Opción Obrera es la sección venezolana de la CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional)

Propulsamos el desarrollo de una política proletaria al seno de los trabajadores tras su independencia de clase y una organización de lucha para su liberación de la explotación e instaurar El Gobierno de los Trabajadores, primer paso hacia el socialismo.

Ante la bancarrota capitalista mundial nuestra propuesta es que:


¡¡LOS CAPITALISTAS DEBEN PAGAR LA CRISIS!
¡LOS TRABAJADORES DEBEN TOMAR EL PODER!



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domingo, 17 de febrero de 2013

EMPRESAS DEL ESTADO, MÁS DE LO MISMO.

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2012

EMPRESAS DEL ESTADO, MÁS DE LO MISMO.

Las empresa básicas de Guayana, y otras también nacionalizadas, son el verdadero caos de la incapacidad, burocracia y negligencia en la gestión por parte del gobierno representado en la CVG, la gobernación y el ministerio de industrias intermedias, igualmente se expresa en los servicios de transporte, luz, agua, y salud.

Lo normal es el atraso en los pagos. No sólo en el de las nóminas semanales o quincenales, también se adeuda el pago de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, cajas de ahorro, cesta tickets, mientras a los enfermos ocupacionales se les pelotea o difiere lo que por derecho les corresponde como consecuencia de las altas condiciones de riesgo en que se ejecutan las labores.

Los vencimientos en el tiempo de las contrataciones colectivas también es lo normal, Venalum, 5 años sin contrato, Alcasa, Bauxilum y Carbonorca, 4 años sin contrato, Ferrominera y Sidor, dos años y medio, los empleados públicos, casi 10 años sin contrato.

Con los resultados de tales empresas durante el 2012 se demuestra el muy escaso interés en invertir con bienes de capital para sacarlas del foso en que se encuentran. Es que las divisas alcanzan para la burguesía y sus importaciones por sobre las intensiones de disponer de un parque industrial nacional productivo. Puntualmente resultan un coctel explosivo y caldo de cultivo para que la oposición de derecha medre de la escasa demostración “socialista” de sus burócratas directivos:

Sidor: El resultado al cierre de 2012 es un desastre. Apenas el 40% de capacidad instalada, 1 millón 722 mil toneladas de Acero, por debajo de los 2 millones 700 mil toneladas “planificados” que se anunciaron a inicios de año.

Bauxilum: opera por debajo del 50 por ciento de su capacidad instalada, resultando 35% menos que en 2011, que ya fue muy mala. Produjo 808 mil toneladas de alúmina con una capacidad cercana a los  2 millones Tm/año. En Bauxilum-Pijiguaos, la mina de bauxita, las cosas fueron también desastrosas: apenas 30% de su capacidad, 1 millón 790 toneladas transportadas en lugar de los casi 6 millones que se lograban antes. La empresa requiere una asignación de Bs. 1.400 millones para operar durante todo 2013, pero demanda un anticipo urgente de Bs. 300 millones. En Pijiguaos no hay servicio de comedor ni transporte porque no les pagan a las cooperativas.

Venalum: alcanzó 147 mil toneladas en 2012. Una vergüenza que nunca había ocurrido en los 35 años de existencia de esa empresa. Eso es apenas 30% de su capacidad de siempre que era de 430 mil toneladas, con una caída de 43% con respecto a 2011.

Alcasa: apenas produjo 55 mil toneladas cuando lo habitual por año fue 200 mil toneladas. El trabajador Denis Sucre resume lo desesperante del accionar de los burócratas: “habían 152 celdas operativas y hoy después de 6 meses quedan 147 celdas, encontraron más de 20MILTM de cabo y lo vendieron, a empresas mercantilistas y este material es un producto que se le vende directamente a Sidor mediante trituración y se utiliza como carburante para el proceso de reducción de acero, vendieron toda la chatarra a terceros cuando Sidetur es una empresa de los venezolanos y de las que recientemente fue nacionalizada y es la que tiene la capacidad de hacer las grandes fundiciones de chatarra en todo el país; pero el negocio no está en las mismas instituciones del estado por qué no quedan comisiones pero si con los terceros. Estos la compran y después se la revenden a Sidetur en vez de nosotros venderla directamente, ese es el negocio. Se hacen negocios con los requerimientos de servicios que necesita la empresa, aquí hablamos de los negocios de comida y el trasporte, así como también en las compras de insumos, repuestos y materia prima.” (Aporrea.org, 27/08/2012).

