La situación de los trabajadores en el estado Carabobo será de mayor conflictividad en 2014

Prensa Opción Obrera 27 Enero - Febrero 2014

La situación de los trabajadores en el estado Carabobo será de mayor conflictividad en 2014

La lucha de clases en 2013 dejó para los trabajadores en el estado Carabobo un reguero de conflictos como mecanismo de defensa ante la arremetida de los patronos, además de una mayor intervención gubernamental regimentándolos laboralmente. 2014 abre con la continuación de las luchas en PETROCASA, SUOTO, CIVETCHI, PHARSANA-CHICCO, TESCO AUTOMOTRIZ, ML PLAST, CEALCO, FAPLATS, también con el inicio de las mismas en RESTOVEN y QUIMICOLOR.

Dos empresas, CIVETCHI y SUOTO, marcaron a fuego la arremetida patronal, pero también, la complicidad para con ellos desde la Inspectoría del Trabajo negándoles derechos de ley hasta el extremo de criminalizar la lucha y llevar a la cárcel a los trabajadores que luchan mientras tramitan los despidos con celeridad bajo un marco institucional de regimentación laboral.

CIVETCHI

Los trabajadores que se organizaron tras un proyecto sindical en 2012, negado por la Inspectoría “Pipo Arteaga” de Valencia siguiendo órdenes del Ministerio de Industrias, tuvieron como “premio” la detención de 8 de ellos en la cárcel de Tocuyito hasta el día de hoy. Despidos injustificados y renuncias compulsivas fueron avalados desde 2012 por la Inspectoría, y aún más en 2013 cuando los trabajadores activos paralizaron las actividades ante la magnitud de los niveles de explotación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Para los trabajadores que paralizaron durante una semana las actividades el 21 de octubre de 2013 las instituciones que pretendieron “escucharlos”: CORE2, CLEC, Gobernación de Carabobo, CORPIVENSA, ZODI, Ministerio del Trabajo, terminaron dándoles la espalda. Nueve (9) trabajadores fueron despedidos luego de convenir las partes en conflicto, con la “mediación” de los entes nombrados, el reintegro al trabajo sin retaliaciones laborales por parte del patrono. Ante una nueva paralización de las actividades, la misma fue “resuelta” a favor del patrono en la “mesa de diálogo” llevada a cabo en el CORE2, al “conminarlos” a ir a elecciones a una Coalición de Trabajadores y así desechar un nuevo anteproyecto de organización sindical introducido ante la Pipo Arteaga en la segunda semana del conflicto. Cuando llegó la fecha fijada para tales elecciones, con el aval y custodia de todas los entes antes nombrados más el CNE, el patrono se negó a entregar la nómina quedando los trabajadores sin el chivo y el mecate, pero peor aún, ninguna de tales instituciones, además ahora INPSASEL por habérsele notificado de cualquier cantidad de violaciones a la LOPCYMAT, le impuso medida alguna de protección a los trabajadores y menos alguna sanción condenatoria al patrono.

Por otra parte, a los 8 trabajadores presos en Tocuyito, se les abrió el juicio y en la primera audiencia tanto la fiscalía como la juez, les exigieron que se declararan culpables del fraude montado por el patrono junto con el SEBIN donde se les imputó de extorsión. Para el 19 de diciembre, fecha de una nueva audiencia de juicio, ante lo obvio que resultaba la trampa mostrada, el fiscal y el abogado del patrono les proponen a los 8 trabajadores que igual se declararan culpables, pero con los “atenuantes” del hecho, acordarían rebajarles la condena a menos de 5 años y así saldrían en “libertad” condicionada. La juez, quien había sido designada para validar los alcances de la justicia a favor del patrono, prefirió diferir la audiencia hasta que Flavio Falsiroli se apersonara al juicio, y de viva voz, avalara el “convenio” suscrito entre los involucrados. De esa forma la “justicia” y la juez quedarían sin mancha que reprocharles, el patrono a seguir cometiendo cualquier cantidad de tropelías a sus trabajadores, y los 8 detenidos obligados a aceptar una culpabilidad que no tienen, pero que sirvió al patrono para ejercer con mayor crudeza la explotación al resto de los trabajadores activos.

La guinda de este postre en CIVETCHI es la intervención por parte de la Gerencia Socialista de Industrias Diana para que la lucha no trascienda. Tanto con los trabajadores presos como con el conflicto laboral de octubre y noviembre del año pasado, su papel ha sido impedir que la solidaridad de los trabajadores de Carabobo se manifieste de manera autónoma en las calles a favor de los de CIVETCHI. Acallaron las denuncias públicas hechas por el comité de familiares de los trabajadores presos porque así “garantizarían” conseguirles la libertad. Del mismo modo llevaron a los trabajadores en conflicto a postrarse ante las instituciones del Estado que nada han hecho por ellos pero sí bastante por el patrono. Esta Gerencia “Socialista” de Industrias Diana, en aras de justificar ser accesoria a la producción de la empresa, debe servir de “apagafuegos” para evitar que la creciente conflictividad laboral en Carabobo trascienda a la opinión pública y el gobierno de Maduro quede desenmascarado como uno totalmente anti-obrero y pro-patronal.

SOUTO

Más de 400 trabajadores del Grupo SOUTO en La Mona, Bejuma, en noviembre tomaron las instalaciones de la empresa a raíz de la flexibilidad laboral a que estaban siendo sometidos y sin el patrono responderles. La GNB y la policía municipal de Bejuma arremeten contra ellos y detienen a 7 trabajadores, tres de ellos del comité ejecutivo del sindicato, sin embargo la paralización y el conflicto en la empresa continuó. La Inspectoría Pipo Arteaga admite el despido masivo de todos los trabajadores que no aceptaron la convocatoria al trabajo, y le avala al patrono reiniciar la producción con contratas tercerizadas y un abundante destacamento de la milicia bolivariana agravando en mayor grado las condiciones de flexibilidad laboral. Como con CIVETCHI, las instituciones del Estado jugaron a defender al patrono y no a los trabajadores.

Los 7 trabajadores detenidos fueron sometidos, en la audiencia de control, a aceptar la culpabilidad que les fue impuesta y renunciar a la empresa a cambio de darles “casa por cárcel”, todos ellos ahora con custodia policial frente a sus viviendas para hacer cumplir la orden de la “justicia”. Los trabajadores, sin embargo, no retroceden. El sindicato fue reorganizado y los 400 trabajadores esperan decisión respecto a sus reenganches por el despido totalmente injustificado. La regimentación laboral en este caso muestra otra cara para garantizarle al patrono la continuidad de la producción. Las contratas, inclusive la del numeroso grupo de milicias bolivarianas, le desconocen los derechos de la LOTTT “revolucionaria” que la regimentación laboral pretende hacer valer para despotricar de las demandas de los trabajadores.