LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DIANA RECHAZAN LAS IMPOSICIONES DEL MINISTRO DE ALIMENTACIÓN FELIX OSORIO

Prensa Opción Obrera 26 Agosto - Septiembre 2013

LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DIANA RECHAZAN LAS IMPOSICIONES DEL MINISTRO DE ALIMENTACIÓN FELIX OSORIO

Un ACTA en Gaceta Oficial nula de toda nulidad

El pasado martes 23 de junio fue publicado en Gaceta Oficial[1] un acta notariada ante el Registro Mercantil Primero del estado Carabobo de fecha lunes 22 de julio de 2013. En ella, el ministro de alimentación Félix Osorio, en función de sus atributos conferidos como representante del 100% de las acciones del capital de la empresa Industrias Diana C.A. para convocar la asamblea de accionistas sin notificación previa y además la de “nombrar y remover el Gerente General y los demás miembros de la Junta Directiva”, ha impuesto remover al Sr. Ángel Orsini del cargo mencionado y nombrar en el mismo, sin aviso ni protesto, al Sr. David Mendoza, y a los Sr(s) y Sra(s) Mariana Josefina Rodríguez Hernández, Erich Nailen Escalante Moncada, Andy Tovar Veliz y Domingo Salcedo Valladares, como miembros principales de su Junta Directiva. El acta reza “En el día de hoy lunes veintidós (22) de julio de 2013, siendo las 9:00 a.m., encontrándose reunidos en la sede social de la empresa del Estado Industrias Diana, C.A. …”. El único hecho cierto es que en esa fecha, y en esa hora o cualquier otra del mismo día, no hubo ninguna asamblea de accionistas en Diana, ni tampoco Osorio ha estado desde su investidura como ministro en la sede social de la empresa.

No sólo se está violentando el Servicio Autónomo de Registros y Notarias con un acta forjada, sino que adicionalmente se le da visos de legalidad al ser publicada en la Gaceta Oficial.

Antecedentes

Ya para inicios de junio había comenzado el forcejeo entre los trabajadores y un nuevo ministro en alimentación queriendo cambiar la estructura gerencial y la directiva de la empresa, del mismo modo como se hizo con las empresas básicas de Guayana. Inclusive no dejó de aparecer la solidaridad con el “necesario” accionar ministerial abrogándose de defensores de los trabajadores (María Souto, Aporrea.org, 06/06/2013) o de los tarifados de siempre como el del conocido profesor Arenas desde el twitter. Los trabajadores de Industrias Diana se opusieron al nombramiento y Orsini se mantuvo en el cargo de gerente general. Adicionalmente, le hicieron reconocer a Mendoza que la lógica indicaría que los nombramientos contaran con la conformidad de los trabajadores.

Mientras los trabajadores creían que todo se había solventado, el ministro Osorio no se quedó de brazos cruzados. A la fecha de hoy los almacenes de productos terminados rebozan porque se les ha impedido su salida por la no autorización del SADA en emitir las guías de despacho desde sus instalaciones; entran insumos pero no salen mercancías. El saboteo a la empresa viene entonces desde el propio gobierno al pretenden culpar a los trabajadores de una merma en la producción.

Luego de la publicación del “acta” en gaceta, Mendoza y la nueva junta directiva pretenden ocupar los cargos, impuestos por Osorio, nuevamente el día martes 23 de julio. Los trabajadores los enfrentan en asamblea con argumentos y los conminan a retirarse de la empresa. El viernes 26, con el apoyo de un destacamento armado de la GNB, David Mendoza Yamaui toma posesión de la gerencia general en las instalaciones de la planta de Valencia.

Diana militarizada desde siempre, pero hoy mostraron para qué sirven los fusiles

Desde tempranas horas del viernes 26 comenzaron a circular mensajes informando de una militarización en Industrias Diana para imponer por la fuerza la decisión gubernamental a sus trabajadores. Realmente la militarización existe en Diana desde que pasó al Estado y hasta los trabajadores hablan de ella de buena forma como de sus “camaradas militares”. Hoy demostraron para qué sirven realmente. La nueva junta directiva y el gerente general tuvieron que apoyarse en la unión cívico (la de ellos) y militar (la del militar con voz de mando Félix Osorio) para proceder con sus “funciones”.

Los trabajadores continuaron la producción –en ningún momento desde iniciado el conflicto se ha paralizado– mientras convocaban a los colectivos sociales, comunales, sindicales y de izquierda a que hiciéramos presencia en solidaridad con ellos. Una masiva asamblea inició a las 2 de la tarde, los puntos debatidos más relevantes fueron: rechazo a la imposición gubernamental del nuevo gerente general y su junta directiva, y proponerle al ejecutivo nacional el/los candidatos surgidos de los trabajadores con experiencia profesional y política para asumir los cargos. Ambos fueron aprobados por decisión unánime de los trabajadores.

¿Control Obrero auténtico?

Industrias Diana es una excepción en todas las industrias nacionalizadas por Chavez. Ha mejorado notablemente su producción y es económicamente rentable, tanto que en vez de recibir subsidios del Estado le resarce dividendos a éste. Una inversión reciente de 30 millones de dólares por parte del Estado (Diana le entregó dividendos por 35 millones de bolívares entre 2011 y 2012) permitirá ampliar la cosecha de palma aceitera y así incrementar la producción de aceite crudo, insumo base de la empresa para producir aceite comestible y margarina. Los trabajadores se organizaron en un consejo de trabajadores a iniciativa del gobierno nacional, desechando su antiguo sindicato. Disponen de una contratación colectiva firmada por el consejo de trabajadores con el patrono que beneficia a todos, empleados –incluyendo a los gerentes– y obreros, y como dato curioso, los del consejo de trabajadores tienen fuero. Sus trabajadores asumen que la empresa está bajo Control Obrero.

Diana y las otras empresas nacionalizadas tienen como antecedente que sea el ejecutivo nacional quien imponga el nombramiento de sus cuerpos directivos. Orsini –que termina siendo visto por los trabajadores como uno de los suyos–, lo fue del mismo modo. Pero hay más del papel gubernamental en Diana como es la restricción de sólo vender al mercado privado el 20% de su producción mientras a CASA, la empresa distribuidora de alimentos de origen nacional o importado del Estado, se le entrega el resto para que sea quien lo distribuya y sin Empresas Diana estar al tanto del cómo. El Control Obrero entonces no tiene aún la consistencia requerida pues no interviene en todo el proceso, desde la cosecha y preparación del aceite crudo hasta la ubicación en los anaqueles del producto final. Para los trabajadores, sin embargo, era el paraíso siempre y cuando lo fueran en la sede de Valencia; el “socialismo en una sola empresa”, posible.

El paraíso tiene raíces en el infierno … capitalista

Los trabajadores de Diana han comenzado a darse cuenta que no todo lo que brilla es oro. En la asamblea salió a relucir que el verdadero control obrero demuestra su poder exigiendo ser los trabajadores quienes designen sus jefes máximos. Han descubierto, como colectivo, que es indispensable el disputarle el poder, con el paralelo del Control Obrero, al que ejerce una minoría social, la capitalista y sus representantes, que concibe acrecentar su riqueza como dueños del Estado a costa de la explotación de la clase trabajadora mayoritaria.

La lucha en enfrentarse al Estado, sin embargo es desigual y nada fácil, en particular si el Estado se apoya en sus destacamentos militares para imponer su “orden”.

