Santos y las
Farc negocian la paz bajo patrocinio de la ‘comunidad internacional’
El
gobierno colombiano y las Farc se sentarán en octubre a negociar el fin del
conflicto armado, con el patrocinio de Noruega y Cuba, con Chile y Venezuela en
calidad observadores.
El
anuncio de las negociaciones fue saludado por casi todo el arco político
colombiano, incluyendo al Polo Democrático. Fundamental es el apoyo de Obama, o
sea que la negociación forma parte de la política mundial del imperialismo.
¿Podría fracasar una acción que reúne en la misma mesa a todos los matices de
la llamada ‘comunidad internacional’? Los obstáculos son enormes, pero una vez
tomada una decisión estratégica, deberán ser removidos por los cagatintas de la
diplomacia internacional. El mayor desafío que enfrenta esta tentativa es la
crisis internacional, que tiene la capacidad para alterar el escenario político
mundial, de un lado, y acentuar las luchas de masas por el otro. Este escenario
potencial ha sido, sin embargo, el incentivo principal para ir a estas
negociaciones, porque su finalidad última es asociar a los regímenes y fuerzas
políticas que tienen roces con el imperialismo, para defender un orden que se
convertiría en patrimonio común.
Las
Farc hacen una concesión fundamental, porque el proceso no incluye una tregua
en las acciones militares; o sea, habilita la continuación del hostigamiento
militar que mantiene la iniciativa en el terreno, aunque se supone que regirá
de hecho porque, de lo contrario, podría torpedear toda la negociación. Santos
se aseguró el apoyo de toda la cúpula militar que ha estado combatiendo a la
guerrilla. Asimismo, precedió las negociaciones con una ley agraria que prevé
el regreso de miles y miles de campesinos expulsados por capitales agrarios
asociados al ex presidente Uribe. Se busca reciclar la economía de la droga
hacia la producción agraria que pueda transformarse en biocombustibles. También
saludan la negociación los pulpos del petróleo, que verían eliminado el asedio
de los atentados a tubos de transporte y refinerías.
Con
la formalización de las negociaciones culmina el acercamiento iniciado hace
tiempo entre Santos y Chávez, o sea que integra al chavismo al orden
internacional establecido en América Latina. Por eso Obama declaró,
contradiciendo a Romney, que Venezuela “no representa una amenaza a la
seguridad de Estados Unidos”. Así, “el proceso de paz” en Colombia encuadra
políticamente a Venezuela. El gobierno de Caracas continúa entregando jefes del
narcotráfico con pedido de captura a Colombia, incluso a los que están acusados
de asociación con las Farc. Por una vez, Chávez y su rival, Capriles, se
encuentran en la misma onda.
Dificultades
Las
Farc obtienen, de hecho, el reclamo de ser consideradas una “fuerza
beligerante”, sistemáticamente negado por el militarismo y la oligarquía de
Colombia, pero llegan a esta instancia muy golpeadas tanto militar como
políticamente. Sufrieron miles de bajas durante la presidencia de Uribe, a lo
que se suma el aislamiento político en que quedaron sumidas con el
relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y
Venezuela-Ecuador, cuando asumió Santos. En esto reside una de las diferencias
principales con el frustrado proceso del Caguán, hace dos décadas, que incluía
la concesión a la guerrilla de una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza.
Ahora, el diálogo no incluye ninguna cláusula de amnistía, y las fuerzas
armadas ni siquiera garantizan la detención de su accionar durante el proceso
de paz (siete integrantes de las Farc fueron asesinados cuando ya habían sido
anunciadas las conversaciones). Ha trascendido que emisarios del gobierno de
Santos llevaban entre doce y catorce meses de tratativas preliminares con
referentes de las Farc, en el mismo lapso en que eran abatidos algunos de sus
máximos dirigentes. El gobierno de Santos, de todos modos, llega también en
condiciones de crisis. El diario Vanguardia (31/8) advierte que la situación
económica desplazó a la seguridad como principal asunto de preocupación de los
colombianos. Enfrenta la presión de las luchas de petroleros, portuarios,
estudiantes e indígenas. Ha debido cambiar a casi medio gabinete.
