVSA, que no fue admitida por el ministro de Energía, Rafael Ramírez. Chirino se distanció entonces de Chávez.
Usualmente La USI baila al son que le toca la región. En Guayana anduvo con la vieja burocracia Adeca en un Comité Laboral; en Carabobo está representado por un grupo de burócratas que medra en la burocracia de la construcción mediante el paralelismo sindical
En Aragua, luego de un período de “radicalismo”, ahora se encuentra debilitado, lo que permitió que aproveche la situación ahora es su antigua compañera de la UNETE Marcela Maspero
Ahora se lanza en contra de las nacionalizaciones, que aunque no ha tocado a Polar, la apuntaría en última instancia. Enarbola un NO A LAS EXPROPIACIONES porque no se ha consultado a los trabajadores. Pero la organización sindical de Polar está aliada a los patronos. Polar está contribuyendo ávidamente, en particular con sus 40 sindicatos por empresa, a ejercer una oposición política a Chávez en nombre de los trabajadores. Se oponen a la nacionalización, porque ella amenazaría los puestos de trabajo. Pero en lugar de tomar partido por Polar contra Chávez, o por éste contra Polar, habría que reclamar que la expropiación no comprometa recursos públicos con cuantiosas indemnizaciones, que se efectúe el Control Obrero de la producción y que se reconozca al sindicato y el convenio colectivo. Robert Gonzáles, miembro del comité ejecutivo del sindicato FUTPV (petroleros), tiene impedida la entrada a la planta y sus salarios fueron suspendidos. En ese encuentro sindical brilló por su ausencia la defensa al fuero sindical y el derecho al trabajo de varios compañeros despedidos de la refinería El Palito, entre ellos Robert Gonzalez
El llamado de la ahora USI a crear un partido de trabajadores, tiene el mismo fin de fortalecer un grupo inflado que se aprovecha de sus gestiones sindicales para hacer un acto público del lanzamiento del partido, sin programa y sin consignas de lucha. Antes fueron directivos sindicales que ahora no existen porque se pasaron a la patronal o fueron derrotados y ahora es la base de 40 sindicatos agrupados tras un patrón en una lucha encarnizada contra el gobierno, el monopolio nacional con mayores ingresos del país, el grupo Polar, grupo cuya base económica que se sostiene por ser líder, más que en la producción de alimentos, en la producción de cerveza.
Por último, hace una semana, en su 1er congreso nacional, se realizó la unidad con un grupo llamado Paso a la Democracia, escindido del grupo de choque de la derecha, Bandera Roja. También entre sus invitados estaban representantes de la anquilosada burocracia sindical cetevista, representantes de “Solidaridad Laboral” - un frente de la vieja burocracia sindical adeca; del PPT nuevo aliado de la Mesa de Unidad Democrática (unión de la derecha) y de “notables intelectuales” que hasta hace poco vivieron del gobierno de Chávez y ahora buscan una alternativa más segura para su supervivencia política. Una marcha convocada por la USI, con base al encuentro sindical “Polar” par el 11 de Diciembre, fue suspendida para Enero, sin fecha concreta.
Chirino, dirigente sindical de la Izquierda Socialista de Venezuela, acaba reunirse con una veintena de dirigentes de sindicatos apoyados por los patronos del monopolio privado nacional más importante del país, el grupo Polar. Entre los invitados al presídium de la reunión se encontraba también un ex correligionario de Chirinos, Froilan Barrios, asesor ahora de la burocracia escuálida de la vieja central CTV, y Henry Arias, representante de la Mesa de Unidad Democrática MUD (derecha) en Guayana.
Chirino planteó en la reunión que una nueva Ley del Trabajo debe discutirse con los diputados de la nueva Asamblea Nacional, en rechazo a la pretensión de hacerlo con la actual controlada por completo por el chavismo. Resaltó que confiaba en que los nuevos parlamentarios realicen un papel contralor. En una entrevista previa al diario La Razón alegó que la AN electa el 27 de septiembre había sido electa democráticamente, como si la AN vigente no tuviera ese carácter. Lo que es peor - no deslindó en absoluto el carácter burgués de una y de otra, ni tampoco que el chavismo continúa teniendo una mayoría absoluta.
La organización a la cual pertenece Chirinos, la USI, no tiene una línea política definida, más bien se diluye en sus tácticas, aderezada con mucho de oportunismo y sectarismo; sus aliados son muy variados en el espectro político venezolano. La lucha que llevan los compañeros de la USI en Mérida o la que han llevado en la industria petrolera es muy diferente a la que realizan en otras regiones, donde son aliados o cercanos a la derecha escuálida.
Realmente tienen posiciones en común con la burocracia sindical de la derecha, abiertamente propatronal como la de ahora en defensa de las empresas Polar, como la tuvieron en el conflicto de la General Motors hace dos años, o hace meses la política electoral en alianza con Patria Para Todos (PPT), donde nada dijeron sobre sus otros aliados en la campaña electoral, como el gobernador de Lara Henry Falcón, o como en un circuito electoral de Carabobo, Carlos García candidatos totalmente de la derecha.
En la campaña electoral al parlamento el 26 de Septiembre, postulados con la tarjeta del PPT, reclamaron una serie de leyes, entre las cuales una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT). No cabe esperar, sin embargo, de estas Asamblea nacionales, leyes de protección laboral, en especial ante la orientación regimentadora del chavismo y el carácter gorila de la oposición de derecha.
Chirino y la USI, antes fugazmente llamados PRS, Voz de los Trabajadores o La Chispa, promovieron en 1998 la candidatura de Chávez como el candidato de los trabajadores. Luego apoyaron la intervención del gobierno a la vieja central sindical CTV, que derivó en unas elecciones regimentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato impuesto por el gobierno, Aristóbulo Isturiz estaba hacía tiempo desligado de las luchas de los trabajadores; el candidato promovido por el gobierno para presidir la regional sindical del estado Carabobo fue el mismo Chirino. Isturiz y Chirino perdieron de todos modos ante la burocracia adeca.
Para salir de este impasse, el gobierno decidió, luego del golpe de estado y del lock out petrolero (2003), promover una nueva central sindical, para lo cual creó una coordinación provisoria en la fundación de la UNETE. En esta coordinación estuvo representada la ahora USI por medio de Chirino. También fue pieza clave por varios años como representante de la UNETE ante la OIT en Ginebra, enviado por el gobierno, donde defendió la nueva central sindical regimentada a través de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
El gobierno creo también una nueva federación sindical petrolera para discutir el convenio colectivo - SINUTRAPETROL. Chirino ingresó, como asesor del nuevo sindicato, a PDVSA de la mano del ministro Rafael Ramirez, ministro de energía y a su vez presidente de PDVSA. Este sindicato, fue creado para servir de bombero en los conflictos de los trabajadores. Este sindicato petrolero nunca realizó elecciones sindicales pero sí discutió dos convenciones colectivas, en la cual se eliminaron dos conquistas históricas de los trabajadores petroleros como el comisariato (cesta de alimentos cada 6 semanas) y el ingreso de 2/3 de la nómina obrera petrolera. Fueron sustituidas por una tarjeta electrónica (monto en dinero) y un sistema informático (SISDEM) elaborado y realizado por el patrón para realizar los ingresos de la nómina de obreros. Más tarde la burocracia sindical incluida SINUTRAPETROL fue cooptada con puestos de supervisores en la industria petrolera y hasta de gerentes, ante lo cual Chirino se quedó sin la asesoría para el aparato.