Carbonorca: Molienda y Compactación permanecen paralizadas y los hornos de cocción en mínimo. Alcasa le debe Bs. 100 millones por suministro de ánodos. Falta coque, insumo básico para poder producir, se espera llegada de un buque con 19 mil 900 toneladas del insumo que fue adquirido a una firma china.

Ferrominera: las cuentas por cobrar con sus clientes nacionales llegan ya a los 2.400 millones de bolívares.

Sural: Ante la reducción de la producción de Venalum, el volumen de los insumos no llega ni a 30% de lo que requiere la planta para operar en condiciones óptimas. La ínfima capacidad de reducción de aluminio, aunado al retraso en las licencias de importación, asfixia a las compañías transformadoras del metal asentadas en Guayana.

Otras compañías como Cabel, Rialca, Cabelum, Pianmeca, Westalca y CTA presentan una situación similar a causa del bajo rendimiento de las estatales Venalum y Alcasa.

EPS Tubos Sin Costura (antigua TAVSA): paralizada, no hay servicio de comedores porque Pdvsa debe más de seis facturas al proveedor, tampoco cuentan con seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

Orinoco Iron: demandan un aumento del bono de alimentación, una bonificación de anticipo por el retraso en la discusión de la convención colectiva y un aumento de 77 por ciento, pues eso es lo que les correspondería si hubiesen discutido un nuevo contrato 31 meses atrás.

Ferresidor: en la privatizada Fesilven sus trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales puesto que no gozan de una efectiva protección salarial.

CVG Refractarios: los trabajadores se mantienen en los portones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) exigiendo respuestas en torno al incumplimiento de los beneficios laborales y el arranque definitivo de la planta de la nacionalizada Cerámicas Carabobo - División Refractarios en 2008.

Otros: Cuatro proyectos industriales prometidos están bien retrasados a pesar de los millones que se han asignados y sin perspectiva real de finalización: la Siderúrgica Nacional “José Ignacio Abreu de Lima” y la Planta de Concentración de Mineral de Hierro se construyen en Ciudad Piar, el Servicio de Laminación de Aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco y el  complejo industrial papelero Pulpaca al sur de Anzoátegui. En la central Hidroeléctrica Tocoma, la cuarta represa sobre el rio Caroní,  también se han incumplido con las fechas de terminación de la primera etapa innumerables veces.

ULTIMA HORA EN GALLETERA CARABOBO

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2013

ULTIMA HORA EN GALLETERA CARABOBO

El asombro no tiene límites. Los integrantes de la Junta Arbitral, LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ, representante del MINTRASS y presidente, LUIS PEREZ VARELA, por el patrono, y LORAINE ROSIBEL LOAIZA, por los trabajadores, se han coaligado para cobrar por adelantado el arbitraje de forma muy arbitraria, bajo las premisas del usurario derecho burgués. Y eso en la primera reunión como junta instalada.
Así consta en acta:
 Los honorarios fijados por los árbitros son setenta y cinco mil para cada uno de ellos, los cuales deberán ser consignados en cheques de gerencia por ante la Inspectoría de Guacara, Estado Carabobo, para lo cual se fija como término máximo del día anterior a la fecha en que vence el lapso de consignación de alegatos y pruebas, de conformidad con el procedimiento señalado en esta acta. Cada una de las partes está obligada a aportar el monto de los honorarios del árbitro que postuló y, adicionalmente, el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente al árbitro designado por el Ministerio del Trabajo, tal como se acordó previamente.
Todos los actores están al descubierto, los trabajadores deben retomar la lucha ante el accionar en  su contra desde la junta de arbitraje.

Sobre la Escasez y el Acaparamiento

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2013

Sobre la Escasez y el Acaparamiento

La escasez se puede interpretar como un medio de chantaje y presión, utilizados por los empresarios, tanto por los distribuidores como los fabricantes de alimentos y bienes de primera necesidad, con el objetivo de que el pueblo se vea obligado comprarlos a precios elevados. Venezuela no produce lo suficiente para satisfacer su propia demanda de consumo producto de una limitación congénita como país capitalista atrasado al encontrarse subordinado al capital financiero internacional, por tanto es caldo de cultivo para que con la escasez, el acaparamiento y la especulación termine una minoría social aprovechándose de esa insuficiencia.