Balance y perspectivas

La dura lucha de los trabajadores por el poder en Diana apenas comienza. El “background” de David Mendoza como empresario de maletín –hay pruebas sustentadas por los trabajadores– y como antiobrero despidiendo trabajadores que se sindicalizaban en el SENIAT, prefigura un nuevo negocio con la  ayuda de Osorio y la GNB. La política gubernamental inclinando su apoyo a los empresarios privados en el tema de la soberanía alimentaria, y que en contrapartida refleja desatención con lo que se hacía a través de Mercales, Pdvales y Bicentenarios, o como los mismos trabajadores de Diana denuncian está pasando con Lácteos Los Andes, es el contexto donde se ubica esta lucha.

Los trabajadores de Diana para hacer cumplir de verdad lo que es el poder popular requieren de la solidaridad efectiva, no declamatoria, de los sindicatos combativos y los consejos comunales.

DEFENDAMOS EN LA CALLE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DIANA.

SOLIDARIDAD EN LA ACCIÓN CON ELLOS CON LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA.

ORGANICEMOS UN PARO REGIONAL EN CARABOBO HASTA HACERLE TORCER EL BRAZO AL MINISTRO.

FUERA OSORIO DEL MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN.

TOYAL APOYO A LA INICIATIVA DE CONTROL OBRERO AUTÉNTICO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DIANA.

---

[1] http://www.tsj.gov.ve/gaceta/julio/2272013/2272013-3747.pdf#page=29

Un Papa militarizado (la soga y el ahorcado)

Un Papa militarizado (la soga y el ahorcado)

Es bajo una protección bastante poco divina que Francisco inició su visita a la bella Rio de Janeiro. Las crónicas dan cuenta de que la “cidade maravilhosa” recibió al Papa “absolutamente militarizada”. El cuadro es el de un “escenario de guerra”: a los 13.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y federales se agregaron otros 14.000 soldados de la policía militar “estadual” (provincial).

Se ve que el mensaje que el obispo de Roma dijo aportar requiere una custodia bastante poco celestial: “Semejante emplazamiento de hombres armados hasta los dientes tiene como objetivo la ‘disuasión’ no tanto de los eventuales terroristas como de los manifestantes que se pueden animar a aparecer en los actos que protagonice el líder católico” (Clarín, 20/7). No se trata de una improvisación: el secretario de Seguridad carioca planteó que las fuerzas de seguridad implementaron una “nueva estrategia” a partir de las multitudinarias protestas recientes en el país vecino. En estas movilizaciones, en particular en Río, la novedad fue que muchachos y chicas de la clase media manifestaron con jóvenes de las favelas, “unidos en la bronca común contra el gobernador por la brutal represión que descargara contra la movilización popular” (ídem). Nada improvisado: un habitante de la mayor favela de Río que visitará Francisco en estos días declaraba a la prensa que el temor por la dictadura de los narcos había sido sustituido, hace tiempo, por la dictadura de la policía que ocupó el territorio (rediseñando los acuerdos entre narcos y uniformados).

Nada de esto es desconocido por Bergoglio. Los hombres del Vaticano que diseñaron el viaje admitieron que el Epsicopado brasilero trazó la “línea”: buscar un “equilibrio” que evite ahondar el abismo abierto entre las masas y el gobierno de Dilma. Este papel de “rescatista” del Papa no es un favor gratuito: los hombres del clero necesitan del poder político para rescatar a una Iglesia que reúne en Brasil a la mayor cantidad nacional de feligreses del mundo, pero que se encuentra en un feroz retroceso. En las tres últimas décadas, el porcentaje de los que se declaran católicos cayó de más de un 90% de la población a menos de un 70. Bergoglio fue a Brasil a “intentar darle nueva vida a la Iglesia”, admitió su biógrafo y amigo connacional Sergio Rubin. Detrás de la fastuosa cobertura mediática se oculta, por lo tanto, el derrumbe que deben pilotear los dos “actores” de este encuentro: el jefe de la Santa Sede y la devaluada sucesora de Lula, temerosa de aparecer en público para no quedar expuesta al repudio. Hay algo en este escenario que recuerda el aforismo sobre la soga que sostiene al ahorcado.

Vaticano

Es que son tiempos de crisis. No había puesto Bergoglio el pie en el vuelo de Alitalia a Brasil cuando un renombrado vaticanista italiano –Sandro Magister– del semanario L’Espresso puso en blanco sobre negro los oscuros antecedentes de monseñor Batista Ricca, un amigo de Bergoglio, nombrado semanas atrás para poner orden en los criminales negocios del IOR, el Banco Vaticano. Resulta que Ricca fue embajador del Vaticano en Uruguay desde 1999, a donde llevó a su pareja, un capitán suizo llamado Haari. “La intimidad entre Ricca y su amante escandalizaba a obispos, sacerdotes y laicos; incluso a las monjas que se ocupaban de la Nunciatura rioplatense”. Para tapar el caso, don Ricca fue transferido a Trinidad Tobago, desde donde más tarde regresó al Vaticano. Mientras tanto, la “curia romana” se encargó de limpiar el prontuario del hombre y ahora se dice que todo fue un “complot” contra Francisco. Ay, mi Dios (si existiera). El colapso vaticano tendrá proporciones gigantescas. Tan grandes como las concentraciones que se anuncian ahora en las playas, por donde anduvo la garota de Ipanema.

Pablo Rieznik

Brasil: lo que está y lo que se viene

Brasil: lo que está y lo que se viene

El paro general del 11 de julio no fue una continuidad de las masivas movilizaciones populares de junio. Muy parcial en la mayoría de las grandes ciudades, casi inexistente fuera de ellas, no consiguió parar –con excepción de Porto Alegre– el sistema de transportes. Los pocos cortes de rutas y avenidas fueron realizados por un número pequeño de personas. Las manifestaciones callejeras fueron muy bajas en relación a las multitudinarias marchas de junio: 8 mil personas, como máximo, en la Av. Paulista (San Pablo). Buena parte de los manifestantes había recibido dinero para participar y hasta un extra si ayudaba a cargar una bandera o cartel. La jornada, sin embargo, había sido convocada por las siete centrales sindicales del país, algunas (CUT, Fuerza Sindical) con enormes recursos financieros. En los pocos lugares en que hubo actividades combativas (Fortaleza, Porto Alegre, San José dos Campos, Belém, Natal), fue notoria la actividad de la CSP-CONLUTAS, a pesar de que sólo representa el 2 por ciento del movimiento sindical.

El PSTU, sin embargo, concluyó que “el 11 de julio fue la continuidad de las manifestaciones de junio” (Opinión Socialista, 17/7), lo que ni el estudiante menos informado se atrevería a decir. Los movimientos responsables de las jornadas de junio, el MPL en primer lugar, ignoraron el paro. La CUT, a su vez, pagó a sus “manifestantes” para que cargaran banderas (industrialmente confeccionadas) de apoyo al gobierno, las que dominaron los actos públicos (en junio, no se vio ninguna siquiera parecida).

La respuesta de Dilma Rousseff a “la voz de las calles” quedó reducida a la nada. La promesa de consagrar el 100 por ciento de los royalties del petróleo de alto mar (menos del 8 por ciento de la renta petrolera, en manos del capital privado internacional) fue mutilada y postergada por el Parlamento. La “reforma política”, anunciada como asamblea constituyente y después reducida a una modificación reaccionaria de un par de mecanismos electorales, fue simplemente enterrada en el Congreso Nacional. Dilma, que no tuvo tiempo para ir a la reunión de la Dirección Nacional del PT, lo tuvo para recibir públicamente a un representante parlamentario del PSOL, quien le manifestó su apoyo. Frente al obvio vendaval de críticas, el PSOL emitió un comunicado distanciándose de su diputado, pero apoyando la (enterrada) reforma política. Los principales partidos de izquierda se han puesto en la ruta de la divergencia o la colisión con el movimiento popular.