Por otro lado, luego del lock out petrolero se iniciaron unas asambleas llamadas “Encuentros de trabajadores petroleros”. En el 1er encuentro en Junio del 2003, José Bodas dirigente sindical, miembro de la USI, defendió el control obrero. Cuando se promovieron luego, dentro de PDVSA, unos grupos llamados comités guías, se olvidaron de la consigna; más tarde el mismo ministro y presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, les prohibió la asistencia a los encuentros petroleros. Los comités guías, Boda incluido, acataron la orden y no asistieron al 4to y último encuentro, a pesar de que el documento a discutir había sido propuesto por los comités guías.
Mas tarde, en 2008, durante el conflicto de General Motors, Chirino se puso del lado del patrón y en contra de la huelga, alegando que era dirigida por una directiva sindical burocrática, aunque había sido electa por los trabajadores, tan válida como hoy arguye Chirino para respaldar a los candidatos elegidos por la oposición de derecha a la próxima asamblea nacional. En pleno conflicto de GM, trató de dividir a los trabajadores y debilitar la lucha.
Durante ese período, era ministro de Trabajo Roberto Hernández, viejo burócrata del PCV, promotor de un proyecto de constituyente sindical promovida desde el parlamento. Chirino con Roberto Hernández logró una orden de reenganche a PDVSA, que no fue admitida por el ministro de Energía, Rafael Ramírez. Chirino se distanció entonces de Chávez.
Usualmente La USI baila al son que le toca la región. En Guayana anduvo con la vieja burocracia Adeca en un Comité Laboral; en Carabobo está representado por un grupo de burócratas que medra en la burocracia de la construcción mediante el paralelismo sindical
En Aragua, luego de un período de “radicalismo”, ahora se encuentra debilitado, lo que permitió que aproveche la situación ahora es su antigua compañera de la UNETE Marcela Maspero
Ahora se lanza en contra de las nacionalizaciones, que aunque no ha tocado a Polar, la apuntaría en última instancia. Enarbola un NO A LAS EXPROPIACIONES porque no se ha consultado a los trabajadores. Pero la organización sindical de Polar está aliada a los patronos. Polar está contribuyendo ávidamente, en particular con sus 40 sindicatos por empresa, a ejercer una oposición política a Chávez en nombre de los trabajadores. Se oponen a la nacionalización, porque ella amenazaría los puestos de trabajo. Pero en lugar de tomar partido por Polar contra Chávez, o por éste contra Polar, habría que reclamar que la expropiación no comprometa recursos públicos con cuantiosas indemnizaciones, que se efectúe el Control Obrero de la producción y que se reconozca al sindicato y el convenio colectivo. Robert Gonzáles, miembro del comité ejecutivo del sindicato FUTPV (petroleros), tiene impedida la entrada a la planta y sus salarios fueron suspendidos. En ese encuentro sindical brilló por su ausencia la defensa al fuero sindical y el derecho al trabajo de varios compañeros despedidos de la refinería El Palito, entre ellos Robert Gonzalez
El llamado de la ahora USI a crear un partido de trabajadores, tiene el mismo fin de fortalecer un grupo inflado que se aprovecha de sus gestiones sindicales para hacer un acto público del lanzamiento del partido, sin programa y sin consignas de lucha. Antes fueron directivos sindicales que ahora no existen porque se pasaron a la patronal o fueron derrotados y ahora es la base de 40 sindicatos agrupados tras un patrón en una lucha encarnizada contra el gobierno, el monopolio nacional con mayores ingresos del país, el grupo Polar, grupo cuya base económica que se sostiene por ser líder, más que en la producción de alimentos, en la producción de cerveza.
Por último, hace una semana, en su 1er congreso nacional, se realizó la unidad con un grupo llamado Paso a la Democracia, escindido del grupo de choque de la derecha, Bandera Roja. También entre sus invitados estaban representantes de la anquilosada burocracia sindical cetevista, representantes de “Solidaridad Laboral” - un frente de la vieja burocracia sindical adeca; del PPT nuevo aliado de la Mesa de Unidad Democrática (unión de la derecha) y de “notables intelectuales” que hasta hace poco vivieron del gobierno de Chávez y ahora buscan una alternativa más segura para su supervivencia política. Una marcha convocada por la USI, con base al encuentro sindical “Polar” par el 11 de Diciembre, fue suspendida para Enero, sin fecha concreta.
Trabajadores de Makro del estado Bolívar exigen respeto a sus derechos
Trabajadores de Makro del estado Bolívar exigen respeto a sus derechos
Nuevamente las trasnacionales capitalistas arremeten contra los trabajadores, en esta oportunidad les tocó a los trabajadores de Makro Comecializadora de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. A los trabajadores de esta trasnacional en Puerto Ordaz se les vienen desconociendo sus derechos laborales, los cuales lograron gracias a la contratación colectiva firmada en 2007, pero ya vencida, por ello exigen a los patronos iniciar las discusiones de la nueva contratación colectiva y han conformado una organización sindical estatal que engloba los trabajadores de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.
La conformación de esta organización estatal causó malestar en los patronos, quienes de inmediato rechazaron dicha organización sindical estatal y procedieron a aplicar ante el ministerio del trabajo calificaciones de despido contra 7 dirigentes sindicales entre los que se encuentra Mario Barroso, Jhoana Guerra, Nelson Tovar, Noul Villanueva, Argenis Mendoza, Rolando Vargas y Diana Acevedo.
Cabe destacar que el conflicto tiene varias causas entre las que se encuentran mal cálculo de las vacaciones, la no aplicación del día de descanso contractual, la negativa a sentarse a discutir el nuevo contrato colectivo que aplicaría desde 2010 hasta 2013, y el caso omiso hecho al pliego de peticiones entregado a la gerencia de Makro. La gerencia de Makro Puierto Ordaz y Ciudad Bolívar introdujo ante los tribunales estatales la nulidad de la organización sindical de Makro estatal por considerarla ilegal, la empresa amenaza con despedir a todos los trabajadores que se sumen a esta protesta en pro de las reivindicaciones laborales, los trabajadores están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en vista de este vil atropello laboral.
¡Por la firma del contrato colectivo!
