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martes, 5 de marzo de 2013

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CÓMPLICE DE LOS SICARIOS ASESINOS DE SABINO ROMERO NO TIENEN AVAL PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES


LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CÓMPLICE DE LOS SICARIOS ASESINOS DE SABINO ROMERO NO TIENEN AVAL PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES


Con el asesinato de Sabino Romero por sicarios contratados, desde el gobierno bolivariano sucede lo habitual como con el dicho, mucho ruido y pocas nueces. A raíz de la solicitud que hicieran varios colectivos frente a la Fiscalía General de la República el día lunes 4 de marzo, la Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció su compromiso “a realizar una investigación objetiva” sobre lo sucedido. Precisamente porque la Fiscalía ha demostrado nulidad total sobre el tema de los Yukpas por la permisividad que desde las instituciones del Estado (ministerio para los pueblos indígenas, ministerio del interior y justicia y FANB) se les ha dado a latifundistas y empresarios de la minería del carbón es que no se puede confiar para nada en investigaciones centradas a partir de ella y del cuerpo de investigación criminal del Estado, CICPC. Los colectivos sociales que denuncian el asesinato de Sabino Romero, consecuencia de la evidente impunidad con que actúan los que se oponen a reconocerles sus derechos al pueblo Yukpa con la complicidad del Estado, lo que deben es exigir en la calle, con una gran movilización, una comisión investigadora surgida de su seno que devele con verdadera certeza a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sabino Romero.

Con el CICPC la situación se torna aún más inoperante cuando el actual ministro de relaciones interiores asume que el asesinato de Sabino Romero “es parte de la violencia que pretende imperar la derecha corrupta sobre los pueblos indígenas" (Aporrea.org, 04/03/2013) que, aunque sea cierto, no es más que enterrar la cabeza en la arena pues esa derecha que el ministro Reverol denuncia ha sido permisada por la derecha endógena en el gobierno bolivariano desde las instituciones mencionadas. Los latifundistas y los empresarios de la minería del carbón no están encubiertos, y las instituciones de investigación criminal del Estado, CICPC y Fiscalía, saben en dónde buscarlos, no de ahora sino desde que el padre de Sabino Romero fuera asesinado por otros sicarios, sin aún hacerlo.

Solo habrá juicio y castigo a los intereses del latifundio y la minería, apañados por el Estado y sus instituciones, CICPC, Fiscalía, FANB y la derecha endógena enquistada en el gobierno bolivariano, con una investigación que denuncie las marramucias de ese complot. Es con ese objetivo que hay que conquistar el reconocimiento de una comisión salida de la movilización en las calles, que debe ser masiva y organizada por los colectivos sociales que exhiben el repudio generalizado del pueblo por el vil asesinato de Sabino Romero, y designada por los denunciantes para no continuar con lo nulo que significa la pedidera que nadie desde el gobierno asume en consecuencia.

Es con la acción directa, o el llamado a convocar a los colectivos que están por la justicia y en solidaridad con los pueblos indígenas oprimidos del país, como podemos darle sentido a las palabras de Sabino Romero cuando decía “Si me matan, los indígenas se van a alzar en la Sierra de Perijá” para alzarnos todos ante la lenidad con que se ha actuado desde el gobierno bolivariano con los atropellos recibidos por los Yukpas tanto por parte de sicarios y paramilitares de los latifundistas y los empresarios de la minería del carbón como por parte de las FANB, como muy bien demuestra el hijo de Sabino Romero cuando un destacamento militar irrumpió para impedir que los indígenas Yukpas capturaran a los sicarios que desde una moto le dispararon a mansalva a Sabino y a su compañera Lucía, para terminar el primero asesinado y la segunda con heridas de gravedad. 