Entre
las pruebas que este proceso deberá sortear, se encuentra la cuestión de la
tierra. Uribe y sus aliados paramilitares se han manifestado en contra del
proceso de paz pero, por ahora al menos, han quedado en minoría. La Federación
de Ganaderos se opone a que se discuta el problema agrario. Para el gobierno,
ese debate es más la oportunidad de un negocio que implica la puesta en valor
de centenares de miles de hectáreas bajo control guerrillero, que una concesión
a las Farc. Sintomáticamente, la mesa de negociación con los indígenas del
norte de Cauca se encuentra empantanada. Otro punto a tener en cuenta es la
propia descomposición de las Farc, que pone en duda la capacidad de su
secretariado nacional para encuadrar a toda la fuerza.
Mientras
que Obama promueve la negociación y el ex presidente Carter ha solicitado que
se quite a Cuba de la lista de países terroristas por auspiciar el proceso, un
ala del Partido Republicano, expresada en el Congreso por la dirigente de la
comisión de Relaciones Exteriores, Ros-Lehtinen, considera “alarmante el hecho
de que el régimen castrista reciba un papel de liderazgo en las discusiones”
(Terra, 4/9). Se trata, como puede verse, de un rechazo limitado, para las
tribunas. Romney y Obama expresan dos abordajes diferentes de la crisis
mundial, como ocurre en otros países, pero el Presidente lleva la batuta: el
capital se inclina por la emisión de dólares para rescatar a la banca, antes
que por salir a una cruzada antiobrera potencialmente fascistizante.
Negocios
En
esta orientación de encauzamiento, la revista Semana (1/9) indica una razón
“(de) puro pragmatismo económico: no sólo la violencia le cuesta a Colombia
entre uno y dos puntos del PIB, sino que el fin del conflicto con las Farc y el
Eln podría ahorrar otro tanto en gasto militar (entre 3.500 y 7.000 millones de
dólares al año)”. Un acuerdo mejoraría las posibilidades de proyectos como el
oleoducto binacional colombiano-venezolano hasta el puerto de Temuco u otros
negocios, como el TLC con Corea del Sur y el que está en proceso de negociación
con Israel. Una paz con las Farc se inscribe en todo este entramado
capitalista, en momentos en que Colombia ha desplazado a la Argentina del
segundo lugar dentro de las economías sudamericanas.
Otras
experiencias de desmovilización guerrillera resultaron exitosas para la
burguesía colombiana. Por caso, uno de los líderes del M19, Gustavo Petro, se
recicló como alcalde de Bogotá. El País (6/9) dedica un largo artículo a
analizar los vínculos de las Farc con el naciente grupo Marcha Patriótica. Para
Santos, el proceso de negociaciones implica un intento de posicionamiento como
líder regional y un paso hacia su reelección. La integración de las Farc a la
vida política forma parte de un fenómeno más vasto de contención al interior de
Colombia. Santos le ha concedido rasgo ministerial a la consejería presidencial
para el diálogo social y la movilización ciudadana, “en el que nombró al ex
dirigente sindical y ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón”, del Partido Verde
(AFP, 31/8). El diálogo actual, que se desarrollará entre Oslo y La Habana,
aspira a una integración similar en relación con las Farc, y pone de manifiesto
los límites políticos de la guerrilla colombiana en cuanto sujeto de una
transformación social.
Las
aspiraciones de las Farc en estas negociaciones, como son los derechos
políticos y una reparación parcial a los agravios sufridos por los campesinos y
otras aspiraciones sociales, no tienen nada de revolucionarias. Asistimos, de
este modo, al final de una lucha armada no revolucionaria, que hacía tiempo se
encontraba en su ocaso. El poder no se encuentra en la boca del fusil, ni la
violencia es sinónimo de revolución social. Ella solamente puede ser el
resultado de una acción histórica independiente del proletariado.
Gustavo
Montenegro
