EL GOBIERNO CÍVICO-MILITAR DE NUEVO CRIMINALIZA LA PROTESTA OBRERA - Detenidos José Bodas, secretario general de la FUTPV, y nueve trabajadores más

EL GOBIERNO CÍVICO-MILITAR DE NUEVO CRIMINALIZA LA PROTESTA OBRERA

Detenidos José Bodas, secretario general de la FUTPV, y nueve trabajadores más

Cuando realizaban una asamblea frente a los portones de la refinería de Puerto La Cruz en horas de la mañana del lunes 3 de febrero exigiendo por la discusión de la contratación colectiva petrolera, fueron detenidos por la GNB José Bodas, Endy Torres, Jesús Tirado, William Párica, Emiro Millán, José Duarte, Omar Párica, Wladimir Carvajal, Leonardo Ugarte y Jesús Girado.

La contratación colectiva petrolera está vencida desde octubre de 2013 y su discusión se lleva a cabo de la forma más antidemocrática entre las autoridades de PDVSA y sus marionetas, un sector de la FUTPV. Todos los otros ejecutivos electos no abyectos al plan patronal han sido impedidos de participar de la discusión. Previamente fueron calificados e imputados 2 secretarios ejecutivos: Iván Freites de la refinería de Paraguaná (Amuay y Cardón) y Robert González de la refinería El Palito, ahora vienen contra el secretario general y trabajador de la refinería de Puerto La Cruz. Estos compañeros fueron los más votados en las tres refinerías más importantes del país en las únicas elecciones hechas en la FUTPV.

Los trabajadores solicitan un ajuste salarial de 150%, sin embargo la mesa negociadora propuso un 80%. “Quieren pagarnos 40% este año y el resto después, situación que no permitiremos”. “119 bolívares es una burla para nosotros los trabajadores”.

Antiguamente el contrato colectivo petrolero, por lo avanzado de sus cláusulas, para cualquier sindicato no petrolero era el techo a alcanzar. Ahora se ha convertido en su contrario, está por el piso y los patronos lo usan hasta de modelo para impedir cualquier avance por encima del contrato petrolero con un salario casi en el mínimo nacional.

Al momento de escribir esta nota aún no se sabía el momento en que serían presentados ante el juez de control y leídos los cargos de los que se les acusa. Tampoco si serán llevados a juicio o sometidos como a 3.000 trabajadores y luchadores sindicales en todo el país a régimen de presentación con limitación de sus actuaciones sindicales.

Para el Estado venezolano las refinerías del país, entre otras áreas, son zonas declaradas de seguridad según la ley del mismo nombre, y la misma se usa de pretexto para impedir la protesta obrera y/o social porque podrían “atentar” sus trabajadores o el pueblo a su cotidiano accionar. El exabrupto es de tal magnitud que por hacer una asamblea ante el portón por donde entran y salen los trabajadores de la refinería se les puede calificar de terrorismo o de asociación para delinquir.

La detención y represión a Bodas y los nueve representantes sindicales y trabajadores petroleros ocurre luego de ser presentado ante la comisión de alto nivel de la OIT, que en días pasados estuvo en el país, un rosario de pruebas que demuestran el incremento exacerbado de la arremetida patronal privada y pública contra el movimiento obrero venezolano así como la notoria intervención desde las instituciones laborales adscritas al gobierno bolivariano bajo claros signos de regimentarlo y flexibilizarlo violentando, con el apoyo de los cuerpos judiciales, policiales y militares, derechos laborales consagrados en las leyes venezolanas.

El mensaje es claro por parte del gobierno de Maduro a los trabajadores, si reclaman el estamento militar estará presto a acallarlos pues en esencia se les estará declarando en rebeldía frente a su “democrático y socialista” gobierno, y eso no es otra cosa que obligarlos a cargar con los costos de la crisis por la que está pasando el país en la actualidad. Como establecen los compañeros de UNETE al denunciar la detención de Bodas y los otros nueve trabajadores petroleros: “Ahora a la organización de los trabajadores para defender sus derechos en Venezuela se le califica de acuerdo al Código Penal como ASOCIACION PARA DELINQUIR y a la discusión de contrato colectivo se le denomina EXTORSION, TERRORISMO, O VIOLACION A LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS”.

