PLATAFORMA DE LUCHA ARAGUA
SOBRE EL ESTADO DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y
EL AUMENTO EN SUS TARIFAS POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE UNIDADES PRIVADAS
El consejo de usuarios del transporte y PLA repartiendo volantes en el terminal de pasajeros de Maracay
Las
poblaciones del estado Aragua se encuentra sometidas a la tiranía de un
transporte colectivo que no cumple, con el servicio que deberían prestar. El transporte colectivo
es una concesión otorgada por el municipio que reviste lucro para los dueños de busetas y buses
agrupados en asociaciones civiles y cooperativas. Mientras por parte de los
propietarios de los medios de transporte corre el mantenimiento de cada unidad,
por parte de los municipios, no hay
control de su funcionamiento, periodicidad, paradas específicas y obligatorias,
uniformidad e identificación adecuada en función de las necesidades de los usuarios,
además de la mala calidad de las vías para su tránsito.
La concesión otorgada a la asociación civil
o cooperativa escapa a cualquier contraloría municipal o social. Nadie es capaz
de informar bajo qué condiciones y normas de funcionamiento el municipio le
otorgó la concesión de transporte colectivo a una asociación civil o
cooperativa de propietarios de unidades de transporte, menos por cuántos
propietarios y unidades una ruta en particular está integrada, en qué horarios
y si los choferes de las unidades son los propietarios de las mismas o sólo
asalariados en relación de dependencia de un asociado con varias unidades en la
ruta en cuestión o en cualquier otra de las rutas concesionadas.
No hay una mínima estadística asequible al
público por ruta que incluya número de unidades, cantidad de vueltas completas
que dan, tiempo estimado en hacerlo, lapsos del día por la que discurren,
calificación según escala de las unidades y otras más para que los comités de
usuarios puedan ejercer una contraloría efectiva sobre el servicio. El
municipio, y los que se interconectan hacia la capital del estado, se han hecho
los desinteresados en garantizar un transporte colectivo apto para los
ciudadanos que hacen uso del mismo y se lavan las manos con la oferta pública
del servicio fijando estrafalariamente una tarifa, o aun peor, dejándolo en
manos del ejecutivo nacional con una tarifa única que evidentemente no puede
ser igual para cada ruta.
En esencia el transporte colectivo es un
servicio público que el municipio y las mancomunidades deben controlar. No
podemos quedarnos entonces como meros usuarios del servicio público, está muy
bien que queramos dirigir hacia los dueños de las unidades nuestra crítica por
su voracidad por el lucro, pero si no entendemos que es el municipio quien no
ha hecho su trabajo al permitirle a ellos su lenidad, entonces continuaremos
permitiendo que una banda de burócratas se aprovechen de nuestros impuestos de
la peor y más descarada manera.
Para el usuario del transporte colectivo el
traslado es pésimo, salvo las contadas excepciones correspondientes al servicio
de TransAragua dependiente de la gobernación del estado. La oferta no satisface
la demanda de los usuarios y en particular en las horas pico, incluyendo los
buses de TransAragua, y lo común es viajar apiñados en los pasillos o colgados en
patente inseguridad en las puertas. Sumado a esto, el tema de las tarifas, el
precio del pasaje, es el pan nuestro de cada día entre transportistas y
pasajeros. La incapacidad de los municipio en poner orden con un servicio
eficiente, o a veces en manos del
ejecutivo nacional la regulación de las tarifas terminan mermando aun más el
poder adquisitivo de los trabajadores, y ofreciendo villas y castillos a los
“transportistas” con suministros básicos subsidiados (cauchos y repuestos de
cambio periódico), pero sin alterar la estructura anárquica de su
funcionamiento en nuestras ciudades y recibir un buen servicio
Los choferes de las asociaciones civiles y
cooperativas siempre anuncian la paralización del servicio público de
transporte si no se les reconoce un incremento en el precio del pasaje. Esto es
una estafa, por un lado está la indefensión de los usuarios y por el otro que
siempre le funciona el enriquecimiento de las mafias del transporte, Por ahora,
hay una demanda introducida contra ellos por un comité de usuarios del transporte
colectivo en Maracay.
