Opción Obrera es la sección venezolana de la CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional)

Propulsamos el desarrollo de una política proletaria al seno de los trabajadores tras su independencia de clase y una organización de lucha para su liberación de la explotación e instaurar El Gobierno de los Trabajadores, primer paso hacia el socialismo.

Ante la bancarrota capitalista mundial nuestra propuesta es que:


¡¡LOS CAPITALISTAS DEBEN PAGAR LA CRISIS!
¡LOS TRABAJADORES DEBEN TOMAR EL PODER!



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lunes, 8 de noviembre de 2010

VOLANTE DE OPCIÓN OBRERA EN LA MARCHA DEL 9 DE NOVIEMBRE


A TODOS LOS TRABAJADORES QUE SE MOVILIZAN POR SUS DERECHOS Y REIVINDICACIONES

Los trabajadores estamos agobiados por el alto costo de la vida, la inflación es permanente año tras año, para colmo los compañeros adscritos a la administración pública tienen burlado su derecho a la convención colectiva. La normativa laboral se usa arbitrariamente. En las empresas del Estado sucede de igual modo. Se viola si está vigente, no se discute si está vencida y no se cumple si está homologada.

Con las empresas de capital privado, sus imposiciones a través del Ministerio del Trabajo logran hasta despidos masivos concertados y violaciones al fuero sindical y al de los delegados de seguridad laboral como acontece en Mitsubishi.

La indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para conquistarla. Así se logró en el hospital del SSO en Barquisimeto y en el IPASME en Acarigua. La huelga de hambre, un recurso extremo en las luchas obreras porque pone al borde de la muerte a los que la encaran, se ha convertido en la única garantía para conquistar algo concreto como es el derecho al trabajo. Mientras hoy marchamos los trabajadores de las alcaldías de Tocuyito y Morón han sido obligados a hacerla porque los patronos rojo rojitos se comportan igual que los privados negando el derecho al reenganche.

El sicariato ordenado por los patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, se mantiene impune. Mientras, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, es la moneda corriente.

La abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir tienen el conveniente silencio o retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo.

Las consignas que hoy pone la UNETE en la calle hay que traducirlas para que los trabajadores de base las defiendan y concreten pasada la marcha. Sólo es con la movilización continua que las consignas que hacen suyas los trabajadores pueden ser conquistadas.

Toda  Ley del Trabajo es capitalista
La retroactividad de las prestaciones, perdida en 1997, por 10 años la AN no la ha  aprobado ni lo hará. Peor aún, quienes deben hacer cumplir la ley vigente no lo hacen si favorece a los trabajadores.
Miles de desempleados se agolpan en los portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Luchemos por la eliminación de los trabajos tercerizados. Con la jornada laboral de 6 horas, sin menoscabo del salario, más trabajadores pueden ser contratados con los beneficios y el salario de los fijos.

MAS QUE POR UNA LEY LUCHEMOS POR LA APROBACIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y QUE  LA JORNADA DE TRABAJO SE REDUZCA A 6 HORAS!!!

La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
El control obrero sólo tiene sentido si los trabajadores tienen acceso a los libros, a la contabilidad a la vez que deciden sobre la producción. Junto a esto se requiere haber sido electos en asamblea por sus propias bases con posibilidad a ser revocados. Que los trabajadores ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista, mucho menos si en las empresas del Estado no se cumple con la elección de los cargos de directores laborales. La mal llamada gestión socialista y el “control obrero” que no lo es, convierten a las empresas expropiadas en la guillotina que las colocará en manos privadas a la vuelta de la esquina. La salida es ejercer democráticamente el control decidido por la Asamblea de Trabajadores, con los designados electos por el voto mayoritario de todos ellos.

Las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas a pesar de todo lo robado mientras estuvieron explotando  y burlando a los trabajadores y a las mismas leyes burguesas. La expropiación sin pago a los grandes capitales y a la banca privada, con el control obrero permitirá la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.

EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE LA BANCA Y DE LAS GRANDES INDUSTRIAS PERO BAJO EL CONTROL DIRECTO DE LA PRODUCCIÓN POR PARTE DE SUS TRABAJADORES!!!

Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar en Enero pasado hizo que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. Además  una inflación anual mayor del 25% nos reduce a la mitad nuestro poder adquisitivo en tan solo dos años. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.