No basta con la solidaridad expresada en las palabras, es menester la movilización de los trabajadores para frenar de una buena vez los intentos desde el gobierno en criminalizar la protesta obrera y social y a la vez reivindicar sus derechos políticos como clase. Hay que aprovechar la oportunidad de la unidad de acción estructurada en razón de la visita de la comisión de alto nivel de la OIT para plantear un plan de luchas que contemple:

• Por la libertad sindical sin injerencia del CNE y del RNOS.
• No a la criminalización de la protesta laboral y por la derogación de todas las leyes anti-obreras.
• Por la defensa y el derecho irrestricto a huelga.
• Por la contratación colectiva y el reconocimiento salarial por todo el tiempo de retraso que alarguen sus discusiones.
• Contra toda regimentación gubernamental basada en normativas laborales que sean impuestas y a la vez cercenen derechos alcanzados por la contratación colectiva.
• Por un salario mínimo igual a la cesta básica familiar de 5 personas y su indexación mensual para contrarrestar los efectos de la inflación y la devaluación; por un aumento general de sueldos y salarios.
• Por el fin de la tercerización y/o el trabajo eventual, y de ser éste temporal con iguales condiciones a los que tienen los trabajadores fijos.

LIBERTAD PLENA Y SIN CORTAPISAS YA PARA LOS TRABAJADORES PETROLEROS PRESOS

Opción Obrera

04/02/2014

El gobierno se prepara para el 2014 - Acondiciona a sus custodios

Prensa Opción Obrera 27 Enero - Febrero 2014

El gobierno se prepara para el 2014

Acondiciona a sus custodios

El Estado, para responder ante los reclamos y movilizaciones de los trabajadores y de las comunidades, refuerza sus aparatos de coerción policial, militar y  decreta organismos  que los respaldan, como el SIMA y el CESPPA, para blindar la Ley Orgánica de Seguridad Nacional.

El gobierno afina los cuerpos represivos, perfecciona los sistemas de seguridad. En noviembre creo el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (Sima), engendrado en un convenio del Ministerio de Relaciones Interiores y una empresa china (CEIEC), con una inversión (léase préstamo) mayor a los 1.200 millones de dólares. Este plan se instalará “municipio por municipio”, contará  con más de 1.200 cámaras, adicionalmente para los “espacios difíciles” y poder grabar, contaran con drones, también las patrullas tendrán un equipamiento de radios especiales con sistemas de video y data para tecnificar la represión, función primordial de los cuerpos de seguridad del Estado, no de las comunidades ni de los trabajadores.

También se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria CESPPA, en sendas gacetas de octubre, la  40266 y modificada en la 40279, cuya función es “unificar el flujo informativo” sobre “la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas y privadas que se requieran, para facilitar y contribuir al proceso de toma de decisiones, así como prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales".

El director del CESPPA “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada y de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia,  que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento, dirigir la recopilación, procesamiento, integración y análisis de informaciones de interés estratégico y controlar el cumplimiento de órdenes, indicaciones, precisiones y requerimientos que realice el Ejecutivo Nacional en función de elevar el conocimiento de la situación operativa a través de los órganos de seguridad”. En la gaceta del 24 de octubre se eliminó la injerencia sobre las instituciones privadas.

En fin de cuentas, el CESPPA es un organismo supra constitucional dirigido como es costumbre por un militar, designado por Maduro pero evidentemente sugerido por la élite militar, que determinará, según su criterio, cuales contenidos serán reservados o cuales no, para limitar el flujo informativo por razones de seguridad nacional. Creado vía decreto, por encima de toda legislación, nada lo controla, nadie lo limita, será un aparato que determine el carácter de la información; con base a su omnímodo poder censurará o prohibirá si un asunto representa una amenaza para ellos.

En noviembre Maduro anunció un ajuste salarial y un bono navideño a "todo el personal profesional" de la Fuerza Armada Bolivariana. Para el Jefe de Estado en un acto por el 93 aniversario de la  Fuerza Aérea Venezolana, "la necesidad de ajustar correctamente los salarios de toda la tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (...) Y además darle un bono especial navideño en este año 2013, que ustedes saben que hemos estado cuidando el salario de todos los que trabajan".

La ministra de defensa, Carmen Meléndez, precisó que los sargentos gozaran de un aumento del 60% en sus salarios; los oficiales y generales de división (50%) y mayores generales y almirantes (45%). No se precisó el porcentaje del ajuste salarial a toda la tropa profesional.

Los aumentos, buenos para ellos, no aplican para los trabajadores. El salario mínimo en noviembre recibió un incremento de apenas 10%, para quedar en 2.973,00 BsF, cuando para octubre la Canasta Alimentaria Normativa del INE de 50 escuálidos rubros alimenticios lo superaba ampliamente.