¡No al despido de los dirigentes sindicales legalmente constituidos!
¡No al atropello laboral por parte de la transnacional Makro Comercializadora!
Nuevamente las trasnacionales capitalistas arremeten contra los trabajadores, en esta oportunidad les tocó a los trabajadores de Makro Comecializadora de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. A los trabajadores de esta trasnacional en Puerto Ordaz se les vienen desconociendo sus derechos laborales, los cuales lograron gracias a la contratación colectiva firmada en 2007, pero ya vencida, por ello exigen a los patronos iniciar las discusiones de la nueva contratación colectiva y han conformado una organización sindical estatal que engloba los trabajadores de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.
La conformación de esta organización estatal causó malestar en los patronos, quienes de inmediato rechazaron dicha organización sindical estatal y procedieron a aplicar ante el ministerio del trabajo calificaciones de despido contra 7 dirigentes sindicales entre los que se encuentra Mario Barroso, Jhoana Guerra, Nelson Tovar, Noul Villanueva, Argenis Mendoza, Rolando Vargas y Diana Acevedo.
Cabe destacar que el conflicto tiene varias causas entre las que se encuentran mal cálculo de las vacaciones, la no aplicación del día de descanso contractual, la negativa a sentarse a discutir el nuevo contrato colectivo que aplicaría desde 2010 hasta 2013, y el caso omiso hecho al pliego de peticiones entregado a la gerencia de Makro. La gerencia de Makro Puierto Ordaz y Ciudad Bolívar introdujo ante los tribunales estatales la nulidad de la organización sindical de Makro estatal por considerarla ilegal, la empresa amenaza con despedir a todos los trabajadores que se sumen a esta protesta en pro de las reivindicaciones laborales, los trabajadores están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en vista de este vil atropello laboral.
¡Por la firma del contrato colectivo!
¡No al despido de los dirigentes sindicales legalmente constituidos!
¡No al atropello laboral por parte de la transnacional Makro Comercializadora!
lunes, 8 de noviembre de 2010
VOLANTE DE OPCIÓN OBRERA EN LA MARCHA DEL 9 DE NOVIEMBRE
A TODOS LOS TRABAJADORES QUE SE MOVILIZAN POR SUS DERECHOS Y REIVINDICACIONES
Los trabajadores estamos agobiados por el alto costo de la vida, la inflación es permanente año tras año, para colmo los compañeros adscritos a la administración pública tienen burlado su derecho a la convención colectiva. La normativa laboral se usa arbitrariamente. En las empresas del Estado sucede de igual modo. Se viola si está vigente, no se discute si está vencida y no se cumple si está homologada.
Con las empresas de capital privado, sus imposiciones a través del Ministerio del Trabajo logran hasta despidos masivos concertados y violaciones al fuero sindical y al de los delegados de seguridad laboral como acontece en Mitsubishi.
La indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para conquistarla. Así se logró en el hospital del SSO en Barquisimeto y en el IPASME en Acarigua. La huelga de hambre, un recurso extremo en las luchas obreras porque pone al borde de la muerte a los que la encaran, se ha convertido en la única garantía para conquistar algo concreto como es el derecho al trabajo. Mientras hoy marchamos los trabajadores de las alcaldías de Tocuyito y Morón han sido obligados a hacerla porque los patronos rojo rojitos se comportan igual que los privados negando el derecho al reenganche.
El sicariato ordenado por los patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, se mantiene impune. Mientras, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, es la moneda corriente.
La abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir tienen el conveniente silencio o retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo.
Las consignas que hoy pone la UNETE en la calle hay que traducirlas para que los trabajadores de base las defiendan y concreten pasada la marcha. Sólo es con la movilización continua que las consignas que hacen suyas los trabajadores pueden ser conquistadas.
Toda Ley del Trabajo es capitalista
La retroactividad de las prestaciones, perdida en 1997, por 10 años la AN no la ha aprobado ni lo hará. Peor aún, quienes deben hacer cumplir la ley vigente no lo hacen si favorece a los trabajadores.
Miles de desempleados se agolpan en los portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Luchemos por la eliminación de los trabajos tercerizados. Con la jornada laboral de 6 horas, sin menoscabo del salario, más trabajadores pueden ser contratados con los beneficios y el salario de los fijos.
MAS QUE POR UNA LEY LUCHEMOS POR LA APROBACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y QUE LA JORNADA DE TRABAJO SE REDUZCA A 6 HORAS!!!
La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
El control obrero sólo tiene sentido si los trabajadores tienen acceso a los libros, a la contabilidad a la vez que deciden sobre la producción. Junto a esto se requiere haber sido electos en asamblea por sus propias bases con posibilidad a ser revocados. Que los trabajadores ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista, mucho menos si en las empresas del Estado no se cumple con la elección de los cargos de directores laborales. La mal llamada gestión socialista y el “control obrero” que no lo es, convierten a las empresas expropiadas en la guillotina que las colocará en manos privadas a la vuelta de la esquina. La salida es ejercer democráticamente el control decidido por la Asamblea de Trabajadores, con los designados electos por el voto mayoritario de todos ellos.
Las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas a pesar de todo lo robado mientras estuvieron explotando y burlando a los trabajadores y a las mismas leyes burguesas. La expropiación sin pago a los grandes capitales y a la banca privada, con el control obrero permitirá la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.
EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE LA BANCA Y DE LAS GRANDES INDUSTRIAS PERO BAJO EL CONTROL DIRECTO DE LA PRODUCCIÓN POR PARTE DE SUS TRABAJADORES!!!
Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar en Enero pasado hizo que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. Además una inflación anual mayor del 25% nos reduce a la mitad nuestro poder adquisitivo en tan solo dos años. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.
QUE LA CRISIS QUE CREARON LOS CAPITALISTAS LA PAGUEN ELLOS, NO LOS TRABAJADORES!!!
DECRETO INMEDIATO QUE APRUEBE LA ESCALA MÓVIL DE SALARIOS Y EL REPARTO DE LAS HORAS DE TRABAJO DISPONIBLES ENTRE LOS TRABAJADORES SIN MENOSCABO DEL SALARIO PERCIBIDO!!!
Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Así mismo, por todo el país los trabajadores que protestan ante los abusos patronales son reprimidos tanto por la policía como por la GN y luego criminalizados con el Código Procesal Penal el cual nuestros diputados lo mantienen vigente. Por hacer huelgas, parar la fábrica o tomarla nos convertimos en delincuentes, mientras los patronos consiguen justicia rápida y fácil.