QUE LA CRISIS QUE CREARON LOS CAPITALISTAS LA PAGUEN ELLOS, NO LOS TRABAJADORES!!!
DECRETO INMEDIATO QUE APRUEBE LA ESCALA MÓVIL DE SALARIOS Y EL REPARTO DE LAS HORAS DE TRABAJO DISPONIBLES ENTRE LOS TRABAJADORES SIN MENOSCABO DEL SALARIO PERCIBIDO!!!


Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Así mismo, por todo el país los trabajadores que protestan ante los abusos patronales son reprimidos tanto por la policía como por la GN y luego criminalizados con el Código Procesal Penal el cual nuestros diputados lo mantienen vigente. Por hacer huelgas, parar la fábrica o tomarla nos convertimos en delincuentes, mientras los patronos consiguen justicia rápida y fácil.

Los trabajadores de UNETE en Maracay y las madres del PAE en La Victoria fueron reprimidos. Los de IOSA en Barquisimeto fueron desalojados de la planta donde ejercían su lucha legítima ante los abusos del patrón. En Mitsubishi, luego del asesinato de dos compañeros, continua campeando el terror laboral de la mano de la inspectoría del trabajo y  la policía estatal de Tarek. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo, así mismo, varios compañeros delegados de seguridad. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran con lo que la propia LOT define como un cambio de patrono. Las trabajadoras de Fundimeca siguen con su régimen de presentación ante los tribunales de Valencia para demostrar que se portan bien y cumplen con el orden establecido.

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE LOS DIRIGENTES SINDICALES POR SICARIOS CONTRATADOS POR LOS PATRONOS!!!
LIBERTAD INMEDIATA A RUBÉN GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE FERROMINERA!!!
NO AL SICARIATO!!! NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA OBRERA!!!
POR UN FRENTE DE TRABAJADORES EN LUCHA!!!


Caracas, 9 de Noviembre de 2010
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SOBRE LA MARCHA DE UNETE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN CARACAS

SOBRE LA MARCHA DE UNETE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN CARACAS

El 9 de noviembre por primera vez en 10 años las diferentes corrientes sindicales y sus trabajadores agrupados en UNETE salen a la calle a demandar al gobierno bolivariano cuatro consignas necesarias: la aprobación de una nueva ley del trabajo revolucionaria antes que finalice el año, el impulso a la gestión socialista de las empresas expropiadas, el control obrero y las expropiaciones, un aumento general de sueldos y salarios en función de la disparada inflación y la discusión de las convenciones colectivas vencidas, y la lucha contra la penalización de los conflictos y el terrorismo patronal. Es importante resaltar que la convocatoria a tal marcha no es iniciativa propia del gobierno bolivariano como en anteriores oportunidades, por el contrario, desde sus instancias de poder y hasta desde el propio PSUV y sus sectores sindicales en la voz de Oswaldo Vera, FSB, se ha tratado de impedirla. La iniciativa la asume UNETE, una central sin autonomía del gobierno bolivariano que ha rechazado la presencia de otras corrientes sindicales que no apoyan al gobierno del presidente Chavez, bajo un marco evidente de clara crisis económica en el país como consecuencia a lo interno de la bancarrota del capital mundial.

La crisis del capital en el mundo y su reflejo patente en el país ha obligado a los representantes de los trabajadores de Venezuela a exigir reconocimiento de ellos y sus demandas como contradicción fundamental entre el socialismo que se proclama a viva voz desde las instancias del gobierno y el que en nada se observa en el seno de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran agobiados por el alto costo de la vida, la burocratización gerencial y explotadora en las empresas del Estado, las contrataciones colectivas con años de vencidas en el sector público, la conciliación de clases y el claro apoyo a patronos públicos y privados por parte del Ministerio del Trabajo con despidos masivos concertados y en particular de los sectores sindicales clasistas, la indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche que obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para tratar de hacerlas efectivas, el sicariato ordenado por los propios patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, la abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir con el conveniente silencio o el retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo, la abundante tercerización con contratas y cooperativas que jamás ofrecen las mismas condiciones contractuales de los trabajadores fijos, la lucha diaria por parte de los trabajadores por mejores salarios ante lo que significó la devaluación ordenada por el propio gobierno al desvalorizarles a la mitad los conquistados, o hasta el propio mínimo, desde enero de este año mientras se vislumbra otra en los próximos meses.