Uno de los detonantes que ocasiono la insurrección popular del 27 y 28 de Febrero del año 1989, fue precisamente el acaparamiento y la consecuente escasez. A muchos distribuidores y productores de alimentos se les olvidó que en esas fechas el pueblo salió a tomar lo que ellos tenían escondido en sus almacenes, los saqueos demostraron que no se puede tener a un pueblo amarrado por el estomago.

Causa gran indignación cuando vamos a los abastos, redes de supermercados, hipermercados, comercios chinos y árabes, y vemos sus anaqueles y vitrinas completamente vacías, pero a su lado, al frente o a pocos metros, hay buhoneros exhibiendo todos los productos de la dieta diaria con el doble y hasta el tiple del precio normal o regulado. Sin duda alguna que quienes ocasionan este problema hacen su Agosto porque el pueblo se ve obligado a adquirirlos los productos con sobreprecio. Es evidente que esto no debería ocurrir si ante la demanda de consumo existiese una oferta suficiente. La relación comerciantes, o cadenas de comercialización, y buhoneros existe porque los primeros le venden todo el pedido a los segundos con sobreprecio y es el consumidor quien termina pagando las ganancias de ambos ante lo escaso de la oferta.

La alternativa entonces sería disponer de una oferta de bienes de primera necesidad y alimentos suficiente a la demanda, sin embargo, si dependemos esencialmente de la importación para ello y las divisas para adquirirlas afuera se reducen del mercado con Cadivi o el Sitme, es más que obvio que se termine importando menos o que el valor del dólar para adquirirlas se triplique, encareciendo los precios y haciendo escasear los productos.

Con este problema de la escasez provocada queda al descubierto la debilidad, y en mucho caso la complicidad, de todas las estructuras del Estado con competencia en esa materia, por tanto responsabilidad del gobierno bolivariano. Es cierto que se han encontrado numerosos almacenes de la Polar y otras empresas, pero aún no hay responsables de ellos y del gobierno detenidos por cometer estos delitos mientras la escasez y el acaparamiento continúan. También es cierto que los permisos de importación por insuficiencia productiva nacional los emite el Ministerio de Comercio, que Cadivi otorga los dólares para que puedan ser importados y que la banca, privada o pública, los liquida, por órdenes del BCV, a los capitalistas que ahora hacen de la importación su negocio. La cadena pareciera que revienta por lo más delgado, abastos, redes de supermercados, hipermercados, comercios chinos y árabes, y buhoneros, pero a la cadena más gruesa de los importadores y la rosca de comercialización nadie toca.

La guardia nacional bolivariana, para contener cualquier acción del pueblo, para evitar que el pueblo salga a buscar por las malas los productos que no consigue por las buenas, se ha visto en la necesidad de realizar algunos allanamientos. Pero hasta allí llega. Es como con el precio de la carne o el pollo en los mercados y supermercados, todos sabemos, y ellos también, que se venden a sobreprecio para el consumidor final pero, ¿en dónde se ha allanado alguno para vender tales alimentos al precio regulado oficial?

La escasez como expresión de un capitalismo atrasado, solo puede ser superada con las riendas del país dirigidas por los trabajadores.

HECTOR PARRA

GRAN MISIÓN VIVIENDA O GRAN MISIÓN CALVARIO

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2013

GRAN MISIÓN VIVIENDA O GRAN MISIÓN CALVARIO
En la GMVV aún no se le ve el queso a la tostada

En Venezuela todos los venezolanos tenemos derecho a una vivienda según el artículo 82 de le constitución  BOLIVARIANA DE VENEZUELA y para encontrar una solución a este gran problema de vivienda que padecemos un gran número de venezolanos desde hace muchos años por falta de política serias y responsables tantos por los viejos gobiernos, catalogados como de la cuarta república como este nuevo y que revolucionario gobierno en las cuales se les ocurre crear le gran misión vivienda pero lo hacen en un año electoral en lo que se ve y huele mal ya que pareciera eso; pura promesa electoral sin embargo.