Los trabajadores de UNETE en Maracay y las madres del PAE en La Victoria fueron reprimidos. Los de IOSA en Barquisimeto fueron desalojados de la planta donde ejercían su lucha legítima ante los abusos del patrón. En Mitsubishi, luego del asesinato de dos compañeros, continua campeando el terror laboral de la mano de la inspectoría del trabajo y la policía estatal de Tarek. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo, así mismo, varios compañeros delegados de seguridad. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran con lo que la propia LOT define como un cambio de patrono. Las trabajadoras de Fundimeca siguen con su régimen de presentación ante los tribunales de Valencia para demostrar que se portan bien y cumplen con el orden establecido.
JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE LOS DIRIGENTES SINDICALES POR SICARIOS CONTRATADOS POR LOS PATRONOS!!!
LIBERTAD INMEDIATA A RUBÉN GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE FERROMINERA!!!
NO AL SICARIATO!!! NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA OBRERA!!!
POR UN FRENTE DE TRABAJADORES EN LUCHA!!!
Caracas, 9 de Noviembre de 2010
Escribenos a info@opcionobrera.org
Te invitamos a leer nuestro blog: www.opcion-obrera.blogspot.com
SOBRE LA MARCHA DE UNETE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN CARACAS
SOBRE LA MARCHA DE UNETE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN CARACAS
El 9 de noviembre por primera vez en 10 años las diferentes corrientes sindicales y sus trabajadores agrupados en UNETE salen a la calle a demandar al gobierno bolivariano cuatro consignas necesarias: la aprobación de una nueva ley del trabajo revolucionaria antes que finalice el año, el impulso a la gestión socialista de las empresas expropiadas, el control obrero y las expropiaciones, un aumento general de sueldos y salarios en función de la disparada inflación y la discusión de las convenciones colectivas vencidas, y la lucha contra la penalización de los conflictos y el terrorismo patronal. Es importante resaltar que la convocatoria a tal marcha no es iniciativa propia del gobierno bolivariano como en anteriores oportunidades, por el contrario, desde sus instancias de poder y hasta desde el propio PSUV y sus sectores sindicales en la voz de Oswaldo Vera, FSB, se ha tratado de impedirla. La iniciativa la asume UNETE, una central sin autonomía del gobierno bolivariano que ha rechazado la presencia de otras corrientes sindicales que no apoyan al gobierno del presidente Chavez, bajo un marco evidente de clara crisis económica en el país como consecuencia a lo interno de la bancarrota del capital mundial.
La crisis del capital en el mundo y su reflejo patente en el país ha obligado a los representantes de los trabajadores de Venezuela a exigir reconocimiento de ellos y sus demandas como contradicción fundamental entre el socialismo que se proclama a viva voz desde las instancias del gobierno y el que en nada se observa en el seno de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran agobiados por el alto costo de la vida, la burocratización gerencial y explotadora en las empresas del Estado, las contrataciones colectivas con años de vencidas en el sector público, la conciliación de clases y el claro apoyo a patronos públicos y privados por parte del Ministerio del Trabajo con despidos masivos concertados y en particular de los sectores sindicales clasistas, la indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche que obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para tratar de hacerlas efectivas, el sicariato ordenado por los propios patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, la abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir con el conveniente silencio o el retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo, la abundante tercerización con contratas y cooperativas que jamás ofrecen las mismas condiciones contractuales de los trabajadores fijos, la lucha diaria por parte de los trabajadores por mejores salarios ante lo que significó la devaluación ordenada por el propio gobierno al desvalorizarles a la mitad los conquistados, o hasta el propio mínimo, desde enero de este año mientras se vislumbra otra en los próximos meses.
Lo importante de esta contradicción fundamental es que ha obligado a los burócratas (porque como autonombrados coordinadores nadie los ha electo sino que se han impuesto) de UNETE a dar la cara por los trabajadores que representan y que comienzan a dar muestras claras de autonomía frente a las imposiciones gubernamentales y a reflejar su independencia de clase frente a los patronos de cualquier tipo, sean públicos o privados. Por el lado del gobierno la política sigue siendo la de convencerlos que lo que se hace es lo correcto y por eso los constriñe en la camisa de fuerza que esperen a que el gobierno actúe. La intensión de UNETE, en particular la Máspero y Stalin Perez, es conseguir reconocimiento de Chavez por la cantidad de trabajadores que movilicen mientras los encausan por una protesta que no se salga de los marcos de apoyo al proceso mientras se pueda resolver por arriba con los otros burócratas del oficialismo, importando mucho que los reclamos realizados no transciendan de lo mediático. Sin embargo, la manifestación, aún siendo burocrática, resulta positiva, y merece todo el apoyo de las corrientes políticas que exigimos un giro hacia el papel director que deben jugar los trabajadores en el seno del proceso, porque surge no de parte del propio Chavez sino de lo que subyace aún inconscientemente en las bases de los trabajadores que ya están cansados de esperar que algo verdaderamente socialista se haga e intuyen que deban ser ellos los que realmente lo concreten por sus propios medios. Esa debiera ser entonces la atención que se asuma por tanto de las organizaciones de claro espíritu proletario y clasista. No puede haber justificación alguna que algunas de ellas, por considerar que la convocatoria la hace la burocracia gobiernera, la minimicen y decidan no participar de manera independiente porque implicaría un apoyo al gobierno bolivariano. Las bases de los trabajadores, al menos desde el 2008, vienen exigiendo un mayor protagonismo en las calles que cada vez más es reprimido o bloqueado por lo que sus ilusiones en las virtudes del proceso cada vez más la delimitan en el presidente y no en los funcionarios que éste designa. Esa experiencia debe ser vivida por parte de las bases de los trabajadores y para tal fin nuestro aporte es ir con ellos a reclamar lo que exigen sus burócratas sindicales pero partiendo del hecho que lo genérico de las consignas se convierta en pasos concretos para lograr lo efectivamente alcanzable pero desde las propias bases de los trabajadores.
La Ley del Trabajo “Revolucionaria”
Ninguna ley del trabajo puede ser revolucionaria mientras con ella se regule la explotación que ejerce el capital sobre la fuerza de trabajo en oferta. Mientras la explotación a los trabajadores esté garantizada en ley no podemos hablar de algo revolucionario, menos socialista. Los distintos proyectos de esa ley en la AN en ninguna parte eliminan la explotación como tampoco que el patrono deje de robar el trabajo realizado y no pago en forma de plusvalía. Inclusive tampoco habla de llevar el régimen prestacional a la retroactividad perdida en 1997 de la mano de otros burócratas sindicales y actores gubernamentales, o el derecho al trabajo necesario sin robo por el patrono o que también se lo garantice a los millones que no tienen acceso al mismo. Pero aún si esto estuviese planteado en el proyecto que por 10 años la AN se negó a aprobar, ¿quién garantiza que se aplique si los trabajadores viven en carne propia que las propias instituciones del Estado que debieran velar por ella en lo absoluto lo hacen con la ley vigente? Sólo en el Estado que impongan los trabajadores bajo su propio gobierno es que se puede hablar de una ley del trabajo revolucionaria y socialista, pero en dirección a ese papel director en su propio gobierno sí se pueden movilizar por convertir a las instituciones del trabajo vigentes a que en efecto les funcionen. Primero exijamos, con el propio control de los trabajadores, que tanto las inspectorías como el propio ministerio del trabajo funcionen y hagan respetar los reclamos que los patronos y las instituciones burguesas del Estado no respetan.