Lo importante de esta contradicción fundamental es que ha obligado a los burócratas (porque como autonombrados coordinadores nadie los ha electo sino que se han impuesto) de UNETE a dar la cara por los trabajadores que representan y que comienzan a dar muestras claras de autonomía frente a las imposiciones gubernamentales y a reflejar su independencia de clase frente a los patronos de cualquier tipo, sean públicos o privados. Por el lado del gobierno la política sigue siendo la de convencerlos que lo que se hace es lo correcto y por eso los constriñe en la camisa de fuerza que esperen a que el gobierno actúe. La intensión de UNETE, en particular la Máspero y Stalin Perez, es conseguir reconocimiento de Chavez por la cantidad de trabajadores que movilicen mientras los encausan por una protesta que no se salga de los marcos de apoyo al proceso mientras se pueda resolver por arriba con los otros burócratas del oficialismo, importando mucho que los reclamos realizados no transciendan de lo mediático. Sin embargo, la manifestación, aún siendo burocrática, resulta positiva, y merece todo el apoyo de las corrientes políticas que exigimos un giro hacia el papel director que deben jugar los trabajadores en el seno del proceso, porque surge no de parte del propio Chavez sino de lo que subyace aún inconscientemente en las bases de los trabajadores que ya están cansados de esperar que algo verdaderamente socialista se haga e intuyen que deban ser ellos los que realmente lo concreten por sus propios medios. Esa debiera ser entonces la atención que se asuma por tanto de las organizaciones de claro espíritu proletario y clasista. No puede haber justificación alguna que algunas de ellas, por considerar que la convocatoria la hace la burocracia gobiernera, la minimicen y decidan no participar de manera independiente porque implicaría un apoyo al gobierno bolivariano. Las bases de los trabajadores, al menos desde el 2008, vienen exigiendo un mayor protagonismo en las calles que cada vez más es reprimido o bloqueado por lo que sus ilusiones en las virtudes del proceso cada vez más la delimitan en el presidente y no en los funcionarios que éste designa. Esa experiencia debe ser vivida por parte de las bases de los trabajadores y para tal fin nuestro aporte es ir con ellos a reclamar lo que exigen sus burócratas sindicales pero partiendo del hecho que lo genérico de las consignas se convierta en pasos concretos para lograr lo efectivamente alcanzable pero desde las propias bases de los trabajadores.

La Ley del Trabajo “Revolucionaria”
Ninguna ley del trabajo puede ser revolucionaria mientras con ella se regule la explotación que ejerce el capital sobre la fuerza de trabajo en oferta. Mientras la explotación a los trabajadores esté garantizada en ley no podemos hablar de algo revolucionario, menos socialista. Los distintos proyectos de esa ley en la AN en ninguna parte eliminan la explotación como tampoco que el patrono deje de robar el trabajo realizado y no pago en forma de plusvalía. Inclusive tampoco habla de llevar el régimen prestacional a la retroactividad perdida en 1997 de la mano de otros burócratas sindicales y actores gubernamentales, o el derecho al trabajo necesario sin robo por el patrono o que también se lo garantice a los millones que no tienen acceso al mismo. Pero aún si esto estuviese planteado en el proyecto que por 10 años la AN se negó a aprobar, ¿quién garantiza que se aplique si los trabajadores viven en carne propia que las propias instituciones del Estado que debieran velar por ella en lo absoluto lo hacen con la ley vigente? Sólo en el Estado que impongan los trabajadores bajo su propio gobierno es que se puede hablar de una ley del trabajo revolucionaria y socialista, pero en dirección a ese papel director en su propio gobierno sí se pueden movilizar por convertir a las instituciones del trabajo vigentes a que en efecto les funcionen. Primero exijamos, con el propio control de los trabajadores, que tanto las inspectorías como el propio ministerio del trabajo funcionen y hagan respetar los reclamos que los patronos y las instituciones burguesas del Estado no respetan.

