Venezuela, en vísperas de definiciones

Venezuela, en vísperas de definiciones

El carácter tardío de la mediación vaticana en Venezuela quedó ilustrado rápidamente por los acontecimientos de las últimas semanas. El descontento de la oposición respecto del resultado del “diálogo” radica en que éste no puede dar respuesta al único tema relevante: la crisis de poder. Por ello, el tema del desplazamiento de Maduro se cuela en forma permanente, sin acuerdos posibles. La derecha -MUD- asegura que vuelve a “la agenda de la calle” mediante la recolección de millones de firmas por el revocatorio, para presentar en la tercera reunión con el gobierno, prevista para el 6 de diciembre. La iniciativa apenas intenta disimular sus propias divisiones: una semana antes, Capriles había anunciado que “el 11 de noviembre era la fecha límite” para la satisfacción de sus demandas -liberación de presos y calendario electoral-, algo que ostensiblemente no ocurrió, sin que la coalición derechista ofreciera respuesta al nivel de las amenazas previas. En realidad, la MUD refracta el impasse del propio imperialismo, cuyas iniciativas “mediadoras” para contener la crisis latinoamericana vienen pisando arenas movedizas -Cuba, Colombia. El triunfo de Trump ha puesto patas para arriba esa agenda, desde el pacto nuclear con Irán hasta las transacciones con Raúl Castro, lo que se ilustra con los nombramientos de su gabinete. En ese marco, los sectores más derechistas de la MUD reclaman concluir en forma inmediata cualquier negociación con Maduro, porque los encuentros “no han dado resultados ni los van a dar” (Lilian Tintori en latercera.com). Hasta la Iglesia evidenció el callejón sin salida, pues “el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón, aseguró que la institución religiosa 'no está contenta' con el desarrollo 'del proceso de diálogo'” (ídem).

Bancarrota económica

La sanata papal según la cual “dialogando se entiende la gente” como parte de “la cultura del encuentro” está lejos de ocultar que el trasfondo profundo es una bancarrota monumental -y a su turno, una crisis de poder que exige definiciones de todas las clases sociales-. De una “redistribución eterna” a partir de la renta petrolera, pasamos al inminente default de PDVSA, que el 21 de noviembre activó una “gracia” de 30 días para pagar compromisos de deuda por aproximadamente 539 millones de dólares. El dato es significativo, porque en ningún momento el chavismo interrumpió el pago religioso de estos cupones, lo cual desangra sistemáticamente una economía en terapia intensiva. El JP Morgan “todavía cree que PDVSA hará los pagos durante el período de gracia” (El Nacional, 21/11); sin embargo, es evidente que el default se aproxima. El desquicio económico es pagado íntegramente por las masas, que afrontan una canasta familiar que llegó a los 429 mil bolívares, mientras el salario mínimo no alcanza los 30 mil. Incluso considerando los “cestaticket”, una suerte de vale alimentario que impuso el gobierno para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, el salario no cubre siquiera la cuarta parte de la canasta.

Las evidencias que aquí señalamos confirman que Venezuela marcha a un desenlace. Esto coloca sobre el tapete la necesidad que la clase obrera emerja en la crisis nacional como un factor político independiente. Es imperioso que la izquierda obrera y socialista postule un planteo de poder, que incluya la convocatoria a un congreso de trabajadores y una constituyente que reorganice la nación sobre nuevas bases.

Alejandro Lipco

Venezuela marcha a un desenlace

Venezuela marcha a un desenlace

El arco “dialoguista” que participa de la mediación se extiende desde los “hijos de Chávez” hasta los funcionarios de Barack Obama. Las negociaciones en curso están dictadas por el temor a la creciente posibilidad de un estallido de consecuencias impredecibles. De este modo se explica una suerte de “tregua” que acaba de darse a conocer entre el chavismo y la oposición. Luego de que tanto el gobierno como la MUD (oposición derechista) tuvieran respectivas reuniones con Thomas Shannon (Departamento de Estado norteamericano), sobrevinieron los "gestos". El gobierno de Maduro liberó cinco presos políticos y, en contraparte, la coalición derechista decidió postergar la movilización hacia el palacio presidencial prevista para el 3, "a pedido del Vaticano".

