CONTINUA EL SICARIATO PARA SILENCIAR LAS VOCES DE LOS TRABAJADORES CLASISTAS EN VENEZUELA
El pasado 12 de julio fue asesinado por sicarios el asesor sindical de UNETE y militante del PSUV en Aragua, Alexis Díaz, una muestra más de la impunidad con que actúan los patronos para frenar con el asesinato a los trabajadores que denuncian sus derechos violentados y sus reclamos laborales. Con el sicariato los patronos se escudan en la alta criminalidad que acosa el país y que el Gobierno Bolivariano ha sido incapaz de controlar, menos de eliminar. Al asesinato de Alexis Díaz se le suma el de Jerry Díaz de MAMPA en Maracay el 25 de abril de este año (PO 1127 – 06/05/2010), al de Francisco Ferreira de SIDETUR en Valencia el 27 de marzo de este año, al de Tomás Rangel, dirigente de UNETE en el estado Barinas, el 7 de enero de este año, al de Argenis Vásquez de Toyota en Cumaná el 05 de mayo de 2009, a los de Javier Marcano y Pedro Suárez en la represión por la toma que los trabajadores de Mitsubishi promovieron ante el despido de 135 trabajadores tercerizados en febrero de 2009, a los Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de UNETE en el estado Aragua al estar activos y solidarios con los trabajadores de Alpina en un paro contra la arremetida patronal el 27 de noviembre de 2008 (PO 1066 – 04/12/2008), y al de muchos otros que según PROVEA, una ONG de derechos humanos en Venezuela, contabiliza en 131 dirigentes sindicales asesinados entre octubre de 2005 a septiembre de 2009.
Pero no sólo en el sector fabril se denuncia tan lamentable número de asesinados. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) contabiliza por su parte a junio de 2009 y desde el año 2000 el asesinato encomendado por los dueños de latifundios y fincas agrarias y ganaderas, de 214 trabajadores y luchadores del campo (Laclase.info 26/06/2009).
Al asesinato por encargo de los trabajadores clasistas y luchadores se suma la desmesurada presión a que se les somete a los aún vivos con el encausamiento legal por osar cuestionar la propiedad privada de los medios de producción de los patronos al ejecutar paros y huelgas al interior de las empresas. Más de 230 trabajadores se encuentran entonces vetados a promover asambleas o a acercarse a los portones de las fábricas bajo pena de detención y cárcel. Peor aún les sucede a los que trabajan para algún patrono del sector de alimentos porque por decreto presidencial está prohibida cualquier acción que paralice la producción de sus dueños capitalistas, inclusive las que legalmente están plasmadas en la propia Ley del Trabajo vigente.
El auge de los reclamos de los trabajadores de la ciudad y el campo, ante la arremetida de los efectos de la propia crisis económica que los trabajadores no quieren cargar a cuestas, tiene entonces respuesta de esta forma perversa por parte del Gobierno Bolivariano en la alternativa de garantizarle la paz laboral que tanto exige la burguesía. A la fecha todos los asesinatos han quedado impunes aunque para cualquier avezado la presunción de la mano de los propios patronos está presente. Todos los casos denunciados comportan de alguna forma la existencia de un conflicto entre trabajadores y patronos, sea bien por reclamos de índole laboral, por discusión de un contrato colectivo, por denuncias de explotación descarada que rayan en la esclavitud, o por manifestarse movilizados en las calles frente a sus centros de trabajo. La presencia de sicarios es tan sólo la forma expresa de la descomposición social que se manifiesta el accionar represor del Estado capitalista y burgués vigente a pesar del excesivo “obrerismo” en las palabras que el propio presidente Chavez anuncia a los cuatro vientos.
La alternativa para impedir nuevos casos de asesinatos a dirigentes clasistas y el castigo a los patronos que lo encomiendan se encuentra en la organización autónoma de los trabajadores recuperando desde sus bases los sindicatos para liberarse de la camisa de fuerza que les impone el nacionalismo izquierdizante del Gobierno Bolivariano que los inmoviliza en su independencia de clase, para luego democratizar las federaciones regionales de forma de hacerlas combativas y así poder darle forma programática a un congreso clasista de trabajadores por una central única que se plantee las tareas concretas del socialismo. Precisamente todo lo contrario a lo que se viene haciendo de la mano de los tarifados y burócratas afectos a los dictados del Gobierno Bolivariano.
Pero no sólo en el sector fabril se denuncia tan lamentable número de asesinados. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) contabiliza por su parte a junio de 2009 y desde el año 2000 el asesinato encomendado por los dueños de latifundios y fincas agrarias y ganaderas, de 214 trabajadores y luchadores del campo (Laclase.info 26/06/2009).
Al asesinato por encargo de los trabajadores clasistas y luchadores se suma la desmesurada presión a que se les somete a los aún vivos con el encausamiento legal por osar cuestionar la propiedad privada de los medios de producción de los patronos al ejecutar paros y huelgas al interior de las empresas. Más de 230 trabajadores se encuentran entonces vetados a promover asambleas o a acercarse a los portones de las fábricas bajo pena de detención y cárcel. Peor aún les sucede a los que trabajan para algún patrono del sector de alimentos porque por decreto presidencial está prohibida cualquier acción que paralice la producción de sus dueños capitalistas, inclusive las que legalmente están plasmadas en la propia Ley del Trabajo vigente.
El auge de los reclamos de los trabajadores de la ciudad y el campo, ante la arremetida de los efectos de la propia crisis económica que los trabajadores no quieren cargar a cuestas, tiene entonces respuesta de esta forma perversa por parte del Gobierno Bolivariano en la alternativa de garantizarle la paz laboral que tanto exige la burguesía. A la fecha todos los asesinatos han quedado impunes aunque para cualquier avezado la presunción de la mano de los propios patronos está presente. Todos los casos denunciados comportan de alguna forma la existencia de un conflicto entre trabajadores y patronos, sea bien por reclamos de índole laboral, por discusión de un contrato colectivo, por denuncias de explotación descarada que rayan en la esclavitud, o por manifestarse movilizados en las calles frente a sus centros de trabajo. La presencia de sicarios es tan sólo la forma expresa de la descomposición social que se manifiesta el accionar represor del Estado capitalista y burgués vigente a pesar del excesivo “obrerismo” en las palabras que el propio presidente Chavez anuncia a los cuatro vientos.
La alternativa para impedir nuevos casos de asesinatos a dirigentes clasistas y el castigo a los patronos que lo encomiendan se encuentra en la organización autónoma de los trabajadores recuperando desde sus bases los sindicatos para liberarse de la camisa de fuerza que les impone el nacionalismo izquierdizante del Gobierno Bolivariano que los inmoviliza en su independencia de clase, para luego democratizar las federaciones regionales de forma de hacerlas combativas y así poder darle forma programática a un congreso clasista de trabajadores por una central única que se plantee las tareas concretas del socialismo. Precisamente todo lo contrario a lo que se viene haciendo de la mano de los tarifados y burócratas afectos a los dictados del Gobierno Bolivariano.
Opción Obrera – Venezuela
Roberto Yépez
24/06/2010
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