El apretón de manos de Santos y las
FARC
Con
el apretón de manos entre Raúl Castro, el presidente Juan Manuel Santos y
'Timochenko' en La Habana, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las
FARC ingresó para muchos en una fase "irreversible". Este optimismo
está fundado en la gran cantidad de adhesiones cosechadas por los últimos
acuerdos: el Vaticano, el Departamento de Estado, la Unión Europea, el
castrismo, y el gobierno venezolano (que copatrocina los diálogos). Sólo el
partido de Alvaro Uribe expresó su rechazo.
En
el contexto de la última gira papal por Cuba y Estados Unidos, se acordó en La
Habana la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que contempla penas
reducidas para los involucrados en el conflicto. El contenido del acuerdo, sin
embargo, ha desatado una fuerte controversia pública entre ambas delegaciones.
Hay muchos puntos de esta justicia transicional que no están claros, por
ejemplo cómo se designarán los jueces y si dicho tribunal podrá juzgar a ex
presidentes (Uribe). Muchos analistas discuten también la pertinencia de
amnistías o reducción de penas para la guerrilla, omitiendo la impunidad de la
burguesía y de los paramilitares y el ejército, o sea del aparato estatal, en
el desplazamiento de millones de personas y en la expropiación de tierras
campesinas y crímenes durante el conflicto.
Las
FARC deben desarmarse dos meses después de sellado el acuerdo definitivo. La
integración de la guerrilla al orden 'democrático' se ha transformado en un
objetivo estratégico, como lo resume el punto 10 del reciente acuerdo: "La
transformación de las FARC en un movimiento político legal es un objetivo
compartido, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se
acuerden" (El Tiempo, 26/9). En función de este objetivo, los acuerdos
previos sobre participación política habían comprometido ya una serie de
garantías y circunscripciones territoriales especiales con acceso a la Cámara
de Representantes.
Conflicto en
el "posconflicto"
Mientras
con una mano Santos negocia el acuerdo, con la otra refuerza el aparato militar
con apoyo de los Estados Unidos y la Otan. El objetivo son "las amenazas a
la seguridad que pasarán a primer plano tras el desarme de las Farc,
principalmente los guerrilleros que no se desmovilicen" (Clarín, 26/9). La
experiencia de otros procesos de desmovilización demuestra que el desarme puede
dilatarse por años, como en el caso de El Salvador. Al mismo tiempo, todavía no
se han iniciado las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN). En cualquier caso, el aparato represivo del Plan Colombia
permanecerá intacto y uno de sus máximos exponentes seguirá siendo el
presidente de la República.
Motores
El
avance del proceso de paz ha tenido por motores el alineamiento de una
constelación de intereses agrarios, petroleros y mineros, que vislumbraron a
partir del acuerdo un desarrollo de importantes negocios en el campo, de un
lado, y la apertura cubana, del otro. El enviado estadounidense a las
conversaciones de paz, Bernard Aronson, lo postula como un imán para las
inversiones, y la directora del FMI, Christine Lagarde, como "las bases
(...) para mejorar el clima de negocios" (La Nación, 4/10).
Pero
dado que el ciclo de alza de los commodities ha finalizado, podríamos asistir a
una 'paz tardía'. El retroceso en sus filas combatientes empujó también a las FARC
a sentarse a la mesa de negociaciones, pese a sufrir durante buena parte del
proceso la continuidad de los bombardeos y emboscadas del ejército.
Asistimos
al final de una lucha armada no revolucionaria, que reemplazó la acción
histórica independiente del proletariado por el foquismo y adoptó (desde su
programa agrario de 1964) una política de convocatoria a la burguesía nacional
que actualmente se expresa en su reivindicación del chavismo. La revolución
social exige una fuerza política pegada a la clase obrera y una delimitación
implacable del nacionalismo burgués.
Gustavo
Montenegro
