Prensa Opción Obrera 23 Julio - Agosto 2012
La Crisis Laboral del Sector Educativo
La grave crisis laboral que ha venido afectando a ciertos sectores del Estado no excluye al sector educativo. Prueba de ello son las continuas violaciones a la VI Convención Colectiva cuyo pírrico aumento fue considerado por los representantes sindicales, SINAFUM y el presidente de la Federación Venezolano de Educadores, como unos de los mayores logros alcanzados a lo largo de todos estos años de lucha magisterial. Cuando sabemos que un docente de categoría II gana tan sólo 2.800 BsF incluyendo las primas, monto muy por debajo del costo que representa la cesta básica familiar, se demuestra que el logro alcanzado es bien pobre.
En sus últimas declaraciones la Ministra de Educación, profesora Maryann Hanson, desestimó el justo reclamo que hicieron un grupo de educadores, por considerarlo guarimbas electorales. Ella sabe del incumplimiento de clausulas económicas y de los ascensos e ingresos en el sector educativo. Si le sumamos a esto el silencio cómplice por parte de la dirigencia sindical burocrática de SINAFUM, quienes lejos de defender los derechos de los trabajadores se pliegan a las decisiones tomadas por el patrono aun cuando estas vayan en detrimento de los educadores, la situación para los trabajadores docentes resulta bastante desesperante.
Algunos de los compromisos incumplidos son los siguientes:
- Más de 5 años lleva el ME sin realizar movimientos como clasificación e incremento de horas tal como lo contempla el Reglamento del Ejercicio de Profesión Docente en su artículo 32. Esto implica que el docente no tiene posibilidad de ascenso aun cuando haya cumplido el tiempo de servicio reglamentario y los requisitos mínimos establecidos.
- Incumplimiento en la cancelación del aumento en las primas por maestría o postgrados, así como la falta de compensación de un 50% en el aumento del bono de los educadores que trabajan en las escuelas bolivarianas.
- Hay más de 5.000 docentes jubilados a la espera de la cancelación de sus prestaciones sociales, deuda que acumula el Estado desde el año 2006; además existen aproximadamente 17.000 solicitudes de jubilación pendientes.
- Morosidad en los compromisos adquiridos con las clínicas por concepto de HCM. Al negarse éstas a prestarle servicio a los educadores nos coloca al gremio en un verdadero estado de indefensión que viola no sólo la Convención Colectiva sino también el derecho a la salud.
“El Ministerio del Poder Popular para la Educación y las Organizaciones Sindicales Signatarias convienen a partir de la firma y depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, en elaborar una Propuesta de Ley, así como un Reglamento Provisorio de Ingreso, Promoción y Ascenso a la Carrera Docente con base a los artículos 104 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Junta de Diálogo Laboral y Académica presentará la propuesta del Proyecto Ley, así como un Reglamento Provisorio de Ingreso, Promoción Y Ascenso a La Carrera Docente en un lapso de ciento veinte (120) días”.
El patrono irrespeta lo que es un derecho de los educadores cuando emite una resolución donde elimina los concursos de ingreso, considerando sólo para tales fines la evaluación de desempeño. Establece, además, que no podrán concursar para los cargos donde se presenta una vacante absoluta los Técnicos Superiores Universitarios en Educación, discriminando de este modo a estos profesionales del sistema educativo al pasar por encima de lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Educación (artículo 40), y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Del mismo modo se excluye del proceso de evaluación de desempeño a los egresados de la Misión Sucre del llamado Programa Nacional de Formación Docente, por asumirse esta Misión un programa no convencional.
Hasta la fecha no hay reglas claras en lo que respecta a cuál debería ser tanto el perfil como el desempeño que deben ejercer, en el campo educativo, los egresados; de esa forma se les genera una verdadera incertidumbre y desconocimiento pleno de cuál será su futuro en el área educativa.
Por otro lado, no existe mecanismo para el ingreso del personal obrero de educación. Por lo general los postulados para optar a un cargo primero deben pasar una larga temporada cómo colaborador dentro de una institución educativa, sin percibir ningún beneficio económico ni que esto represente alguna garantía a la hora de ser contratado. Caso similar se da con las señoras que se desempeñan como madres procesadoras, encargadas de elaborar los alimentos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). No pertenecen a la nómina de las instituciones, como tampoco cuentan con un contrato que las amparen, no reciben otro beneficio que no sea el pago por días laborados como si el trabajo estuviese pautado como uno a destajo, y en muchas oportunidades les cancelan cada 3 meses, razón por la que, en muchas oportunidades, se han visto en la necesidad de suspender sus actividades y denunciarlo en las calles.
Tiempos difíciles se avecinan para el gremio docente. Con un 52% de aumento salarial alcanzado en el último contrato, firmado en 2011, el cual se ha venido cancelado de manera fraccionada entre mayo 2011 y julio 2012, sin que este último aumento tenga incidencia en el bono vacacional según las cuentas sacadas por la Ministra, y sin la esperanza de percibir alguna otra remuneración que no sea por vía contractual sino para mediados de 2013 cuando se discuta el nuevo contrato colectivo. También, en lo concerniente a las condiciones laborales a las que se enfrentan los educadores en su día a día, cabe reseñar el deterioro progresivo de las instituciones en cuanto a sus plantas físicas, violentando a condiciones muy poco acordes los propósitos y objetivos que se persiguen en el quehacer educativo; se han venido eliminado progresivamente las partidas presupuestarias para la adquisición de material didáctico y deportivo; por la falta de dotación de los artículos de limpieza son los mismos educadores quienes realizan el aporte para estos gastos de sus escasos ingresos. Con todo lo que se ha pretendido estigmatizar al gremio docente, son estos, hombre y mujeres, quienes dan a diario la batalla en las aulas de clase, aun con toda la precariedad existente, en función de garantizar la educación como derecho inalienable de niños y adolescente.
Que la Ministra cumpla con el mandato popular de una mejor educación y mejor bienestar para los trabajadores del sector y deje de escudarse en si sus fallas afectan la campaña electoral.
Ministra, respóndales a los trabajadores sin escudarse en prácticas propias de la cuarta, los educadores de este país, quienes a duras penas están formando a la generación de alumnos para el proyecto de país propuesto por el presidente de la república, no merecen tales desconsideraciones y falta de atributos como funcionaria pública.
Vilma Zamora
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