Los sucesos ocurrieron el domingo a eso de las 8 de la noche mientras distintos colectivos y organizaciones sociales se enteran pasadas las 10:30 de la noche que el cuerpo sin vida de Sabino permanecía tirado a un lado de la carretera porque los del destacamento de las FANB impidieron su traslado a la espera de la comisión del CICPC. Con el accionar de las FANB hay un encubrimiento evidente a los sicarios, los autores materiales del crimen, pero también a los autores intelectuales que solo pueden estar entre los latifundistas afectados por la demarcación trucha de las tierras ancestrales Yukpas, los empresarios de la minería del carbón que ven en pico de zamuro sus concesiones mineras para no ser aprovechadas por la mano destructora de la minería a cielo abierto, y los militares que desde siempre les han brindado apoyo y respaldo. De esto ya hay un libro con incontables soportes que la Fiscalía se niega a estudiar pero sí tiene el tupé de forjar un juicio a dos organizaciones sociales que les han brindado solidaridad efectiva a los Yukpas como son PROVEA y la Sociedad Homo et Natura, haciéndolos culpables de llevar niños y adolescentes a la toma que como pueblo movilizado los Yukpas hicieron en 2010 frente a la sede del TSJ en Caracas y como después han continuado haciendo como en noviembre pasado cuando apostados a la ventana del estudio de VTV en la Plaza Bolívar Vanessa Davies los invisibiliza con una cortina "roja".

El afán por parte de la Fiscalía de criminalizar la solidaridad de organizaciones y colectivos al pueblo Yukpa en lucha y el escamoteo de echarle el muerto a esa vaina tan general que termina siendo la "derecha" cuando mucha de esa abunda como endógena al interior del propio gobierno bolivariano, por parte del ministro de relaciones interiores, Reverol, indican por donde vendrían los tiros en "solucionar" la captura de culpables, chivos expiatorios, que de seguro, como ya lo hizo una vez el ex-ministro El Aisami, lo terminó resolviendo como un conflicto entre etnias indígenas.

Es hoy y ahora, desde las calles en abierta movilización, el momento de exigir el juicio y castigo para los verdaderos autores materiales, pero más importante aún, para lo intelectuales que contrataron a los sicarios, con una comisión investigadora que sea impuesta al gobierno bolivariano, es que como dijimos en nuestro artículo de denuncia (SABINO ROMERO FUE ASESINADO POR SICARIOS CON LA COMPLICIDAD DEL ESTADO), los sicarios solo pudieron actuar teniendo como cómplice al Estado.

POR UNA COMISIÓN SURGIDA DESDE LOS COLECTIVOS SOCIALES PARA UN VERDADERO JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES
CONVOQUEMOS A UNA GRAN MOVILIZACIÓN DE CALLE PARA EXPRESAR EL REPUDIO DEL PUEBLO POR EL ASESINATO DE SABINO ROMERO
EL ESTADO ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE SABINO ROMERO
JUICIO Y CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES

Opción Obrera
05/03/2013

lunes, 4 de marzo de 2013

SABINO ROMERO FUE ASESINADO POR SICARIOS CON LA COMPLICIDAD DEL ESTADO


SABINO ROMERO FUE ASESINADO POR SICARIOS CON LA COMPLICIDAD DEL ESTADO

Sabino Romero Izarra: “Si me matan, los indígenas se van a alzar en la Sierra de Perijá"
15/02/2012


El cacique Yukpa Sabino Romero, de la comunidad Chaktapa en la Sierra de Perijá en el estado Zulia, fue asesinado por sicarios el domingo 3 de marzo de los corrientes cuando en compañía de su compañera Lucía se dirigía hacia El Tukuko a una asamblea que elegiría al cacique mayor de la comunidad. Lucía se encuentra herida de gravedad.

Sabino Romero ha representado el accionar directo de los pueblos indígenas Yukpas por los derechos conculcados por el Estado respecto a la delimitación de tierras que por propiedad ancestral les otorgaba la constitución de la república de 1999. Tras una larga lucha que se remonta a los años 50 del siglo pasado, los Yukpas han exigido la titularidad de sus tierras ancestrales. Los propietarios latifundistas siempre han constituido fuerzas de choque paramilitares y de sicarios para enfrentar la radicalidad indígena, inclusive han favorecido la migración hacia sus fundos de otra etnia indígena como la Wayú. Con lo contemplado en la CRBV de 1999, Sabino Romero consiguió motivos de derecho para exigir la delimitación de las tierras indígenas ancestrales Yukpas, lo que fue siempre negado o subvertido por latifundistas y empresas de minería del carbón con la anuencia de la GNB y el ministerio para los pueblos indígenas de la mano de Nicia Maldonado.