Este es el Haber de la administración chavista para los militares.

Entre 1999 y 2003, el aumento fue de 30% cada año. En octubre de 2003, entre golpes y lock out petrolero, Chávez anunció un aumento de salario de entre 50%-60% para 2004.

Entre 2005 y 2009 se volvió al aumento de 30% anual. Mientras entre 2010 y 2011 los incrementos en el salario de los militares representó 90%.

En abril de 2010 se dio un aumento de 40%, a lo que se suma el aumento decretado para 2011 de 50%, que fue retroactivo desde el mes de septiembre. Ambos años estos porcentajes superaron a los decretos de aumento de salario mínimo. En 2012 el aumento volvió a ser de 40%.

La inseguridad, el delito y la corrupción van de la mano, entre el delincuente y su “contraparte”, sea policía, GNB y o burócrata de una institución ad hoc, las calles son de ellos, la escasez y especulación, sobre todo de alimentos y materiales de construcción, las mafias internas en las prisiones, el contrabando en las fronteras y el fraude en las aduanas o en sistemas de control y aprobación de divisas.

Por este lado, por el contrario, continúa y recrudece la criminalización de las protestas y las luchas por los derechos más elementales como el derecho al trabajo y al salario.

¿2014 plantea a los sindicatos una necesaria reformulación?

¿2014 plantea a los sindicatos una necesaria reformulación?

Comentarios a un artículo de Héctor Lucena* en su columna habitual del Correo del Caroní

Como siempre, nuestros comentarios toman nota de datos y comentarios objetivos al margen de la interpretación que le da el profesor, inclusive contrapuestos. El artículo en cuestión, “2014 plantea a los sindicatos una necesaria reformulación” (15/12/2013), desde su óptica llama la atención a una situación palpable, grave en el movimiento laboral, totalmente discutible, y dirigido, a nuestra consideración, a los sectores de vanguardia dentro del movimiento obrero, tanto en las corrientes políticas como sindicales de todo Venezuela.

Lucena comienza con suavidad su columna, “Terminamos el 2013 con perspectivas inquietantes en materia económica para el nuevo año”, algo que habría que indagar el cómo dar el toque de alarma o despertar a los incautos que son casi todo el país a pesar del abismo por donde vamos cayendo.

Advierte, con base a la política económica, de “dos consecuencias centrales sobre las relaciones de trabajo”. Expresa primero el descontento contra el “Gobierno el principal empleador” de sus trabajadores “por incumplimiento de lo firmado o acordado, o por postergar negociaciones con sus servidores, quienes aspiran revisiones de sus condiciones de trabajo, aspiración legítima en un contexto inflacionario como el existente”, y segundo, “las repercusiones en los privados”. Para ambos se refiere, y resaltamos, los problemas de “sus empleos, condiciones de trabajo y condiciones de su vida familiar”. Como lo decimos nosotros, a los trabajadores les toca luchar contra sus patronos sean públicos o privados, ambos representan directos o disfrazados la clase social que maneja en el país.

Sus causas las establece en “el creciente déficit fiscal que en el presente año alcanzará entre el 13-15%. El gobierno gasta más de lo que le ingresa, a pesar de los muy buenos precios petroleros”. Denuncia que “el presupuesto nacional ha perdido precisión para ser una referencia transparente” por los tracaleros y mentirosos, añadimos nosotros, de quienes planifican y entregan cuentas de la gestión del país.

Lucena resalta que “los ingresos para el 2014 con un barril de petróleo a US$ 60, cuando se ubica al menos un 60-70% más arriba. El déficit fiscal se fija en 4.5%”, y vislumbra “una devaluación inminente, así como se anuncia desde las altas esferas oficiales la subida del precio de la gasolina, y es de esperar otras medidas…”.

Continúa, “los trabajadores ha venido resintiéndose de los efectos de las políticas públicas, y particularmente las laborales, de estos últimos años. Resultado de ello es la fragmentación del movimiento” y le añade como agravante, la política del gobierno “adverso al desenvolvimiento libre y autónomo de estas organizaciones, dada las restricciones imperantes”, léase, según nuestra apreciación, éstas son consecuencia de las políticas antiobreras e interventoras que pretenden el desconocimiento de la organización sindical y el derecho a huelga.