La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
Si por gestión socialista y control obrero es lo que se anuncia que se hace en Guayana por caso, entonces estamos confundiendo los términos. El control obrero sólo tiene un sentido revolucionario si los trabajadores lo ejercen para imponer ellos la producción, esto es, a dónde va dirigida y por qué, y los libros contables están a la vista de todos, y eso está totalmente ausente donde se proclama que se está dando. Adicionalmente, la gestión socialista no tiene cabida cuando la producción no es el resultado de la planificación que los propios trabajadores ejerzan. Que algunos trabajadores, escogidos por el propio gobierno en vez de haber sido electos en asamblea por sus propias bases con derecho a revocatoria y bajo un plan concreto de trabajo, ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista si la fuerza de trabajo sigue siendo explotada en su jornada diaria efectiva y el trabajo necesario a cambio del salario pagado es mucho más que el que efecto se necesita mientras miles de desempleados se agolpan en sus portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Las administraciones impuestas por el dedo del ejecutivo nacional en las empresas del Estado no dejan de hacer la misma política que implementaban los gobiernos de la cuarta. Con trabajadores o sin ellos en la directiva o las gerencias, con explotación y tercerizados, con robo de la plusvalía como con cualquier otro patrono, sin control directo de los propios trabajadores en la producción, y por ende en su administración, no puede haber gestión socialista y el “control obrero” se convierte en la guillotina que coloca a las empresas expropiadas en manos privadas a la vuelta de la esquina.
Por otra parte, las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas pues sus capitales son resarcidos para aplicarlo ellos en cualquier otra forma de explotación sobre los trabajadores. Y lo que es peor, sin devolverles a los explotados todo lo robado en el tiempo que lo hicieron para el patrono privado. Son los trabajadores quienes deban exigir la expropiación sin pago de los grandes capitales que se encuentran en la banca privada y en las grandes industrias, en particular las trasnacionales, pero bajo el control directo sobre la producción en manos de los trabajadores. El control directo sobre la producción es la necesaria escuela para que los trabajadores se encarguen en su propio gobierno de la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.
Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar fuerte en Enero pasado condujo a que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. El presupuesto de este año ya lleva casi BsF. 50.000 millones más de lo presupuestado sin que termine el año, significando un endeudamiento externo adicional a los conseguidos para inversiones de infraestructuras. Los créditos adicionales han vuelto aparecer como en los peores tiempos de la cuarta república y de esto sólo se beneficia de manera directa la banca privada nacional o la internacional. Para el 2011 se presupuesta algo similar a lo ya gastado a la fecha mientras la fuente de ingresos en divisas por la venta de petróleo no se tiene previsto que aumente. Mientras esta renta se destina masivamente a los pulpos capitalistas para que la fuguen, o gasten fuera de nuestras fronteras, la única forma de equilibrar el gasto público será con lo que se le saque en mayor medida a los trabajadores y al pueblo que nada tiene. Una nueva devaluación está en las puertas en los próximos meses como salida para disponer de más bolívares con la misma cantidad de dólares por vender el petróleo, mientras, ya estamos atados con China por 20.000 millones que la pagaremos en los próximos 3 años con petróleo pero casi a la mitad del precio internacional del barril actual. Ese es el marco por el cual los contratos colectivos de los trabajadores del sector público siguen sin discutirse. No hay lo suficiente para ellos porque lo que hay es necesario dárselo como renta a la burguesía nacional y extranjera. Convocamos a los trabajadores dependientes de la administración pública a salir a las calles pues sólo ellos son los que pueden hacer con la acción directa torcer el brazo a los funcionarios y burócratas sindicales que se niegan a discutirlos. Es la consecuencia de los embates del capital mundial en bancarrota y los trabajadores y el pueblo que nada tiene pagando los costos de la crisis con altos precios de los bienes y los alimentos mientras los patronos se niegan a mejorar los salarios. La inflación es ya otro artículo que estamos obligados a pagar mientras cada vez más aumenta la población sin un empleo formal, estable y con un salario digno para vivir. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.
Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
UNETE habla de luchar contra la penalización de los conflictos. Como siempre, las palabras suaves antes que usar las correctas que los trabajadores entienden. Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Los trabajadores de UNETE en Maracay fueron reprimidos por la policía del gobernador rojo rojito Isea hace unos meses por tratar de hacer una marcha reclamando por lo que UNETE en su marcha en Caracas plantea. Las madres del PAE en La Victoria también fueron reprimidas por exigir que fueran reconocidas como trabajadoras formales. Un juez del trabajo en Barquisimeto decretó ilegal la huelga reconocida legal por la propia inspectoría del trabajo en IOSA. 2 trabajadores de Mitsubishi en Barcelona fueron asesinados por la policía de Tarek cuando a la fuerza quisieron éstos aplicar la justicia que un juez ordenaba al exigir el reintegro de las instalaciones que consideraba propiedad privada de los patronos. El Ministerio del Trabajo luego autorizaría el despido “legal” de la junta directiva del sindicato Singetram junto a 130 trabajadores, muchos de ellos en reposo y con reclamos pendientes por incapacidad laboral por la súper explotación en las líneas de producción, y otros 300 están en lista de espera por decisión definitiva que aún no se toma porque los propios trabajadores sacaron a la calle la denuncia. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos por el nuevo patrono público al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran como lo que la propia LOT define un cambio de patrono. Podemos llenar páginas de situaciones donde la lucha obrera clasista de la mano de los trabajadores de base es impedida y hasta penalizada por decisión de un juez convenientemente seleccionado, sea por un patrono público o uno privado. Pero lo peor es la impunidad con que actúan los sicarios asesinos de dirigentes sindicales contratados por los patronos. Ninguno de los asesinatos de dirigentes sindicales fabriles o del campo hechos por sicarios y ordenados por los patronos ha sido resuelto por la justicia ordinaria, menos descubiertos y presos sus autores intelectuales. Representar de forma clasista a los trabajadores con autonomía de gobiernos o burócratas e independencia de clase frente a sus patronos capitalistas es causal de riesgo de muerte. La inseguridad diaria se ha trasladado hasta ellos a pesar que el propio Estado de los capitalistas debiera garantizar el derecho a la vida.