Lula salió de su mutismo (desde las páginas del New York Times), para caracterizar las movilizaciones como producto del progreso de la última década: los coches particulares habrían invadido las calles, entorpeciendo el transporte público. Ni una palabra sobre los lucros y los monopolios del transporte privatizado. Llamó también –era necesario– a una “renovación del PT”. La reunión de la dirección de éste, a mediados de julio, fue un episodio de crisis: manifestó su insatisfacción por la ausencia de Dilma y oficializó nueve listas para las elecciones internas del 10 de noviembre, con seis candidatos a presidente del partido. La izquierda del PT, un aparato ajeno al movimiento popular, apostó todas sus fichas en ese proceso.

Toda la porquería acumulada del Estado (régimen) brasileño está ahora apareciendo. Los poco más de 5.500 municipios del país usan nada menos que 510 mil “cargos de confianza” (ñoquis), muchos con salarios mensuales superiores a los 10 mil dólares. Mientras tanto, profesores y médicos municipales padecen salarios de hambre, para no hablar de la infraestructura. La corrupción y la crisis económica se cruzan en el BNDES, el banco estatal cuya cartera de créditos al sector privado aumentó de 25,7 mil millones de reales (12 mil millones de dólares) en 2001 a 168,4 mil millones de reales (84 mil millones de dólares) en 2010, con una tasa decreciente de la inversión privada, actualmente igual a cero. La mayoría de las empresas beneficiadas registra pérdidas o se encuentra en quiebra. La más importante es la EBX de Elke Batista, el “capitalista de Lula”, beneficiaria de 10,5 mil millones de reales de dinero público. La crisis capitalista está iluminando el agujero negro de la corrupción brasileña.

El papa Francisco viene al “más grande país católico del mundo”, en el que la proporción de católicos cayó del 92% en 1970 al 65% en 2010, en beneficio de las mafiosas sectas evangélicas que han gobernado el país en la última década junto al PT. Viene también a contener el movimiento juvenil, desviándolo. También para llamar al gobierno petista a “escuchar la voz de la calle” –abriendo más espacio para la Iglesia católica y reduciendo el de los evangélicos. Los “teólogos de la liberación” (los hermanos Boff, Frei Betto) se sumaron calurosamente a esa operación político-religiosa. El Vaticano le metió la cuenta de los inmensos gastos papales en Brasil al Estado y los evangélicos presionaron al gobierno para que los redujera, en una contienda pública. La izquierda, aquí, mira para otro lado.

Frente al inmovilismo político, el PMDB busca transformarse en el eje del régimen, reafirmando su alianza con el PT y el apoyo a Dilma, al mismo tiempo que bombardea en el parlamento todas sus iniciativas políticas. En las actuales condiciones, es casi un juego de ruleta rusa. Las centrales sindicales han marcado un nuevo paro general para el 30 de agosto. Aislado y sin conexión con cualquier plan de lucha de conjunto, la jornada será un nuevo saludo a la bandera. La juventud en lucha anda por otros caminos. Después de Belo Horizonte, los jóvenes de Porto Alegre –organizados en un “Bloque de Lucha” –, ocuparon la alcaldía, de la que sólo se retiraron mediante un compromiso escrito de pasaje gratuito en ómnibus y trenes para estudiantes y desempleados, sin desgravación impositiva de las empresas concesionarias. El caldo está fermentando. La victoria por puntos en el primer round puede transformarse en nocaut del gobierno en los próximos asaltos.

Osvaldo Coggiola

Egipto, nuevos y viejos frentes de tormenta

Egipto, nuevos y viejos frentes de tormenta

El gobierno militar ha terminado de integrar su gabinete. Se hará cargo de la cartera de Finanzas Ahmed Galal, un economista de la Universidad de Boston que trabajó durante dos décadas como investigador en el Banco Mundial. Como ministro de Exteriores fue nombrado Nabil Fahmi, quien fuera embajador en Washington durante nueve años bajo el gobierno de Mubarak. Son hombres de confianza del gran capital, quienes tienen fluidos vasos comunicantes con el imperialismo. Asistimos, bajo la tutela de los militares, a una convergencia entre la oposición burguesa liberal y los viejos residuos del gobierno de Mubarak. “En Egipto, el Estado profundo levanta cabeza nuevamente” (The Wall Street Journal, 12/7). Bajo esta denominación, se engloba a la masa de ex funcionarios, burócratas, políticos, militares y empresarios que manejaron los asuntos de estado bajo el régimen depuesto en 2011. “Los militares eligieron presidente a un juez de la era Mubarak. Otro de estos jueces ha sido designado para encabezar los esfuerzos para elaborar una nueva Constitución” (ídem). Un digitado consejo de notables estaría a cargo de redactarla, para ser sometida luego a un referéndum. El “consejo” de reformistas está copado por juristas y personajes ligados al viejo régimen, lo cual aumenta las sospechas de que los militares estén pensando en prolongar su permanencia en el poder. Por lo pronto, Al Sisi, jefe de la cúpula militar que asestó el golpe, mantiene la cartera de Defensa y ocupa también el puesto de viceprimer ministro. Por otra parte, se le acaban de otorgar superpoderes al nuevo presidente. Son las mismas facultades extraordinarias que se le negaron a Morsi –cuyo pedido desató una revuelta popular a finales del año pasado. El nuevo presidente tiene el poder de dictar leyes y decretar el estado de emergencia. Esta decisión ha merecido el rechazo de la oposición laica que apoya al gobierno y de las organizaciones populares. Entre ellas se encuentra Tamerod, el grupo juvenil que organizó la campaña de firmas que se convirtió en un plebiscito masivo contra el gobierno islamista.

Primeras fracturas

Estas primeras grietas se producen cuando todavía el gobierno no comenzó a lidiar con el frente económico. Las estimaciones reales de desempleo rondan el 40 por ciento, en lugar del 13 por ciento que indican las estadísticas oficiales.

En medio de esta olla a presión, el nuevo ministro de Hacienda tendrá que negociar un préstamo de 3.650 millones de euros al FMI, el cual está condicionado a la aplicación de un plan de austeridad. La principal medida que exigen los organismos financieros es la supresión de los subsidios a los combustibles y alimentos –de los cuales una parte sustancial se importa de otros países. Ello representaría un golpe fenomenal para una población que ya se encuentra en una situación desesperante.

A esto, se agrega el abismo creciente entre el nuevo gobierno y la población musulmana. La persecución y matanza a la que fueron sometidos los seguidores de los Hermanos Musulmanes ha soliviantado a los trabajadores –incluidos sectores no religiosos–, ahondando el distanciamiento de las fracciones islámicas que, en un primer momento, apoyaron el golpe. La organización salafista –ultraislámica– de Al Nour ha desistido integrar el nuevo gabinete. Pero sin el apoyo islámico, la transición está cuestionada. El imperialismo está empeñado en forzar un compromiso.

Según ha revelado la agencia Reuters, el movimiento islamista ha propuesto la mediación de Bernardino León, el enviado especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, para abrir negociaciones con el gobierno.

Los líderes de la Hermandad estarían dispuestos a celebrar elecciones presidenciales anticipadas, la principal petición de la oposición antes de la destitución de Morsi. Pero no piensan reconocer la legitimidad de la asonada. Por su parte, los militares habrían ofrecido poner en libertad a los líderes islamistas arrestados –entre ellos, a Morsi– y archivar todas las causas judiciales en su contra recién abiertas, a cambio de poner fin a las movilizaciones. Pero la pretensión de una transición política armónica en manos del gobierno militar está jaqueada por la bancarrota económica y la crisis social galopante, las que siguen actuando como telón de fondo de la revolución egipcia.

