Venezuela en
una encrucijada
La
grave dolencia que aqueja a Hugo Chávez ha creado una situación política
delicada en Venezuela. Chávez se encuentra impedido, en forma absoluta, de
asumir su tercer mandato de gobierno en la fecha prevista por la Constitución.
La
información sobre su estado de salud no es transmitida en forma directa por el
equipo médico que lo atiende. La versión oficial, por su lado, no permite
conocer de un modo incuestionable el grado de su impedimento ni las
perspectivas y plazos de su recuperación. En previsión de una situación de este
tipo, Hugo Chávez había designado al vicepresidente, Nicolás Maduro, como el
candidato que debía representar su legado político a partir de la convocatoria
a nuevas elecciones. No es éste, sin embargo, el rumbo que ha decidido tomar el
oficialismo, el cual ahora busca refrendar el tercer mandato de Chávez con una
movilización popular e incluso con la asistencia de algunos mandatarios
latinoamericanos. El gobierno efectivo pasaría, entonces, a manos del
vicepresidente Maduro, sin el requisito de un juramento previo.
De
acuerdo con un analista político, Jorge Gómez Barata, en circunstancias
“imprevistas” como lo es la actual, la Constitución de Venezuela “no establece
lugar, fecha ni plazos” para la jura presidencial, lo que deja la facultad de
aplicar el procedimiento de asunción del nuevo gobierno a la Asamblea Nacional
o al Tribunal Supremo de Justicia. En la sesión parlamentaria del martes 8, la
mayoría chavista estableció que no era necesaria la formalidad del juramento de
Chávez, porque se trataría de una continuidad, sin interrupción legal, del
mandato precedente. Como consecuencia de esta situación, se han establecido en
Venezuela tres poderes. Por un lado, el del presidente Chávez, electo en forma
plebiscitaria, quien, sin embargo, no puede ejercer su mandato, pero tampoco lo
ha transferido a otra persona; por otro lado, la Asamblea Nacional, que
legitima el ejercicio efectivo del gobierno en el vicepresidente electo,
Nicolás Maduro; finalmente, Nicolás Maduro, que pasa a ser un presidente
provisional sin término de mandato. Este esquema podría cambiar si una mejoría
en su salud le permitiera a Chávez prestar juramento ante el Tribunal Superior
de Justicia, incluso en La Habana, y el gobierno pasara al vice por impedimento
temporal del titular.
La
oposición al chavismo se ha trazado, en estas circunstancias, una política
diferente al planteo oficial. Entiende que el impedimento de Chávez para asumir
un mandato nuevo ha creado una acefalía de poder, la que debe ser superada por
la asunción interina del presidente de la Asamblea Nacional y la convocatoria a
elecciones en un plazo determinado. Si la salida decidida por el oficialismo
equivale al establecimiento de un ‘gobierno de facto’, respaldado por la
Asamblea Nacional; la que impulsa la oposición constituye, en principio, una
tentativa de golpe de Estado -esto porque privaría a Hugo Chávez del mandato
electoral que lo ratificó como Presidente, con independencia de la posibilidad
de que se recupere físicamente en un tiempo previsible. La oposición se
encuentra en el peor momento político desde que se unificó en un frente hace
dos años, luego de haber perdido las elecciones presidenciales en octubre
pasado, y después de la derrota severa que sufrió en las de gobernadores en
diciembre. En este último evento, una parte considerable del electorado
opositor boicoteó la asistencia a las urnas, en un claro síntoma de
desmoralización política. Con la ofensiva por la convocatoria a nuevas
elecciones, estaría pretendiendo explotar el desconcierto que ha provocado en
el chavismo la incapacidad física de Chávez. Un sector de la oposición, por su
parte, ha decidido apretar el acelerador: desde redes sociales, con sede en
Miami, se ha convocado a manifestaciones de protesta contra la decisión de la Asamblea
de legalizar el nuevo gobierno sin juramento previo de Chávez. La crisis agarra
a la oposición en el peor estado desde el fracaso del sabotaje petrolero de
2002/3. Incluso es mayor su aislamiento internacional, como lo demuestra el
respaldo de los gobiernos de Unasur a la salida provisional a la acefalía de
gobierno decidida por el oficialismo.
La
incertidumbre acerca de la sede del poder y de las personas que lo detentan
tiene una importancia excepcional en Venezuela, debido al carácter único del
poder ejercido por Chávez. Más allá de la obsesiva exhibición que el chavismo
hace del libro de la Constitución bolivariana, el régimen chavista se
caracteriza por el poder personal, asentado en un apoyo plebiscitario de la
población pobre a Chávez. Se trata de una capacidad de arbitraje excepcional
ante los conflictos de clases en el país. Un gobierno que se asiente en una
referencia al chavismo, sin obtener para él una demostración de apoyo
plebiscitario, no podría sustituir esa capacidad de arbitraje. Chávez entendió
esto perfectamente cuando designó a Maduro como candidato en una nueva
elección, que debía operar como un referendo popular hacia un chavismo sin
Chávez. La dirección chavista ha vacilado, sin embargo, en seguir ese rumbo y
se refugia en la expectativa de una rehabilitación, al menos parcial, de
Chávez.
El
asunto es álgido, porque Venezuela enfrenta desequilibrios económicos
importantes que se manifiestan en la inflación, en un mercado de divisas
paralelo que se cotiza tres veces por encima del oficial, en la falta de
divisas para importar, en la expectativa de una nueva maxidevaluación. Un
gobierno sin mandato popular propio, que solamente se asiente en el legado de
Chávez, tendría, en principio, una enorme dificultad para tomar decisiones drásticas
y una dificultad aún mayor para hacer frente a las protestas populares que no
dejarían de generar. Es claro que si adoptara el reclamo de la oposición de
llamar a elecciones, aparecería ante el pueblo como cómplice de una prematura
decapitación de Chávez. Visto desde esta perspectiva, un gobierno interino del
presidente de la Asamblea Nacional podría servir de cultivo a una enorme crisis
política.
En
los términos de las fuerzas en presencia, la situación creada en Venezuela
parece empantanarse en un impasse, agravado por el cerco informativo sobre el
estado de salud de Chávez. Es necesario, entonces, encarar esta crisis desde
una perspectiva más amplia, que permita convertirla en preludio de desarrollos
revolucionarios. En primer lugar, es obvia la necesidad de exigir una
información médica directa de lo que está ocurriendo en La Habana, para que los
trabajadores puedan evaluar la situación con un conocimiento cabal. El
propósito de sustituir un poder plebiscitario personal por el de una camarilla
que pretende recoger ese poder como una herencia, sólo puede conducir a nuevas
crisis y a salidas anti-populares. Lo que sería realmente un avance es que las
masas se reapropien del poder que cedieron a Chávez en forma plebiscitaria,
esto por medio de un régimen asambleario -o sea formando consejos obreros,
populares, comunas- con la finalidad de establecer un programa propio frente a
la crisis social y económica, y de convertir a esos organismos en instrumentos
de lucha social y política.
En
Venezuela existe un árbitro potencial, frente a una crisis política, que no es
otro que la cúpula de las fuerzas armadas, que controla la mayor parte del
aparato de gobierno. Pero no sería un arbitraje popular y, por el contrario,
podría convertirse en el punto de partida para revertir un ciclo histórico que
comenzó con el caracazo de 1989; siguió con el levantamiento militar y popular
de 1992, y tuvo su apogeo en la derrota del golpe de abril de 2002 y del
lockout patronal de 2002/3.
Jorge
Altamira
http://po.org.ar/po1254/2013/01/10/venezuela-en-una-encrucijada/
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