Toda esta realidad no puede quedar en un mero saludo a la bandera. Necesaria es la organización de un frente de luchas que impida su continuidad y la desaparición física de los representantes clasistas que se manifiestan. El amordazamiento a la protesta obrera es la consecuencia de la criminalización ordenada por la justicia bolivariana y el sicariato ordenado por los patrones capitalistas pues tanto unos como los otros lo hacen con el fin que los trabajadores acepten los costos de la crisis económica como consecuencia de la bancarrota del capital mundial en vez de quienes la causaron.
Roberto Yépez
El 9 de noviembre por primera vez en 10 años las diferentes corrientes sindicales y sus trabajadores agrupados en UNETE salen a la calle a demandar al gobierno bolivariano cuatro consignas necesarias: la aprobación de una nueva ley del trabajo revolucionaria antes que finalice el año, el impulso a la gestión socialista de las empresas expropiadas, el control obrero y las expropiaciones, un aumento general de sueldos y salarios en función de la disparada inflación y la discusión de las convenciones colectivas vencidas, y la lucha contra la penalización de los conflictos y el terrorismo patronal. Es importante resaltar que la convocatoria a tal marcha no es iniciativa propia del gobierno bolivariano como en anteriores oportunidades, por el contrario, desde sus instancias de poder y hasta desde el propio PSUV y sus sectores sindicales en la voz de Oswaldo Vera, FSB, se ha tratado de impedirla. La iniciativa la asume UNETE, una central sin autonomía del gobierno bolivariano que ha rechazado la presencia de otras corrientes sindicales que no apoyan al gobierno del presidente Chavez, bajo un marco evidente de clara crisis económica en el país como consecuencia a lo interno de la bancarrota del capital mundial.
La crisis del capital en el mundo y su reflejo patente en el país ha obligado a los representantes de los trabajadores de Venezuela a exigir reconocimiento de ellos y sus demandas como contradicción fundamental entre el socialismo que se proclama a viva voz desde las instancias del gobierno y el que en nada se observa en el seno de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran agobiados por el alto costo de la vida, la burocratización gerencial y explotadora en las empresas del Estado, las contrataciones colectivas con años de vencidas en el sector público, la conciliación de clases y el claro apoyo a patronos públicos y privados por parte del Ministerio del Trabajo con despidos masivos concertados y en particular de los sectores sindicales clasistas, la indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche que obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para tratar de hacerlas efectivas, el sicariato ordenado por los propios patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, la abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir con el conveniente silencio o el retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo, la abundante tercerización con contratas y cooperativas que jamás ofrecen las mismas condiciones contractuales de los trabajadores fijos, la lucha diaria por parte de los trabajadores por mejores salarios ante lo que significó la devaluación ordenada por el propio gobierno al desvalorizarles a la mitad los conquistados, o hasta el propio mínimo, desde enero de este año mientras se vislumbra otra en los próximos meses.
Lo importante de esta contradicción fundamental es que ha obligado a los burócratas (porque como autonombrados coordinadores nadie los ha electo sino que se han impuesto) de UNETE a dar la cara por los trabajadores que representan y que comienzan a dar muestras claras de autonomía frente a las imposiciones gubernamentales y a reflejar su independencia de clase frente a los patronos de cualquier tipo, sean públicos o privados. Por el lado del gobierno la política sigue siendo la de convencerlos que lo que se hace es lo correcto y por eso los constriñe en la camisa de fuerza que esperen a que el gobierno actúe. La intensión de UNETE, en particular la Máspero y Stalin Perez, es conseguir reconocimiento de Chavez por la cantidad de trabajadores que movilicen mientras los encausan por una protesta que no se salga de los marcos de apoyo al proceso mientras se pueda resolver por arriba con los otros burócratas del oficialismo, importando mucho que los reclamos realizados no transciendan de lo mediático. Sin embargo, la manifestación, aún siendo burocrática, resulta positiva, y merece todo el apoyo de las corrientes políticas que exigimos un giro hacia el papel director que deben jugar los trabajadores en el seno del proceso, porque surge no de parte del propio Chavez sino de lo que subyace aún inconscientemente en las bases de los trabajadores que ya están cansados de esperar que algo verdaderamente socialista se haga e intuyen que deban ser ellos los que realmente lo concreten por sus propios medios. Esa debiera ser entonces la atención que se asuma por tanto de las organizaciones de claro espíritu proletario y clasista. No puede haber justificación alguna que algunas de ellas, por considerar que la convocatoria la hace la burocracia gobiernera, la minimicen y decidan no participar de manera independiente porque implicaría un apoyo al gobierno bolivariano. Las bases de los trabajadores, al menos desde el 2008, vienen exigiendo un mayor protagonismo en las calles que cada vez más es reprimido o bloqueado por lo que sus ilusiones en las virtudes del proceso cada vez más la delimitan en el presidente y no en los funcionarios que éste designa. Esa experiencia debe ser vivida por parte de las bases de los trabajadores y para tal fin nuestro aporte es ir con ellos a reclamar lo que exigen sus burócratas sindicales pero partiendo del hecho que lo genérico de las consignas se convierta en pasos concretos para lograr lo efectivamente alcanzable pero desde las propias bases de los trabajadores.
La Ley del Trabajo “Revolucionaria”
Ninguna ley del trabajo puede ser revolucionaria mientras con ella se regule la explotación que ejerce el capital sobre la fuerza de trabajo en oferta. Mientras la explotación a los trabajadores esté garantizada en ley no podemos hablar de algo revolucionario, menos socialista. Los distintos proyectos de esa ley en la AN en ninguna parte eliminan la explotación como tampoco que el patrono deje de robar el trabajo realizado y no pago en forma de plusvalía. Inclusive tampoco habla de llevar el régimen prestacional a la retroactividad perdida en 1997 de la mano de otros burócratas sindicales y actores gubernamentales, o el derecho al trabajo necesario sin robo por el patrono o que también se lo garantice a los millones que no tienen acceso al mismo. Pero aún si esto estuviese planteado en el proyecto que por 10 años la AN se negó a aprobar, ¿quién garantiza que se aplique si los trabajadores viven en carne propia que las propias instituciones del Estado que debieran velar por ella en lo absoluto lo hacen con la ley vigente? Sólo en el Estado que impongan los trabajadores bajo su propio gobierno es que se puede hablar de una ley del trabajo revolucionaria y socialista, pero en dirección a ese papel director en su propio gobierno sí se pueden movilizar por convertir a las instituciones del trabajo vigentes a que en efecto les funcionen. Primero exijamos, con el propio control de los trabajadores, que tanto las inspectorías como el propio ministerio del trabajo funcionen y hagan respetar los reclamos que los patronos y las instituciones burguesas del Estado no respetan.