Hay que reconocer que han hecho una gran cantidad de vivienda pero no las que quieren reflejar en los numeritos diciendo que son miles y miles de casas construidas y no es así. Juegan con las necesidades habitacional del venezolano, llevándolos a las extremos de la mendicidad  exponiéndolos a sacrificios inhumanos para poder obtener una vivienda propia pasando trabajo y viviendo en hacinamiento total, refugios o en casa de familiares, con una falsa promesa de que en dos o tres meses les entregaran la vivienda pasando las familia de uno a dos años o más la espera por el techo propio, además el jefe de casa aparte de salir a buscar el pan para la alimentación de la familia tiene que llegar trabajando en la construcción de la vivienda sacrificando su salud y hasta la vida todo por tener un techo para la familia.

Todo esto ha llevado a que familias enteras salgan a protestar trancando vías, tomando sedes gubernamentales entre otros protestan porque a pesar de tener el país un ingreso altísimo por concepto de la renta petrolera, se somete a los venezolanos a lo largo y ancho del país como he dicho  anteriormente a extremos de mendicidades para poder obtener una vivienda propia.

Pareciera o estoy seguro de que es así como pasa en la mayoría de los casos. Que recursos totales destinados para la construcción de vivienda son desviados o desaparecidas de maneras extrañas alimentando esa cultura corrupta que caracteriza a nuestro gobierno sea de la corriente que sea, de derecha o izquierda, nunca les importó la necesidad del pueblo que le toca sufrir las penurias por la necesidad de una vivienda propia.

También hay que resaltar que la mayoría de las viviendas son construidas sin un plan de desarrollo urbano digno y más humano, las viviendas son construidas en el mismo sitio donde estaban los ranchos sin disminuir los riesgos existentes, sin mejorar los servicios públicos, sin hacer vías de accesos, servicios que son necesarios para  mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos que padecemos las necesidad de una vivienda ¿Hasta cuándo estaremos padeciendo este tipo de políticas que a veces nace con una buena intención como lo es la gran misión vivienda? A mi parecer hace falta que nos integremos más las comunidades y los trabajadores para lograr juntos mejores políticas habitacionales y no como dije antes que nos afectan al común del venezolano.

Jaime desde Puerto La Cruz

¿CÓMO NICOLAS MADURO CONSIDERA QUE SE DEBE ESTUDIAR LA CONSTITUCION?

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2013

¿CÓMO NICOLAS MADURO CONSIDERA QUE SE DEBE ESTUDIAR LA CONSTITUCION?

En  la reciente  inauguración de un plantel educativo en Valencia, el vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, señaló a los estudiantes “la importancia de estudiar la constitución, puesto que ésta contempla los derechos ciudadanos, entre ellos la educación. Los exhorta a tener conciencia para defender los logros del pueblo”. (CIUDAD VLC  19/01/2013)

El Currículo Nacional Bolivariano así lo establece en unos de sus componentes: “Definir qué es ciudadanía y la identidad nacional”. Entre sus objetivos destaca “que el alumno sea capaz de conocer sus deberes y derechos como práctica ciudadana”, así como, “el reconocimiento y respeto a la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela”.

Por consiguiente, es tarea del educador forjar ese debate en el aula de clases, construir un lenguaje que les permita a sus estudiantes interpretar la realidad. Puede generarse reconociendo que la actual Constitución responde al de una república burguesa, pero también en reconocer la necesidad de cambiarla por otra que respalde una República Socialista cuyo primer artículo sea la abolición de toda explotación y empoderar como gobierno los consejos de trabajadores.

Con  respecto a la Constitución, la misma que sugiere Nicolás Maduro debe ser objeto de estudio, en este momento se debate como punto medio en el discurso de dos extremos, el de la derecha por un lado, y el del oficialismo por el otro. Lo indica muy oportunamente la polémica que se generó con el Artículo 231: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Ante la imposibilidad que todos conocemos Nicolás Maduro señala “que se trata de un hecho sobrevenido” –se entiende que es un hecho que ocurre inesperadamente– pero además dice que la Constitución “abre una flexibilidad dinámica” para concluir que es un formalismo presentar juramento ante la Asamblea Nacional (El Universal, Caracas, 05/01/2013). Interesante hubiera sido si el vicepresidente hubiese promovido una discusión con los estudiantes aclarando en qué consiste su definición.