Desde su ámbito el profesor aboga por “Un esfuerzo de agregación y coordinación entre las diversas organizaciones y tendencias que activan en el movimiento de los trabajadores es una necesidad en el escenario planteado”. Nosotros vemos y planteamos la necesidad de crear un Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El artículo avala “la gestión judicial que acaban de hacer, al solicitar la nulidad de varios artículos que en el Decreto con rango y fuerza de LOTTT, atentan contra la libertad sindical” y asume considerar esencial, entre otros, “el del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales que (el gobierno) dio un plazo que fenece este 31 de diciembre, con la amenaza de disolver a aquellas organizaciones que no se registren”. En ese sentido, aplaude la “gestión…  promovida por todas las corrientes y organizaciones que activan en el sindicalismo venezolano, con la salvedad de la central promovida por el gobierno. Hay que destacar que por años, quienes promovieron la solicitud no realizaban acciones conjuntas de esta naturaleza e importancia”.

La situación demanda una respuesta de conjunto ante la gravedad de la economía del país. Los organismos y leyes que el gobierno prepara para reprimir son de tipo fascista (Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria CESPPA, Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia SIMA), hasta DRONES están presupuestados –dicho por el ministro Rodríguez Torres–, miles de millones de dólares para impedir las protestas y movilizaciones, no de la MUD, sino a quien ellos le temen: los trabajadores y las comunidades urbanas o campesinas y los pueblos indígenas.

Lucena considera que “Los esfuerzos de agregación y coordinación como el destacado tendrán que repetirse en acciones no sólo de tipo judicial, sino también en el quehacer de las propias relaciones laborales, porque ha quedado evidenciado que múltiples organizaciones y corrientes promoviendo conflictos, haciendo grandes esfuerzos para el accionar cotidiano cada una por su lado, no han sido suficientes para detener los niveles de deterioro de las condiciones laborales, a pesar del enorme ingreso petrolero que el país ha recibido”. Para los trabajadores es importante entender que el populismo del gobierno está agotado, los planes llegan a sus límites, los recursos escasean y la corrupción aumenta. La economía de Venezuela con base a la renta petrolera, improductiva y favoreciendo a una burguesía cada vez mas parásita, coloca al país al borde de la quiebra cuyo elemento detonante seria una baja coyuntural, por decir lo menos, de los precios del barril de petróleo.

Lucena cerrando deja “interrogantes para el futuro cercano” a la cual nosotros respondemos.

“¿Qué medidas tomará el gobierno?”

OO: Mas importaciones, venta de oro, devaluación, endeudamiento. El gobierno prorrogará las medidas para intentar salir de la crisis económica pero descargándola sobre los trabajadores.

“¿Qué papel jugarán los trabajadores y sus organizaciones en la construcción de esas medidas, serán consultados?”

OO: Si no lo han hecho hasta ahora, continuarán siendo criminalizados en sus luchas e interviniendo con los militares, o con el apoyo de las Inspectorías del Trabajo, jueces, y hasta el CNE.

“¿Sobre quiénes recaerá el costo de la resolución de la crisis?”

OO: Sobre el país, a excepción de quienes siguen parasitando con la renta petrolera.

“¿Pagarán la crisis quienes han despilfarrado los recursos de todos?”

OO: Se saldrán con la suya sino imponemos un salario mínimo igual a la cesta básica familiar, aumentos generales de sueldos y salarios, indexación de acuerdo a la inflación (escala móvil de salarios), pase a fijos o las mismas condiciones y beneficios para los tercerizados.

“¿Hacia dónde apuntar la mirada para buscar vías para la resolución de la crisis?“

OO: Control del comercio exterior, nacionalización de la banca, suspensión inmediata al pago de la deuda externa, control obrero en la producción e inspección pública de los libros contables tanto en el sector público como en el privado, en la banca, industrias, comercios y servicios. Para los trabajadores la salida en su favor tiene que ser a través de ellos mismos, paso a paso, hasta conquistar su propio gobierno.

Lucena concluye: “Todo parece indicar que será un año definitorio en el papel que ha de jugar movimiento de los trabajadores”. Desde Opción Obrera concluimos: Si no hay coordinación y unidad con base a una clara plataforma de lucha es imposible parar la debacle a que nos lleva el gobierno y los empresarios, comerciantes y banqueros que están detrás del poder.

José Capitán

15/12/2013

* Héctor Lucena dirige el doctorado en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Carabobo. Investigador reconocido, ha escrito varios libros y numerosos artículos en revistas académicas especializadas en esa área.