La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
Si por gestión socialista y control obrero es lo que se anuncia que se hace en Guayana por caso, entonces estamos confundiendo los términos. El control obrero sólo tiene un sentido revolucionario si los trabajadores lo ejercen para imponer ellos la producción, esto es, a dónde va dirigida y por qué, y los libros contables están a la vista de todos, y eso está totalmente ausente donde se proclama que se está dando. Adicionalmente, la gestión socialista no tiene cabida cuando la producción no es el resultado de la planificación que los propios trabajadores ejerzan. Que algunos trabajadores, escogidos por el propio gobierno en vez de haber sido electos en asamblea por sus propias bases con derecho a revocatoria y bajo un plan concreto de trabajo, ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista si la fuerza de trabajo sigue siendo explotada en su jornada diaria efectiva y el trabajo necesario a cambio del salario pagado es mucho más que el que efecto se necesita mientras miles de desempleados se agolpan en sus portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Las administraciones impuestas por el dedo del ejecutivo nacional en las empresas del Estado no dejan de hacer la misma política que implementaban los gobiernos de la cuarta. Con trabajadores o sin ellos en la directiva o las gerencias, con explotación y tercerizados, con robo de la plusvalía como con cualquier otro patrono, sin control directo de los propios trabajadores en la producción, y por ende en su administración, no puede haber gestión socialista y el “control obrero” se convierte en la guillotina que coloca a las empresas expropiadas en manos privadas a la vuelta de la esquina.
Por otra parte, las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas pues sus capitales son resarcidos para aplicarlo ellos en cualquier otra forma de explotación sobre los trabajadores. Y lo que es peor, sin devolverles a los explotados todo lo robado en el tiempo que lo hicieron para el patrono privado. Son los trabajadores quienes deban exigir la expropiación sin pago de los grandes capitales que se encuentran en la banca privada y en las grandes industrias, en particular las trasnacionales, pero bajo el control directo sobre la producción en manos de los trabajadores. El control directo sobre la producción es la necesaria escuela para que los trabajadores se encarguen en su propio gobierno de la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.
Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar fuerte en Enero pasado condujo a que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. El presupuesto de este año ya lleva casi BsF. 50.000 millones más de lo presupuestado sin que termine el año, significando un endeudamiento externo adicional a los conseguidos para inversiones de infraestructuras. Los créditos adicionales han vuelto aparecer como en los peores tiempos de la cuarta república y de esto sólo se beneficia de manera directa la banca privada nacional o la internacional. Para el 2011 se presupuesta algo similar a lo ya gastado a la fecha mientras la fuente de ingresos en divisas por la venta de petróleo no se tiene previsto que aumente. Mientras esta renta se destina masivamente a los pulpos capitalistas para que la fuguen, o gasten fuera de nuestras fronteras, la única forma de equilibrar el gasto público será con lo que se le saque en mayor medida a los trabajadores y al pueblo que nada tiene. Una nueva devaluación está en las puertas en los próximos meses como salida para disponer de más bolívares con la misma cantidad de dólares por vender el petróleo, mientras, ya estamos atados con China por 20.000 millones que la pagaremos en los próximos 3 años con petróleo pero casi a la mitad del precio internacional del barril actual. Ese es el marco por el cual los contratos colectivos de los trabajadores del sector público siguen sin discutirse. No hay lo suficiente para ellos porque lo que hay es necesario dárselo como renta a la burguesía nacional y extranjera. Convocamos a los trabajadores dependientes de la administración pública a salir a las calles pues sólo ellos son los que pueden hacer con la acción directa torcer el brazo a los funcionarios y burócratas sindicales que se niegan a discutirlos. Es la consecuencia de los embates del capital mundial en bancarrota y los trabajadores y el pueblo que nada tiene pagando los costos de la crisis con altos precios de los bienes y los alimentos mientras los patronos se niegan a mejorar los salarios. La inflación es ya otro artículo que estamos obligados a pagar mientras cada vez más aumenta la población sin un empleo formal, estable y con un salario digno para vivir. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.
Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
UNETE habla de luchar contra la penalización de los conflictos. Como siempre, las palabras suaves antes que usar las correctas que los trabajadores entienden. Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Los trabajadores de UNETE en Maracay fueron reprimidos por la policía del gobernador rojo rojito Isea hace unos meses por tratar de hacer una marcha reclamando por lo que UNETE en su marcha en Caracas plantea. Las madres del PAE en La Victoria también fueron reprimidas por exigir que fueran reconocidas como trabajadoras formales. Un juez del trabajo en Barquisimeto decretó ilegal la huelga reconocida legal por la propia inspectoría del trabajo en IOSA. 2 trabajadores de Mitsubishi en Barcelona fueron asesinados por la policía de Tarek cuando a la fuerza quisieron éstos aplicar la justicia que un juez ordenaba al exigir el reintegro de las instalaciones que consideraba propiedad privada de los patronos. El Ministerio del Trabajo luego autorizaría el despido “legal” de la junta directiva del sindicato Singetram junto a 130 trabajadores, muchos de ellos en reposo y con reclamos pendientes por incapacidad laboral por la súper explotación en las líneas de producción, y otros 300 están en lista de espera por decisión definitiva que aún no se toma porque los propios trabajadores sacaron a la calle la denuncia. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos por el nuevo patrono público al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran como lo que la propia LOT define un cambio de patrono. Podemos llenar páginas de situaciones donde la lucha obrera clasista de la mano de los trabajadores de base es impedida y hasta penalizada por decisión de un juez convenientemente seleccionado, sea por un patrono público o uno privado. Pero lo peor es la impunidad con que actúan los sicarios asesinos de dirigentes sindicales contratados por los patronos. Ninguno de los asesinatos de dirigentes sindicales fabriles o del campo hechos por sicarios y ordenados por los patronos ha sido resuelto por la justicia ordinaria, menos descubiertos y presos sus autores intelectuales. Representar de forma clasista a los trabajadores con autonomía de gobiernos o burócratas e independencia de clase frente a sus patronos capitalistas es causal de riesgo de muerte. La inseguridad diaria se ha trasladado hasta ellos a pesar que el propio Estado de los capitalistas debiera garantizar el derecho a la vida.
Toda esta realidad no puede quedar en un mero saludo a la bandera. Necesaria es la organización de un frente de luchas que impida su continuidad y la desaparición física de los representantes clasistas que se manifiestan. El amordazamiento a la protesta obrera es la consecuencia de la criminalización ordenada por la justicia bolivariana y el sicariato ordenado por los patrones capitalistas pues tanto unos como los otros lo hacen con el fin que los trabajadores acepten los costos de la crisis económica como consecuencia de la bancarrota del capital mundial en vez de quienes la causaron.
Roberto Yépez
Las nuevas estatizaciones de Chávez
Las nuevas estatizaciones de Chávez
Venezuela atraviesa una crisis económica dramática. Es el único país de la región cuyo producto ha retrocedido en 2010, al tiempo que cuenta con una tasa de inflación elevada -un 27% en los últimos doce meses, que afecta, principalmente, a los alimentos.