Límites

Esta distensión no pasa de ser, sin embargo, un episodio efímero, porque la mediación llega tardíamente. Reconociendo este escenario extremo de confrontación, el arzobispo de Caracas había declarado antes de la suspensión que “ir a Miraflores el jueves no conviene” (El Nacional, 31/10). La jornada del 3 había sido presentada por numerosos comentaristas como la de un choque callejero decisivo, que podría incluso precipitar una intervención militar. Istúriz, el vicepresidente, había anticipado que recibiría la marcha “con caballos de hierro” (bandas parapoliciales), evidenciando que la pretensión de valerse de él como carta “moderada” para una transición consensuada entre oficialismo y oposición quedó en la nada. La suspensión de la marcha no cancela administrativamente el polvorín que hay detrás; la derecha emplazó públicamente al gobierno a resolver sus demandas el próximo 11. "Si no hay resultados tangibles en las próximas horas, esto no va para ningún lado" declaró Capriles.

Las fuerzas que intervienen en el arbitraje manifiestan severas debilidades para encauzar la situación. El imperialismo, que promueve la mediación, ha cosechado por esta orientación varios reveses en América Latina: entre ellos, la derrota del “sí” en Colombia y el inmovilismo tras los rimbombantes anuncios sobre Cuba. La Casa Blanca atraviesa numerosos frentes de conflicto en Siria y Medio Oriente, y transita la recta final de unas elecciones explosivas y con final incierto. El Vaticano, de su lado, acompañó al imperialismo en casi todas estas empresas. Maduro y su camarilla, por su parte, se encuentran en el máximo aislamiento posible; la oposición, a su turno, afronta la mediación profundamente dividida. Más de 10 partidos de la MUD rechazaron la participación en ella, y destacaron que carecía de sentido sin cambios radicales y efectivos inmediatos –por ejemplo, liberación de sus presos. La fractura alimenta el escepticismo de un sector del imperialismo respecto de la viabilidad de esta experiencia (“El gobierno de Venezuela comienza diálogo con una oposición dividida”, The Wall Street Journal, 31/10) El único “acuerdo” es que las masas paguen los costos de la crisis, lo cual ya está en marcha.

Todo parece indicar que marchamos a un desenlace, que se dirimirá en las calles y no en el marco de un acuerdo palaciego; están en gestación salidas de fuerza. El revocatorio o el adelantamiento electoral son, bajo una pantalla institucional, golpes de estado. La respuesta del chavismo es promover un “autogolpe”, lo cual apunta a consagrar un régimen de facto. Ambos bandos procuran atraer el respaldo de las fuerzas armadas, acrecentando su rol de árbitros en la situación política

Es importante destacar que la hoja de ruta surgida del primer encuentro plantea objetivamente el problema del cambio de régimen. Así, se han constituido “cuatro mesas”, que serán dirigidas por el enviado del Papa, el titular de UNASUR Samper, y los ex presidentes Fernández, Torrijos y Rodríguez Zapatero. Entre ellas, se destacan los temas “cronograma e institucionalidad electoral”. Por tanto, la mediación incluye en su agenda el relevo del gobierno.

Por una intervención independiente de la clase obrera

Venezuela atraviesa una crisis de poder: ha caducado la forma previa de gobernar, y en medio de enormes desequilibrios y luchas se dirime la nueva. La clase obrera, sin embargo, está ausente como tal. La responsabilidad de la izquierda, que se anuló como factor independiente, oscilando entre el seguidismo al chavismo, primero, y a la derecha, después, es inocultable. La falta de preparación para superar la declinación de la principal expresión de nacionalismo burgués latinoamericano en la última década debe ser revertida partiendo, en primer lugar, de una intensa agitación política. Más allá de las consignas elementales antiajuste, debe plantear el reclamo de una asamblea constituyente y soberana, para reorganizar el país sobre nuevas bases sociales, y la convocatoria a un congreso obrero, que parta del enorme activismo existente en el país, y delibere para contraponer un plan político y económico de los trabajadores a las variantes patronales en disputa.