Pablo Heller

El golpe de estado, contra la rebelión popular

El golpe de estado, contra la rebelión popular

Egipto

El golpe de Estado impuesto en Egipto el pasado 3 de julio ha dado lugar a un régimen de emergencia, el cual debe operar en medio de una enorme iniciativa popular.

La BBC británica calificó a la movilización del 30 de junio contra el gobierno de Mursi como la mayor de la historia de la humanidad. Una verdadera marea humana se adueñó de las calles de la capital egipcia y el fenómeno se reprodujo en todas las ciudades del país. El golpe se precipitó para abortar ese proceso.

El ejército es la cabeza de una coalición de fuerzas heterogénea, que incluye a las organizaciones que motorizaron y encabezaron la rebelión popular.

Entre ellas, se encuentra Tamarud (rebelión), que congregó a decenas de miles de jóvenes y organizó el petitorio contra Mursi, el cual reunió 22 millones de firmas y se convirtió en un plebiscito que ayudó a sellar la suerte del gobierno. Asimismo, se agrupó un arco de fuerzas extenso y contradictorio. Entre ellos, se encuentran sectores de la oposición burguesa laica, como el Frente de Salvación Nacional (integrado por liberales como el prooccidental El Baradei y nacionalistas nasseristas, o sectores ultraislamistas como Al-Nour) que salió segundo en las elecciones que consagraron presidente a Mursi y luego tomaron distancia del gobierno. Precisamente, uno de los datos de la rebelión popular fue el giro operado en las masas musulmanas, la base principal de apoyo de Mursi, que fueron restando apoyo al presidente para converger con las masas laicas.

El desarrollo acelerado de la revuelta popular forzó a los militares a una salida de apuro. La misma cúpula de las fuerzas armadas que Mursi nombró, luego de descabezar a las camarillas comprometidas con el viejo régimen de Mubarak, es la que terminó soltándole la mano. La salida que han improvisado apunta a encauzar una rebelión que había sobrepasado la capacidad de contención del gobierno islámico.

“Los militares y los partidos burgueses y pequeñoburgueses, en una serie de negociaciones frenéticas, acordaron la destitución de Mursi y la formación de una nueva junta, encabezada por una coalición de figuras burguesas. Se trató de un golpe preventivo contra la emergencia de un movimiento revolucionario de la clase obrera” (Socialist Web Site, 5/7).

Primeras grietas

La heterogeneidad de la coalición gobernante afloró de entrada, al momento de tener que designar el gabinete y, en primer lugar, el primer ministro. “El nuevo presidente interino, el juez Adli Mansour, tanteó al líder opositor y premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei como posible primer ministro de un Ejecutivo de transición. La oposición inmediata del partido salafista Nour, que apoyó el golpe de Estado contra los Hermanos Musulmanes, le hizo reconsiderar esa opción” (El País, 5/7).

Pero, finalmente, El Baradei fue confirmado en el cargo de vicepresidente, con el apoyo del Frente de Salvación Nacional y el movimiento juvenil Tamarud. Acompañará al nuevo primer ministro el economista Hazem al Beblaui, que fuera titular de Finanzas durante algunos meses de 2011, en el régimen interino que siguió al derrocamiento de Hosni Mubarak.

Estos nombramientos fueron acompañados por la deserción de los salafistas del gobierno, en momentos en que recrudece la escalada represiva de los militares contra los Hermanos Musulmanes, con un tendal de muertos y heridos. El golpe ha debutado con una fractura antes de comenzar a gobernar.

Frentes de tormenta

Se ha abierto una gran disputa entre los promotores del golpe para definir su orientación. En esta disputa, están interviniendo las potencias occidentales y, en particular, Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno norteamericano se abstuvo de calificar la destitución de Mursi como golpe de Estado, lo que obligaría a cesar la asistencia económica y financiera a Egipto. La ayuda militar yanqui cubre el 80 por ciento de las compras anuales de equipamiento del ejército egipcio y Obama se está valiendo de ese hecho para condicionar al nuevo gobierno. “No haber mencionado las palabras golpe de Estado da tiempo a los gobiernos de Estados Unidos y Egipto para mantener una serie de conversaciones sobre las intenciones del ejército, la hoja de ruta y el calendario” (La Nación, 8/7).

Está pendiente el cierre de un acuerdo con el FMI, que quedó inconcluso bajo el mandato del gobierno de los Hermanos Musulmanes. Pero la condición para que las negociaciones se destraben es avanzar en la supresión del subsidio a los combustibles y a los productos de primera necesidad, empezando por los alimentos. Egipto importa gran parte de ellos. El paquete del FMI incluye, también, un recorte de los gastos sociales y una austeridad extrema. Este paquetazo entra en choque con la agenda popular y las aspiraciones más elementales de las masas, agobiadas por la carestía, la desocupación y la desorganización económica. Meses atrás, Mursi tuvo que dar marcha atrás cuando intentó suprimir los subsidios.

El golpe también deberá lidiar con el movimiento islámico. Los Hermanos Musulmanes siguen siendo la fuerza política más organizada y extendida a lo largo del territorio. Como lo señaló el diario francés Le Monde, si “la transición era difícil con la Hermandad Musulmana en el gobierno, es imposible sin ella” (29/6). La apuesta de la flamante coalición gobernante es llegar a un compromiso. En el mismo sentido presiona Occidente, sabiendo que la gobernabilidad de Egipto es estratégica para las principales potencias. Todas las fracciones del Congreso norteamericano pidieron “tener en mente los intereses vitales de seguridad nacional”. Entre otras cuestiones, está en juego el estratégico Canal de Suez.

Pero, a medida que pasan los días, la perspectiva de un compromiso aparece cada vez más lejana y se instala la amenaza de una guerra civil. Un escenario de estas características representaría un golpe a la unidad que se viene gestando entre las masas laicas y musulmanas, así como un retroceso en el proceso revolucionario que se ha reabierto en el país.

Independencia política

La presencia de las organizaciones populares que participaron de la rebelión en el nuevo gobierno es alentada por los militares. Su cooptación está al servicio de sacar a las masas de la calle y proceder a la reconstrucción del Estado capitalista, jaqueado por la iniciativa popular. El nuevo régimen egipcio asoma como un frente popular, al menos en grado de tentativa. En este cuadro, se plantea –más que nunca– la lucha por la autonomía de las organizaciones obreras y de aquellas comprometidas con la lucha y los reclamos populares. Al colaboracionismo con el régimen es necesario oponerle una orientación y un programa independiente de los trabajadores frente a la crisis: por la unidad de las masas laicas y musulmanas; por la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana, que desmantele por completo las bases económicas, sociales y políticas del viejo régimen de Mubarak –las que se mantuvieron intactas bajo Mursi–; que dé satisfacción a todos los reclamos populares y se proceda a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.

Pablo Heller

Brasil: entre Turquía y Egipto

Brasil: entre Turquía y Egipto

Junio quedará en la historia por la realización de manifestaciones de masas simultáneas en más de 600 ciudades, por primera vez en todo el territorio de Brasil. Ahora, retorna a la agenda pública la crisis económica y política. El tarifazo de los transportes fue anulado en todas las ciudades, incluso en las que no hubo manifestaciones. El pavor de gobernadores e intendentes fue memorable. El gobierno nacional, inicialmente paralizado, ha respondido con una propuesta de “cinco pactos” (que ya nadie recuerda) y con la promesa de consagrar el 100% de las regalías del petróleo de aguas profundas a la salud y la educación –o sea apenas un 8% de la renta petrolera. A su vez, el Senado le recortó un 56,3%. El Congreso anunció desgravaciones impositivas para las empresas de transporte, para compensar la anulación de los aumentos de tarifa.