La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
Si por gestión socialista y control obrero es lo que se anuncia que se hace en Guayana por caso, entonces estamos confundiendo los términos. El control obrero sólo tiene un sentido revolucionario si los trabajadores lo ejercen para imponer ellos la producción, esto es, a dónde va dirigida y por qué, y los libros contables están a la vista de todos, y eso está totalmente ausente donde se proclama que se está dando. Adicionalmente, la gestión socialista no tiene cabida cuando la producción no es el resultado de la planificación que los propios trabajadores ejerzan. Que algunos trabajadores, escogidos por el propio gobierno en vez de haber sido electos en asamblea por sus propias bases con derecho a revocatoria y bajo un plan concreto de trabajo, ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista si la fuerza de trabajo sigue siendo explotada en su jornada diaria efectiva y el trabajo necesario a cambio del salario pagado es mucho más que el que efecto se necesita mientras miles de desempleados se agolpan en sus portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Las administraciones impuestas por el dedo del ejecutivo nacional en las empresas del Estado no dejan de hacer la misma política que implementaban los gobiernos de la cuarta. Con trabajadores o sin ellos en la directiva o las gerencias, con explotación y tercerizados, con robo de la plusvalía como con cualquier otro patrono, sin control directo de los propios trabajadores en la producción, y por ende en su administración, no puede haber gestión socialista y el “control obrero” se convierte en la guillotina que coloca a las empresas expropiadas en manos privadas a la vuelta de la esquina.

Por otra parte, las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas pues sus capitales son resarcidos para aplicarlo ellos en cualquier otra forma de explotación sobre los trabajadores. Y lo que es peor, sin devolverles a los explotados todo lo robado en el tiempo que lo hicieron para el patrono privado. Son los trabajadores quienes deban exigir la expropiación sin pago de los grandes capitales que se encuentran en la banca privada y en las grandes industrias, en particular las trasnacionales, pero bajo el control directo sobre la producción en manos de los trabajadores. El control directo sobre la producción es la necesaria escuela para que los trabajadores se encarguen en su propio gobierno de la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.

Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar fuerte en Enero pasado condujo a que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. El presupuesto de este año ya lleva casi BsF. 50.000 millones más de lo presupuestado sin que termine el año, significando un endeudamiento externo adicional a los conseguidos para inversiones de infraestructuras. Los créditos adicionales han vuelto aparecer como en los peores tiempos de la cuarta república y de esto sólo se beneficia de manera directa la banca privada nacional o la internacional. Para el 2011 se presupuesta algo similar a lo ya gastado a la fecha mientras la fuente de ingresos en divisas por la venta de petróleo no se tiene previsto que aumente. Mientras esta renta se destina masivamente a los pulpos capitalistas para que la fuguen, o gasten fuera de nuestras fronteras, la única forma de equilibrar el gasto público será con lo que se le saque en mayor medida a los trabajadores y al pueblo que nada tiene. Una nueva devaluación está en las puertas en los próximos meses como salida para disponer de más bolívares con la misma cantidad de dólares por vender el petróleo, mientras, ya estamos atados con China por 20.000 millones que la pagaremos en los próximos 3 años con petróleo pero casi a la mitad del precio internacional del barril actual. Ese es el marco por el cual los contratos colectivos de los trabajadores del sector público siguen sin discutirse. No hay lo suficiente para ellos porque lo que hay es necesario dárselo como renta a la burguesía nacional y extranjera. Convocamos a los trabajadores dependientes de la administración pública a salir a las calles pues sólo ellos son los que pueden hacer con la acción directa torcer el brazo a los funcionarios y burócratas sindicales que se niegan a discutirlos. Es la consecuencia de los embates del capital mundial en bancarrota y los trabajadores y el pueblo que nada tiene pagando los costos de la crisis con altos precios de los bienes y los alimentos mientras los patronos se niegan a mejorar los salarios. La inflación es ya otro artículo que estamos obligados a pagar mientras cada vez más aumenta la población sin un empleo formal, estable y con un salario digno para vivir. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.

Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
UNETE habla de luchar contra la penalización de los conflictos. Como siempre, las palabras suaves antes que usar las correctas que los trabajadores entienden. Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Los trabajadores de UNETE en Maracay fueron reprimidos por la policía del gobernador rojo rojito Isea hace unos meses por tratar de hacer una marcha reclamando por lo que UNETE en su marcha en Caracas plantea. Las madres del PAE en La Victoria también fueron reprimidas por exigir que fueran reconocidas como trabajadoras formales. Un juez del trabajo en Barquisimeto decretó ilegal la huelga reconocida legal por la propia inspectoría del trabajo en IOSA. 2 trabajadores de Mitsubishi en Barcelona fueron asesinados por la policía de Tarek cuando a la fuerza quisieron éstos aplicar la justicia que un juez ordenaba al exigir el reintegro de las instalaciones que consideraba propiedad privada de los patronos. El Ministerio del Trabajo luego autorizaría el despido “legal” de la junta directiva del sindicato Singetram junto a 130 trabajadores, muchos de ellos en reposo y con reclamos pendientes por incapacidad laboral por la súper explotación en las líneas de producción, y otros 300 están en lista de espera por decisión definitiva que aún no se toma porque los propios trabajadores sacaron a la calle la denuncia. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos por el nuevo patrono público al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran como lo que la propia LOT define un cambio de patrono. Podemos llenar páginas de situaciones donde la lucha obrera clasista de la mano de los trabajadores de base es impedida y hasta penalizada por decisión de un juez convenientemente seleccionado, sea por un patrono público o uno privado. Pero lo peor es la impunidad con que actúan los sicarios asesinos de dirigentes sindicales contratados por los patronos. Ninguno de los asesinatos de dirigentes sindicales fabriles o del campo hechos por sicarios y ordenados por los patronos ha sido resuelto por la justicia ordinaria, menos descubiertos y presos sus autores intelectuales. Representar de forma clasista a los trabajadores con autonomía de gobiernos o burócratas e independencia de clase frente a sus patronos capitalistas es causal de riesgo de muerte. La inseguridad diaria se ha trasladado hasta ellos a pesar que el propio Estado de los capitalistas debiera garantizar el derecho a la vida.