Sin perder de vista las interpretaciones que ha hecho la derecha de ese artículo, y que ha generado tanta o más confusión, es innegable que también nos queda a los venezolanos una serie de interrogantes como esa supuesta “flexibilidad dinámica” que nombra el vicepresidente. ¿Cómo se lleva a términos concretos? O aún más, al no prestar juramento el presidente ante la Asamblea Nacional, ¿a quién le sería imputable el hecho sobrevenido? ¿Al presidente? ¿A la Asamblea Nacional? Siendo la Constitución la norma que establece todos los mecanismos jurídicos del Estado, ¿cómo es que ahora se presenta con tantas ambigüedades?

Los cuestionamientos que hacemos a diario más la incertidumbre que se siente no responden sino a una la falta de transparencia por parte del gobierno encargado, por lo tanto resulta incongruente la preocupación de Nicolás Maduro respecto al estudio de la Constitución por parte de los estudiantes.

Conviene, ahora más nunca, que los docentes venezolanos comiencen a ejercer ese rol de agente de cambio. Qué mejor momento que éste donde el escenario político ha dejado ver claramente las grietas de la gobernabilidad capitalista. El estudio y conocimiento, tanto para los educandos como los educadores, de la Constitución como expresión del poder de los dueños de los medios de producción. Más allá del cumplimiento de este objetivo en las aulas de clase se requiere echar las bases del poder para los trabajadores y convertir la educación en un arma para su liberación.

Vilma Ramos

Definiciones en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra

Prensa Opción Obrera 25 Enero - Febrero 2012

Definiciones en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra

El asesinato del joven militante del PO y las graves heridas a Elsa Rodríguez sacudió al poder político y tocó a fondo al movimiento popular. El oficialismo imaginó que había sido el detonante de la muerte de Néstor Kirchner e incluso provocó una crisis política; es que pocos días antes, Cristina Fernández había pretendido consagrar una unidad política con la burocracia sindical. La etapa final de un juicio con un fuerte y creciente control político que se debate entre el camino hacia el juicio y castigo y la impunidad a los principales acusados.



El asesinato de Mariano Ferreyra devolvió a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio. Puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado kirchnerista en el transporte ferroviario. Un año y medio después, esa trama se volvería a poner en evidencia en la masacre de Once.

Denunciamos, desde el primer momento, todas estas circunstancias, y con ello produjimos una delimitación política que aportó una claridad decisiva al movimiento popular a la hora de la movilización por el juicio y castigo a los culpables. Miles de jóvenes y trabajadores se reconocieron en la condición social y militante de Mariano; los trabajadores tercerizados se sintieron interpelados, no ya entre los ferroviarios, sino en toda la dimensión del territorio nacional. Las tentativas de cooptar a los allegados políticos y personales de la víctima -la táctica empleada por este gobierno y los anteriores, para neutralizar el repudio-, fracasaron en forma miserable.

El método político empleado en la lucha por el juicio y castigo, en el caso de este crimen, se diferenció del utilizado en los casos de los compañeros Q’om o del docente neuquino Carlos Fuentealba. Nosotros fuimos de entrada por los responsables políticos –incluido el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo-, al que conminamos a que procediera a una investigación en sus propia filas. Debido a la recusación de esta requisitoria a proceder a investigar el aparato del propio Estado, el gobierno ha quedado como responsable último de la masacre de Once.

Las escuchas telefónicas han dejado probada la colaboración de los titulares del ministerio de Trabajo (Carlos Tomada y su vice Noemi Rial) con José Pedraza, secretario general de la Unión Ferrorviaria. La reacción inicial del gobierno y de sus alcahuetes (en particular José Pablo Feinman y otros de Carta Abierta) fue enrostrar la responsabilidad del crimen al Partido Obrero (PO), que habría estado en el lugar y en el momento inadecuado. “Nos tiraron un muerto”, acusaron las eminencias que viven del presupuesto del Estado. La misma Presidenta utilizó la mayor parte de la entrevista que concedió a los familiares de Mariano, a atacar al Partido Obrero. Claro: en octubre de 2009, al inaugurar una sede sindical de los ferroviarios, Cristina consagrado a Pedraza como la encarnación del, textual, “sindicalismo que construye”.