Atilio Borón, un bolivariano de Shuberoff y Gioja

Atilio Borón escribe en su blog (http://www.atilioboron.com.ar/2012/10/es-posible-que-una-fuerza-politica-que.html) una apreciación bastante jalada de los cabellos sobre la posición política que los del Partido Obrero, sección hermana de la CRCI de Argentina, hicieron sobre la detención temporal y el secuestro de documentos que un grupo de trabajadores de la prensa encabezados por Jorge Lanata hicieron para la fecha de las elecciones presidenciales venezolanas del 7 de octubre pasado. La retención de los pasaportes y el secuestro de lo documental de su trabajo periodístico fue realizado por los cuerpos de seguridad venezolanos en el aeropuerto de Maiquetía. La nota de prensa de PO la pueden conseguir en el siguiente enlace: http://po.org.ar/po1243/2012/10/11/lanata-defendemos-la-libertad-de-expresion/. En respuesta PO elaboró la siguiente nota que les dejamos a continuación a nuestros lectores.

Atilio Borón, un bolivariano de Shuberoff y Gioja

El `intelectual` Atilio Borón se ha llenado de mugre para rendirle tributo a quienes le pagan su sueldo y los viajes. Se interroga si el PO “honra la memoria de Mariano Ferreyra”, cuando defiende la libertad periodística de Lanata (y los trabajadores que lo acompañaron, a los que Borón no menciona) en Venezuela. El punto de este ex asalariado de la Fundación Ebert (financiada por el imperialismo alemán) es, de nuevo, como lo viene haciendo un sector del kirchnerismo desde hace dos años (encabezado por CFK), transferir la responsabilidad del crimen de nuestro compañero de la burocracia apoyada por el gobierno nacional y el Estado, a nuestro partido. Borón, un defensor de la democracia y enemigo de la dictadura del proletariado, defiende la detención de Lanata y los trabajadores que lo acompañaron en Venezuela y el secuestro de su material periodístico por parte de los servicios de inteligencia del gobierno chavista. El artículo de Prensa Obrera que defiende “la libertad de expresión” parte de una denuncia implacable al carácter reaccionario de la cobertura que Lanata y su equipo hicieron de las elecciones en Venezuela. Lo que distingue a nuestra posición es, precisamente eso: defender la libertad de expresión de un adversario de derecha y denunciar al aparato de represión, al Estado y al gobierno que cercena esa libertad sin alegar ninguna amenaza material contra la independencia nacional de Venezuela. Los revolucionarios combatimos los planteos reaccionarios con argumentos revolucionarios, no con la punta de la pistola. Marx era apenas un ‘joven militante’ cuando defendía, contra la censura prusiana, la libertad de prensa, incluida la injuria y la difamación, en tanto que esa misma libertad fue uno de los objetivos proclamados de la Revolución de Octubre. La libertad de prensa solamente puede ser justificadamente suprimida en una guerra civil, cuando la información forma parte de las operaciones militares contra los pueblos que se defienden con las armas en la mano.

Sin libertades políticas, y por lo tanto sin libertad de prensa, es imposible el desarrollo político de la conciencia de las masas. León Trotsky subrayó, en más de una ocasión, que la supresión de las libertades de expresión constituye el primer paso en la burocratización de un Estado de origen revolucionario. La regimentación de la prensa es un arma del bonapartismo pequeño burgués para someter políticamente a la clase obrera y sus organizaciones.

El tono chicanero de Borón, que además fue vicerrector, en la UBA, del nefasto y corrupto Shuberoff, esquiva con el improperio la cuestión fundamental: por qué el movimiento popular se vería beneficiado convalidando el espionaje de los servicios y su acción represiva contra un crítico democratizante de la derecha. Como Borón se autodefine como un `cientista político`, sabe perfectamente bien que el reforzamiento del aparato represivo de un Estado que se reconoce a sí mismo como capitalista, afecta en última instancia al movimiento popular. Venezuela ha firmado acuerdos de seguridad con el régimen paramilitar colombiano, y su integración al Mercosur equivale a lo mismo con los gobiernos capitalistas de este bloque. El aparato de seguridad de Venezuela, precisamente, no ha esclarecido ni uno solo de los asesinatos de militantes clasistas ejecutados por sicarios de las patronales, y ha protagonizado represiones reiteradas contra los obreros de la ex Sidor. Venezuela tienen muchos Mariano Ferreyras; el panelista de 678 no abrió la boca hasta ahora contra la condena proferida en ese programa, por su conductor, Barone, contra Ana Guzzetti, la militante encarcelada y torturada por interpelar en una rueda de prensa a Perón. Ni siquiera aquí ha defendido la libertad de expresión.