En su pánico inicial, el gobierno propuso un plebiscito popular para convocar una “asamblea constituyente para una reforma política”, lo que luego se transformó solamente en un plebiscito sobre elecciones y partidos, y más tarde en un referendo sobre cinco tópicos acerca del sistema electoral. La improvisación no impidió que la izquierda “progresista” del PT o de algún otro partido “de izquierda”, para no hablar de una intelectualidad izquierdosa, apoyara con entusiasmo el engendro concebido para desmovilizar al pueblo. La explosión popular provocó una derechización aún mayor de la izquierda brasileña.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT) abrió un sitio de Internet para recibir sugerencias de la población. El PSTU, único partido relevante de la izquierda clasista, cambió, en su espacio gratuito de televisión, el rojo predominante de su color habitual por el “verdeamarelo”, incluyendo un símbolo que algunos compararon con el de la Confederação Brasileira de Futebol. El PSOL reaccionó en direcciones disparatadas, según la tendencia que integra su desintegrado panel. En estas condiciones, la propuesta de un “frente (electoral) de izquierda” (para 2014), reiterada en TV por el PSTU, carece de contenido. Se observa una acentuación del divorcio entre la izquierda y la situación del país, ni hablar de las masas.

La “reforma política” propuesta por el gobierno es una farsa reaccionaria. Sus aspectos principales son el financiamiento público exclusivo de las campañas electorales y el voto en lista sábana. Con esto pretende continuar con las operaciones para salvar de la cárcel a la cúpula lulista del PT y de aliados del PMDB por un sonado caso de corrupción (mensalao), armado para asegurar una mayoría parlamentaria permanente al gobierno de coalición.

La reforma no toca la extinción del Senado o la reducción del mandato de senador (ocho años), no promueve la elección popular de jueces y fiscales, ni deroga la vergonzosa Ley de Amnistía, que declaró impunes para siempre a asesinos, torturadores y ladrones comprobados del régimen militar. Por no hablar de la militarización de las policías, que matan impunemente (poseen fuero judicial y tribunales propios). Que la izquierda apoye esta porquería revela el nivel de su bajeza.

La oposición parlamentaria negocia a cuentagotas en función de desgastar al gobierno de coalición PT-PMDB o hasta de provocar la renuncia anticipada de Roussef, cuya “popularidad” cayó al 27%, en cuyo caso asumiría el vice o el presidente de la Cámara (ambos del PMDB). El “golpe” sería el de los aliados que el PT abrazó y aduló en los últimos diez años. La crisis económica acelera los plazos. El crecimiento del PBI, previsto inicialmente en más de 3,5%, ya ha sido reducido a menos del 2% (abajo del crecimiento demográfico, lo que provocará una nueva caída del PBI per cápita). El aumento de las tasas de interés, cediendo a la presión del capital financiero, no logra impedir la fuga de capitales, y ha aumentado la deuda pública al punto de provocar el recorte suplementario de 15 mil millones de reales del presupuesto (afectando, claro, salud y educación…) para cumplir con la meta fondomonetarista de superávit primario. Compárese con el previsto superávit comercial de 6,5 mil millones de reales (10% del superávit de los “años de oro” de Lula) después de haber transformado todo el sistema productivo y de obras públicas para hacer del país una plataforma exportadora.

La economía brasileña, como ya lo dijimos, es una bomba de tiempo. Ahí está el destino del “grupo (holding) X” del “empresario nacional” de Lula/Dilma, Eike Batista (ex 8º fortuna del mundo, actualmente fuera de la lista de las primeras 200), cuyas empresas perdieron 90% de su valor bursátil en los dos últimos meses. Vinicius Torres Freire, principal comentarista económico de la Folha de S. Paulo, afirmó que hay una “huelga de inversiones” del sector privado desde 2012. Las masas están votando con los pies en la calle, la burguesía con el bolsillo.

El paro tardío del 11 de julio convocado por las centrales sindicales por “mayores inversiones en sanidad y educación; aumento de salarios para los trabajadores; reducción de la jornada de trabajo; apoyo a la reforma agraria y transporte público de calidad” (reivindicaciones que Dilma Rousseff ni se tomó el trabajo de escuchar en la entrevista que mantuvo con los sindicatos) está presidida por la defensa de la reducción de las tasas de interés, una reivindicación de la burguesía endeudada. El paro aislado intenta desviar la rebelión popular y ponerse a la cabeza de las negociaciones de su agenda –como recurso último para salvar al gobierno del derrumbe capitalista. CONLUTAS, la pequeña central sindical clasista, se sumó al paro sin criticar su finalidad desmovilizadora.

Las tendencias al derrumbe financiero, que se manifiestan en la salida de capitales del más importante de todos los “mercados emergentes” (después de China), pasan ahora a ser el principal combustible de una segunda vuelta de movilizaciones populares –probablemente al margen de las organizaciones sindicales tradicionales.

Osvaldo Coggiola

GOLPE DE ESTADO BONAPARTISTA EN EGIPTO

GOLPE DE ESTADO BONAPARTISTA EN EGIPTO

La cercana igualdad en fuerzas de los dos bandos contendientes por el poder en Egipto llevó al ejército a organizar un golpe de estado bonapartista. No es sólo el reciente episodio de multitudes sin precedentes de millones que se han volcado a las calles el 30 de junio lo que ha hecho mover al ejército. La confrontación entre el gobierno de la Hermandad Musulmana del ahora depuesto Presidente Mohammed Morsi, por un lado, y la oposición, representada por el Frente de Salvación Nacional, y más recientemente por el movimiento Tamerod (Rebelión), por otra parte, ha estado sucediendo desde el pasado mes de noviembre. Esta es, de hecho, la tercera ola de manifestaciones espectaculares por parte de la oposición dentro de un ciclo en la revolución egipcia que se viene dando desde noviembre. Fue en noviembre, tras el pretendido decreto constitucional de Morsi, que la oposición comenzó a cuestionar la legitimidad del Presidente. De esa primera ola 10 personas murieron como resultado del ambiente electoral por el referéndum sobre la Constitución para el 15 de diciembre. Luego en el segundo aniversario de la revolución (los egipcios marcan el comienzo de la revolución, el 25 de enero, como su fecha), comenzó otra ola que duró casi un mes. Las gigantescas manifestaciones del 30 de junio y después son entonces la tercera ola. La singularidad de las concentraciones del 30 de junio se encuentran en el hecho de que, al menos en El Cairo, las multitudes eran simplemente demasiado grandes para ser comparadas con todo lo que pasó antes: no sólo fue la Plaza Tahrir, el centro emblemático de la revolución egipcia, mucha más densamente llena que en cualquier ocasión anterior según el comentario unánime de todo tipo de observadores, sino que Ittihadiye, el área alrededor del palacio presidencial en Heliopolis, atrajo a multitudes que, por su magnitud, ¡encabezarían con este incidente los anales de las protestas masivas en todo el mundo! ¡Así sería este movimiento de formidable que logró espantar a cualquier partido en el gobierno y a cualquier clase dirigente!

