Las nacionalizaciones y el control obrero

Prensa Opción Obrera 18 - Febrero 2011

Trabajadores
Las nacionalizaciones y el control obrero
Diferencia entre el control obrero definido por el marxismo como instrumento de transición hacia el gobierno de los trabajadores y el aplicado por el chavismo

En 1917, luego del triunfo de la Revolución Rusa1 e instaurado el Estado obrero, el desarrollo de las fuerzas productivas se produjo al pasar los medios de producción a propiedad estatal. Por el contrario, en Venezuela, transcurridos once años como presidente Hugo Chávez, no se ha producido tal desarrollo y se agudizan los problemas de vivienda, salario, empleo, servicios de agua, electricidad, gas doméstico e inflación. Por si fuera poco es inminente otra devaluación ante la debilidad crónica del bolívar. A la par de esta situación las ganancias de la banca privada aumentan trimestre tras trimestre. Además, la educación y la salud son deficitarias y siguen vinculadas a los negocios privados.

En la Rusia revolucionaria, apenas uno o dos días después de tomar el poder, el gobierno de los soviets o consejos obreros decretó un proyecto de control obrero[1] definiendo la elección de los representantes mediante asambleas, registrando actas y ordenándose el cumplimiento en la fábrica de lo acordado, demandando responsabilidad en el orden, la disciplina y la protección de los bienes y el castigo para los infractores mediante la confiscación de sus propiedades y penas de reclusión que podían llegar hasta cinco años.

El control obrero comprendía el acceso a los libros de contabilidad y documentos, sin excepción, así como a todos los almacenes y depósitos de materiales, herramientas y productos, de igual forma, para los representantes elegidos por los obreros y empleados.

Este instrumento que forma parte del Programa de Transición[2] no se remite a empresas con problemas o quebradas, por el contrario, para evitar llegar a esa situación es de importancia su implementación en los sectores claves de la economía: las industrias básicas (petróleo, petroquímica, siderurgia) y las empresas de servicios de agua, viviendas, transporte, comunicación, de construcción.

Los recursos o financiamientos esenciales para el funcionamiento de las empresas deben provenir de las expropiaciones de los bancos, con el objetivo de crear un sistema único de inversión y de crédito. La concentración del sistema de crédito pone en manos del estado los medios materiales necesarios para el desarrollo en una economía planificada. Desde luego, la estatización de los bancos sólo será eficaz aplicando, de igual modo, el control obrero en cada institución financiera.

En Venezuela se ha impuesto el “control obrero” en las empresas nacionales del aluminio, hierro y electricidad. La decadencia de estas industrias, que como en el caso de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) ha disminuido su producción de acero a la mitad en los últimos tres años, no se va a revertir con un cambio de gerencia propuesto por el gobierno.

Las estatizaciones de Chávez[3] son un proceso empírico frente a una desorganización económica imparable vinculada a la crisis capitalista mundial, lejos están de responder a una planificación, son unas vulgares compras de las empresas, donde los trabajadores cambian de gerencia y pasan a responder al Estado como patrón. Nada que ver con un plan anticapitalista, más bien favorecen a los capitalistas con generosas indemnizaciones y, por otro lado, los bancos privados se benefician de las nóminas públicas; tal es el caso de los bancos Provincial, Mercantil y Occidental de Descuento donde se depositan los salarios de PDVSA y PEQUIVEN. Además, las empresas contratistas de la petrolera son privadas y todas pertenecen a la derecha que conspira contra el gobierno y contra Venezuela.

El proceso suele iniciarse cuando los capitalistas se niegan a aceptar las reivindicaciones que exigen los trabajadores y luego las inspectorías del trabajo se resisten a aplicar la ley a favor de estos últimos. Se generan despidos, suspensiones de pagos y finalmente se paraliza la producción. Para evitar el desarrollo de la lucha, interviene el gobierno estatizando la empresa con el pago a los patronos, luego una dirección burocratizada termina de hundir la industria y los trabajadores quedan sin garantía de que sus reivindicaciones sean reconocidas por el nuevo patrono.

A veces los trabajadores son los últimos que se enteran de la nacionalización y son traspasados como otra parte de la mercadería, luego las plantas pasan años sin funcionar. Así ocurrió con Invetex, Rialca, Norpro, etc. Un caso paradigmático es Sideroca-Proacero, fábrica de tubos localizada en Cabimas, que se nacionalizó en el año 2005, paso a manos del Ministerio del Trabajo, luego de Corpozulia, luego de PDVSA, desmantelada por robos bajo custodia de la GN sigue, luego de 5 y medio años sin prodducir.

Cuando la burocracia sindical pierde las elecciones o se constituyen sindicatos paralelos, los patrones no aceptan discutir el convenio con sindicatos clasistas, prefieren no invertir y cerrar o negociar con el estado, el cual sale de “salvador” de la empresa.

Estas nacionalizaciones afectan la vigencia de los convenios coleectivos. Por ejemplo en Guayana todas las industrias tienen el convenio vencido. El llamado control obrero rivaliza con los sindicatos. Pero, el verdadero control obrero y el sindicato no deberían ser antagónicos y si lo son, es un deber de los trabajadores derrotar esa directiva burocrática. Por eso es tan importante el desarrollo de una dirección revolucionaria en los sindicatos en especial cuando el nacionalismo solicita el apoyo del movimiento sindical y los invita a participar en la administración de la industria nacionalizada para que los acompañen en la gestión desastrosa conducida por una gerencia que el mismo ministro del sector designa.

El control obrero paasa por la defensa de los convenios colectivos y acabar con la tercerización laboral, definir la procura de los materiales y los equipos, qué se compra, a quién y en qué condiciones y, también el destino de la producción. Todo esto en un marco de independencia sindical del estado y de  los patrones.

El socialismo nada tiene que ver con una suma de nacionalizaciones bajo control de la burocracia del estado. No puede confundirse la transición al socialismo con estatismo de contenido burgués; el punto de partida de la transición es el gobierno de los explotados (dirigido por la clase obrera).

En definitiva, las nacionalizaciones burguesas refuerzan la burocracia estatal y no mejoran la gestión económica, por el contrario, se gastan los recursos fiscales para compensar a los capitalistas mientras se pierden los que se necesitan para ir en el camino de un desarrollo independiente y verdaderamente productivo. Los que han sacado provecho son los capitalistas pues al recibir jugosas indemnizaciones son salvados por el gobierno bolivariano dde las afectaciones de la bancarrota mundial del capital que repercute al interior del país.

[1] Decreto sobre el control obrero , V. I. Lenin, Obras escogidas, en tres tomos, 1985, t. 3, págs. 497-498. Editorial Progreso, Moscú.
[2] León Trotsky, El Programa de Transición
[3] Resolución América Latina en conferencia latinoamericana de la Coordinación por la refundación de la cuarta Internacional CRCI

José Capitán