PDVSA, la petrolera estatal, ha dado cuenta de una caída de 14,4% de su ganancia neta, en el marco de una caída de la exportación del petróleo en un 10% -según reconoció el gobierno (primer trimestre de 2010). La inversión social, mientras tanto, aumentó un 1.051,8%. La inflación y una capacidad menguada de financiación ponen en crisis el pilar de la política chavista y amenazan las condiciones de vida de amplias masas.
Frente a este panorama, el gobierno ha lanzado un nuevo plan de estatizaciones, que son generosamente compensadas como todas las anteriores. Se estima que las indemnizaciones en concepto de estatizaciones han consumido unos 30 mil millones de dólares -un formidable derroche de recursos. Ahora, tienen por blanco a los monopolios de la alimentación, que son responsabilizados por el alza de precios de la canasta básica. Amparadas en la tesis de "una profundización de la revolución", estas medidas ignoran el fracaso del sistema de comercio de productos alimentarios (Mercal, PDVAL), establecido hace cuatro años, y la creación de la llamada "planilla" o lista con productos subsidiados. El gobierno corre el riesgo de que si la carestía se incrementa, incluso en el marco de las nuevas estatizaciones, quede al desnudo una irrevocable incapacidad política. De hecho, ya han tenido que desmentir que se proponga estatizar almacenes, tiendas o supermercados. Las estatizaciones en sí mismas no determinan su carácter, el cual depende de la finalidad que persiguen, de la clase que las ejecuta y de su método. El despilfarro de recursos en indemnizaciones y la sustitución de la patronal por una casta de funcionarios incapaces -y muchas veces corruptos- descalifican que esas estatizaciones puedan ser transformadoras o revolucionarias, o que impliquen una transición al socialismo. Son medidas empíricas y aisladas. Después de todo, nada alimenta más la inflación que el manejo del mercado de cambios por parte del gobierno, que vende divisas al tipo de cambio oficial, que los especuladores revenden en el negro o paralelo. O que emite bonos en dólares, lo cual aumenta la deuda pública, que pueden ser comprados en pesos y que luego se transan en Nueva York a un tipo de cambio diferencial. Este método de absorción de pesos excedentes enriquece a unos pocos y alimenta la inflación debido a que desvaloriza el bolívar.
La prensa internacional no se cansa de repetir que estamos ante una nueva "ola" de "expropiaciones" -y hasta las adjudica a la derrota electoral reciente de Chávez. Ve en ello métodos y objetivos donde no los hay; encubre, en efecto, a los monopolios que han sido estatizados, los cuales son protagonistas irremplazables en la especulación señalada contra la moneda nacional.
Cada estatización del gobierno respondió a situaciones distintas que, lejos de cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, se esfuerza por compatibilizarlas con el sistema capitalista. Con la estatización de las cementeras (como con la reciente toma de ocho complejos y predios urbanos), intentó hacer frente a la falta de material para proseguir con el plan de viviendas, pero ni la producción ni los precios han bajado. Con la de Sidor (compensada por mucho más que su valor de libros e incluso de mercado), procuró encarar la rebelión laboral producida por el sistema de tercerizadas y subcontratistas -pero en estos temas las cosas se han agravado. En otros casos, estatizó bancos que fueron llevados a la quiebra por sus propios partidarios capitalistas.
El caso Owen Illinois
La última estatización de Owen Illinois (de capitales norteamericanos y que representa el 60% del mercado del vidrio en el país) no puede comprenderse sin la reciente estatización de Agroisleña (productora del 70% de los insumos agrícolas) y las amenazas de intervenir la empresa Polar, la más grande agroindustria de alimentos y bebidas del país, que emplea a más de 30 mil personas. El gobierno acusó al pulpo de inflar costos y precios que se trasladan a la industria alimenticia. Pero si es consecuente con este planteo, en poco tiempo deberá nacionalizar a Polar, que utiliza los insumos de Owen y Agroisleña. ¡Salvo que Chávez termine subsidiando las compras de Polar!
La decisión del gobierno de estatizar Owen Illinois fue recibida con protestas por parte de la burocracia sindical opositora y por los propios trabajadores. Simplemente, piensan que el Estado-patrón acabará liquidando las conquistas existentes y que acabará liquidando el convenio, como ocurre en las industrias estatizadas. Esto pone en evidencia el lado reaccionario de las estatizaciones burguesas -y de paso, facilita la manipulación de los obreros por parte de la derecha. El sindicato actúa en un bloque junto con la patronal, pero es producto de la experiencia de otras estatizaciones fracasadas del gobierno logran encontrar una cierta base social entre los obreros. La protesta también es apoyada por la C-Cura y la UNT, dos movimientos sindicales del campo clasista. Owen Illinois, a poco de conocerse el decreto de estatización, emitió un comunicado donde aseguraba que esperaba llegar a un acuerdo adecuado, de la misma manera en la que se pronunció el Departamento de Estado norteamericano.
La experiencia "estatista"
La gran mayoría de las fábricas estatizadas, que fueron adquiridas con indemnizaciones millonarias, algunas a cotización de bolsa en su punto máximo (caso Verizon), quedaron en manos de una burocracia estatal que, lejos de poner a producir las plantas a su máxima expresión y satisfacer los reclamos obreros, hizo lo contrario. Las fábricas, en numerosos casos, están prácticamente paralizadas o con una producción marginal, con los obreros en una situación precaria y a veces sin cobrar el sueldo.
En Sidor, la situación es igual o peor que al momento de ser vaciada por Techint. La fábrica, con miles de contratados y un vaciamiento impresionante, sigue teniendo todo tipo de protestas bajo el control estatal, muchas veces encaradas desde los mismos sindicatos. En Sidor se registra la continuidad del trabajo tercerizado, la falta de cobro del sueldo y bonos, además de una bajísima productividad.
En este campo, surge un nuevo problema para el gobierno, pues la baja productividad de Sidor -se ubica en un 30%- ha generado problemas para la construcción de viviendas por la falta de varillas y de hierro. Es probable que, por esto, el gobierno haya decidido estatizar Sidetur (Siderúrgica del Turbio) y hacerse de la totalidad de la producción de hierro y acero.
Resulta de primer orden que los trabajadores venezolanos desmitifiquen las estatizaciones burguesas, por un lado, y recuperen la crítica a los monopolios capitalistas, por el otro. El punto de unión de la clase obrera debería ser: 1) defensa de los convenios colectivos, fin a la tercerización; 2) independencia sindical del Estado y de los patrones (en los sindicatos por empresa), control obrero de la producción; 3) por un plan de desarrollo único que se discuta y vote en un congreso de trabajadores. Cuando fue la estatización de Sidor, advertimos que se abría un debate estratégico en el movimiento obrero venezolano: la independencia política de los trabajadores. Esta sigue siendo la cuestión estratégica, más que nunca.
Ezequiel D.
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