Internacionales
Mariano Ferreyra: Un crimen político contra la clase obrera
El asesinato de Mariano Ferreyra, joven militante revolucionario internacionalista, ha generado un punto de inflexión en la situación política argentina. Desde la época de la dictadura no ocurría un ataque tan terrible al Partido Obrero. Los responsables materiales están presos. Se están realizando medidas de acción directas y judiciales para que suceda lo mismo con los responsables políticos e intelectuales.
El compañero Mariano dedicó casi diez años de su vida a la construcción de la herramienta organizativa que la clase obrera necesita para defenderse y tomar el poder para gobernar para sí.Si bien la responsabilidad del crimen corresponde a la burocracia sindical, que es además de empresaria, corrupta, el gobierno está también comprometido porque la sigue protegiendo y conservándola en cargos ejecutivos.
La muerte del dirigente socialista y su repercusión social ha obligado a la prensa burguesa a mantener en los medios masivos de comunicación la noticia, denunciando la vinculación entre la burocracia sindical, convertida en empresaria de contratación de trabajadores, con el gobierno y las concesionarias de los ferrocarriles.
Los hechos
El día 23 de octubre Mariano estaba con un grupo de obreros tercerizados, dirigentes barriales y partidos políticos cumpliendo con el mandato de una asamblea. Habían transcurrido meses de la presentación de la situación de maltrato, discriminación y despido de estos trabajadores y no había respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Por eso la asamblea, habiendo agotado otras formas de protesta decidió cortar las vías del ferrocarril Roca. En el lugar se decide no realizar la medida por la presencia de una banda armada del sindicato Unión Ferroviaria. Los manifestantes caminaron 600 metros seguidos por la patota en presencia de la policía, algunos periodistas y camarógrafos. En ese momento los asesinos a sueldo comenzaron a disparar hiriendo a cuatro manifestantes: Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez (aun hospitalizada en grave estado) y dos compañeros más. La Policía Federal ni siquiera persiguió a los agresores.
Una periodista que filmó los hechos entregó el material en el juzgado que en primera instancia procesó y encarceló a siete autores materiales. Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. La presencia permanente de activistas de Partido Obrero y militantes políticos y sociales en las calles, conjuntamente con la estrategia judicial está garantizando que los criminales continúen en la cárcel y se haga extensiva la medida a los autores intelectuales, quienes defienden un negocio millonario.
Un hecho similar a éste, ocurrido en junio de 2002, provocó la caída del presidente Duhalde cuando su Ministro de Interior y actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dio la orden de reprimir una manifestación y luego pretendió encubrir el crimen diciendo que se enfrentaron bandos de la izquierda. En este nuevo acontecimiento pretendió repetir la estrategia fallida hace diez años.
Las investigaciones judiciales probaron que la Ugofe (concesionaria de tres ramales del ferrocarril) otorgó 120 “licencias gremiales” para facilitar la concurrencia de los matones, que las empresas tercerizadas son socias y hasta propiedad de la patota criminal y que la Secretaría de Transporte Ferroviario, cuyo titular es Antonio Luna de la Fraternidad, respaldó el accionar. Según la jueza, la policía liberó la zona y “se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”. La policía no informó al juez de turno (¡un muerto y tres heridos de gravedad!) y no resguardó el lugar del hecho. Por otra parte, sindicalistas, gerentes y policías se mantenían comunicados por una red de aparatos celulares Nextel a nombre de la empresa concesionaria.
Otras experiencias
El contraste entre el desarrollo de la causa judicial por el crimen contra nuestro compañero con el que siguió al asesinato de tres campesinos en Formosa no puede ser mayor: en este último el estancamiento es completo, debido a la injerencia del oficialismo en las organizaciones de las víctimas (cooptación). La nitidez con la que el Partido Obrero ha planteado el crimen contra Mariano ante la opinión pública y ante los trabajadores, no permite tergiversaciones. Miles de trabajadores tercerizados han adoptado a Mariano Ferreyra como su emblema.
En Venezuela, la asociación de derechos humanos Provea lleva un listado de 65 activistas obreros asesinados. En la mayoría de los casos no se hizo justicia. Si estos crímenes permanecen impunes la posibilidad de la protesta se ve mermada por el miedo. De allí la importancia de construir una organización de trabajadores independiente de la burguesía y el gobierno, porque el presidente Chávez ha negado esta situación y el PSUV de Anzoátegui intentó exculpar a los 15 policías sentenciados por el asesinato de dos trabajadores de Mitsubishi y Macusa.
Conclusiones
Las revelaciones de la investigación, el incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Trabajo con los tercerizados, el pacto con los burócratas-empresarios en la gestión del ferrocarril, ponen de manifiesto la voluntad del gobierno argentino de encubrir el crimen y preservar su alianza con la burocracia sindical.
La naturaleza política del juicio queda en evidencia también en las presiones ejercidas para obtener las excarcelaciones de los asesinos, entre las cuales se incluyen varios lock outs patronales.
El asesinato del militante puso sobre el tapete los orígenes de los trabajos precarios, la subcontratación de trabajadores. La diferencia entre lo que se le paga al trabajador tercerizado y el de convenio (la mitad o menos) queda en los bolsillos de los burócratas y en parte pasa a engrosar la caja de la política.
Los militantes de P.O. y de la Agrupación Causa Ferroviaria, seguirán luchando por la incorporación a planta de todos los tercerizados y el juicio y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Ferreyra, ejemplo de internacionalismo proletario.
A.Rodriguez.
Partido Obrero, Argentina
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