Ale Lipco

El apretón de manos de Santos y las FARC

El apretón de manos de Santos y las FARC

Con el apretón de manos entre Raúl Castro, el presidente Juan Manuel Santos y 'Timochenko' en La Habana, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ingresó para muchos en una fase "irreversible". Este optimismo está fundado en la gran cantidad de adhesiones cosechadas por los últimos acuerdos: el Vaticano, el Departamento de Estado, la Unión Europea, el castrismo, y el gobierno venezolano (que copatrocina los diálogos). Sólo el partido de Alvaro Uribe expresó su rechazo.

En el contexto de la última gira papal por Cuba y Estados Unidos, se acordó en La Habana la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que contempla penas reducidas para los involucrados en el conflicto. El contenido del acuerdo, sin embargo, ha desatado una fuerte controversia pública entre ambas delegaciones. Hay muchos puntos de esta justicia transicional que no están claros, por ejemplo cómo se designarán los jueces y si dicho tribunal podrá juzgar a ex presidentes (Uribe). Muchos analistas discuten también la pertinencia de amnistías o reducción de penas para la guerrilla, omitiendo la impunidad de la burguesía y de los paramilitares y el ejército, o sea del aparato estatal, en el desplazamiento de millones de personas y en la expropiación de tierras campesinas y crímenes durante el conflicto.

Las FARC deben desarmarse dos meses después de sellado el acuerdo definitivo. La integración de la guerrilla al orden 'democrático' se ha transformado en un objetivo estratégico, como lo resume el punto 10 del reciente acuerdo: "La transformación de las FARC en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden" (El Tiempo, 26/9). En función de este objetivo, los acuerdos previos sobre participación política habían comprometido ya una serie de garantías y circunscripciones territoriales especiales con acceso a la Cámara de Representantes.

Conflicto en el "posconflicto"

Mientras con una mano Santos negocia el acuerdo, con la otra refuerza el aparato militar con apoyo de los Estados Unidos y la Otan. El objetivo son "las amenazas a la seguridad que pasarán a primer plano tras el desarme de las Farc, principalmente los guerrilleros que no se desmovilicen" (Clarín, 26/9). La experiencia de otros procesos de desmovilización demuestra que el desarme puede dilatarse por años, como en el caso de El Salvador. Al mismo tiempo, todavía no se han iniciado las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En cualquier caso, el aparato represivo del Plan Colombia permanecerá intacto y uno de sus máximos exponentes seguirá siendo el presidente de la República.

Motores

El avance del proceso de paz ha tenido por motores el alineamiento de una constelación de intereses agrarios, petroleros y mineros, que vislumbraron a partir del acuerdo un desarrollo de importantes negocios en el campo, de un lado, y la apertura cubana, del otro. El enviado estadounidense a las conversaciones de paz, Bernard Aronson, lo postula como un imán para las inversiones, y la directora del FMI, Christine Lagarde, como "las bases (...) para mejorar el clima de negocios" (La Nación, 4/10).

Pero dado que el ciclo de alza de los commodities ha finalizado, podríamos asistir a una 'paz tardía'. El retroceso en sus filas combatientes empujó también a las FARC a sentarse a la mesa de negociaciones, pese a sufrir durante buena parte del proceso la continuidad de los bombardeos y emboscadas del ejército.

Asistimos al final de una lucha armada no revolucionaria, que reemplazó la acción histórica independiente del proletariado por el foquismo y adoptó (desde su programa agrario de 1964) una política de convocatoria a la burguesía nacional que actualmente se expresa en su reivindicación del chavismo. La revolución social exige una fuerza política pegada a la clase obrera y una delimitación implacable del nacionalismo burgués.

Gustavo Montenegro

¿A quién clama El PSL por “justicia”? - Ahora sí se subió la gata en la batea

Ahora sí se subió la gata en la batea

¿A quién clama El PSL por “justicia”?

En un reciente artículo publicado en laclase.info el PSL exige “una Comisión Investigadora Independiente que garantice verdad y justicia a las víctimas de la violencia… Ante la detención y destitución de dos alcaldes opositores y separación de M.C. Machado de su cargo de diputada”. Ex profeso asocian lo primero con lo segundo como si los nombrados fueran víctimas de la violencia, y rechazan del gobierno “la forma arbitraria en que se les separó del cargo”. Preocupados están por “las libertades democráticas actualmente bajo ataque”, sin embargo, muy equilibrados, reconocen la existencia de “grupos de choque pro-MUD”.