No insistieron en esta vía de exabruptos cuando, el 22 de febrero de 2011, otros 51 muertos cayeron en la estación de Once, como tampoco lo habían hecho, antes, en ocasión de la decena de accidentados fatales en los pasos a nivel. Los compañeros tercerizados que se habían convocado, aquel 20 de octubre, para reclamar por el pase a planta permanente, no estaban allí por “apresuramiento”: habían trajinado durante dos años los pasillos ministeriales con esa misma reivindicación.

“Un crimen político contra la clase obrera”, esa fue la síntesis de la caracterización política que guió nuestra lucha. Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal, integrada al Estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes había quedado definido con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Lo que se puso en juego, entonces, en esta lucha por el Juicio y Castigo, es una confrontación de naturaleza histórica.

Es esta lucha y la claridad con que fue empeñada, lo que permitió llegar al juicio oral y público, que se encuentra en la recta final, con los responsables políticos de la patota entre los acusados. Antes que la prisión preventiva cayera sobre Pedraza, la ministra actual de Seguridad, Nilda Garré, desplegó la última tentativa para evitarla: montó un operativo mediático para encarcelar a los compañeros ferroviarios que habían luchado con Mariano, a los que acusó de actos de vandalismo en la estación Constitución, con la clara finalidad de desnaturalizar la lucha de los tercerizados.

Garré había llegado a ese ministerio como parte de una maniobra cuidadosa del gobierno para apartar a Aníbal Fernández de la conducción política de la Policía Federal y sacarlo del foco de la responsabilidad por las órdenes que dio a la fuerza aquel 20 de octubre. Luego de la condena que pronuncie el Tribunal Oral, habrá que ir por la investigación y juicio de Aníbal Fernández. En el juicio oral y público “no están todos los que son”: faltan los concesionarios del Roca, que habilitaron la salida laboral de la patota y están entrelazados en la explotación de los tercerizados y el desvío de los subsidios; no está la cúpula de la Policía que monitoreó operativo desde la Jefatura; no está el ministro encargado de las fuerzas de seguridad en aquella ocasión.

¿Cuál es el desafío político en esta fase final? El gobierno no es impasible o neutral en esta circunstancia. Se ve que ha seguido un lento y penoso peregrinaje gatopardista, que consiste en depurar en forma aséptica (sin sangre) y limitada la trama mafiosa para conservar la conducción del aparato de negocios y sindical del ferrocarril. Los Luna (por el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna) y los Schiavi (Juan Pablo ex secretario de Transporte) enfrentan ahora su propio juicio oral y público por Once; el nuevo ministro de transporte, Randazzo, no es del palo de Omar Maturano (gremio La Fraternidad) ni del pedracismo; se ha removido a la conducción macrista-moyanista-pedracista del Belgrano Cargas; por último, está intentando manejar la UF con un pedracismo sin Pedraza. Por último, pretende que la culminación del juicio oral y público sea el final de la historia, o sea que no se trasvase a los concesionarios, la jefatura policial, los ministros de Seguridad.

Las querellas representadas por los abogados del CELS y los del Partido Obrero alegarán, en los próximos días (viernes 15), por la condena a perpetua de Pedraza y sus cómplices. No se conoce, sin embargo, el planteo de la fiscal, María Luz Jalbert, que representa al Ministerio Público y que, en esa condición, influye en la formación de la opinión del Tribunal oral.

La fiscal Jalbert atravesó una crisis seria, hace un par de meses, cuando la Procuradora K, Alejandra Gil Carbó, le puso dos comisarios políticos como “ayudantes”. Del juicio oral y público se desprende una conclusión de conjunto acerca de la responsabilidad de Pedraza como instigador político de las acciones que llevaron al crimen, que para sus defensores no alcanzan el carácter de una prueba firme. Si prevalece este criterio judicial, jamás sería posible probar una responsabilidad política y la impunidad quedaría consagrada con carácter universal. En este caso, Pedraza –el mismo que intentó sobornar a los jueces de Casación, para obtener una excarcelación– hasta podría ser declarado ¡Inocente!