Desde el año 2006 los intentos de acallar al pueblo Yukpa han sido cotidianos además de permisivos respecto a latifundistas y empresarios de la minería del carbón. Sabino Romero ha vivido en carne propia los desmanes provenientes de sus sicarios y paramilitares con la complicidad del Estado con el apoyo que les brinda al permanecer en las tierras ancestrales Yukpas la GNB. El padre y uno de los hijos de Sabino Romero fueron asesinados igualmente. En 2010 la Fiscalía imputó a PROVEA y a la Sociedad Homo et Natura de llevar niños Yukpas a una toma que hicieron los indígenas de la comunidad de Chaktapa a la entrada del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. En febrero de este año se inició el juicio que demuestra muy claramente la intensión de criminalizar la solidaridad de organizaciones y colectivos sociales hacia el pueblo Yukpa. Que los Yukpas se movilicen para reclamar por sus derechos como colectivos sociales con sus ancianos, mujeres y niños resulta incomprensible para la justicia burguesa, como no pueden atentar de manera obvia hacia ellos entonces se enfila con la criminalización la solidaridad prestada por los colectivos mencionados.

El año pasado el gobierno bolivariano tuvo que ceder en el tema de la delimitación de las tierras Yukpas. Terminaron reconociéndoles las zonas escarpadas de la Sierra de Perijá y no los valles ancestrales ocupados recientemente por los latifundistas o aledaños a las zonas de concesión de la minería de carbón. Con todo y lo precario de la zona delimitada, los Yukpas debieron esperar más de 8 meses para proceder a asentarse en sus territorios haciéndolo a la fuerza con la toma de dos haciendas que quedaban dentro del perímetro y a las cuales sus dueños latifundistas alegaban su permanencia todavía porque el Estado no les había pagado “sus” bienhechurías. A los Yukpas solo se les decía que el trámite estaba en proceso, mientras la GNB colocaba soldados para proteger a los “criollos” de las haciendas.

La guinda del “postre” la terminó representando Vanessa Davies, cuando en “vivo” desde el estudio de VTV en la Plaza Bolívar de Caracas, procedió a tapar con una cortina “roja” la ventana desde la que se veía la manifestación que por lo motivos anteriores hacía de nuevo el pueblo Yukpa en noviembre del año pasado en Caracas. El intento de nuevamente “invisibilizar” al pueblo Yukpa y sus demandas por sus derechos ancestrales consagrados en la CRBV pero negados por el Estado y sus instituciones, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, generó el repudio colectivo de sectores chavistas y no chavistas del país. Se terminaba demostrando mediáticamente lo que Sabino Romero y el pueblo Yukpa no se cansaron de denunciar: la complicidad de las instituciones civiles del Estado junto a las militares, el poder de los latifundistas y los monopolios extranjeros de la minería del carbón, en negarles sus derechos.

Es imprescindible conquistar en las calles el juicio y el castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sabino Romero porque de seguro se intentará tapar el hecho como un conflicto entre indígenas como en otras veces ha ocurrido. A Sabino Romero lo mandaron a matar los dueños del capital por la afectación que les ocasionaba la lucha transcendental y colectiva que como pueblo los Yukpas con tenacidad y perseverancia han demostrado dar recuperando sus tierras y desalojando a los latifundistas. El vil “pase de factura” con la complacencia del Estado, y por tanto de su administrador de turno, el gobierno bolivariano, resulta obvio.

Con la misma acción hay que denunciar la abierta criminalización a la que están sometidos dos de las organizaciones sociales que les han brindado solidaridad al pueblo Yukpa, PROVEA y Sociedad Homo et Natura. Dejar pasar ese juicio es aceptar como jurisprudencia asentada la imposibilidad de prestar solidaridad concreta de colectivos y organizaciones por los que luchan con su acción directa porque igualmente se les podría llevar a juicio por iniciativa gubernamental.

No solo los indígenas de Perijá deben alzarse ante el asesinato de Sabino Romero, los explotados deben acompañarlos masivamente para que se dé el juicio y el castigo ejemplar a sus autores materiales pero más aún por los autores intelectuales que se esconden tras los dueños del gran capital.

EL ESTADO ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE SABINO ROMERO
JUICIO Y CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES
POR UNA CONVOCATORIA MASIVA EN REPUDIO AL ASESINATO DE SABINO ROMERO

Opción Obrera
03/03/2012