Es harto evidente que estos rufianes como alcaldes, y la otra como diputada, son autores que dirigen, promueven y pagan las guarimbas, inclusive suministrándoles sus materiales y artefactos. Guarimbas que actúan con métodos fascistas llegando a herir y asesinar a personas ajenas a su conflicto, personas inocentes, y que también destruyen sin ningún criterio lo que se les atraviese o tengan a la mano, servicios e instituciones públicas en particular.

El objetivo del PSL, según el artículo, es el gobierno, su actuación criminal, sus bandas o “colectivos”, pero omiten la actuación, con métodos similares o peores, de las huestes de sus defendidos –para los cuales exigimos castigo–, autores intelectuales en el golpe fascista y saboteo a la economía en el 2002 y 2003, todavía impunes y sin castigo.

Con esa apreciación el PSL pasa a un segundo plano la crisis política en la cual se encuentra inmerso el gobierno de Maduro, crisis que pretende solventarla pactando abiertamente con FEDECAMARAS, para terminar apoyando a Cisneros, cuando le pide al Papa a que el Vaticano interceda, y a UNASUR, cuando delega en una troika –Brasil, Colombia y Ecuador–, para superarla y así recuperar la estabilidad que hasta al gobierno de Obama preocupa.

Los socialistas actuamos ante las crisis políticas con la movilización políticamente independiente de la clase trabajadora, no le ponemos una muleta a las pugnas de fracciones pro-burguesas enfrentadas. Es así como se puede impedir el ajuste que pretende imponer el gobierno de Maduro, y también toda la oposición de derecha, ajuste de proporciones semejantes a las que condujeron al Caracazo con el paquetazo primero de Lusinchi y luego CAP 2. Se necesita entonces darle organicidad a la clase trabajadora para que se movilice por su propio pie en su contra y también en contra de los que lo proponen.

El PSL, bajo la misma tónica, compite con la Comisión de Derechos Humanos que Maduro acaba de crear conformada por ministros del gabinete, la fiscalía y el poder judicial, y por el otro lado con el Vaticano y la UNASUR propuestos por Cisneros y el imperialismo.

La propuesta originada por los atropellos a los líderes de la MUD, desvía la atención de los trabajadores que deberán afrontar el ajuste económico pactado entre el gobierno y los empresarios. El andar del PSL y CCURA de la mano con Provea, con el Fadess y la burocracia sindical sobreviviente de la IV república, confunde en vez de proponerles la movilización con independencia política para enfrentarlo como se acordó para el 10 de abril en el Encuentro Sindical y Popular, convocado por C-Cura, UNETE, Provea el 21 de marzo, junto a 40 resoluciones con las cuales levantar un plan de lucha verdaderamente clasista.

De ese Encuentro Sindical y Popular, sus conclusiones y compromisos las dejó C-Cura y el PSL en el tintero. La propuesta de declaración que pasaron posteriormente a las organizaciones sindicales, populares y políticas que allí participaron, ni con las más que necesarias modificaciones hechas, pudieron hacerla a la luz pública. Más importante, fue clamar por los alcaldes presos y la destituida diputada, aunque el PSL reconozca que sus métodos son “poco democráticos”.

A la UNETE no le queda otra que insistir y continuar con el plan de lucha aprobado con sus trabajadores y sus sindicatos y las organizaciones populares, lo que los organizadores del encuentro prefirieron desechar.

Por una marcha autónoma y clasista para el 1ro de Mayo con las siguientes consignas:

Por un salario mínimo igual a la cesta básica familiar ajustable mensualmente con la inflación.

Por un aumento general de sueldos y salarios equivalente a la devaluación aplicada y a la inflación anualizada

Por el derecho a la contratación colectiva

No a la tercerización ni al trabajo eventual sin mismos derechos que los fijos

Por el derecho a huelga

Por la libertad sindical, fuera el CNE y el RNOS de los sindicatos

Contra la criminalización de la protesta laboral y social, no a las leyes de seguridad nacional y antiterroristas

José Capitán