Respecto
de la muerte del gorila argentino Videla y porque de golpes se dice mucho en
estos días en nuestro país cuando se necesita de los militares para que encarguen
de ser mejores custodios del Estado capitalista y burgués de los que lo hacen
a través de su democracia… burguesa.
Que
abran los archivos
Jorge Rafael Videla pasó a mejor vida sin que el
Estado argentino haya abierto aún los archivos de la dictadura militar. Ninguno
de los juicios por genocidio que se desarrollan en la actualidad puede suplir
esa omisión para el esclarecimiento de esa etapa nefasta de la historia de
Argentina.
¿A qué obedece esa resistencia obstinada?
El juicio histórico a la dictadura militar debe ser
antes que nada un juicio histórico a la democracia. Desde 1930 el zarpazo
militar es la contrapartida de la capitulación de la democracia. Cuando ésta
fracasa como soporte de la organización capitalista existente y como escudo
protector de la clase dominante, los políticos carreristas dejan el paso a los
militares de carrera. Fue, precisamente, lo que ocurrió en 1976, pero con yapa:
los partidos tradicionales y el ciento por ciento de las entidades empresarias
clamaron por la instauración de una dictadura. A principios de febrero de ese
año, las clases patronales convocaron a un lock out gigantesco para denunciar
las vacilaciones que percibían entre los militares para consumar el golpe. El
emblemático Ricardo Balbín, el hombre del abrazo de la reconciliación con Juan
Domingo Perón, exigía acabar con “la guerrilla fabril” –una convocatoria al
asesinato masivo de lo mejor del activismo del movimiento obrero. La UCR aportó
alrededor de 300 intendentes al régimen político de las Fuerzas Armadas; el
peronismo, cerca de doscientos. El Poder Judicial, que hoy clama por la República,
juró en masa por el Estatuto del Proceso. El Partido Comunista, obediente a la
burocracia moscovita, celebró el ascenso del personaje que acaba de morir. Una
parte de la Junta Militar (Massera) estaba ligada a la Logia P2, que había
organizado el retorno de Perón en 1972. La mayor parte de la burocracia
sindical aportó sus “asesores” a los interventores en los sindicatos. Estados
Unidos no manifestó reticencia para reconocer a los genocidas, como la que hoy
exhibe con el gobierno de Venezuela. Después de todo, el golpe había contado
con el concurso de la CIA. Abrir los archivos de la dictadura sería exponer con
crudeza esta realidad histórica.
¿A qué temía la democracia que buscó, otra vez más,
el amparo de las bayonetas? La represión al asalto al cuartel de Monte Chingolo
había marcado el retroceso definitivo de las organizaciones guerrilleras,
copiosamente infiltradas por los servicios de las Fuerzas Armadas. Desde el
Cordobazo de 1969, el poder político de este país, bajo cualquiera de sus configuraciones,
designó como su rival político principal a la emergencia de una generación
combativa y lúcida de la clase obrera. Al desafío de enfrentar esta emergencia
obedeció el levantamiento de la proscripción militar a Perón. Perón fracasó en
ese cometido: la militarización del país y el golpe comenzaron bajo el gobierno
constitucional, no solamente con la creación de la Triple A y el decreto de
aniquilación de la subversión. Esa militarización comenzó con el golpe policial
(Navarrazo), precisamente en Córdoba, en febrero del ’74, y con la intervención
de la provincia por parte del Congreso. Luego, con la militarización de la
cuenca del Paraná como motivo de la huelga de los metalúrgicos de Villa
Constitución. Finalmente, la inmensa huelga general contra el Rodrigazo, que se
desarrolló por más de un mes, determinó la designación de Videla como jefe del
Ejército. Todo en democracia. La burguesía entendió que era necesario licenciar
por un tiempo a los políticos de oficio y entregar la protección de su dominación
clasista a los uniformados que venían con un programa genocida. El blanco
preferido fue la generación obrera y luchadora de los 60.
De esto hablan los archivos que no se quieren
abrir.
Jorge Altamira – 19/05/2013
Dirigente
del Partido Obrero de Argentina
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