Toda esta realidad no puede quedar en un mero saludo a la bandera. Necesaria es la organización de un frente de luchas que impida su continuidad y la desaparición física de los representantes clasistas que se manifiestan. El amordazamiento a la protesta obrera es la consecuencia de la criminalización ordenada por la justicia bolivariana y el sicariato ordenado por los patrones capitalistas pues tanto unos como los otros lo hacen con el fin que los trabajadores acepten los costos de la crisis económica como consecuencia de la bancarrota del capital mundial en vez de quienes la causaron.

Roberto Yépez

Las nuevas estatizaciones de Chávez

Las nuevas estatizaciones de Chávez


Venezuela atraviesa una crisis económica dramática. Es el único país de la región cuyo producto ha retrocedido en 2010, al tiempo que cuenta con una tasa de inflación elevada -un 27% en los últimos doce meses, que afecta, principalmente, a los alimentos.

PDVSA, la petrolera estatal, ha dado cuenta de una caída de 14,4% de su ganancia neta, en el marco de una caída de la exportación del petróleo en un 10% -según reconoció el gobierno (primer trimestre de 2010). La inversión social, mientras tanto, aumentó un 1.051,8%. La inflación y una capacidad menguada de financiación ponen en crisis el pilar de la política chavista y amenazan las condiciones de vida de amplias masas.

Frente a este panorama, el gobierno ha lanzado un nuevo plan de estatizaciones, que son generosamente compensadas como todas las anteriores. Se estima que las indemnizaciones en concepto de estatizaciones han consumido unos 30 mil millones de dólares -un formidable derroche de recursos. Ahora, tienen por blanco a los monopolios de la alimentación, que son responsabilizados por el alza de precios de la canasta básica. Amparadas en la tesis de "una profundización de la revolución", estas medidas ignoran el fracaso del sistema de comercio de productos alimentarios (Mercal, PDVAL), establecido hace cuatro años, y la creación de la llamada "planilla" o lista con productos subsidiados. El gobierno corre el riesgo de que si la carestía se incrementa, incluso en el marco de las nuevas estatizaciones, quede al desnudo una irrevocable incapacidad política. De hecho, ya han tenido que desmentir que se proponga estatizar almacenes, tiendas o supermercados. Las estatizaciones en sí mismas no determinan su carácter, el cual depende de la finalidad que persiguen, de la clase que las ejecuta y de su método. El despilfarro de recursos en indemnizaciones y la sustitución de la patronal por una casta de funcionarios incapaces -y muchas veces corruptos- descalifican que esas estatizaciones puedan ser transformadoras o revolucionarias, o que impliquen una transición al socialismo. Son medidas empíricas y aisladas. Después de todo, nada alimenta más la inflación que el manejo del mercado de cambios por parte del gobierno, que vende divisas al tipo de cambio oficial, que los especuladores revenden en el negro o paralelo. O que emite bonos en dólares, lo cual aumenta la deuda pública, que pueden ser comprados en pesos y que luego se transan en Nueva York a un tipo de cambio diferencial. Este método de absorción de pesos excedentes enriquece a unos pocos y alimenta la inflación debido a que desvaloriza el bolívar.

La prensa internacional no se cansa de repetir que estamos ante una nueva "ola" de "expropiaciones" -y hasta las adjudica a la derrota electoral reciente de Chávez. Ve en ello métodos y objetivos donde no los hay; encubre, en efecto, a los monopolios que han sido estatizados, los cuales son protagonistas irremplazables en la especulación señalada contra la moneda nacional.