Y sin embargo la Hermandad Musulmana y los otros movimientos islamistas, con algunas excepciones, no mostraron signos de ceder. Por un lado, organizaron demostraciones contrarias y plantones que alcanzaron hasta los cientos de miles. También hubo enfrentamientos en todo el país antes, durante y después de la fecha histórica del 30 de junio que provocó decenas de víctimas en ambos lados. Por su lado, Morsi mismo se mantuvo firme y declaró abiertamente que no iba a ceder a las demandas de la oposición. Estas demandas, hay que recordarlas, exigían su renuncia, la asunción provisoria a la Presidencia del nuevo jefe de la Corte Constitucional, la formación de un gobierno de transición tecnocrático que pudiera poner en orden a la tambaleante economía del país y el adelanto de las elecciones presidenciales. Esto, por cierto, también resultó ser la llamada "hoja de ruta" del ejército.

El estancamiento que nace de la confrontación de dos casi iguales fuerzas sociales y políticas fue simplemente inextricable. Amenazó con la guerra civil. Fue en este vacío que el ejército interviene y dio su golpe de estado. Se trata de un caso clásico de bonapartismo.

Para entender las ironías de la historia que este golpe representa uno tiene que recordar los hechos de la historia reciente. Por supuesto, es conocimiento común que desde principios de los cincuenta, el ejército ha sido el pilar del régimen egipcio. Después de la muerte de Nasser, el ejército gobernó a través del Partido Demócrata Nacional y sus hombres fuertes, primero con Anwar Sadat y luego con Hosni Mubarak. El nuevo período se abrió, por supuesto, con la deslumbrante a los ojos revolución egipcia del 25 de enero de 2011, que, en cuestión de 18 breves días, derribó el gobierno autocrático de 30 años de Mubarak. Esta revolución política fue una mezcla peculiar de revolución popular y golpe de estado. Realmente era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), liderada por el Mariscal de Campo Tantawi, el Ministro de Defensa bajo Mubarak durante dos décadas, quien retuvo el máximo poder tras bambalinas, sin embargo con la promesa de construir un régimen más democrático y pluralista.

Irónicamente, en el primer período, tras el derrocamiento de Mubarak, el ejército cooperó con la Hermandad Musulmana, la única fuerza coherente políticamente considerable en el país, como también en contra del campo de la revolución (la relación de la Hermandad con la revolución en sí misma fue muy problemática: llegó muy tarde y oscilando constantemente). Mientras tanto, la mayor demanda alrededor de la cual cada vez más se movilizó el campo revolucionario fue captado en la consigna "Yaskut yaskut, hukm el askar!" o "¡Abajo, abajo, el régimen militar!"

Año y medio después, Mohammed Morsi resulta el vencedor de las elecciones presidenciales a dos vueltas, en la segunda enfrentando a un candidato del viejo  régimen, Ahmad Shafik, un ex primer ministro bajo Mubarak venciéndole por un margen muy estrecho. Es importante destacar esto porque deja claro que muchas de las personas en las calles, sólo un año atrás, votaron por Morsi frente al candidato de la era anterior. Un mes después de asumir el gobierno, Morsi despide al Mariscal de Campo Tantawi y a su jefe de gabinete poniendo así fin a la dominación del SCAF del sistema político. En lo que es otra ironía de la historia, impulsó a Al Sisi al comando del ejército, haciéndolo su Ministro de Defensa, como salvaguarda a la intromisión del ejército en la vida política. !Fue Al Sisi el que debió organizar el golpe de estado contra Morsi en el aniversario de su mandato!

Cualesquiera sean las inclinaciones personales de Al-Sisi (fue clasificado en su momento por la prensa de occidente como representante de otra generación de oficiales), el ejército ahora ha vengado su humillación a manos de Morsi el año pasado y ha restaurado su prestigio ante los círculos dominantes y las masas. Aún más, con el golpe de estado el ejército ha evitado, al menos por el momento, una inminente guerra civil entre los dos campos. Una guerra civil es siempre un grave peligro para los ejércitos, nada menos porque puede llevar a una división fatal dentro de sus propias filas. Pero todo esto palidece en lo insignificante comparado con la importancia real del golpe de estado: ¡este golpe se ha anticipado a una posible revolución por parte del pueblo! El poder de las masas el 30 de junio, precedido como fue durante seis meses de febril actividad, manifestaciones, movilizaciones de masas, marchas, desafíos contra toques de queda, etc., asustaría a cualquier clase gobernante en cualquier parte del mundo. Con este paso el ejército hábilmente ha impedido una posible victoria de la revolución popular y en el proceso ha recibido el apoyo de una parte importante de las masas. Este golpe de estado bonapartista es entonces, en su esencia más pura, ¡una revolución secuestrada!

Una parte importante de la responsabilidad de esto recae en el liderazgo de la oposición. Durante la conferencia de prensa en la cual Al Sisi declara la asunción del poder por el ejército, estaba flanqueado, aparte de sus comandantes, por el Gran Jeque de Al Azhar como representante de la mayoría musulmana del país y el Papa Copto Tawadros II como el de la minoría cristiana. Pero hubo una tercera figura. Era Muhammad ElBaradei, el ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un "liberal" apreciado por los medios occidentales y el líder de una insignificante fuerza política burguesa del país. ¿Bajo qué criterios estaba allí? Como el portavoz del Frente de Salvación Nacional, una abigarrada colección de partidos y socialistas de todas las pintas, y que también incluye a uno de los magnates más ricos de Egipto, Naguip Sawiris, pero realmente centrado en torno a la figura de Hamdeen Sabbahi, el candidato de la izquierda nasserista que obtuvo alrededor de 21 por ciento del voto popular en la primera vuelta de las elecciones presidenciales hace un año (¡a sólo tres puntos porcentuales por debajo de Morsi!). Sabbahi y su Corriente Popular Egipcia formaron este frente incoherente y amarrado de manos de la izquierda nasserista y los socialistas al aliarse con los políticos burgueses de todas las tendencias casi sin fuerza militante ni influencia electoral. Con la presencia de Al Baradei, su portavoz, en la conferencia de prensa que constituyó oficialmente el golpe militar, ¡el campo revolucionario ha entregado así, de sus propias manos, el poder a los militares!

Se trata de una ironía raramente igualada en la historia. Fueron estas mismas masas de gente las que durante un año y medio después de la caída de Mubarak se enfrentaron, a costa de sus vidas, a veces, a esta institución militar ferozmente violenta, tratando de poner fin a su gobierno.

Sin embargo, incluso dos años y medio después de su primer levantamiento en esta etapa histórica, la revolución egipcia es tan fuerte y la gente está tan llena de pretensiones no sólo por la libertad, sino también por el pan y trabajo; tan importante es el componente de la lucha de clases en todo el proceso que sería una locura pensar que esto es el fin de la revolución y la estabilidad ha llegado a Egipto. Todo lo contrario. Que se haya desecho de tres décadas de larga dominación de un tirano y luego de un presidente que fue elegido en las urnas en elecciones razonablemente libres hace apenas un año y esto en el espacio de dos años y medio, la clase obrera egipcia y las grandes masas de gente están llenas de confianza en sí mismas y la creencia en su propia fuerza. La gente cree, y con razón, ¡que son ellas y no el ejército quienes derribaron a Morsi! La audacia de esta gente no es de extrañar nos presentará más sorpresas aún mayores en el futuro cercano. Pero la victoria de la revolución requiere la construcción de un liderazgo que sea capaz de romper con todas las formas de sumisión al imperialismo y la burguesía egipcia.

Sungur Savran

LA SEGUNDA REVOLUCION EGIPCIA

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN EGIPCIA

“Ahora estamos en vísperas de una nueva revolución popular”. Estas palabras son parte de la convocatoria de uno de los nucleamientos sindicales que actúa en Egipto, la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, a las protestas que sacudieron el país y que culminaron con la caída del gobierno.