Otro capítulo merece la posición de la troika que integra el Tribunal, la cual se encuentra cruzada, por lo menos, por dos condicionamientos: uno, tiene que ver con la presión de la cruzada del gobierno en el Poder Judicial, para reemplazar con jueces propios a los que reputa afines a la “corpo”; el otro es, digamos, ideológico, con referencia al garantismo. Con relación a esto último, los defensores de la patota alegan la falta de pruebas “materiales”, o sea la ausencia de una orden escrita y firmada de matar. Recordemos que el garantismo es una posición de defensa de la población que carece de la capacidad material de defender sus derechos, ante la acción del Estado y las fuerzas de seguridad, que se mueven con recursos y desarrollan una conspiración impune. No debería servir como escudo para defender a ese mismo aparato (burocracia, policía, funcionarios, ministros, pulpos económicos concesionarios), que precisamente conspira contra quienes carecen de derechos, trabajadores tercerizados, privados del derecho elemental del convenio colectivo.

Este conjunto de señalamientos apunta al objetivo de dar las armas intelectuales, y por lo tanto organizativas, para impedir un nuevo caso de impunidad. La perpetua para Pedraza y sus cómplices no solamente daría impulso a las cuestiones excluidas de esta causa desde su fase de instrucción; también impulsaría la lucha por el esclarecimiento, juicio y castigo por la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga; por los asesinatos de campesinos Qom y del Mocase; por llevar a tribunales a Sobisch, por Carlos Fuentealba y por tantos y tantos compañeros sometidos y reprimidos. Las mujeres agredidas, las trabajadoras y trabajadores esclavizados en el campo y la ciudad.

Jorge Altamira – Partido Obrero - Argentina


Publicado por Agenda Oculta

lunes, 11 de febrero de 2013

Rodrigazo en Venezuela, los K ponen las barbas en remojo


Rodrigazo en Venezuela, los K ponen las barbas en remojo

La nueva mega devaluación de la moneda venezolana, conocida como ‘bolívar fuerte’, constituye una advertencia a los trabajadores de América Latina acerca de la incapacidad de los llamados gobiernos nacionales y populares para defender los niveles de vida de la población socialmente más vulnerable.

Esto ocurre cuando el precio internacional del petróleo – la materia prima que representa el 95% de las exportaciones de Venezuela – continúa elevado e incluso es el doble de la previsión establecida en el presupuesto público del país. Los salarios de los trabajadores petroleros de Venezuela se encuentran entre los más bajos de la industria petrolera mundial y apenas en la media del salario de los venezolanos.

Esta nueva mega devaluación apunta a incrementar las contribuciones de la empresa petrolera, PDVSA, al Tesoro de Venezuela, pero no corrige ninguno de sus problemas estructurales: sólo PDVSA acumula una deuda externa superior a los 30 mil millones de dólares. PDVSA es manejada por una burocracia del Estado, ligada a proveedores y contratistas, completamente ajena al control y gestión de los trabajadores. Las empresas privadas de servicios tecnológicos, en gran parte extranjeras, absorben la mayor parte de la renta petrolera de Venezuela.

La devaluación golpeará fuertemente los precios de los alimentos, que son mayormente importados. El nacionalismo de contenido capitalista ha sido incapaz de industrializar al país y recuperar el mercado que dominan el capital extranjero y la burguesía local.

El tamaño de la devaluación, un 47%, no alcanza para corregir el desajuste cambiario en las condiciones existentes, de modo que es el comienzo de una escalada. Es una amenaza fatal para la política fiscal de redistribución del ingreso nacional. Una redistribución auténtica del ingreso nacional depende de una revolución en el modo social de producción y trabajo de la industria.

Las campanas de Venezuela doblan por Argentina, que también enfrenta la inminencia de un rodrigazo, sin que importe – aquí tampoco – la cotización elevada de la exportación de soja.

Los países que se jactan de rectitud fiscal y política anti-inflacionaria, están sufriendo una enorme inflación en dólares, debido a la política de devaluación del gobierno de Obama, que apunta a abaratar las exportaciones de Estados Unidos y desalojar del mercado a los competidores. Esta inflación dolarizada ha provocado un enorme proceso de desindustrialización. El rodrigazo de los países ‘probos’ llegará cuando empiecen a retroceder los precios internacionales de las materias primas –ya comenzó con el cobre y el platino– y aumente la tasa de interés internacional.

En oposición a los rodrigazos, sean estos nacionales y populares o neoliberales (abandono de la convertibilidad), propugnamos una planificación económica que apunte al desarrollo industrial autónomo y un control de la producción por parte de los trabajadores, para asegurar el progreso material e intelectual de la población laboriosa.

Jorge Altamira