Cada estatización del gobierno respondió a situaciones distintas que, lejos de cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, se esfuerza por compatibilizarlas con el sistema capitalista. Con la estatización de las cementeras (como con la reciente toma de ocho complejos y predios urbanos), intentó hacer frente a la falta de material para proseguir con el plan de viviendas, pero ni la producción ni los precios han bajado. Con la de Sidor (compensada por mucho más que su valor de libros e incluso de mercado), procuró encarar la rebelión laboral producida por el sistema de tercerizadas y subcontratistas -pero en estos temas las cosas se han agravado. En otros casos, estatizó bancos que fueron llevados a la quiebra por sus propios partidarios capitalistas.

El caso Owen Illinois
La última estatización de Owen Illinois (de capitales norteamericanos y que representa el 60% del mercado del vidrio en el país) no puede comprenderse sin la reciente estatización de Agroisleña (productora del 70% de los insumos agrícolas) y las amenazas de intervenir la empresa Polar, la más grande agroindustria de alimentos y bebidas del país, que emplea a más de 30 mil personas. El gobierno acusó al pulpo de inflar costos y precios que se trasladan a la industria alimenticia. Pero si es consecuente con este planteo, en poco tiempo deberá nacionalizar a Polar, que utiliza los insumos de Owen y Agroisleña. ¡Salvo que Chávez termine subsidiando las compras de Polar!

La decisión del gobierno de estatizar Owen Illinois fue recibida con protestas por parte de la burocracia sindical opositora y por los propios trabajadores. Simplemente, piensan que el Estado-patrón acabará liquidando las conquistas existentes y que acabará liquidando el convenio, como ocurre en las industrias estatizadas. Esto pone en evidencia el lado reaccionario de las estatizaciones burguesas -y de paso, facilita la manipulación de los obreros por parte de la derecha. El sindicato actúa en un bloque junto con la patronal, pero es producto de la experiencia de otras estatizaciones fracasadas del gobierno logran encontrar una cierta base social entre los obreros. La protesta también es apoyada por la C-Cura y la UNT, dos movimientos sindicales del campo clasista. Owen Illinois, a poco de conocerse el decreto de estatización, emitió un comunicado donde aseguraba que esperaba llegar a un acuerdo adecuado, de la misma manera en la que se pronunció el Departamento de Estado norteamericano.

La experiencia "estatista"
La gran mayoría de las fábricas estatizadas, que fueron adquiridas con indemnizaciones millonarias, algunas a cotización de bolsa en su punto máximo (caso Verizon), quedaron en manos de una burocracia estatal que, lejos de poner a producir las plantas a su máxima expresión y satisfacer los reclamos obreros, hizo lo contrario. Las fábricas, en numerosos casos, están prácticamente paralizadas o con una producción marginal, con los obreros en una situación precaria y a veces sin cobrar el sueldo.

En Sidor, la situación es igual o peor que al momento de ser vaciada por Techint. La fábrica, con miles de contratados y un vaciamiento impresionante, sigue teniendo todo tipo de protestas bajo el control estatal, muchas veces encaradas desde los mismos sindicatos. En Sidor se registra la continuidad del trabajo tercerizado, la falta de cobro del sueldo y bonos, además de una bajísima productividad.

En este campo, surge un nuevo problema para el gobierno, pues la baja productividad de Sidor -se ubica en un 30%- ha generado problemas para la construcción de viviendas por la falta de varillas y de hierro. Es probable que, por esto, el gobierno haya decidido estatizar Sidetur (Siderúrgica del Turbio) y hacerse de la totalidad de la producción de hierro y acero.

Resulta de primer orden que los trabajadores venezolanos desmitifiquen las estatizaciones burguesas, por un lado, y recuperen la crítica a los monopolios capitalistas, por el otro. El punto de unión de la clase obrera debería ser: 1) defensa de los convenios colectivos, fin a la tercerización; 2) independencia sindical del Estado y de los patrones (en los sindicatos por empresa), control obrero de la producción; 3) por un plan de desarrollo único que se discuta y vote en un congreso de trabajadores. Cuando fue la estatización de Sidor, advertimos que se abría un debate estratégico en el movimiento obrero venezolano: la independencia política de los trabajadores. Esta sigue siendo la cuestión estratégica, más que nunca.

Ezequiel D.