La destitución del presidente Morsi por un golpe militar se produjo luego de concentraciones multitudinarias en las principales ciudades pidiendo la renuncia –empezando por El Cairo, que reunió a medio millón de personas. Los medios internacionales indican un número de 14 a 17 millones de manifestantes en todo el país.

Crisis de régimen

El golpe militar es un recurso desesperado de las fuerzas armadas para salvaguardar un régimen que los tiene como principales beneficiarios. “Los militares son un Estado dentro de un Estado en Egipto. El ejército cuenta con sus propios tribunales y un imperio económico propio con empresas” (Ambito, 3/7). Integran el establishment con propiedades en bancos, agencias de viajes o fábricas que explican cerca del 40 por ciento del producto bruto. Morsi estableció una alanza con el ejército, previa selección de una nueva cúpula militar afín, que asumió el control de la fuerza luego del desplazamiento de las camarillas más comprometidas con el viejo régimen de Mubarak. Como contrapartida, el gobierno de los Hermanos Musulmanes preservó sus privilegios y prebendas. La constitución de Morsi garantizó la autonomía y los negocios de las fuerzas armadas.

Lo mismo vale para la burocracia estatal, que no fue removida. “Plétoras de políticos y consejeros que pueblan los ministerios y la Cámara alta testimonian la ausencia de renovación del personal político” (Le Monde, 30/6). Esto es aún más acentuado en las provincias, donde los viejos caciques vinculados a la época de Mubarak siguen teniendo una influencia determinante.

Morsi tuvo frecuentes choques con el Poder Judicial –donde está enquistada una numerosa masa de funcionarios vinculados con el viejo régimen depuesto– pero fue impotente en remover ese obstáculo. De la misma manera, el presidente egipcio fue incapaz de enfrentar la extorsión del FMI, que venía reclamando la implementación de un ajuste en regla contra el pueblo. El imperialismo venía sosteniendo a Morsi como la soga sostiene al ahorcado, exigiéndole la supresión de los subsidios a los combustibles, tarifazos y un plan de austeridad a gran escala a cambio de otorgarle un socorro financiero.

De modo que cuando el presidente denuncia el golpe y la conspiración de la derecha oculta que ese gigantesco edificio reaccionario se ha mantenido intacto y apañado bajo su mandato. Es cierto que los sectores pro-Mubarak están tratando de obtener su ganancia a río revuelto, pero eso no puede llamar a confusión sobre la naturaleza y el alcance de la movilización en curso.

La rebelión popular que se llevó puesto a Morsi es un golpe al conjunto del Estado como a sus instituciones, y al gran capital.

Situación insostenible

La crisis industrial y el congelamiento de la economía es uno de los principales motores de la rebelión popular. Cuatro mil fábricas han cerrado en este último período, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo. Casi el 60 por ciento de los jóvenes está desocupado.

Ese cuadro general está en la base de la creciente insurgencia popular. Desde la subida de Morsi al poder, han tenido lugar 3.817 protestas obreras. El gobierno de los Hermanos Musulmanes ha respondido intensificando la represión y persecución gremial. La vieja ley sindical mordaza de Mubarak sigue rigiendo las relaciones laborales.

La desorganización económica se ha apoderado del país, con cortes de electricidad y de agua, escasez de combustibles, carestía creciente, desabastecimiento y fuga de capitales. Egipto está en virtual cesación de pagos y sobrevive agónicamente por los préstamos de Qatar y Arabia Saudita.

La revolución en una nueva etapa

Las concentraciones actuales vinieron acompañadas por el desarrollo de una campaña Tamerod (rebelión), una suerte de plebiscito para recoger firmas entre la población contra Morsi, que habría logrado reunir 22 millones de adhesiones. Esta iniciativa surgió de parte de grupos “de jóvenes revolucionarios de izquierda que, decepcionados por la incapacidad de la oposición para organizar la protesta, se lanzaron a fin de mes a una empresa incierta” (Le Monde, 30/6). “Sin recursos pero con el apoyo de decenas de miles de militantes, estos sectores crearon comités en todas las provincias del país, que tomaron en sus manos la recolección de firmas… Todos los petitorios son enviados a El Cairo, donde un “comité central de una veintena de miembros reúne las firmas luego de verificar su validez” (ídem).

La plataforma de Tamerod, incluye, por lo que se conoce, demandas sociales y políticas, aunque de características difusas.

Muchos de los miembros que estuvieron al frente de la campaña Tamerod, un año atrás, habían votado por Morsi en la segunda vuelta. Es un indicador del desplazamiento político de las masas egipcias. La propia base islámica de apoyo al gobierno giró hacia un frente con los laicos, acicateada por una crisis social que se agrava día a día.

Dique de contención y alternativas

Frente a este escenario, Obama venía presionando por un compromiso. Declaró que “apoyaba las protestas pacíficas” e instó “a Morsi y a la oposición al diálogo” (ídem). La cabeza de la oposición, el Frente de Salvación Nacional, con fuertes vasos comunicantes con el establishment y las potencias occidentales, trabajó en esa dirección.

Las fuerzas armadas han tomado ese libreto y “pondrían en marcha una serie de medidas, que se aplicarían con la participación de todas las fuerzas políticas” (Clarín, 2/9). El Ejército “planea suspender la Constitución, disolver el parlamento e instaurar un gobierno de transición liderado por el presidente de la Corte Suprema” (Ambito, 3/7). El plan “incluye un breve periodo de gobierno interino que será seguido por elecciones presidenciales y parlamentarias”, según el parte dado a conocer por la agencia estatal de noticias del país. El gobierno militar debe atravesar un campo minado. La posibilidad de pilotear el proceso dependerá de los acuerdos políticos que logre enhebrar con el conjunto de partidos, incluido el propio movimiento islámico depuesto.

“El jeque de la institución islámica de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, el papa copto, Teodoro II, el representante de la oposición, Mohamed El Baradei, y jóvenes del movimiento “Tamerod” anunciaron junto a jefes militares la hoja de ruta que se aplicará para sacar a Egipto de la crisis” (El País, 3/6). La agenda deberá pasar la prueba de intereses contradictorios y hasta antagónicos. Por un lado, el gobierno deberá retomar las negociaciones empantanadas con el FMI y buscar sellar un acuerdo. Por el otro, está la agenda de las masas, cuyas demandas apremiantes entran en choque con las pretensiones del capital y de sus órganos financieros. Se pondrá a prueba la capacidad de pilotear la crisis, en momentos que se agrava la bancarrota capitalista y se traslada a los países emergentes. La luna de miel puede terminarse muy rápido. Lo que está claro es que el escenario donde deberán operar los militares está dominado por la iniciativa popular. Dos años después de la destitución de Mubarak, esa iniciativa ha provocado la caída del islamismo, una de las principales cartas de las que se viene valiendo el imperialismo para frenar la revolución que sacude al mundo árabe.

Pablo Heller

EDWARD SNOWDEN Y EL AVIÓN DE EVO

EDWARD SNOWDEN Y EL AVIÓN DE EVO

El avión presidencial de Evo Morales retenido en el aeropuerto de Viena –secuestrado allí durante 12 horas para comprobar si no viajaba en él Edward Snowden, el “topo” de la CIA que develó un entramado de espionaje internacional del gobierno norteamericano– muestra que Washington y sus aliados europeos –aunque ellos mismos eran espiados– no conocen límites a la hora de defender el Estado policial en que han transformado al mundo.