A Borón lo enceguece el Partido Obrero, porque recela del avance de nuestro partido en el desarrollo de una alternativa de izquierda al bonapartismo nacionaloide. Se da cuenta de que defender la libertad de expresión para un adversario de toda la vida de nuestro partido, incluso cuando realiza una acción de contenido derechista, refuerza nuestra autoridad política, y hasta puede arrancar a una parte de la clase media de la tutela de la derecha. Cree que su crítica servirá para crear un abismo entre nosotros y los militantes populares del kirchnerismo. Lo que ocurre es precisamente lo contrario: la autoridad de nuestro partido ha crecido en forma exponencial allí donde este asunto es discutido con más vivacidad: los trabajadores de prensa, de la cultura y universitarios.

A Borón le ocurre lo que a todos los alcahuetes, que con su servilismo importunan a sus patrones. Hugo Chávez debe estar puteando por lo bajo ante el desmentido de Borón de que la Venezuela bolivariana es el paraíso de la democracia y de la libertad de expresión. ¿No serán los captores de Lanata y su equipo un grupo de infiltrados que actuaron de ese modo para manchar las credenciales de la revolución socialista del Siglo XXI – a igual título, digamos, que el ministro de Defensa de Argentina, el cual habría complotado, según Horacio Verbitsky, con los fondos buitres para secuestrar la Fragata Libertad? La que más debe estar trinando en su despacho es, de todos modos, la ídola de Borón, la Presidenta CFK, que en medio de su cruzada por la libertad de la palabra contra el monopolio Clarín, se encuentra con un gorila de su palo en el bazar, que asegura que después del 7 o 10D los opositores mediáticos del oficialismo van a ir todos en cana. Salvo que Borón sea el otro yo del doctor Merengue de la mandataria. Su apoyo a Martín Sabatella para el AFCSA, ¿es un anticipo de que los periodistas en Argentina deberán imputar los subsuelos a su trabajo diario?

Atilio Borón, una vieja ‘vedette’ del ala democratizante del trotskismo, se ha convertido en un deshecho intelectual. Nos enteramos que acaba de suscribir la candidatura de Martín Sabbatella para el AFSCA y que anduvo por San Juan, la patria chica de Barrick Gioja, donde dio “ fe del crecimiento de la provincia”. Hasta se mostró comprensible con la megaminería contaminante: “Si en todos lados (sic) se autoriza, uno se pregunta por qué acá voy a dejar de hacerlo”. ‘Todos lados’, para Borón, serían los bolivarianos de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero también Estados Unidos, Canadá, Australia y China. Por primera vez en su vida, Borón violenta su amor por la UE – donde se cuestiona el gas no convencional , la energía nuclear y hasta las semillas genéticamente modificadas. A Borón sólo le falta dar su okay al acuerdo reciente de CFK con Monsanto. El monopolio semillero otorgado a la multi yanqui, es el último clavo en el ataúd de las pretensiones de ‘soberanía alimentaria’ del kirchnerismo.

De vicerrector de la UBA de Shuberoff a defender de la megaminería. Que nadie se sienta sorprendido si mañana agarra un puesto en el gobierno y es él quien manda los servicios contra los periodistas y los luchadores. Es lo que hace corrientemente la verbitskiana Garré.

¿Tomarán nota de todo esto La Mella y el Frente Darío Santillán, que buscan inspiración en este intelectual de los ‘servis’ bolivarianos?

Gabriel Solano y Jorge Altamira

LA LEY DE SEGURIDAD ES UNA LEY QUE VA EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES

Prensa Opción Obrera 23 Julio - Agosto 2012

LA LEY DE SEGURIDAD ES UNA LEY QUE VA EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES

¿A quiénes les temen los creadores de este artículo? ¿A los escuálidos que pueden ir a protestar en ese portón? NO!!! A los trabajadores es a quien va dirigido ese artículo de la ley y es a quienes se les puede aplicar.

¿Por qué lo colocan a las puertas de Pequiven? El patrono atropella a los trabajadores y viola el derecho al convenio colectivo por un lado, la empresa daña al medio ambiente por su contaminación impune por el otro. Cuando un trabajador ejerce su derecho a protestar, la ley lo puede penalizar y mandarlo preso. Cercenar el derecho a la protesta y castigarlo con cárcel por hacerla, a eso se le llama fascismo en cualquier parte.