La Plataforma de Lucha Aragua hace un
llamado a todos los usuarios del transporte colectivo para que se demande un
buen servicio, que no solo es la tarifa, los municipios deben responder. Del
mismo modo la Plataforma de Lucha Aragua exige a TransAragua a que aumente el
número de rutas atendidas y ponga en circulación un número mayor de buses.
También exigimos al ejecutivo nacional sobre la fábrica de buses Youtong, que abra los
libros a las comunidades de todo el
país, cual es la produccion hacia donde están destinados esas unidades, que su
beneficio será para el pueblo y no para unas mafias privadas, de manera de
incrementar el numero de los ensamblados tanto para el estado Aragua como para
todo el país.
Las asociaciones de transportistas privados
han insistido con parar sus unidades si no se les satisface la demanda por sus
tarifas. Ya lo han hecho en las rutas que unen los municipios de Girardot
(Maracay) y Mario Briceño Iragorri (El Limón – Caña de Azúcar – La Candelaria)
en meses pasados. La alternativa expuesta por TransAragua allí y en otros
municipios del estado resolvió la demanda de transporte por parte de los
usuarios, sin embargo es notorio su insuficiencia en las horas pico. Detrás de
los reclamos de los choferes privados hay claras intenciones de subvertir las
precarias condiciones sociales exacerbadas por la crisis económica. En contra
de nuevo aumentos, y un servicio pésimo alertamos del beneficio adicional a las
mafias del transporte con subsidios en cauchos, baterías, consumibles y
repuestos por parte del ejecutivo nacional, que además siempre terminan en
apoyo del sector transporte a las bandas criminales de la derecha y sus
guarimbas fascistas
Un transporte colectivo eficiente, sólo es
posible si el municipio se encarga de garantizar las necesidades públicas de
los usuarios en vez de hacerse el loco manteniendo la anarquía de los
transportistas privados. Las ordenanzas municipales en materia de transporte
público deben garantizar entre otras cosas:
Las paradas obligatorias específicas por
ruta, y la readecuación de las rutas en razón de las necesidades de la
comunidad.
La identificación clara de la ruta a la que
pertenece la unidad.
La prohibición de la unidad de viajar con
la puerta abierta, y la ventilación necesaria, que funcionen las ventanas.
El uso de colores específicos en las
unidades de manera de estar asociadas con una ruta particular y las paradas
correspondientes.
La prohibición de ruidos molestos y alto
volumen de sus aparatos de sonido.
La obligación a usar uniformes que
identifiquen la línea y al chofer que la conduce.
El acondicionamiento a tamaños estándares
en longitud y ancho de las unidades, y en cantidad de puestos cómodos y el
máximo número de personas que pueden viajar de pie.
El uso de torniquetes habilitados con el
pago electrónico por tarjeta que permita el multiviaje y su recarga en
taquillas ubicadas en sitios fáciles para su adquisición.
En aquellas rutas donde el tránsito del
transporte público ocurra entre dos o más municipios, la ordenanza municipal
correspondiente debe ser de estricta aplicación entre ellos y las líneas de
transporte.
La adecuación por parte del municipio al
tránsito vehicular de calles y avenidas y la reparación inmediata de huecos y
drenajes.
Ante la inseguridad que se vive a diario
con robos y atracos a los viajantes de las unidades de transporte colectivo, se
hace imperiosa la mayor intervención del municipio al respecto. El transporte
colectivo no puede ser el refugio de los choros y malandros para su beneficio.
La Plataforma de Lucha Aragua llama a la
colectividad a organizar a los usuarios del transporte colectivo para dar la
pelea por sus derechos. Sólo con la lucha podemos enfrentar la voracidad del lucro de
los choferes privados, asi como obligar al municipio responda por un buen
servicio de transporte.
Marzo de 2017