Francia, Italia y Portugal, en violación abierta a la legislación internacional en la materia, le negaron al avión del presidente boliviano autorización para sobrevolar su espacio aéreo y lo obligaron a descender en Viena, donde las autoridades comprobaron que Snowden no estaba a bordo. Ese avión, obviamente, tiene inmunidad diplomática, lo cual fue limpiamente ignorado por los gobiernos europeos. Un atropello de extraordinaria gravedad, que señala el encarnizamiento con el cual el imperialismo persigue a este hombre, como ya se viera en los casos de Julian Assange y del soldado Bradley Manning.

Como se sabe (ver PO Nº 1.274), Snowden, un ex operador informático de la CIA, reveló que su país ha organizado un sistema de espionaje de redes sociales y correos electrónicos privados, del cual son víctimas, tanto los ciudadanos de los Estados Unidos como los de cualquier otro país, e incluso gobiernos extranjeros. Un Gran Hermano internacional organizado por el aparato de inteligencia norteamericano.

Por otra parte, Snowden, con sus cuatro laptops y un cúmulo de información cuyo valor no puede conocerse, se ha transformado en un fierro al rojo para los “antiimperialistas” latinoamericanos. El ex espía pidió asilo político, entre otros, a Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Nicaragua y Bolivia. Todos dicen que sí pero, por el momento, esquivan el bulto. Rusia, en cambio, fue más directa: condicionó el asilo a que Snowden permaneciera en silencio, cosa a la que aquél se negó.

“Hay una tendencia pragmática” en esos países, dice Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, de Washington (La Nación, 3/7). “A pesar de sus posiciones –añade– al mismo tiempo buscan acercarse a los Estados Unidos. Hay varios temas importantes en juego y, en general, no quieren correr el riesgo de tener un enfrentamiento real con Washington”.

Por su parte, CFK despotricó contra la retención del avión de Morales en Viena, pero no mencionó a Snowden. En cambio, recordó que en la guerra por las Malvinas los Estados Unidos “estuvieron con el enemigo”, como si ella misma no mantuviera tropas invasoras en Haití por cuenta del gobierno norteamericano.

Corresponde exigir la inmediata libertad del soldado Manning y el derecho de asilo para Assange y Snowden, perseguidos por quienes pretenden transformar al mundo en un gigantesco panóptico.

A. G.

NOTA ADICIONAL DE OPCIÓN OBRERA:

¿Y DEL ASILO POLÍTICO A JULIÁN CONRADO QUÉ?

La abierta defensa al tema del asilo político con el caso de Snowden por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro contrasta abiertamente con la hipocresía gubernamental demostrada con la solicitud, por el mismo motivo, presentada por el cantor de las FARC, Julián Conrado, secuestrado durante casi un año por los cuerpos de seguridad del Estado hasta que fue denunciado públicamente su sitio de reclusión. Para estas fechas Julián Conrado continúa detenido en una habitación bajo custodia en el Hospital Militar en Caracas donde es atendido por su precaria condición de salud desde hace unos meses atrás y que fuese su motivo para ingresar al país hace dos años para resultar secuestrado por una comisión conjunta de los servicios de inteligencia del país y de Colombia.

El interés de Maduro por el asilo político a Snowden es "virtual" pues pudo haber convenido con Putin, en su reciente visita a Rusia, el traslado del ex de la CIA en un vehículo de la embajada venezolana desde el aeropuerto donde se encuentra "en tránsito" hasta esta embajada o la de alguna otra, como la de Ecuador, que también estarían de acuerdo en otorgarle la condición de asilado político pero ponen como condición que esté de cuerpo presente en alguna de las sedes diplomáticas de esos países en Rusia.

Los intercambios comerciales de Maduro con el mundo resultan más fuertes que la ideología que se pregona. Las inversiones rusas en el gas de Paria y el petróleo de la Faja del Orinoco representan el poder político y económico del capital, algo tan necesario para reflotar la atribulada economía venezolana cuando los fondos de la factura petrolera de PDVSA no alcanzan para todas las expectativas de la burguesía del país y para sostener el "Estado de Bienestar Social" impulsado por Chavez cuando la economía venezolana se mantenía boyante y los efectos de la bancarrota mundial del capital aún no se notaban con vehemencia como ahora.

Es la misma situación cuando Maduro estuvo reunido con Hollande y en lo absoluto se planteara una salida política respecto a la indefensión judicial de Ilich Ramirez en una cárcel de máxima seguridad en Francia al ser sometido a juicio y para nada contar con el apoyo del Estado venezolano con uno de sus connacionales para enfrentar los cargos a que la justicia francesa lo somete pero que para nada considera la forma en cómo fue secuestrado ilegalmente en Sudán y llevado a la fuerza al país galo. Los acuerdos de Maduro con Hollande pasaron por si Francia dará por fin el visto bueno para la instalación de una planta de ensamblaje de vehículos de la Renault en Venezuela, adquiriendo el Estado venezolano en el ínterin 4 aviones de la golpeada por la crisis mundial capitalista empresa Airbus.

El "antiimperialismo" que pregona el gobierno bolivariano es el de la conveniencia ante los favores que en último caso y con sus condiciones los Estados imperialistas terminen planteando. Julián Conrado e Ilich Ramirez son dos casos donde es mejor no decir nada para que las relaciones diplomáticas con Colombia y Francia no resulten afectadas.

LIBERTAD INMEDIATA A JULIAN CONRADO Y GARANTÍA DE ASILO POLÍTICO EN VENEZUELA

POR LA REPATRIACIÓN DE ILICH RAMIREZ A VENEZUELA

----------------------- o -----------------------

Declaración de Edward Snowden en Moscú

Hace una semana me fui de Hong Kong después de que quedó claro que mi libertad y mi seguridad estaban amenazadas por revelar la verdad. Mi libertad continúa debido a los esfuerzos de los nuevos y viejos amigos, familiares y otras personas que nunca he conocido y probablemente nunca conoceré. Confié en ellos con mi vida y me devolvieron esa confianza con una fe en mí que siempre estaré agradecido.

El jueves, el presidente Obama declaró ante el mundo que no iba a permitir ningún “teje y maneje” (tironeo) diplomático sobre mi caso. Sin embargo, ahora se ha informado que después de haber prometido no hacerlo, el Presidente ordenó a su vicepresidente presionar a los dirigentes de las naciones a las cuales he solicitado protección para que nieguen mis peticiones de asilo.

Este tipo de engaño de un líder mundial no es justicia, como tampoco lo es la pena extralegal del exilio. Estas son las viejas y burdas herramientas de la agresión política. Su propósito es asustar, no a mí, sino a los que quieren venir tras de mí.

Durante décadas, los Estados Unidos de América han sido uno de los más fuertes defensores del derecho humano de solicitud de asilo. Lamentablemente, este derecho, diseñado y votado por los Estados Unidos en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, está siendo ahora rechazado por el actual gobierno de mi país.

La administración Obama ha adoptado la estrategia de utilizar la ciudadanía como un arma. Aunque yo no estoy condenado a nada, se ha revocado unilateralmente mi pasaporte, dejándome como un apátrida. Sin ningún tipo de orden judicial, la administración pretende ahora impedirme ejercer un derecho fundamental. Un derecho que pertenece a todos. El derecho a solicitar asilo.

Finalmente, la administración de Obama no tiene temor de los denunciantes como yo, como Bradley Manning o Thomas Drake. Somos dejados apátridas, somos encarcelados, o sin posibilidades de poder. No, la administración de Obama tiene miedo de ustedes. Tiene miedo de una sociedad informada, de un público enojado que exija al gobierno constitucional lo que se le prometió –y que debería ser.

Sigo indoblegable en mis convicciones e impresionado por los esfuerzos realizados por tanta gente.

Edward Joseph Snowden

1º de julio de 2013